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El proceso electoral mexiquense llega a sus últimas etapas. El Consejo General del IEEM se reunirá para hacer las sumatorias finales, asignar los cargos y, en su caso, declarar la validez de la elección. Con ello, la entidad más poblada del país habrá cumplido un reto histórico: decidir, con el voto popular, a quienes impartirán justicia.

Más allá del cambio de paradigma que implica esta manera de elegir a las personas juzgadoras, los comicios 2025 fueron trascendentales porque trastocaron la manera de hacer elecciones en el país. Los congresos, las autoridades electorales y, desde luego, las personas votantes debimos ajustarnos para dar cauce a una elección distinta.

Cada persona ciudadana tuvo la oportunidad de votar por decenas de cargos judiciales con distintas atribuciones y materias competenciales. Toda vez que la participación de los institutos políticos está prohibida por la ley, la ciudadanía requirió información alternativa para poder conocer a las candidaturas. Esta vez, las siglas partidistas no funcionaron como atajos mentales para adivinar las ideologías. Además, las candidaturas no resultaron – como siempre – de procesos de selección intrapartidista, sino de comités técnicos integrados en cada poder del estado.

Las implicaciones que esos cambios produjeron en la forma de organizar los comicios también alcanzaron a la manera de computar los votos.

Ante la imposibilidad de que boletas tan complejas se contabilizaran anualmente en las casillas, la ley dividió la operación en dos pasos. El funcionariado de casilla contó las boletas y separó las sobrantes en sobres que fueron debidamente sellados. Los paquetes integrados con esta documentación fueron remitidos a las 18 oficinas del IEEM para su registro.

Es este segundo paso concluyó recientemente. En nueve días se computaron más de 31 millones de sufragios emitidos por 1.6 millones de mexiquenses en la elección judicial. Se conformaron 1,452 equipos de trabajo que registraron las expresiones ciudadanas en computadoras. Fueron supervisados por vocalías y consejerías. Visitantes internacionales y observadores electorales domésticos acompañaron esa etapa que además fue transmitida por internet para consulta pública. Nunca dejó de ser un proceso controlado y supervisado por la ciudadanía.

Las etapas siguientes serán fundamentales para la conclusión íntegra del proceso. El Consejo General debe hacer las sumas finales para determinar magistraturas de los tribunales de Disciplina Judicial y Superior de Justicia, así como la Presidencia de este último. Con esos datos se procederá a asignar los cargos por materia de especialización, observando la paridad de género. Es importante destacar que la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reconoció la utilidad de los lineamientos de paridad adoptados por el IEEM, mismos que garantizaron su cumplimiento desde la estructura de la elección, minimizando la probabilidad de tener que hacer ajustes posteriores a la votación.

En cuanto a las personas ganadoras, el Instituto verificará nuevamente el cumplimiento de requisitos de elegibilidad para garantizar que sólo asuman el cargo las personas con derecho a hacerlo.

Si bien las elecciones suelen terminar con la entrega de constancias de mayoría y declaración de validez, las buenas prácticas internacionales sugieren dar pasos adicionales. Las mejores instituciones aprenden de cada proceso y emprenden procesos de mejora a partir de sus propias evaluaciones y las que les hagan llegar misiones de observación, entidades académicas u organizaciones sociales. En el IEEM estamos abiertas a conocer los hallazgos y propuestas para estar en condiciones de implementar mejoras técnicas, de cara a la elección judicial del 2027.

Este proceso electoral es inédito. No existe país en el mundo que haya celebrado una elección judicial de tal magnitud. Si bien es cierto que no existen guías que nos digan cómo se vive un proceso electoral así, también es cierto que los y las mexiquenses tenemos una oportunidad única de incidir en una esfera más de nuestro sistema político y de robustecer nuestros derechos político-electorales.

La reforma al Poder Judicial ya es una realidad. Desde el Instituto Electoral del Estado de México estamos listas para instalar casillas, contar votos, vigilar procedimientos y asegurar que los comicios sean transparentes y confiables.

Ejercer el derecho se trata de usar los mecanismos disponibles para expresar nuestra opinión, para orientar el rumbo de nuestra entidad, para señalar, incluso con el desacuerdo, que somos parte de esta historia.

En buena parte de Latinoamérica el crimen y la violencia han puesto en tensión el ejercicio de prerrogativas ciudadanas. Específicamente, las candidaturas se han enfrentado a diferentes expresiones violentas que buscan incidir en la competencia político-electoral e influir en la voluntad expresada en las urnas. Las instituciones tenemos la obligación de contenerlo para garantizar a todas las personas el libre ejercicio de sus derechos.

