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Agosto adquiere especial relevancia para reflexionar sobre los derechos de las comunidades originarias, ya que durante este mes se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esta efeméride, instituida por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 49/214 (1994), rinde homenaje a la primera sesión del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, realizada en el 9 de agosto 1982 (ONU, 2025).

Como el 9 de agosto cae en sábado este año, la conmemoración se realizará virtualmente el viernes 8, bajo el tema: "Pueblos Indígenas y la Inteligencia Artificial: defendiendo derechos, de cara al futuro".

La propuesta anterior resulta especialmente relevante al contrastar los derechos y prácticas comunitarias de los pueblos originarios con los avances tecnológicos más disruptivos de la actualidad. Este análisis revela una aparente incompatibilidad entre ambos ámbitos: por un lado, la protección de saberes ancestrales; por otro, la implementación de tecnologías que, lejos de promover la inclusión, generan exclusión social e invisibilización de estos grupos históricamente marginados.

Si bien resulta crucial examinar la tensión entre los derechos indígenas y el impacto de las nuevas tecnologías, igualmente importante es enfocarse en los avances políticos logrados por los pueblos originarios, a efecto de no perder de vista los desafíos que debemos afrontar para impulsar la participación política de este grupo social.

En América Latina, existen entre 45 a 50 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% de la población regional (CEPAL, 2020). México cuenta con 68 pueblos originarios, independientemente de si hablan lengua distinta al español a 25.7 millones de personas se identifican como miembros de alguna comunidad indígena, esto representa el 21.5% de la población mexicana (INEGI, 2015). En lo que respecta al Estado de México son cinco grupos étnicos que habitan en la entidad: Mazahuas, Matlazincas, Nahuas, Otomíes y Tlahuicas.

Los pueblos indígenas han sido históricamente marginados de los sistemas políticos formales. A pesar que forman parte importante de la población mexicana han sido objeto de una exclusión estructural que afecta su acceso a los cargos públicos que se refleja en la falta de acceso a educación política y recursos financieros para hacer campaña, aunado a que persisten prácticas discriminatorias, que se reflejan con mayor frecuencia en las mujeres indígenas que sufren una triple discriminación: por género, etnia y clase social.

Por fortuna, la participación política de los pueblos indígenas ha avanzado en los últimos 30 años gracias a reformas constitucionales, movimientos sociales y liderazgos visibles. Sin embargo, la inclusión sigue siendo desigual y muchas veces simbólica. Esto se aprecia en Guatemala, que es un país con una población indígena del 42%, pero su porcentaje de legisladores en el Congreso es del 12% y no ha implementado mecanismos efectivos de inclusión (Global Americans, 2023).

En México, desde 2018, a nivel federal se han establecido acciones afirmativas para garantizar el registro exclusivo de candidaturas indígenas en distritos con mayoría de población originaria. A nivel estatal, el Estado de México implementó medidas similares en 2024, mediante las cuales se determinó:

1. La obligatoriedad de postular al menos:

• 1 candidatura indígena para presidencia municipal.
• 1 para sindicatura.
• 5 para regidurías.

2. La posibilidad de registrar más candidaturas indígenas en los ocho espacios de regidurías reservados para grupos en situación de vulnerabilidad (que incluyen afromexiquenses, personas con discapacidad y comunidad LGBTIQ+).

Adicionalmente, se reservaron dos espacios para diputaciones locales exclusivamente para representantes de estos grupos vulnerables.

Se puede advertir que existe un avance en la participación política indígena. Sin embargo, falta mucho por hacer para consolidar una representación plena en los espacios de poder en el que accedan integrantes de los pueblos originarios que impulsen una agenda de derechos humanos y justicia social, en que se reviertan los escenarios de discriminación, principalmente la que día a día sufren las mujeres indígenas.

En el PRI estamos conscientes que es necesario fortalecer los mecanismos institucionales y promover un cambio cultural que permita una verdadera representación de los pueblos indígenas desde sus propias cosmovisiones y formas de gobierno. Con esa convicción estamos trabajando y no descansaremos hasta lograr un México más justo y equitativo.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

CEPAL (2020). Los pueblos indígenas en América Latina: avances en el reconocimiento de sus derechos y desafíos pendientes. https://
repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b1b631f7-30df-4668-9047-6e2060cb30a6/content

Global Americans (2023). Indigenous Political Representation in Latin America. https://globalamericans.org/report-indigenous-political-representation-introduction-summary/

INEGI. (2015). Encuesta Intercensal 2015, https://www.inegi.org.mx/
programas/intercensal/2015/

ONU. (2025). Día internacional de los pueblos indígenas 2025, https://
social.desa.un.org/issues/indigenous-peoples/events/dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas-2025