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La historia suele narrarse como una sucesión de ciclos pendulares. América Latina no ha sido la excepción. Durante años se habló de un nuevo auge de gobiernos de izquierda y progresistas. Hoy, ese diagnóstico resulta insuficiente

En Lima, en Medellín, en San José, en Puerto Príncipe o en barrios populares de São Paulo, millones de personas acudirán a las urnas en 2026 con una convicción común: participar importa. El próximo ciclo electoral en América Latina será el reflejo de una región que intenta decidir su futuro mientras el mundo se reconfigura en un contexto de creciente incertidumbre global.

Durante 2026, varias de las democracias más relevantes de la región —Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Haití— renovarán sus gobiernos y, en algunos casos, también sus congresos. Dos de estos países concentran buena parte del peso económico de la región. Hacía tiempo que un ciclo electoral no coincidía ni con un momento tan claro de reordenamiento del sistema internacional, ni con una fatiga tan profunda de las promesas ideológicas que marcaron las últimas administraciones. Por eso, más que preguntarnos quién ganará, conviene preguntarnos qué está realmente en juego.

La historia suele narrarse como una sucesión de ciclos pendulares. América Latina no ha sido la excepción. Durante años se habló de un nuevo auge de gobiernos de izquierda y progresistas. Hoy, ese diagnóstico resulta insuficiente. No estamos ante un regreso prometedor de la izquierda ni frente a una restauración clara de la derecha. Lo que atraviesa a la región es la normalización del desencanto, la erosión de las instituciones y el ascenso de liderazgos que prometen orden, identidad o salvación, a veces sin contar con un plan viable para lograrlo.

Perú es quizá el laboratorio más extremo de este fenómeno. Con más de 30 candidaturas presidenciales inscritas y una ciudadanía exhausta, el país enfrenta gobiernos que no concluyen su mandato, congresos fragmentados y figuras outsiders que emergen y se fortalecen al capitalizar el hartazgo social. Quien resulte electa o electo para encabezar el Ejecutivo —una de las múltiples personas que han gobernado el país en la última década— lo hará además en el contexto del retorno a una legislatura bicameral, dentro de un sistema marcado por alta fragmentación y polarización política.

En Colombia y Brasil, el dilema adquiere otra dimensión. Ambos países pondrán a prueba si la izquierda gobernante logra sobrevivir al desgaste del poder en contextos de alta polarización, inseguridad y presiones externas. Más allá del resultado electoral, sus comicios enviarán señales claras sobre el lugar que ocupará América Latina en el nuevo tablero geopolítico. Sin matices diplomáticos, Monroe con D se mantiene vigilante y su sombra podría imponerse mediante interferencia abierta, amenazas de sanciones selectivas y apoyo explícito a ciertos proyectos políticos.

Costa Rica, históricamente presentada como una democracia ejemplar, tampoco está exenta de tensiones. La disputa entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones —incluidos choques públicos por reglas de neutralidad en la antesala de 2026— muestra que la erosión institucional abre grietas incluso en los sistemas más estables. Haití, en contraste, representa el límite extremo: elecciones condicionadas a la posibilidad misma de garantizar seguridad y financiamiento en un país donde la política ha sido desplazada por la violencia y una crisis permanente.

Cada país tiene derecho a elegir, por la vía democrática, el gobierno que la voluntad popular determine. Pero ese derecho exige algo más que urnas y calendarios: requiere instituciones capaces de resistir presiones, mantener reglas claras y promover una ciudadanía informada. El ciclo electoral de 2026 definirá si la democracia latinoamericana puede adaptarse a un mundo en transición sin perderse a sí misma. En una era de incertidumbre global, el dilema central no es ideológico, sino democrático: elegir entre una democracia en el papel o una democracia en acción.

POR AMALIA PULIDO

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

Por eso resulta tan importante revisar los hallazgos académicos sobre la relación entre desempeño económico y participación. Cuando algún grupo poblacional

En el debate público mexicano suele plantearse, con cierta frecuencia, que los bajos niveles de participación electoral podrían corregirse mediante la adopción del voto obligatorio. Sin embargo, esta propuesta parte de una lectura parcial del problema. La experiencia comparada muestra que la desafección democrática no es consecuencia del carácter voluntario del sufragio, sino del contexto social en el que éste se ejerce.

