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El acelerado ritmo con que avanza el desarrollo tecnológico ha generado aparentes contradicciones con algunos principios fundacionales de las sociedades modernas. Mientras surgen plataformas que facilitan la discusión pública, también es más recurrente la discriminación y la violencia digital que enfrentan ciertas personas, lo cual afecta considerablemente el ejercicio de sus derechos.

No obstante que se están generando los primeros modelos para regular la Inteligencia Artificial (IA), cada día surgen novedosos esquemas que, aunque tienen usos positivos, también significan nuevos retos. Uno de ellos es el uso de inteligencia artificial generativa para crear imágenes sintéticas como los deepfakes. Este tipo de generación de puede vulnerar los derechos fundamentales de las personas, por que debemos empezar a centrar más atención en ello.

En tiempos en que las democracias enfrentan tensiones crecientes, resulta necesario aprender sobre la forma en que otras regiones evalúan sus procesos electorales. Hace algunas semanas, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) emitió un Informe que analiza el estado actual de los derechos fundamentales. Si bien sus hallazgos se circunscriben a los países del viejo continente, nuestra región puede obtener lecciones desde otras democracias que también enfrentan desafíos relacionados a la esfera digital.

El reporte de la FRA subraya un punto crucial: los derechos fundamentales de las personas no son una realidad fuera de los regímenes democráticos. Más allá de ser un mecanismo para regular la competencia política, los procesos electorales son pruebas de fuego para el respeto efectivo de los derechos de la ciudadanía dentro de los límites geográficos de una nación. El voto libre y secreto; la equidad en la contienda; la protección frente a la desinformación, y el acceso a la información se convierten en indicadores para medir a las democracias.

Uno de los apartados más reveladores del reporte analiza la regulación del espacio digital. El reporte señala que en las plataformas en línea se genera desinformación, discursos de odio y campañas de manipulación que pueden distorsionar la voluntad popular.

La lección europea apunta hacia la necesidad de establecer marcos regulatorios claros que vinculen a las plataformas tecnológicas a mayor transparencia y rendición de cuentas. La libertad de expresión no debe convertirse en excusa para permitir la manipulación masiva. El reto, sin embargo, consiste en equilibrar la regulación sin entorpecer la libertad de expresión.

Entre las propuestas más prometedoras del reporte de la FRA se encuentran cuestiones como la creación de sistemas de respuesta rápida ante desinformación grave por parte de observatorios independientes; alfabetización mediática en escuelas y paneles con la ciudadanía para prepararla ante la manipulación informativa, y la regulación del contenido publicado en línea para garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. Será importante evaluar marcos normativos y prácticas relacionadas con lo digital, para fortalecer nuestra cultura democrática y garantizar la equidad en la competencia electoral.

Sin duda, uno de los principales recordatorios del reporte es entender que el respeto a los derechos no se limita a la jornada electoral. Debemos observar el ciclo electoral completo. Accesibilidad en las campañas, cobertura mediática justa, protección frente a la violencia política y rendición de cuentas forman parte del entramado democrático en el que se sostienen y propagan los derechos humanos. La democracia mexicana no solo se mide con urnas llenas, sino en la forma en que la ciudadanía puede participar en política y en la discusión pública sin que sus derechos sean vulnerados, incluyendo lo digital.

Las elecciones presidenciales de Bolivia del pasado domingo marcan un punto de inflexión en la historia reciente del país. Por primera vez en casi dos décadas, el Movimiento al Socialismo (MAS), que bajo el liderazgo de Evo Morales fue la fuerza política predominante, quedó relegado a los márgenes de la contienda. Lo que parecía impensable hace unos años —una segunda vuelta entre dos candidatos alejados de la izquierda— es hoy una realidad que plantea interrogantes sobre el rumbo que tomará la nación andina.

Dos candidatos pasarán a la segunda vuelta del 19 de octubre: Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano con poco más del 32% de la votación, seguido por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de la alianza Libre, con casi el 27%. Por su parte, las candidaturas que representaban, de manera más o menos directa, la continuidad del MAS —Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez—quedaron completamente desdibujados.

