Comunicación
Social

Noviembre tiene un significado especial en la defensa de los derechos de las mujeres: el día 25 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha clave para recordar que la violencia de género es una violación de los derechos humanos.

Una de las formas de violencia más graves que lastima profundamente la vida democrática de México es la que se materializa como violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual no solo limita el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, sino que busca silenciar su voz, frenar su liderazgo y desacreditar su presencia en los espacios de poder. Es una violencia que no siempre se manifiesta con agresiones físicas, sino con amenazas, exclusiones, descalificaciones, acoso o ataques a su dignidad y credibilidad, así como con la imposición de obstáculos para que puedan desempeñar correctamente sus funciones en los cargos públicos.

A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que luchar por conquistar un lugar en la política, un espacio que durante siglos les fue negado. A pesar de los avances normativos, como el Decreto publicado el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (que reformó ocho textos legales para tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género como delito, infracción administrativa y causal de responsabilidad para servidores públicos), aún persisten prácticas que intentan restringir su participación. Estas agresiones no solo afectan a las víctimas directas, sino que debilitan la democracia, porque donde se acalla la voz de una mujer, se silencia también la voz de la ciudadanía.

La violencia política tiene muchas variantes: puede presentarse cuando se niega el acceso a un cargo, cuando se les impide ejercerlo, cuando son ridiculizadas por su apariencia, su edad, su maternidad o su identidad. Cada uno de esos actos refleja una estructura machista que se resiste a compartir el poder y a reconocer la capacidad, inteligencia y liderazgo de las mujeres.

Sin embargo, frente a esa violencia, ha surgido un movimiento imparable de resistencia y sororidad. Mujeres de todos los partidos, regiones y orígenes han levantado la voz para decir ¡basta! Hoy más que nunca, la participación femenina en la política no es una concesión, sino un derecho conquistado y una responsabilidad compartida para transformar la cultura política del país.

La lucha contra la violencia política no es solo un tema de género, sino un compromiso democrático. Una nación que violenta a sus mujeres en la política es una nación que traiciona la esencia de la igualdad. Erradicarla implica fortalecer las instituciones, castigar a los agresores y construir una nueva cultura del poder basada en el respeto, la ética y la equidad.

En cada mujer que alza la voz, que ocupa un cargo público o que defiende sus derechos, vive la esperanza de un México más justo. Un país donde la política deje de ser un espacio de exclusión para convertirse en un escenario de libertad, diálogo y transformación. Porque cuando una mujer participa, la democracia florece y cuando se le impide hacerlo, la democracia se marchita.

El PRI es un partido que defiende el derecho de participación política de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, por ello rechazamos tajantemente cualquier tipo de violencia, tanto la física como la simbólica. Muestra de ello es que en diversas conferencias de prensa hemos evidenciado los actos de acoso que sufren nuestras militantes por parte de actores políticos que aún no terminan de entender que vivimos en una nueva realidad que exige superar los viejos estereotipos de género y que ahora pugnamos por una paridad sustantiva que garantice no sólo la presencia de mujeres en los cargos públicos, sino el ejercicio de los mismos con plena libertad.

En el PRI seguiremos alzando la voz cada vez que tengamos conocimiento de actos que violenten los derechos de las militantes, simpatizantes y de todas las mujeres en general, aunque no formen parte de nuestro partido. La defensa de los derechos de las mujeres va más allá de los colores partidistas; es una lucha que involucra a la sociedad en su conjunto, mediante una visión de sororidad y de auxilio a las víctimas, ante la frecuente ineficacia de las autoridades para prestarles atención inmediata. Ténganlo por seguro: no nos van a callar.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Diario Oficial de la Federación. (13/04/2020). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cada 19 de octubre, México conmemora el Día Nacional contra la Discriminación, una fecha que invita a reflexionar sobre los retos pendientes para construir una sociedad justa, incluyente y con igualdad de derechos. Este día fue establecido en memoria del hecho histórico de Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien decretó la abolición de la esclavitud en 1810, y con él se reafirma el compromiso del Estado mexicano con la dignidad humana y el principio constitucional de igualdad (SRE, 2016).

