Por eso resulta tan importante revisar los hallazgos académicos sobre la relación entre desempeño económico y participación. Cuando algún grupo poblacional
En el debate público mexicano suele plantearse, con cierta frecuencia, que los bajos niveles de participación electoral podrían corregirse mediante la adopción del voto obligatorio. Sin embargo, esta propuesta parte de una lectura parcial del problema. La experiencia comparada muestra que la desafección democrática no es consecuencia del carácter voluntario del sufragio, sino del contexto social en el que éste se ejerce.
Por eso resulta tan importante revisar los hallazgos académicos sobre la relación entre desempeño económico y participación. Cuando algún grupo poblacional percibe que el sistema no ofrece oportunidades reales de progreso o que las instituciones no operan con criterios de equidad, la distancia con la política se expresa inevitablemente en desconfianza y desencanto.
En este debate los trabajos de Thomas Piketty son especialmente influyentes. Su análisis muestra que cuando la desigualdad económica se vuelve persistente y estructural, el supuesto democrático de igualdad formal ante la ley se vacía de contenido. La desigualdad, así entendida, no sólo genera efectos económicos, sino también consecuencias políticas profundas.
Esta reflexión encuentra respaldo empírico en un interesante Informe que a finales de 2025 emitió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Es ilustrativo que incluso los países más ricos del planeta estén reconociendo que el ingreso de las familias y personas no depende en exclusiva del mérito o el esfuerzo. Existe una “desigualdad de oportunidades” que obedece a circunstancias que no están bajo su control. El origen social, el nivel educativo de padre y madre, el lugar de nacimiento y el género afectan de manera muy importante las trayectorias.
El documento To Have and Have Not arroja hallazgos contundentes. Más de una cuarta parte de la desigualdad observada en los países analizados obedece a factores que no dependen del esfuerzo individual. En muchos casos, este componente se hereda y se reproduce generación tras generación.
En el caso de México, estos hallazgos adquieren una relevancia particular. La evidencia disponible muestra que el origen social continúa siendo un factor decisivo en las trayectorias de vida. Las brechas educativas, las desigualdades territoriales y el acceso diferenciado a servicios públicos configuran un escenario en el que las oportunidades no se distribuyen de manera homogénea. Esta realidad impacta directamente en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la eficacia del sistema político y sobre la capacidad de las instituciones para garantizar condiciones justas de competencia.
Las lecciones son claras para toda Latinoamérica, la región más desigual del planeta. La calidad de las democracias no basta para sostener la legitimidad del sistema si amplios sectores de la población sienten que el futuro está condicionado desde el nacimiento. Se necesitan condiciones mínimas de equidad que permitan a las personas sentirse parte del proyecto colectivo.
El informe de la OCDE subraya la importancia de políticas públicas orientadas a reducir estas brechas, fortalecer la educación desde etapas tempranas y atender las desigualdades territoriales. Estas medidas no solo tienen efectos económicos, sino que inciden directamente en la confianza social y en la relación entre ciudadanía e instituciones.
En este contexto, el papel de las instituciones democráticas resulta fundamental. Mientras persistan desigualdades tan marcadas en el acceso a oportunidades, el riesgo de desafección democrática seguirá presente. Los institutos electorales tienen un rol clave en la formación cívica, en la promoción de la participación y en la construcción de confianza, incluso en entornos donde el mercado no ha logrado corregir las brechas de origen.
POR AMALIA PULIDO
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO
@PULIDO_AMALIA
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