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Observamos que de enero a junio de 2021 se presentaron 59 quejas para ser sustanciadas a través del procedimiento especial sancionador conocido como PES, de las cuales 2 denunciaron falta de financiamiento para sus campañas, pero de ninguna existió sanción.

La pregunta obligada es entonces ¿no existe violencia? aún y con los casos difundidos en medios durante todo el proceso electoral.

Estas quejas nos permiten ver lamentablemente que sí existe violencia pero que en muchos casos no es denunciada o hay elementos que no se logran acreditar, por ello es importante continuar con una amplia difusión de lo que la violencia política es y dejar claro que ésta puede materializarse no solo en los procesos electorales sino también en el ejercicio de cualquier cargo.

Que la misma puede ser cometida indistintamente por compañeros o compañeras de trabajo, superiores jerárquicos, colegas, dirigentes de partidos políticos, medios de comunicación o particulares.

Y que la falta de criterios jurídicos unificados que permitan tener precedentes de sentencias que incorporen la perspectiva de género (obligatoria desde 2016 a través del criterio que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación) también afecta.

La perspectiva de género implica identificar prejuicios, relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad.

Solo a partir de estos elementos se puede ir visibilizando la presencia de estereotipos que generan discriminación, vulneran derechos de las mujeres y minan nuestra incipiente democracia.

En ese año 1955, se eligieron a diputados federales por la XLIII legislatura de los cuales sólo 4 fueron mujeres: Remedios Albertina, Margarita García, Guadalupe Ursúa Flores y Marcelina Galindo Arce.

A más de seis décadas del voto femenino es importante ver el avance, pero sobre todo el cúmulo de pendientes que se tienen con nuestro género, que ha luchado permanentemente por derechos que son fundamentales y que en muchas ocasiones se piensa que son una regalía, nada más falso y discriminatorio que ello.

Que las mujeres votaran permitió también que fueran votadas. El avance en este tema de ser ellas candidatas ha sido sumamente paulatino debido a todas las barreras estructurales que hemos tenido que romper y poner de manifiesto.

Con todo ello la lucha que millones de mujeres de manera individual y colectivamente han realizado durante generaciones en el mundo y en nuestro país ha hecho que pasemos de un sistema de simples recomendaciones a un sistema de pro cuotas, cuotas hasta llegar a la paridad y de ahí a la paridad total consagrada como principio constitucional.

Sin embargo, hay resistencia para que las mujeres logren llegar verdaderamente a espacios de toma de decisión importantes.

En nuestra entidad en septiembre de 2020 se publicaron reformas en materia de paridad y violencia política de género contra las mujeres en razón de género con el fin de avanzar en la igualdad sustantiva de mujeres y hombres.

Hoy en día es obligatorio postular 50% de mujeres y 50% de hombres no obstante nos damos cuenta de que la paridad entre mujeres y hombres no se alcanzó en esta elección.

En la próxima conformación del Congreso del Estado 45.33% son mujeres y 54.67% hombres. Sólo 34 mujeres de un total de 75 escaños nos permiten dar cuenta que por sí misma la postulación paritaria de candidatas no es suficiente para alcanzar la paridad.

A nivel nacional hemos visto el importante papel que juegan los órganos administrativos en el tema de la paridad, un ejemplo claro es el INE y varios organismos públicos locales que generaron acciones afirmativas para mujeres y grupos históricamente discriminados.

También están los órganos jurisdiccionales que son garantes de los principios constitucionales entre los que se encuentra la paridad.

Las mujeres desean participar en la política de manera activa. Estamos obligados y obligadas a derribar la exclusión en la que han estado en el ámbito político.

Desde su raíz demos que significa pueblo y kratos que es poder; las sociedades contemporáneas y liberales tienen claro que la soberanía reside en el poder del pueblo quien tiene el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno.

Así las elecciones son una parte fundamental en los sistemas democráticos pues es a través de ellas que la ciudadanía ejerce su derecho de elegir a quienes serán sus representantes para atender sus demandas.

Ahora bien, si la democracia es lo mejor que tenemos ¿Cuáles son los dilemas de la misma? ¿Cuál es esa problemática que coexiste permanentemente? ¿Qué es lo que debe ser modificado para fortalecerla?

Respecto de la primera pregunta la propia génesis de la democracia presenta un dilema basado en la desconfianza que hace que el régimen democrático tenga características de ser vigilado, distribuido y controlado para que funcione correctamente.

El poder no puede estar concentrado en una sola persona, en un solo grupo, eso era muy común que ocurriera hace 40 años cuando existía un solo partido en el poder: el PRI. A partir de una serie de reformas constitucionales en materia electoral se logró un cambio importante que dio paso a la pluralidad de fuerzas políticas actuando en diferentes espacios generando un sistema de pesos y contrapesos, éstos son parte de la respuesta al segundo cuestionamiento y que tiene que ver en cómo funcionan en la realidad.

Pues aún con su beneficio en muchas ocasiones esta vigilancia y control necesarios se utilizan para crear suspicacia y critica de quienes ocupan espacios de representación, en este sentido lamentablemente la historia política de nuestro país y de la entidad mexiquense ha dado cuenta de actos contrarios a la democracia como corrupción y uso indebido del poder, ahí parte de uno de los dilemas.