La discriminación ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y democrático del país. En el ámbito político, su erradicación representa un pilar fundamental para garantizar una participación ciudadana plena, donde mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, la diversidad sexual y otros grupos históricamente marginados encuentren condiciones reales de equidad.

El PRI, a lo largo de su historia, ha contribuido de manera significativa a la construcción de un marco legal incluyente, promoviendo reformas y políticas orientadas a garantizar los derechos de todas las mexicanas y mexicanos, sin distinción.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la serie de acciones impulsadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo de 2016, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. En esa fecha, firmó la iniciativa de Decreto para reformar el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución, con el propósito de reconocer el derecho humano a contraer matrimonio sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencias sexuales.

Asimismo, firmó una segunda iniciativa para reformar el Código Civil Federal a fin de permitir el matrimonio igualitario. Paralelamente, ordenó la revisión del marco normativo federal, estatal y municipal con el objeto de modificar los artículos que implicaran alguna forma de discriminación. Finalmente, instruyó al canciller para que México se incorporara al Grupo Núcleo sobre las Personas Homosexuales, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero o Intersexuales de las Naciones Unidas, que en esa época contaba con 19 países afiliados (Justicia Cotidiana, 2016).

Si bien no todas las acciones impulsadas entonces llegaron a materializarse, lo cierto es que quedó clara la voluntad política de un gobierno emanado del PRI para defender la igualdad y combatir toda forma de discriminación. Gracias a esta voluntad, en las últimas décadas México ha registrado avances en la adopción de políticas afirmativas, reformas paritarias y medidas contra los discursos de odio, lo que ha permitido una mayor visibilidad y participación de grupos diversos en los espacios de poder. Estas acciones fortalecen la democracia, amplían la pluralidad y demuestran que la política no solo debe gobernar, sino también reconocer, incluir y garantizar derechos.

El 19 de octubre se conmemora una causa viva: la de un México donde nadie sea excluido por su origen, apariencia, identidad o creencias. En la arena política, este principio se traduce en una meta irrenunciable: que la representación pública refleje la diversidad del país y sea un instrumento de justicia social.

En el PRI estamos convencidos de que conmemorar este día es reafirmar que la verdadera fortaleza de la democracia mexicana radica en su capacidad para reconocer y valorar la diferencia. Solo así será posible construir una nación donde la igualdad deje de ser un ideal y se convierta en una realidad compartida, tal como lo han sostenido las políticas sociales que, desde el priismo, han buscado siempre el bienestar y la inclusión de todos los sectores del pueblo mexicano.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Justicia Cotidiana. (2016), México sin discriminación, Gobierno de México, https://www.gob.mx/justiciacotidiana/es/articulos/mexico-sin-discriminacion

Secretaría de Relaciones Exteriores SRE. (2016) 19 de octubre: Día Nacional contra la Discriminación, https://www.gob.mx/sre/articulos/19-de-octubre-dia-nacional-contra-la-discriminacion

El 17 de octubre de 1953 marcó un antes y un después en la historia de México. La publicación de la reforma al artículo 34 constitucional reconoció el derecho de las mujeres mexicanas a votar y a ser electas, conquistando así la igualdad jurídica y política que por décadas se les había negado. Este logro no fue casual, sino el resultado de una larga lucha encabezada por mujeres visionarias que, desde los ámbitos social, educativo y político, exigieron su lugar en la toma de decisiones del país.

La reforma impulsada durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines representó la culminación de un movimiento gestado desde principios del siglo XX. Figuras como Hermila Galindo, quien en 1916 solicitó ante el Constituyente el derecho al sufragio femenino, sentaron las bases. Su petición fue rechazada bajo el argumento de que “el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concederse a las mujeres como clase”.

