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Pero ¿Qué es la pobreza? ¿qué significa ser pobre? ¿cuál es el papel que juegan las instituciones? ¿para qué medimos la pobreza? ¿Y cómo es que la democracia como forma de gobierno debe o no responder ante la misma?

La pobreza se define como aquella insuficiencia de ingresos de cualquier hombre y mujer para poder satisfacer diversas necesidades o desarrollar determinadas funciones. La pobreza como refiere Amartya Sen es multidimensional es decir obedece a diferentes factores como pueden ser los geográficos, los biológicos, los sociales e incluso los culturales.

Sin duda no es lo mismo vivir en el Municipio de Ixtapan del Oro, Luvianos, Donato Guerra o Villa de Allende[1] que en Toluca o Metepec. No es lo mismo una mujer que cuenta con un grado académico que aquella que no lo tiene y que además vive en un entorno donde el machismo y los estereotipos marcan la conducción de los roles sociales.

Así la pobreza vista desde la filosofía política obliga a que se genere un debate serio en torno a las causas que han llevado a que un gran número de ciudadanos y ciudadanas sean parte de los índices de pobreza y peor aún de pobreza extrema.

Las democracias se caracterizan por garantizar derechos humanos que son fundamentales: derecho al trabajo, a la salud y a la educación. Desde una perspectiva ética, la política no pude apartarse de un problema que es grave y que aqueja a millones de personas.

En el Estado de México 48.9% de la población se encuentra en pobreza, 8.2% en pobreza extrema mientras que solo el 21.2% se considera no pobre y no vulnerable.[2]

Los temas a tratar son el analfabetismo y rezago educativo, la inaccesibilidad a servicios de salud, seguridad social, servicios básicos y la posibilidad de tener una alimentación de calidad; todos están ligados entre sí.

Lograr derribar esas barreras de inequidad que existen es una tarea importante en los sistemas democráticos. Es claro que la desigualdad vista desde cualquier óptica vuelve frágil cualquier democracia.

Es necesario escuchar a la ciudadanía, atender el problema sin buscar beneficio alguno de esos déficits existentes; sin lucrar con esas necesidades no atendidas por décadas, darle la espalda solo traerá mayor rezago, desencanto y rechazo.

[1] De acuerdo con el CONEVAL son los municipios con mayor población en pobreza y pobreza extrema

[2] Resultados generales de la medición de pobreza 2020 en México, CONEVAL.

Han sido décadas en las que se ha visibilizado paulatinamente y con resistencia la discriminación y desigualdad para las mujeres en diversas condiciones económicas, culturales y sociales.

Sin duda el aborto es un tema que causa opiniones encontradas y que están ligadas casi todas ellas a cuestiones de estereotipos de género que se encuentran fuertemente incrustados en la sociedad.

Son esos roles estereotipados en donde se ha colocado a las mujeres y su feminidad con la maternidad, el trabajo doméstico o el cuidado de otras personas por considerarlas cariñosas, sensibles, débiles, sumisas y adaptables contrario a los roles de los hombres que se ubican como proveedores, fuertes, valientes, entre otras.

Estas creencias lamentablemente subsisten culturalmente y han hecho que en el caso de mujeres que abortan éstas sean condenadas, criminalizadas y estigmatizadas sin tener claro que con ello se vulneran sus derechos fundamentales: el derecho a decidir de manera libre sobre su cuerpo, el derecho a su vida, libertad e integridad como seres humanos.

El tema de la no criminalización del aborto llega hasta 2021 después de un largo transitar que podemos resumir a partir de 2008 en donde se declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 en el entonces Distrito Federal

En 2018 se resuelve 2 casos importantes en donde de nueva cuenta la Corte 1) determinó que las instituciones de salud debían contar con políticas de salubridad para atender casos urgentes de interrupción ilegal del embarazo en caso de violación, 2) Amparó a una menor y sus padres contra la negativa de autoridades de salud de interrumpir legalmente el embarazo de la menor por violación y en 2019 concedió el amparo a una mujer que reclamo la negativa de autoridades de salud de interrumpir su embarazo por razones médicas.

Es claro que debemos redoblar esfuerzos para eliminar y combatir las desigualdades horizontales y verticales que existen entre mujeres y hombres.

Es vital que más mujeres lleguen a espacios públicos como lo son los órganos legislativos (aquí también está inserto el principio de paridad) y jurisdiccionales pues desde ahí se pueden visibilizar estas problemáticas y lograr cambios importantes.

Sin embargo, la resolución que emitió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la que modificó la sentencia de la Sala Regional Toluca en cuanto a la asignación de diputaciones de representación proporcional pone de nueva cuenta a las mujeres en un número menor que el de los hombres.

Se puede pensar que se trata solo de un espacio, pues serán 38 hombres y 37 mujeres las que integren la LXI Legislatura, pero cabe resaltar que el principio de paridad es producto de un largo camino transitado por miles de mujeres, algunas que ya no lograron verlo hecho realidad y que impulsaron desde diferentes trincheras y colectivos: 1) visibilizar un problema grave como es la desigualdad entre mujeres y hombres y 2) mantener activas propuestas y actividades encaminadas a lograr reformar el texto constitucional.

Por lo que contar con un número mayoritario de mujeres en el congreso representaba un hecho histórico máxime en un Estado en el que las mujeres han estado subrepresentadas.