A unos días de haber pasado la elección más grande de la historia se hace patente fortalecer a la democracia. Un punto importante es considerar a la ciudadanía no solo para las urnas sino como la mayor virtud que tiene el régimen democrático.

Se debe robustecer a la sociedad civil, atender los problemas y denuncias de la ciudadanía, de los colectivos de feministas, defensores de derechos humanos, ecologistas, periodistas y todos aquellos grupos históricamente discriminados.

En una democracia incipiente como la nuestra más nos valdría hacer parte a los y las ciudadanas de la política, la misma no puede seguir concentrándose en grupos de poder que le den la vuelta a la realidad social de pobreza y desigualdades que es palpable.

Sin lugar a duda la pobreza es un gran pendiente para resolver, por ello en la agenda 2030 poner fin a la misma es el primero de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible, vaya tarea.

También es un problema de derechos fundamentales relacionado directamente con el de la igualdad.

Visto como un principio, la igualdad establece que todos somos iguales por el simple hecho de ser seres humanos y generalmente es concebida en términos de igualdad ante la ley.

Sin embargo, en relación con la pobreza, la igualdad debe ser vista considerando diferentes variables tal y como lo refirió Amartya Sen, Premio Nobel de Economía de 1998.

¿Cuáles son estas otras variables? Considerar por ejemplo que las personas somos diversas y que la igualdad de oportunidades para el bienestar requiere analizar por ejemplo la constitución física de las personas, la nutrición, el espacio geográfico en el que se vive, la edad, el sexo, la propensión a las enfermedades, las condiciones físicas y mentales.

Todas estas capacidades que nos hacen desiguales y que deben ser consideradas al momento de proyectar políticas públicas que estén encaminadas a dar solución a la condición de pobreza que existe.

Por ejemplo, nuestra entidad lamentablemente presenta datos que son de especial atención. De acuerdo con cifras del CONEVAL en la última y más reciente medición de la pobreza en la entidad 7,546.5 miles de personas que representan un 42.7% de la población se encuentran en situación de pobreza y sólo 3,610.5 miles de personas que representan un 20.4% están considerada como población no pobre y no vulnerable.

Como se observa es un gran contraste el que existe más aún si se considera que entre estos dos extremos tenemos datos de población en situación de pobreza extrema, población vulnerable por ingresos y vulnerable por carencias sociales sin contar los efectos de la pandemia del COVID-19.

Erradicar la pobreza es un tema que debe ser puesto como prioridad en las agendas políticas en un estado tan diverso, plural y con los índices de pobreza que presenta.

La democracia no se queda solo en la parte electoral. La democracia exige trabajar en propuestas sólidas para ir cerrando las brechas de inequidad que hay y para ello siempre será necesario considerar las variables ya referidas.

A pesar de ser derechos que, como su nombre lo indica, todo ser humano tenemos, estos no siempre han estado garantizados y en diversas partes del mundo, incluido nuestro país y lamentablemente nuestra entidad la violación a los mismos se ha hecho patente.

Un ejemplo muy lamentable fue el caso de San Salvador Atenco, caso que llego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien refirió que en ese caso “el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufrida”

En donde los derechos violados consistieron en las detenciones arbitrarias, el abuso sexual, la violación, allanamiento de morada, derecho a la vida, derecho de los menores, derecho a la legalidad, retención ilegal.

A partir de la reforma del 10 de junio de 2011 en nuestro país lo que se trato fue de hacer una reconfiguración contextual sobre los derechos humanos.

Su finalidad fue fortalecer el sistema de reconocimiento y protección de los derechos humanos, fueron modificados 11 artículos de nuestra Constitución.

Así uno de los cambios de suma importancia fue la modificación de la denominación del Capítulo I, Título primero para pasar de “De las garantías individuales” a “De los derechos humanos y sus garantías”.

Este avance fue fundamental para tener hoy en día principios como el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos.

Lo que obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Además de obligar al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos.

Hoy en día un número importante de sistemas jurídico-políticos se basan en los derechos humanos. En nuestro país desde la constitución de Apatzingán de 1814 se consideró un catálogo de los derechos del hombre y en 1857 la Constitución contenía ideas claras de igualdad, libertad y seguridad personal.

Hoy celebramos diez años de esta reforma constitucional que estableció el control de convencionalidad como una herramienta para cumplir con la obligación de tutelarlos y protegerlos.

Lamentablemente aún se vive impunidad en las violaciones de derechos humanos hoy en día las torturas y las desapariciones forzadas, los abusos contra migrantes, ejecuciones de diferentes tipos y ataques a defensores de derechos humanos siguen siendo nota todos los días.

Hay grupos vulnerados y altamente discriminados. Por ejemplo, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas y también para los defensores de derechos humanos en donde los hechos de violencia contra ellos casi nunca se investigan.

En el ámbito electoral la violencia y la violencia política contra las mujeres en razón de género también es un tema con soluciones pendientes. Aún hay mucho por hacer……