Resultó fundamental la labor de Elvia Carrillo Puerto en la defensa de los derechos de las mujeres. El 18 de noviembre de 1923, fue electa diputada al Congreso Local de Yucatán por el distrito de Izamal, junto con Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero, electas por Mérida. Sin embargo, las elecciones fueron anuladas y Elvia tuvo que abandonar la entidad tras el asesinato de su hermano, el gobernador Felipe Carrillo Puerto. Posteriormente, en 1925, fue electa diputada local en San Luis Potosí, pero el Colegio Electoral del Congreso estatal no le reconoció su triunfo (Galeana, 2014).

La lucha de estas y otras mujeres permitió que, tras un arduo proceso de exigencia, el sufragio femenino se consagrara en la reforma al artículo 34 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953. Este decreto reconoció a las mujeres como ciudadanas, con derecho a votar y ser votadas para todos los cargos de elección popular.

Con la incorporación de las mujeres al voto, la política nacional experimentó una transformación estructural. Se amplió la visión del Estado, se enriquecieron los debates públicos y se dio paso a políticas con enfoque de género, orientadas a la justicia social y la equidad. La presencia femenina en los espacios de poder visibilizó problemáticas históricamente ignoradas, como los derechos reproductivos, la violencia de género, la igualdad salarial y la participación ciudadana en condiciones equitativas.

Hoy, la participación política de las mujeres ha alcanzado logros sin precedentes. México es uno de los pocos países del mundo con paridad constitucional en todos los niveles de gobierno, lo que demuestra que aquel decreto de 1953 no solo cambió las leyes, sino también la estructura del poder político. Desde los congresos locales hasta la representación diplomática, las mujeres han demostrado liderazgo, capacidad y una visión transformadora.

A más de siete décadas de aquel acontecimiento histórico, el 17 de octubre no solo conmemora una fecha legal, sino que simboliza la resistencia, el empoderamiento y la transformación política. Recordar a las mujeres que abrieron camino implica reconocer que su voz sigue siendo esencial para consolidar una democracia verdaderamente igualitaria, donde la participación femenina continúe guiando a México hacia un futuro más justo, con igualdad de oportunidades para todas y todos.

En el PRI reconocemos el legado de las feministas que hicieron posible que hoy las mujeres accedamos a cargos de elección popular y tengamos presencia en todos los espacios del espectro político. Honramos esa lucha mediante la inclusión de más mujeres en la estructura partidista, tanto en cargos de dirigencia como en candidaturas.

La Presidencia a mi cargo tiene la convicción de impulsar el liderazgo político de las mujeres y combatir las barreras estructurales que aún persisten, como los estereotipos patriarcales y la violencia política de género. Estos obstáculos limitan seriamente el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Frente a esto, actuamos con sororidad para, mediante políticas inclusivas, empoderar liderazgos femeninos que impulsen la agenda de género y promuevan la activa participación de más mujeres en cargos de relevancia.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Cámara de Diputados (1916). Diario de Debates del Congreso Constituyente, p. 602.

Galeana, P. et. al. (2014) La Revolución de la Mujeres en México. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

Cada 15 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 62/136, adoptada el 18 de diciembre de 2007. Esta efeméride reconoce la función decisiva de las mujeres del campo incluidas las indígenas, en la producción de alimentos, el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la preservación de los recursos naturales (ONU, 2025).

Las mujeres rurales son pilares de la economía y del tejido social de sus comunidades. Su trabajo sostiene la agricultura familiar, la ganadería, el comercio local y la educación de las nuevas generaciones. No obstante, su labor se desarrolla en un contexto de profundas desigualdades: enfrentan barreras para acceder a la propiedad de la tierra, al crédito, a la tecnología y a servicios de educación y salud. Estas limitantes restringen, a su vez, su incursión en espacios de representación y liderazgo político.

En el ámbito político, se enfrentan a múltiples desafíos estructurales, entre los que destacan la falta de recursos económicos para participar en campañas, los estereotipos de género que subestiman su liderazgo, la escasa capacitación en gestión pública y la violencia política que, en muchos casos, busca frenar su participación.