Por eso resulta tan importante revisar los hallazgos académicos sobre la relación entre desempeño económico y participación. Cuando algún grupo poblacional percibe que el sistema no ofrece oportunidades reales de progreso o que las instituciones no operan con criterios de equidad, la distancia con la política se expresa inevitablemente en desconfianza y desencanto.

En este debate los trabajos de Thomas Piketty son especialmente influyentes. Su análisis muestra que cuando la desigualdad económica se vuelve persistente y estructural, el supuesto democrático de igualdad formal ante la ley se vacía de contenido. La desigualdad, así entendida, no sólo genera efectos económicos, sino también consecuencias políticas profundas.

Esta reflexión encuentra respaldo empírico en un interesante Informe que a finales de 2025 emitió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es ilustrativo que incluso los países más ricos del planeta estén reconociendo que el ingreso de las familias y personas no depende en exclusiva del mérito o el esfuerzo. Existe una “desigualdad de oportunidades” que obedece a circunstancias que no están bajo su control. El origen social, el nivel educativo de padre y madre, el lugar de nacimiento y el género afectan de manera muy importante las trayectorias.

El documento To Have and Have Not arroja hallazgos contundentes. Más de una cuarta parte de la desigualdad observada en los países analizados obedece a factores que no dependen del esfuerzo individual. En muchos casos, este componente se hereda y se reproduce generación tras generación.

En el caso de México, estos hallazgos adquieren una relevancia particular. La evidencia disponible muestra que el origen social continúa siendo un factor decisivo en las trayectorias de vida. Las brechas educativas, las desigualdades territoriales y el acceso diferenciado a servicios públicos configuran un escenario en el que las oportunidades no se distribuyen de manera homogénea. Esta realidad impacta directamente en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la eficacia del sistema político y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar condiciones justas de competencia.

Las lecciones son claras para toda Latinoamérica, la región más desigual del planeta. La calidad de las democracias no basta para sostener la legitimidad del sistema si amplios sectores de la población sienten que el futuro está condicionado desde el nacimiento. Se necesitan condiciones mínimas de equidad que permitan a las personas sentirse parte del proyecto colectivo.

El informe de la OCDE subraya la importancia de políticas públicas orientadas a reducir estas brechas, fortalecer la educación desde etapas tempranas y atender las desigualdades territoriales. Estas medidas no solo tienen efectos económicos, sino que inciden directamente en la confianza social y en la relación entre ciudadanía e instituciones.

En este contexto, el papel de las instituciones democráticas resulta fundamental. Mientras persistan desigualdades tan marcadas en el acceso a oportunidades, el riesgo de desafección democrática seguirá presente. Los institutos electorales tienen un rol clave en la formación cívica, en la promoción de la participación y en la construcción de confianza, incluso en entornos donde el mercado no ha logrado corregir las brechas de origen.

POR AMALIA PULIDO

CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

América Latina atraviesa un momento de reconfiguración política en el que avanzan ideologías que no siempre tienen una inscripción clara con este sistema

Chile vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública. Lo que hace unas semanas se discutía como escenario abierto entre dos agendas políticas opuestas, se resolvió con una victoria holgada para José Antonio Kast, identificado con una derecha dura.

El triunfo de la oposición puede explicarse por temas sustantivos. Hay una percepción de problemas de inseguridad acentuados y creciente inestabilidad económica en el país del Cono Sur. 

Pero el giro político va más allá. Daniel Zovatto lo ha calificado como “péndulo radical”, haciendo alusión a la brecha que separa al historial comunista de la candidata perdedora, respecto de los postulados de ultraderecha que ha abrazado el presidente electo.

Lo cierto es que, desde 2006, Chile ha transitado por un patrón consistente de cambios ideológicos en la presidencia. Este historial es ideal para tratar de responder una pregunta central: ¿cómo se procesan democráticamente las alternancias?

En el caso chileno, la posibilidad de cambio no es una anomalía, sino una característica inherente a su dinámica electoral. El relevo presidencial es el resultado de las elecciones como un mecanismo de rendición de cuentas, en donde el electorado puede evaluar los gobiernos y en su caso canalizar el descontento.

