La primera vuelta presidencial ha expuesto la falta de confianza en el proceso electoral, la politización del voto rural y la facilidad con que ciertas narrativas se propagan
Los elecciones no solamente definen ganadores y perdedores. También ponen a prueba la calidad de los regímenes democráticos que las convocan. Lo que sucede actualmente en Perú se inscribe en una de las muchas situaciones desalentadoras por las que atraviesan los sistemas democráticos. La desconfianza de la ciudadanía sobre la legitimidad del proceso electoral gana terreno frente al conteo de votos.
La primera vuelta presidencial ha expuesto la falta de confianza en el proceso electoral, la politización del voto rural y la facilidad con que ciertas narrativas se propagan. En un contexto donde las ideologías partidarias claramente se contraponen, los comicios que se llevarán a cabo en junio de este año se caracterizan por ser una disputa por la representación de la ciudadanía peruana.
Mientras Keiko Fujimori –por cuarta vez consecutiva– tiene asegurado su nombre en el balotaje, el segundo espacio se disputa entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Entre un conteo lento y una porción de las actas aún sujetas a revisión por parte de las instancias electorales, la diferencia entre ambos candidatos oscila con cada actualización del escrutinio.
La atención no debe prestarse a las demoras administrativas que caracteriza cualquier conteo durante una elección, sino el carácter reñido de la contienda. El proceso evidencia cómo el pasado no pierde vigencia.
Tan sólo cinco años después volvemos a ver el patrón que distinguió la candidatura de Fujimori en 2021: la solicitud por la anulación de votos provenientes de regiones andinas y amazónicas. Rafael López Aliaga, candidato de la ultraderecha y tan sólo uno de los 35 contendientes, traslada la controversia a las mesas de la sierra norte.
De una forma lamentable, el candidato de ultraderecha expresó que “en provincia no saben llenar un acta”. A esto se suma la propagación de expresiones discriminatorias, por parte de sus simpatizantes, en contra del electorado de zonas rurales. Esto ha detonado un número importante de denuncias de racismo y exclusión.
Las manifestaciones excluyentes van más allá de lo legal, se inscriben en un ámbito moral y político. La deslegitimización del sufragio rural le resta agencia a un pilar clave de la ciudadanía. Además, se transmite un mensaje claramente antidemocrático: la voluntad expresada de ciertos grupos sociales en las urnas es válida, pero sólo si no se altera el resultado esperado.
Esta elección nos deja una lección: las denuncias de fraude no siempre se aparecen al término de una elección. Se gestan antes y resuenan con fuerza donde ya existen desigualdades estructurales. En este contexto, el conteo electoral deja de ser un procedimiento técnico y se convierte en una batalla por la autoridad moral del resultado.
Lo que más preocupa es que la desconfianza se ha alimentado de fallas concretas que entorpecieron el proceso. La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) expuso que existieron retrasos en la instalación de mesas, apertura tardía de algunos locales y obsáculos con el traslado de materiales. Estas cuestiones han sido instrumentalizadas para propagar desconfianza en las instituciones electorales.
La segunda vuelta debe entenderse como una oportunidad frente al panorama desalentador que dejó la primera. El sistema político peruano puede aún reparar los daños ocasionados por la reiterada desestimación del sufragio de poblaciones indígenas, rurales y andinas. Perú, en una situación que pende de un hilo, debe demostrar que la igualdad todavía se defiende.
POR AMALIA PULIDO
Consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México
@pulido_amalia
Conéctate