De acuerdo con ONU Mujeres, la presencia femenina en cargos de decisión en el ámbito rural sigue siendo baja en comparación con las zonas urbanas. A pesar de las leyes de paridad, muchas enfrentan obstáculos al interior de los partidos políticos, así como una falta de acompañamiento institucional para ejercer sus derechos políticos de forma segura y efectiva.

Aun con estos obstáculos, cada vez más mujeres del campo han logrado abrirse paso en la vida pública, convirtiéndose en referentes para sus comunidades. En México, destacan figuras como María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, mujer indígena nahua y vocera del Concejo Indígena de Gobierno. En 2018, fue la primera mujer indígena en aspirar a la presidencia de la República como candidata independiente; sin embargo, no logró reunir las firmas ciudadanas necesarias para su registro.

En 2024, intentó postularse nuevamente para la Presidencia mediante la figura de candidatura indígena. No obstante, el INE le negó la solicitud, argumentando carecer de atribuciones legales para registrar candidaturas que no sean propuestas por un partido político o a través del procedimiento para obtener una candidatura independiente. Dicha resolución fue confirmada posteriormente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, 2024).

La lucha de Efrosina Cruz, mujer indígena de Oaxaca, también ha sido fundamental. En 2007, las autoridades de su pueblo natal, Santa María Quiegolani, le negaron el triunfo en la elección para la presidencia municipal, argumentando que sus usos y costumbres no permitían que una mujer ocupara el cargo. Este hecho desató un movimiento de protesta que culminó en su elección como diputada local en 2010, convirtiéndose así en la primera mujer indígena en presidir el Congreso de Oaxaca. Posteriormente, en 2012, fue electa diputada federal y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas, donde promovió la modificación del artículo segundo constitucional para consagrar el derecho de las mujeres indígenas a votar y ser votadas.

Estos ejemplos sentaron precedentes históricos en la visibilización de las mujeres del campo y los pueblos originarios. El caso de Efrosina Cruz demostró que, cuando las mujeres rurales acceden a espacios de decisión, impulsan políticas más equitativas, sustentables y sensibles a las realidades del campo.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales es un recordatorio de la urgencia de seguir impulsando la igualdad de oportunidades y de garantizar condiciones justas para su participación en todos los niveles de la vida pública. Reconocer su liderazgo no solo es un acto de justicia, sino una inversión en el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y el futuro de nuestras comunidades.

En el PRI tenemos la certeza de que el trabajo en territorio que realizamos acerca a las mujeres del campo a un partido que no solo las escucha, sino que trabaja decididamente para llevarlas a puestos de liderazgo. Conocemos los desafíos que enfrentan y, a diferencia de otras fuerzas políticas que las marginan, ofrecemos el camino para que ejerzan plenamente sus derechos político-electorales. Nuestro objetivo es claro: empoderarlas para que lleven la agenda del campo a los centros de decisión. En esta fecha, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de ser el aliado más firme de la mujer rural.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Fundación Érguete (2018) Eufrosina Cruz, la mujer que cambió la política mexicana, https://fundacionerguete.org/Eufrosina_Cruz_es.html

ONU (2025). Día Internacional de las Mujeres Rurales 15 de octubre, https://
www.un.org/es/observances/rural-women-day

TEPJF. (2024). Sala Superior, sentencia SUP-JDC-353/2024, 20 de marzo de 2024.

Las redes sociales constituyen una de las herramientas más importantes para la comunicación. Su efectividad, accesibilidad, bajo costo y capacidad para facilitar conversaciones en tiempo real las posicionan no solo como medios fundamentales de comunicación, sino también como instrumentos que influyen en la toma de decisiones políticas, económicas, sociales y educativas a nivel global (Andrade, 2021).