La relación entre violencia y procesos electorales ha sido ampliamente analizada. Se conocen las variables que incrementan la probabilidad de eventos violentos contra las candidaturas. Pero el peligro no se detiene ahí. Funcionariado público y electoral, instalaciones gubernamentales y sedes de partidos políticos también han sido blanco de agresiones. El fenómeno ha evolucionado y se ha consolidado como una forma de intervención política por parte de poderes fácticos.

Del 2018 a mayo de 2025, el equipo de Votar entre Balas ha registrado 2,458 casos de amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en México en contra de personas vinculadas a la política o al servicio público. Aunque estos eventos no son exclusivos de procesos comiciales, sí incrementa la incidencia cuando se aproxima la jornada.

El proceso electoral de 2025 representa un punto de inflexión. Por primera vez en nuestra historia contemporánea, la ciudadanía elegirá a personas juzgadoras. Hasta ahora, los ataques político-criminales se habían concentrado en los poderes ejecutivo y legislativo. Ahora que el poder judicial entra a la ecuación, todavía no conocemos cómo será su comportamiento, con lo que surgen nuevas preguntas, tensiones y formas de riesgo.

Es en este contexto que en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no hemos permanecido pasivos. En preparación para las próximas elecciones hemos implementado acciones concretas para garantizar que todas y todos los mexiquenses puedan ejercer sus derechos político-electorales en libertad: tanto del voto pasivo como del activo. Al igual que en el proceso electoral local 2023-2024, priorizamos la seguridad de las candidaturas, impulsando un Convenio de Colaboración, en el cual participa –además del propio IEEM– el Gobierno del Estado de México y la Fiscalía General de la entidad.

Este instrumento ofrece medidas de seguridad a quienes estén participando como personas candidatas en la elección y requieran de esta protección para poder mantener sus campañas funcionando.

Durante el pasado proceso electoral, esta estrategia demostró ser una buena práctica que ofrece resultados tangibles. Haber protegido a las candidaturas contendientes no sólo evitó desgracias. También evitó que alguna elección pudiera ser invalidada en tribunales por causa de la violencia. Estos resultados son fruto de la articulación y la coordinación interinstitucional, de la planeación preventiva y del compromiso de quienes sabemos que proteger a quienes compiten es proteger la democracia misma.

El territorio cambia, las vulnerabilidades se transforman y el desafío institucional crece. Pero la capacidad de los organismos públicos locales electorales es mayúscula y nuestra cercanía y entendimiento del contexto subnacional es invaluable para prevenir y detener el crecimiento de la violencia político-electoral.

Como ciudadanía, hemos aprendido a convivir con esta realidad que busca incidir en el ejercicio de derechos. No podemos permitir que la democracia se construya sobre la renuncia y el miedo: no es normal y no deben ir de la mano.

Participar en política es un derecho que debe ejercerse en libertad. La violencia no puede marcar el pulso de nuestra vida pública. Confiamos en que este proceso electoral se desarrollará de forma pacífica al tiempo que garantizamos las condiciones necesarias para que así sea.

Desde hace tres décadas, en México dejamos de preguntarnos cómo sucede. Cuando llegamos a la casilla en la que nos toca votar, encontramos siempre una boleta por cada uno de los cargos que nos toca elegir. Y no se acabarán, independientemente de a qué hora nos presentemos.

Las y los funcionarios de casilla también encontrarán los documentos listos para hacer su trabajo. Habrá listados nominales con la fotografía de todas las personas convocadas a sufragar; actas para asentar los resultados; formatos para escribir los incidentes e, inclusive, manteletas que nos muestran cómo ordenar las papeletas para facilitar el escrutinio al final del día.

Pero el hecho de que ocurra en forma periódica e ininterrumpida no nos debe confundir. La logística que involucra que estos documentos lleguen a tiempo a casi cien millones de destinatarios es una hazaña muy compleja que sólo se logra con una planeación muy cuidada, controles estrictos y trabajo en equipo. Si cualquiera de esos componentes falla, toda esa maquinaria diseñada para captar la voluntad ciudadana en un solo día sería inútil.

En un contexto polarizado, como el que ha envuelto algunas de las discusiones asociadas al proceso electoral 2025 por el que se elegirán personas juzgadoras, se hace necesario recordar los basamentos de ese proceso organizativo. Es interesante el modelo de optimización, pero sobre todo es fundamental explicar que todo está orientado a garantizar la integridad del proceso electoral. No sobran ni faltan boletas porque hay controles en cada trecho del camino, todo dispuesto para que la ciudadanía pueda confiar en sus procesos comiciales.

Pongamos el caso del Estado de México, la entidad más poblada del país. Este año se producirán 51.5 millones de boletas: casi cuatro veces más que en la elección 2023. Aunque el volumen es elevado, no se escatimó en garantizar su autenticidad. Se imprimen en papel seguridad y se incluyen diez marcas de seguridad en la impresión, lo que las hace infalsificables.