Pero el desenlace de los comicios de 2025 también puso en primer plano tensiones que no pueden ser ignoradas. Kast es el primer presidente electo desde la democratización que no ha ocultado ni su admiración por Pinochet ni sus posturas conservadoras estrictas. Y, aunque algunas personas apuntan a una moderación reciente en su discurso, el hecho es que estamos frente a una ciudadanía que prefiere propuestas drásticas y respuestas inmediatas a problemas percibidos como urgentes, incluso cuando eso implique convivir con símbolos y trayectorias sensibles para su pasado colectivo.

Sin embargo, más allá del perfil ideológico del ganador, es imperativo amplificar las actitudes y valores democráticos de la clase política chilena. Cuando Boric ganó la elección presidencial en 2021, el candidato derrotado —José Antonio Kast— salió a medios a reconocer el resultado y ofrecer su respaldo al proyecto ganador. Cuatro años después, fue refrescante ver al actual presidente replicar el gesto y respaldar el triunfo democrático de quien fuera su opositor. Este intercambio revela una cultura política en la que el reconocimiento de la voluntad popular es la norma, incluso en un escenario de polarización creciente.

América Latina atraviesa un momento de reconfiguración política en el que avanzan proyectos de diversas ideologías que no siempre tienen una inscripción clara con el sistema democrático. En ese entorno, el riesgo no reside en la alternancia, sino en la eventual erosión de contrapesos.

Por eso es importante destacar el sendero por el que avanza el sistema político chileno. Ha procesado sus cambios dentro de cauces institucionales reconocidos y aceptados. No hubo desconocimiento del resultado ni crisis institucional. Por el contrario, el proceso fue validado por los principales actores y aceptado como legítimo.

Más que un caso excepcional, la elección chilena ofrece una oportunidad para observar cómo operan hoy las democracias sometidas a ciclos rápidos de cambio, electorados volátiles y agendas públicas con nuevas prioridades. El resultado electoral no elimina las tensiones existentes, pero sí confirma que los mecanismos institucionales todavía son el canal principal para procesarlas. Frente a estas dinámicas, los países latinoamericanos debemos recordar que, en democracia, la alternancia es siempre una carta abierta y, probablemente, la manifestación de funcionamiento democrático por excelencia.

POR AMALIA PULIDO

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA

Las cifras son claras: en 2024, aproximadamente 50 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas

En la famosa obra de Bizet, la protagonista proclamaba “Jamais Carmen ne cédera”, para refrendar que la libertad no es negociable. Esta ópera es considerada como una crítica temprana a la violencia de género y un recordatorio de la importancia de luchar por la justicia.

A 150 años de distancia es otra Carmen la que pone el ejemplo y, desde la resistencia y visibilización de la violencia machista, nos enseña que cada sobreviviente que alza la voz rompe un silencio que el patriarcado da por sentado.

Las cifras de ONU Mujeres son claras: en 2024, aproximadamente 50 mil mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familias en el mundo; se estima que el 80% de las personas desplazadas por cambio climático son mujeres, y al menos 230 millones de mujeres y niñas han sido víctimas de mutilación genital femenina. Dolorosamente, las formas de violencia no caben en estas líneas y los números incrementan sin tregua.

Este es el caso de Carmen Sánchez, sobreviviente de violencia ácida, que junto a Ximena Canseco cofundó la fundación que lleva su nombre. Ambas han hecho una labor titánica por registrar estos ataques en México, han acompañado a otras sobrevivientes de esta forma extrema de violencia e impulsan el reconocimiento jurídico de la violencia química, además de la ácida. Si bien los ácidos están presentes en muchos de los ataques perpetrados, existen otras sustancias químicas que tienen el potencial de destruir la piel de las personas y provocar daños que pueden ser irreversibles. La misma Ximena detalla que de las más de 125 mil sustancias químicas peligrosas, 25 mil provocan quemaduras en la piel.

La organización Acid Survivors Trust International estima que cada año ocurren aproximadamente 10 mil ataques con ácido y otras sustancias químicas en el mundo. México no está exento. Hay un gran subregistro y falta de homologación en su tipificación, pero las activistas apuntan a que cada año hay más de 100 víctimas de un ataque químico en nuestro país. Casi siempre hacia la cara o brazos de mujeres jóvenes, en su gran mayoría orquestado por hombres cercanos y con la intención de truncar una vida desde la cosificación del cuerpo femenino.