El papel de los jóvenes en la política ha cambiado radicalmente gracias a la digitalización. Anteriormente, la participación juvenil se canalizaba principalmente a través de partidos, sindicatos o movimientos estudiantiles; hoy, basta un dispositivo móvil con acceso a internet para generar discusiones, convocar movilizaciones o visibilizar problemáticas sociales. En este sentido, las redes sociales se han convertido en espacios de deliberación política donde los jóvenes adquieren voz y presencia, incluso frente a instituciones y actores de poder establecidos.

La evolución de estas plataformas explica en parte este fenómeno. Facebook, inicialmente concebido para la socialización entre estudiantes, abrió la puerta a la comunicación masiva; Twitter (hoy X) consolidó el poder de la inmediatez, permitiendo que un hashtag viralizara causas y movimientos; Instagram y TikTok transformaron la política en imágenes y videos cortos, adaptados a la lógica del consumo rápido de contenidos. Este tránsito refleja no solo un cambio tecnológico, sino una reconfiguración cultural en la manera de concebir la política: menos jerárquica, más horizontal y basada en la interacción.

La relación entre jóvenes, redes sociales y política también plantea desafíos. La facilidad de acceso a la información ha estado acompañada de un incremento en la circulación de noticias falsas, discursos de odio y estrategias de manipulación digital. La falta de regulación efectiva y la vulnerabilidad de los usuarios, en particular los jóvenes, facilitan que intereses políticos o económicos utilicen las plataformas para manipular la opinión pública. Esto exige una alfabetización digital crítica que permita a las nuevas generaciones distinguir entre información veraz y desinformación, así como comprender las implicaciones éticas y políticas de sus interacciones en línea. En consecuencia, el desafío actual no es solo aprovechar el potencial de las redes sociales, sino también garantizar un uso crítico y responsable que permita consolidar una ciudadanía digital consciente y comprometida.

En el PRI tenemos presente la importancia de las redes sociales como arena de discusión pública. En ese sentido, impulsamos el Movimiento PRI.MX, un organismo especializado del partido cuyos objetivos son generar participación social, debate de ideas e interacción permanente en redes sociales.

Si bien es un espacio impulsado por jóvenes, permea a la sociedad en general; es decir, no importa la edad de los participantes, Movimiento PRI.MX permite la inclusión de todos en un debate abierto, informado y respetuoso a través de las redes sociales. El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva dirigencia del Movimiento PRI.MX en el Estado de México, encabezada por Xóchitl Salazar, quien tendrá la encomienda de promover el activismo digital mediante la participación activa de los jóvenes.

Asimismo, el 26 de septiembre, el PRI del Estado de México llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Laboratorio Político de Negociación Hostil "Los 500" en el Senado de la República. El evento fue encabezado por el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas. La iniciativa busca formar a una nueva generación de líderes con visión estratégica, disciplina y habilidades de negociación. El programa combina formación teórica en áreas como la filosofía y la psicología con técnicas prácticas de persuasión y liderazgo. También incluye módulos sobre estrategia electoral y comunicación digital, estos últimos con herramientas de inteligencia artificial.

Con estas acciones, el PRI demuestra que es un partido a la altura de las exigencias de la era digital. Además del trabajo en el territorio físico, nos situamos a la vanguardia en la participación política en las redes sociales. Estamos seguros de que el impulso que damos al activismo de los jóvenes, en todas sus modalidades, dará como resultado una generación de ciudadanos cada vez mejor informados y capacitados para la deliberación en el espacio público. La innovación y la autenticidad son las mejores herramientas contra la manipulación y las noticias falsas.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Andrade, Lucy (2021) “Jóvenes y redes sociales: Entre la democratización del conocimiento y la inequidad digital”, Comunicar, No.21, file:///C:/Users/Usuario/OneDrive/Documentos/COLABORACIONES%20CULTURA%20DEMOCRATICA/Dialnet-JovenesYRedesSociales-8061001.pdf

Papacharissi, Z. (2010). A Private Sphere: Democracy in a Digital Age. Cambridge: Polity Press. https://books.google.com.mx/books/about/A_Private_Sphere.
html?id=tLY_1dBJluAC&redir_esc=y