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En buena parte de Latinoamérica el crimen y la violencia han puesto en tensión el ejercicio de prerrogativas ciudadanas. Específicamente, las candidaturas se han enfrentado a diferentes expresiones violentas que buscan incidir en la competencia político-electoral e influir en la voluntad expresada en las urnas. Las instituciones tenemos la obligación de contenerlo para garantizar a todas las personas el libre ejercicio de sus derechos.

La relación entre violencia y procesos electorales ha sido ampliamente analizada. Se conocen las variables que incrementan la probabilidad de eventos violentos contra las candidaturas. Pero el peligro no se detiene ahí. Funcionariado público y electoral, instalaciones gubernamentales y sedes de partidos políticos también han sido blanco de agresiones. El fenómeno ha evolucionado y se ha consolidado como una forma de intervención política por parte de poderes fácticos.

Del 2018 a mayo de 2025, el equipo de Votar entre Balas ha registrado 2,458 casos de amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros en México en contra de personas vinculadas a la política o al servicio público. Aunque estos eventos no son exclusivos de procesos comiciales, sí incrementa la incidencia cuando se aproxima la jornada.

El proceso electoral de 2025 representa un punto de inflexión. Por primera vez en nuestra historia contemporánea, la ciudadanía elegirá a personas juzgadoras. Hasta ahora, los ataques político-criminales se habían concentrado en los poderes ejecutivo y legislativo. Ahora que el poder judicial entra a la ecuación, todavía no conocemos cómo será su comportamiento, con lo que surgen nuevas preguntas, tensiones y formas de riesgo.

Es en este contexto que en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) no hemos permanecido pasivos. En preparación para las próximas elecciones hemos implementado acciones concretas para garantizar que todas y todos los mexiquenses puedan ejercer sus derechos político-electorales en libertad: tanto del voto pasivo como del activo. Al igual que en el proceso electoral local 2023-2024, priorizamos la seguridad de las candidaturas, impulsando un Convenio de Colaboración, en el cual participa –además del propio IEEM– el Gobierno del Estado de México y la Fiscalía General de la entidad.

Este instrumento ofrece medidas de seguridad a quienes estén participando como personas candidatas en la elección y requieran de esta protección para poder mantener sus campañas funcionando.

Durante el pasado proceso electoral, esta estrategia demostró ser una buena práctica que ofrece resultados tangibles. Haber protegido a las candidaturas contendientes no sólo evitó desgracias. También evitó que alguna elección pudiera ser invalidada en tribunales por causa de la violencia. Estos resultados son fruto de la articulación y la coordinación interinstitucional, de la planeación preventiva y del compromiso de quienes sabemos que proteger a quienes compiten es proteger la democracia misma.

El territorio cambia, las vulnerabilidades se transforman y el desafío institucional crece. Pero la capacidad de los organismos públicos locales electorales es mayúscula y nuestra cercanía y entendimiento del contexto subnacional es invaluable para prevenir y detener el crecimiento de la violencia político-electoral.

Como ciudadanía, hemos aprendido a convivir con esta realidad que busca incidir en el ejercicio de derechos. No podemos permitir que la democracia se construya sobre la renuncia y el miedo: no es normal y no deben ir de la mano.

Participar en política es un derecho que debe ejercerse en libertad. La violencia no puede marcar el pulso de nuestra vida pública. Confiamos en que este proceso electoral se desarrollará de forma pacífica al tiempo que garantizamos las condiciones necesarias para que así sea.