Aunque se había vuelto una constante que el MAS ganara con márgenes amplios, incluso con mayorías absolutas que hacían innecesaria la segunda vuelta, Del Castillo quedó en sexto lugar con apenas el 3% de la votación. Andrónico Rodríguez, considerado en su momento como potencial heredero del proyecto del MAS, apenas alcanzó el 8%. La caída en picada de esa fuerza política obedece a múltiples factores. Entre los principales: divisiones internas, desgaste de liderazgos y crisis económica. Las urnas de 2025 no hicieron más que confirmar una tendencia que ya se había insinuado en los últimos años.

Además de las divisiones de la izquierda, también pesó el desgaste de un modelo que, aunque exitoso en sus primeras etapas, no fue sostenible frente a cambios internacionales y problemas estructurales. El “milagro económico boliviano”, basado altamente en la exportación de hidrocarburos nacionalizados y en una inflación estable, reventó con la caída de precios internacionales, la reducción de reservas y la incapacidad de diversificar su producción.

En este contexto, la promesa de estabilidad del MAS dejó de ser creíble para una ciudadanía cada vez más desgastada. Siguiendo una de las escuelas clásicas de comportamiento electoral, la economía es un factor que define las preferencias políticas: las personas votan con el bolsillo.

Sin duda, la ausencia de Evo Morales en la contienda contribuyó al declive del Movimiento. El líder, oriundo del altiplano boliviano, quedó fuera del mapa electoral por disposiciones legales que le impidieron una nueva postulación. Lejos de aceptar ese desenlace, Morales denunció persecución y llamó al voto nulo, el cual alcanzó el 15% en un país en donde el voto es obligatorio. Estas elecciones podrían considerarse como un referéndum sobre su legado y que el electorado boliviano atraviesa un cambio profundo.

Frente a la implosión de la izquierda, emergieron dos candidatos de corte liberal y conservador. Rodrigo Paz Pereira que propone descentralización y es considerado como una alternativa a inercias históricas, y Jorge “Tuto” Quiroga que representa experiencia y propone la digitalización del servicio público. Pero no debe confundirse la derrota de la izquierda con un cheque en blanco a la derecha. Si bien los resultados evidencian fragmentación y desconfianza hacia las élites políticas tradicionales, también es cierto que el electorado castiga y premia a su clase política, alejándose cada vez más de los modelos de voto duro.

La segunda vuelta será un examen de legitimidad para el futuro gobierno. Bolivia parece alinearse a las tendencias internacionales: rechazo a las élites políticas, vueltas a la derecha y desesperanza por crisis económica. Con las próximas elecciones en la región sabremos si América Latina seguirá en esa misma dirección o el país andino representa un cambio aislado.

Cada 9 de agosto, el calendario internacional nos recuerda una deuda viva: la que el mundo ha contraído con los pueblos indígenas. Pero este recordatorio, tantas veces ritual y formal, corre el riesgo de volverse costumbre. Resulta imperativo pasar de las palabras a la acción para que la inclusión de las personas indígenas sea amplia y construida en colectivo.

Aunque el anhelo de la inclusión debe dimensionarse desde múltiples estrategias, la arena electoral ofrece una oportunidad de construir políticas desde la visión de los propios actores. Adquiere una importancia mayúscula revisar cómo las democracias se pueden fortalecer a partir del diseño de instrumentos que mejoren la participación de los pueblos y comunidades indígenas.

El Estado de México ofrece un escenario ejemplar para explorar la riqueza de la multiculturalidad. Mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas y tlahuicas habitan realidades que dialogan con la globalización muchas veces desde la exclusión. Hablan lenguas milenarias y sostienen saberes ecológicos, aunque también han aprendido a defender sus tierras de las amenazas que imponen los procesos de urbanización acelerada, el cambio climático y los megaproyectos.

Los pueblos y comunidades indígenas han tenido que reinventar sus formas de existir entre dos mundos. En los municipios con mayor concentración de hablantes indígenas —San Felipe del Progreso, Temoaya, Donato Guerra, entre otros— la comunidad es el eje y la tierra es raíz. En ciudades como Ecatepec o Naucalpan, la presencia indígena migrante desafía el mito de la modernidad homogénea.