En el Estado de México el camino a la paridad tiene su propia historia y también por qué no decirlo, sus serias resistencias en diferentes ámbitos, mismas que deberán continuar siendo reflexionadas para lograr una mayor sensibilización del tema desde el ámbito cultural hasta las propias determinaciones que se generan en las distintas instancias administrativas y jurisdiccionales.

Desde el 13 de junio fecha en la que el Consejo General del IEEM aprobó por mayoría de votos la asignación de Diputaciones por el principio de representación proporcional quedo claro que no existía paridad en la integración del congreso con 34 mujeres y 41 hombres, algo que en ese momento expresé a través del voto particular que emití.

Posterior a ello y derivado de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local y los juicios de inconformidad el TEEM, el 16 de agosto modifico dicho acuerdo para determinar que serían 37 mujeres y 38 hombres.

La cadena impugnativa continuo para ser modificada esa resolución por la Sala Regional Toluca quien resolvió que fueran 38 mujeres y 37 hombres. El sábado cuatro de septiembre finalmente se modificó de nueva cuenta tal integración.

Los criterios en cada una de las instancias son materia de análisis pues dejan ver que la subrepresentación de mujeres por fuerza política y la falta de lineamientos para materializar el principio de paridad deberán ser tratados siguiendo la línea jurisprudencial que ya existe.

Sociólogos y politólogos de diferentes latitudes coinciden al expresar que las crisis que permitían exponer soluciones para ser superadas hoy en día son las que explican en sí el contexto que vivimos, muchos consideran que incluso existe una crisis del propio pensamiento.

Ante este panorama, y sabedores que la democracia es la mejor forma de gobierno que hasta el momento permite contar con sistemas de pesos y contrapesos, que equilibran y limitan el poder a través de elecciones libres y periódicas, que permiten que la ciudadanía se encuentre representada; la obligación de todas las autoridades de garantizar los derechos humanos y sancionar a quienes los vulneran entre otros, nos obliga a tener claridad sobre la importancia que tiene la participación de la colectividad en todos y cada uno de los actos de responsabilidad pública.

Tal vez para muchos el tema de la sociedad civil sea viejo, pero por el contrario ponerla en el centro de toda actividad económica, social y política es atemporal.

La sociedad civil concebida como esa esfera de interacción social entre la economía y el Estado compuesta por la familia, las asociaciones voluntarias, los movimientos sociales y los sistemas de comunicación, debe ser considerada e incluida no en la parte final del eslabón democrático sino como la sustancia y esencia de la misma.

Estamos obligados a pensar y repensar nuestras formas de organización y de participación porque la democracia es un proceso de constantes cambios.

No podemos olvidar que la sociedad civil es la intermediaria de grupos que han sido históricamente excluidos, que a través de ella se dan la crítica y la generación de proyectos que permiten tener opciones pues se nutre de las diferentes visiones y realidades de quienes viven día a día situaciones de carencia, de inseguridad, de violencia y de desconocimiento de un futuro que cada vez se torna más incierto.

Así la democracia también goza particularmente de un alto grado de insatisfacción relacionado con la pobreza y lo altos índices de corrupción. Vale la pena reflexionar a nivel estatal y municipal.

La ciudadanía delega su soberanía en quienes considera los mejores para tomar decisiones de lo público, es justo y necesario que se abran opciones para escuchar y para que la participación ciudadana sea verdaderamente vinculante.

¿Cuál es la respuesta a las exigencias de justicia? ¿Cómo el Estado democrático en el que vivimos puede y debe dar solución a estos acontecimientos? ¿En dónde quedan los derechos humanos y su respeto irrestricto?

Desde que doy clase en la UNAM hemos pasado alumnado y profesora debatiendo este y otros temas; los nombres por supuesto han cambiado y también los hechos, hemos pasado de Atenco a Tlatlaya, de la desaparición de los normalistas hasta la lectura de la novela de Jorge Volpi de "Una novela criminal"; sin embargo, en la mayoría de los casos la falta de resultados se ha mantenido permanente de acuerdo a las conclusiones de cada sesión antes presencial y ahora con el COVID-19 virtual.

Ante estos acontecimientos bien vale la pena tener claro que nos encontramos en un régimen democrático – constitucional en el que existen reglas que organizan y limitan el poder político y a su vez tienen la gran encomienda y finalidad de garantizar que los derechos humanos se respeten en todas sus vías y formas.

Luggi Ferrajoli decía que los derechos humanos o fundamentales son identificados como las leyes del más débil y en cierta forma tenía razón. Si revisamos la historia de los derechos humanos podemos dar cuenta que los mismos han surgido en las revoluciones o luchas sociales en las cuales se buscó terminar con la opresión y con la discriminación intolerables.

Así derechos como la igualdad, la libertad cobra sentido, el derecho a la salud, la libertad de expresión o a la educación.

El Estado de México en su Constitución hace referencia a los principios constitucionales, los derechos humanos y sus garantías. Menciona la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y en su caso sancionar y reparar las violaciones.

A pesar de ello de acuerdo al índice de estado de Derecho 2020-2021 elaborado por World Justice Project, nuestra entidad en los factores: límite al poder gubernamental, ausencia de corrupción, orden y seguridad, justica penal y derechos humanos está en todos los casos por debajo del promedio de los 32 estados, evaluado con una adhesión más débil al Estado de derecho.

Ello explica las exigencias cotidianas. Se necesita un régimen democrático- constitucional vivo que responda a las demandas ciudadanas, investigue, sancione y repare las violaciones de DDHH.