La exclusión de las mujeres en la Junta de Coordinación Política: una deuda con la democracia paritaria
Escrito por Partido Revolucionario Institucional
Durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, la reforma político-electoral de 2014 estableció la paridad de género como un principio constitucional, obligando a los partidos políticos a postular igual número de mujeres y hombres como candidatos al Congreso. Este marco normativo se consolidó mediante jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), resoluciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y reformas posteriores, logrando que, en la actualidad, la paridad sea un estándar aplicable prácticamente a todos los cargos públicos.
Sin embargo, la paridad no se limita a cumplir una cuota numérica de mujeres, sino a garantizar su acceso efectivo a espacios de poder decisorios dentro de los órganos legislativos. Pese a los avances normativos, persiste una segregación vertical en la distribución de comisiones: los hombres concentran la presidencia de aquellas con mayor relevancia política y presupuestaria (como hacienda o energía), mientras las mujeres siguen relegadas a temas asociados a estereotipos de género (como bienestar social o familia). Esta dinámica evidencia un problema estructural que trasciende el ámbito legal y exige transformaciones culturales y prácticas políticas para alcanzar una participación verdaderamente equitativa (Osorio, 2024).
Existen investigaciones que destacan que las comisiones de género (asignadas mayoritariamente a mujeres) suelen tener menor impacto en la agenda legislativa comparadas con otras, como las de medio ambiente, lo que refleja una jerarquización temática vinculada al género (Estudios Políticos, 2017).
Como señalara María Lavalle Urbina, primera senadora mexicana emanada de las filas del PRI: "Nos dan un sitio, pero no nos dan nuestro lugar". Esta afirmación conserva vigencia en el México contemporáneo, donde si bien se ha logrado la paridad numérica en los espacios legislativos, persisten asimetrías en la distribución real del poder.
Lo anterior se refleja en la LXII Legislatura del Estado de México (2024-2027), la cual ha exacerbado esta tendencia discriminatoria mediante la exclusión sistemática de diputadas en órganos clave de decisión, particularmente en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO). Este hecho configura una flagrante contradicción con los principios constitucionales de paridad de género, los estándares internacionales de democracia paritaria (Convención CEDAW) y el propio marco legal estatal.
La ausencia de mujeres en la JUCOPO perpetúa una visión parcial de la realidad y reduce la capacidad del Congreso para responder con sensibilidad e inclusión a los problemas que afectan a más de la mitad de la población. Además, bloquea el acceso de las diputadas a redes de poder, visibilidad mediática y experiencia técnica, dificultando su futuro político y reproducción de liderazgo femenino.
El impacto de esta exclusión también es simbólico y cultural. Envía un mensaje de normalización de la desigualdad y debilita los avances obtenidos gracias a décadas de lucha feminista. La ciudadanía observa que, aunque las mujeres pueden votar, postularse y ser electas, aún hay espacios donde se les niega el acceso bajo criterios "técnicos", "partidistas" o "de tradición". Esto mina la confianza en las instituciones y en el discurso de igualdad promovido desde el Estado. Peor aún, refuerza estereotipos que asocian el liderazgo con lo masculino y la representación de intereses colectivos con una lógica patriarcal.
La solución no es únicamente jurídica, sino también política y ética. Las leyes orgánicas de los congresos deben reformarse para establecer la obligatoriedad de la paridad en órganos de gobierno, tal como ha sucedido en otros espacios como el INE o los gabinetes ejecutivos. Sin embargo, también es necesario que los partidos políticos asuman un compromiso real con la paridad en sus decisiones internas. La democracia contemporánea exige que todas las decisiones sean tomadas bajo una perspectiva de género. Sólo con voluntad política se puede saldar la deuda pendiente con la democracia paritaria.
Sen. Cristina Ruiz Sandoval
Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.
Fuentes de consulta
Congreso Estado de México. (2025). Junta de Coordinación Política, https://legisla
cion.legislativoedomex.gob.mx/asuntosparlamentarios/comision/TVE9PQ==
Estudios Políticos. (2017). Desempeño parlamentario de las comisiones legislativas permanentes sobre género en legislaturas de América Latina, Elsevier, Vol. 42, https://www.elsevier.es/es-revista-estudios-politicos-79-resumen-desem
peno-parlamentario-comisiones-legislativas-permanentes-S01851616173003
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Osorio, Fabiola (2024). Las comisiones legislativas: un pendiente de la paridad, Revista Voz y Voto, https://www.vozyvoto.com.mx/articulo/las-comisiones-legislativas-un-pendiente-de-la-paridad
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