Pero para mayor control, ayer aprobamos dos ejercicios de verificación muestral. Cada uno de los 18 órganos desconcentrados del IEEM será responsable de verificar que las boletas y actas que les fueron suministradas cuenten con las marcas de seguridad, para confirmar su autenticidad. Lo mismo se hará el día de la jornada en una selección aleatoria de casillas.

La integridad de la documentación es tan importante que su custodia inicia desde el proceso de producción. Se producen en plantas que tienen un adecuado control de sus residuos y en presencia del IEEM, para garantizar que la cantidad producida corresponde con la requerida.

Ayer inició una actividad compleja. Durante nueve días, 35 camiones y camionetas trasladarán 148 toneladas de documentación desde la planta de producción hasta los órganos desconcentrados del IEEM.

Todos los vehículos viajan perfectamente cerrados y custodiados por personal del Instituto, así como por las autoridades de Seguridad Pública. Además, las cantidades se vuelven a verificar cuando llegan a su destino.

La cadena de custodia está en marcha. Esto hace trazable dónde estuvo cada boleta desde su producción hasta el momento en que los votos llegan a su destino para ser computadas y almacenadas en bodegas seguras.

El sistema electoral mexicano es uno de los más robustos del mundo, precisamente porque parte de la mutua desconfianza entre los actores políticos. Para contrarrestarla, promueve controles ciertos y objetivos en cada etapa de la elección. Ello asegura que el voto libre, seguro y auténtico sea la fuente de legitimidad de la representación popular.

El domingo pasado Ecuador completó una de las elecciones más esperadas del año en la región. Si el conteo oficial confirma los resultados preliminares, el Presidente Daniel Noboa sería reelecto con el 55.6% de las preferencias. Luisa González, la carta fuerte del Movimiento Revolución Ciudadana, habría obtenido el 44.4% de los votos válidos.

La amplia diferencia ha llevado a diversos actores a considerar irreversible el resultado. Es el caso de Pachakutik, el movimiento indígena que en la primera ronda alcanzó el tercer lugar, y que apoyó a González en el balotaje.

Sin embargo, la candidata opositora está solicitando el recuento total de los votos, al tiempo que su partido ha denunciado irregularidades en la contienda. En esos casos los informes de las misiones de observación internacional ofrecen información experta clave para el análisis.

Es el caso de los informes de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea. Ambas instancias desplegaron nutridas misiones en el Ecuador y emitieron ya sus primeros reportes.

Coincidieron en que la jornada electoral transcurrió de manera pacífica y con una alta participación ciudadana: 83%. Es importante señalar que el Ecuador tiene la figura de voto obligatorio para todas las personas que tienen entre 18 y 64 años de edad. Los informes también señalaron que la logística funcionó adecuadamente, muestra de ello es la eficiencia del sitio de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que publicó el 90% de las actas en menos de tres horas, fortaleciendo la percepción de transparencia del sistema de transmisión. Mientras la misión europea reconoció la trazabilidad del sistema, la OEA destacó la ‘participación pacífica, decidida y contundente de la ciudadanía’, lo que reafirma el valor del sufragio como expresión legítima de la voluntad popular.

Pero hubo algunas irregularidades que vale la pena mencionar. En especial, fue controvertida la decisión del presidente Daniel Noboa de no solicitar licencia para separarse del cargo durante la campaña. La ley exige licencia a quienes buscan la reelección inmediata. Noboa argumentó que no se trataba de una reelección, sino de una candidatura bajo un mandato interrumpido por la ‘muerte cruzada’, y optó por ausencias temporales comunicadas a la autoridad electoral.

Un segundo aspecto que generó preocupación y que cada vez es más evidente en los comicios fue la desinformación deliberada. La OEA cita un monitoreo en redes que concluyó que 74% de los contenidos virales fueron falsos. Uno de cada cinco contenidos incluyó elementos de inteligencia artificial para fines de desinformación.

La Unión Europea fue crítica en un elemento central: el uso de los medios públicos en favor del presidente Noboa. Se documentó una cobertura abrumadoramente positiva hacia él, incluyendo promoción de su gestión durante el periodo de veda. En contraste, su oponente, Luisa González, recibió cobertura menor y predominantemente negativa.

Las dos misiones de observación explícitamente reconocen la validez técnica, funcional y operativa de la elección ecuatoriana. No obstante, su legitimidad normativa se ve debilitada por prácticas que erosionan la equidad.

Para la construcción de la democracia, cada experiencia es un espejo útil. El caso ecuatoriano recuerda que la equidad y la certeza son condiciones indispensables que se construyen desde la fortaleza institucional, la imparcialidad de los árbitros, y una ciudadanía exigente. El país andino mostró avances y también retrocesos de los que las democracias latinoamericanas deberán no solo tomar nota sino acciones concretas para contrarrestarlos.