Pero hay algo poderoso de ver a mujeres sobrevivientes de alguna de estas violencias fortalecerse para luchar por la colectividad y por justicia para su caso. Aunque no deberíamos de ser valientes en lo público ni deberíamos de dejar la vida en búsqueda de reparación, hay algo profundamente político y democrático en ver plataformas llenas de las voces de quienes, en primera persona, comparten testimonios —más allá de la frialdad de los números— para visibilizar y gritar a la comunidad lo que muchas veces no queremos ver.

Por eso, esta violencia no puede ni debe leerse como un delito de lesiones, pues es violencia de género cruda y directa. Tampoco es accidental, toda vez que se trata de la culminación de patrones de control. Mucho menos es el acceso al químico, sino su instrumentalización como arma la que quema en lo más profundo.

Gracias a la lucha de activistas a lo largo y ancho del mundo, las mujeres y otras poblaciones hemos tenido un refugio en donde el Estado no alcanza. Son las sobrevivientes y las que acompañan quienes han sembrado las semillas de la igualdad para que las siguientes generaciones cosechen una vida libre de violencia.

En pocos días concluyen los 16 Días de Activismo, esa campaña internacional que con naranja llamativo busca visibilizar las distintas caras de la violencia de género alrededor del mundo para exigir su prevención y erradicación. Pero las violencias de género todavía son cercanas y palpables. Por eso, sigamos alzando la voz. Ocupamos los espacios públicos que nos corresponden sin pedir perdón para seguir exigiendo justicia para ellas y una vida libre de violencia para todas. 

AMALIA PULIDO GÓMEZ

PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

@PULIDO_AMALIA 

El desenlace decembrino no solo definirá quién gobernará Chile, sino qué tan preparada está su democracia para procesar virajes profundos

Chile vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública latinoamericana. La primera vuelta de las elecciones presidenciales -con Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, avanzando al balotaje-, confirma que el país austral funciona como un laboratorio donde se ensayan las que pudieran convertirse en grandes tendencias políticas del continente. El viraje hacia opciones en los extremos, la recomposición del electorado y la creciente polarización resuenan más allá de Santiago: son parte de un clima regional marcado por la incertidumbre y el desgaste de los partidos tradicionales.

La explicación de este giro no se agota en la oferta política. En el trasfondo operan factores materiales que hoy pesan mucho en la vida cotidiana chilena: el aumento de la migración, la presencia de redes delictivas transnacionales y la percepción de que el Estado perdió capacidad para responder a las demandas. Kast capitalizó ese malestar con un discurso de control y seguridad que resulta especialmente persuasivo entre votantes jóvenes. Jara, por su parte, impulsó una narrativa de protección social -vivienda para la población joven, levantamiento del secreto bancario, políticas laborales- que pretende responder a las mismas preocupaciones desde una plataforma progresista.

A ello se suma un cambio institucional de enorme alcance: la restitución del voto obligatorio. Con esta medida, más de cinco millones de nuevos votantes acudieron a las urnas para evitar multas, alterando por completo la composición del electorado. Esta vez se escuchó la voz de quienes suelen permanecer apáticos. Su participación explica buena parte del mapa político actual, así como las estrechas diferencias entre las dos candidaturas que disputarán la presidencia. La democracia chilena también destaca por admitir el voto de personas extranjeras que residen legalmente en su territorio: casi 900 mil electores de origen venezolano, peruano, boliviano, colombiano o argentino. Este electorado tiene un peso real, aunque las izquierdas no supieron incorporarlo en su discurso y algunas voces de derecha lo asociaron -sin evidencia- a los debates sobre inseguridad.

La fragmentación partidista y la irrupción de candidaturas antisistema completan el cuadro. Las propuestas de derecha acumularon preferencias que podrían inclinarse hacia Kast en el balotaje. El oficialismo chileno enfrenta horas difíciles, mientras Jara busca consolidar apoyos en un electorado de mayor edad que se inclina por propuestas menos disruptivas. El choque generacional es, quizá, uno de los elementos más novedosos. La derecha dura domina entre las juventudes que crecieron sin la memoria del autoritarismo, mientras que sectores progresistas encuentran mayor respaldo en quienes vivieron la transición democrática.