La inclusión de personas indígenas en la política, en donde han estado históricamente subrepresentadas, ha sido lenta pero contundente. Un punto de inflexión fue el Convenio Núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual mandata la consulta como eje primordial en la interacción entre el Estado y la autonomía propia de las comunidades cada que se considera implementar medidas que pudieran afectarles directamente. Las consultas previas, libres e informadas han permitido nutrir la praxis electoral de procesos respetuosos.

Así surgieron las acciones afirmativas que el IEEM impulsa desde el proceso electoral 2023-2024 para elegir diputaciones y ayuntamientos, a efecto de que personas indígenas, con discapacidad, afromexiquenses y de la comunidad LGBTTTIQ+ accedieran a candidaturas y a cargos de representación popular a partir de una contienda en condiciones de equidad. Las propias comunidades indicaron el camino a seguir.

Porque no se trata solo de ocupar espacios, sino de transformar las lógicas de representación, desde una perspectiva que valore la autonomía, la autodeterminación y la cosmovisión de los pueblos originarios. Será importante seguir el trabajo de las 18 personas indígenas que resultaron electas en 2024. No porque deban de estar sometidas y sometidos a un escrutinio distinto, sino para exigir representación sustantiva más allá de la descriptiva.

Las políticas públicas deben dejar de ver a los pueblos y comunidades indígenas como grupos pasivos de asistencia y comenzar a reconocerlos como agentes activos en la creación de futuro. Eso implica no solo garantizar la consulta, sino promover su participación en espacios de toma de decisiones hasta llegar a una democracia plural que trasciende acciones afirmativas.

El futuro no se puede seguir construyendo sin los pueblos indígenas. Si algo sigue enseñándonos la milpa —ese sistema agrícola que no entiende de monocultivos— es que la diversidad no es un problema a resolver, sino una sabiduría a cultivar.

Vivimos tiempos complejos. En muchas regiones del mundo el capital social va en detrimento, la participación electoral disminuye y la confianza interpersonal y hacia las instituciones se debilita. 

No se cuestiona la validez del sistema democrático ni los principios sobre los que se erige. El descontento radica, más bien, en que no se han logrado contener las crisis económicas, ni disminuir la desigualdad, ni detener la inseguridad. 

De ahí la importancia de pensar a las instituciones en función de su capacidad para resolver problemas públicos. En palabras de Luis F Aguilar, referente académico para entender las políticas públicas en Latinoamérica, el problema de la gobernabilidad del siglo XXI ya no puede entenderse como simple capacidad de mando, sino como la capacidad efectiva de los gobiernos para resolver problemas públicos en condiciones democráticas. Es necesario transitar hacia formas de gobernanza colaborativa que integren a la sociedad civil, al sector privado y, de manera destacada, a la academia.

En el caso de las instituciones electorales, el vínculo con universidades y centros de investigación es fundamental. Explico tres razones.

Primero, porque si se ha de avanzar hacia una gobernanza democrática, la toma de decisiones se debe basar en evidencia. Ello requiere conocimiento científico, saber técnico, deliberación política y la escucha ciudadana. Pero para ello, las instituciones deben abrirse al diálogo con las comunidades académicas.

Surge ahí el segundo aspecto. La interacción entre instituciones democráticas y académicas no sólo aporta información, sino que también fortalece la legitimidad de las decisiones, al introducir transparencia, pluralismo y rendición de cuentas. Esta colaboración permite monitorear el desempeño institucional, identificar riesgos, evaluar reformas y construir capacidades internas.

La apertura de las instituciones electorales al escrutinio implica transparentar acuerdos, bases de datos y todo el proceso decisorio a la crítica. Hay beneficios duales. Mientras que las instituciones democráticas se nutren del análisis experto, el conocimiento científico adquiere nuevos referentes para su análisis. 

Por eso, a lo largo de sus casi 30 años de historia, el IEEM ha mantenido vínculos estrechos con los principales centros educativos y de investigación del país. No sólo se ha beneficiado de estudios concretos, sino que ha estrechado lazos para la realización de congresos, conferencias, estrategias de promoción de la cultura democrática y la producción académica rigurosa. 

Por eso es de celebrar que la entidad más poblada del país cuente con una Universidad pública reconocida internacionalmente y que ha sido motor fundamental para la movilidad social en nuestro estado. Con más de 98 mil estudiantes, siete mil docentes y casi cinco mil personas administrativas, la Universidad Autónoma del Estado de México ha estado presente en la discusión de los problemas del estado y lo ha hecho con profesionalismo y rigor analítico. No sólo ha formado profesionales, sino que también ha dado acompañamiento y soporte científico a los procesos de transición y consolidación democrática en la entidad.

Frente a los desafíos que hoy enfrenta la democracia, las instituciones públicas deben abrirse al conocimiento y a la deliberación. La colaboración con la academia no es un lujo pasajero, sino una condición necesaria para la buena gobernanza. 

Porque hoy, más que nunca, necesitamos que las decisiones públicas se basen en evidencia, que las políticas públicas fortalezcan la democracia, y que nuestras instituciones sigan formando estudiantes que el día de mañana conducirán nuestro estado y país con conocimientos técnicos, analíticos y con una profunda incidencia social. 

Una de las discusiones más frecuentes de los y las estudiosas de los procesos de democratización está relacionada con las condiciones necesarias para poder alcanzar esta forma de gobierno y mantenerla. Las instituciones electorales son intrínsecas a un régimen democrático, pero no son suficientes.

Robert Dahl señalaba que para poder tener democracia era necesario que toda la ciudadanía pudiera formular sus preferencias, manifestarlas y que se respetaran por igual dichas preferencias, sin distinción alguna. Consideraba que en estas tres dimensiones se necesitaban diversas garantías institucionales, entre ellas que la ciudadanía gozara de libertad de expresión y tuviera acceso a fuentes de información diversas.

Sin embargo, el mercado no siempre ha logrado generar amplitud y libre concurrencia entre los medios. Cuando en el siglo pasado la radio y televisión se erigieron como los medios con mayor cobertura, surgieron en Reino Unido primero, y después en el resto del mundo los medios públicos de comunicación. A diferencia de los medios comerciales, impulsados por intereses económicos, éstos operan con un mandato de servicio público: informar, educar y promover la diversidad cultural, garantizando el acceso universal a contenidos imparciales y plurales.

En años recientes, los medios públicos han estado expuestos a las mismas amenazas que los privados. Mientras que las crisis económicas han afectado su tamaño y funcionamiento, la emergencia de las redes sociales ha obligado a ampliar su oferta digital para poder captar un mayor número de usuarios. La desinformación se ha convertido en uno de los mayores riesgos, por lo que han tenido que reforzar sus sistemas de verificación para garantizar contenido verídico libre de sesgos políticos y mantener la confianza de sus audiencias.

En tiempos electorales, los medios públicos se convierten en aliados estratégicos de las autoridades comiciales, ya que replican y amplían la información que debe llegar a la ciudadanía.

Al ser de propiedad estatal, las agencias internacionales han impuesto estándares de neutralidad más altos a sus contenidos. El Centro Carter ha sistematizado los principales. Su cobertura debe ser imparcial, garantizando igual acceso y tiempo de exposición para todos los partidos y candidaturas. Además, se destaca el deber de proporcionar información cívica y educativa, explicando a la ciudadanía cómo participar en el proceso democrático, cómo ejercer su voto y cuáles son sus derechos políticos.

En el contexto de expansión democrática que vive nuestro país, es un activo que tengamos concesionarios públicos, tanto en el nivel federal como en el de algunas entidades federativas. Su rol en la promoción de la cultura cívica puede ser fundamental.

Para el Instituto Electoral del Estado de México es de suma importancia invitar a la participación ciudadana y garantizar que toda la ciudadanía esté informada sobre el quehacer institucional. Es por ello, que de manera sistemática se han celebrado convenios con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, no sólo para la producción de debates entre candidaturas. En la elección judicial 2025, el convenio permitió al IEEM contar con el expertise técnico del Sistema para crear contenidos didácticos que permitieran explicar las especificidades del proceso. Los recursos institucionales destinados a ese propósito son una inversión acertada, pues apuestan por una ciudadanía mejor informada y, por ende, más participativa.

En una época marcada por la polarización y la desconfianza, los medios públicos tienen una responsabilidad estratégica. Su vigencia no debe medirse por índices de audiencia, sino por su capacidad de sostener el debate plural, brindar programación de calidad y ofrecer información confiable.