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Este año que inicia nuestro país llevará a cabo el proceso electoral más grande de su historia, pues la totalidad de las entidades federativas concurriremos a comicios locales, a la par de los procesos electorales federales que renovarán la Cámara de Diputados, el Senado y la Presidencia de la República. Dentro de este magno proceso electoral, el Estado de México tendrá una de las elecciones estatales más grandes, toda vez que la ciudadanía mexiquense elegirá 75 diputaciones locales, 125 presidencias municipales, 136 sindicaturas y 966 regidurías, para un total de mil 302 cargos de elección popular. Será un proceso electoral complejo por sus dimensiones, por la cantidad de actores políticos que competirán y por el número de procedimientos que la autoridad electoral debe instrumentar.

No obstante, el reto no puede medirse únicamente a partir del número de votantes, urnas o candidaturas. El éxito de un régimen democrático descansa, sobre todo, en la legitimidad de sus instituciones, la renovación cívica y pacífica del poder público y la participación de la ciudadanía en condiciones de libertad. Lo anterior nos obliga a la sociedad, autoridades, partidos políticos y candidaturas a conducirnos a la altura que las circunstancias nos demandan y a observar, en todo momento, la legalidad de nuestras decisiones.

Una serie de estudios especializados revelan que la democracia atraviesa por una severa crisis a nivel regional e internacional. Los discursos excluyentes, desinformados, xenófobos, polarizantes y violentos han atraído a diversos sectores sociales. El Informe Latinobarómetro 2023 habla, en ese sentido, de una “recesión democrática” en nuestro continente, caracterizada por la erosión de los cimientos democráticos y una marcada pérdida de apoyo a la democracia como forma de gobierno.

De manera preocupante, el informe señala que entre 2010 y 2023 el respaldo a la democracia en la región pasó del 63% al 48% y que, a pesar de periodos de expansión económica, factores como la corrupción, la marginación y la incapacidad de las élites para abordar las desigualdades han sido factores cruciales para la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Nuestro país, al igual que Guatemala, Costa Rica o Venezuela, se cuenta entre las naciones con la caída más pronunciada en el apoyo a la democracia.

Por ello, las autoridades electorales, no solo somos responsables de organizar un proceso electoral más, sino de velar porque la democracia siga siendo la vía predilecta de nuestra sociedad para elegir a sus representantes. Ello solo podrá conseguirse mediante árbitros electorales imparciales y autónomos, que deliberen de cara a la sociedad y que fundamenten sus decisiones en la legalidad y el compromiso social. Para ello, es necesario un comportamiento ejemplar de las personas candidatas y partidos, para que la contienda electoral se desarrolle dentro de los cauces institucionales y las ofertas políticas, cualesquiera que éstas sean, mantengan un compromiso con la tolerancia, el civismo y los derechos humanos.

El IEEM, de la mano de la ciudadanía mexiquense, se encuentra listo para organizar el proceso electoral 2024. Confiamos en que este proceso electoral pase a la historia no solo como el más grande, sino como el más incluyente, paritario y legítimo de nuestra democracia.

El ciclo electoral en América Latina admite varias lecturas. Quizás la característica más notable es la volatilidad en la intención del voto y los giros discursivos para la ampliación de la base electoral. El electorado deambula en medio de sorpresas y así lo revelan las elecciones en Guatemala, Ecuador y Argentina.

Nadie anticipaba la victoria de Bernardo Arévalo en el país centroamericano. Sin aparecer entre los favoritos, el candidato del partido “Semilla” superó la primera vuelta y hoy es el presidente electo. Gobernará, si lo dejan, con un Congreso adverso, donde tienen mayoría partidos de la política tradicional contra los que se ha manifestado de manera firme. Después de la sacudida que asestó un golpe contundente a la clase política dominante, el inédito respaldo para Arévalo muestra el alto nivel de decepción en el sistema político del país vecino.

En Ecuador hace cinco meses se vaticinaba una elección de trámite para el partido del expresidente Rafael Correa. Pocos o nadie auguraba el triunfo de un semidesconocido Daniel Noboa, empresario de 35 años e hijo del hombre más rico del país. No proviene de un partido político, ni se define ideológicamente, pero su discurso liberal lo sitúa en la centroderecha. Una cara nueva para un apellido añejo cumple el sueño familiar de la presidencia en Ecuador.

Al sur del continente, en Argentina se espera a la segunda vuelta electoral que decidirá el triunfo por la Presidencia de la República. Algunas encuestas colocan a Javier Milei como el gran favorito. Sin embargo, en cualquier competencia electoral, hay una fijación de nuestra atención con el ganador, porque los candidatos no solo se baten con respecto a sí mismos, sino con relación a las expectativas. En un contexto caracterizado por la extrema polarización, el discurso polémico y antiestatista de Milei puede llevarlo a las puertas de la Casa Rosada o hacerlo fracasar rotundamente.

El ciclo electoral en América Latina es uno de hastío. La ciudadanía percibe a los gobernantes y partidos tradicionales como incapaces de brindar soluciones. La incertidumbre es el común denominador y los candidatos outsiders captan el interés de los votantes con ideas libertarias que seducen más de lo debido. Una mezcla de euforia, miedo y hartazgo se combinan para derrotar al oficialismo.

Aquellos políticos que habitan en la periferia de los partidos cobran ahora notoriedad y pasan al centro de la escena; los candidatos antisistema emocionan precipitadamente. Se puede venir desde afuera sin tener un discurso antipolítico o ser un político profesional que hace carrera a fuerza de atacar el estatus quo institucional. En ambos casos, les favorece un contexto de creciente deslegitimación política.

Queda mucho rumbo en el ciclo electoral latinoamericano, el próximo año habrá elecciones generales en varios países de la región: El Salvador, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, sin olvidar a los Estados Unidos. Presentarse como alguien ajeno a la política seguirá siendo un recurso estratégico para volverse más atractivo, mientras entre la ciudadanía predomine la desconfianza.

Estamos próximos a cumplir setenta años de que el derecho al voto de las mujeres mexicanas fuera reconocido a nivel nacional, en virtud del decreto de reforma constitucional del 17 de octubre de 1953. A propósito de esta fecha, es importante reflexionar sobre la importancia de este derecho en el contexto histórico, así como de su papel fundamental en el avance de la agenda de género en nuestro país.

Primero, cabe recordar que, como otras figuras progresistas, el reconocimiento de este derecho comenzó a nivel estatal. Yucatán, Chiapas y San Luis Potosí, en 1922, 1925 y 1927, respectivamente, fueron las primeras entidades federativas que expidieron legislaciones que otorgaron el voto a las mujeres a nivel local. No fue sino tres décadas más tarde cuando este derecho quedaría reconocido, implícitamente, en la Constitución General.

El voto de las mujeres no fue una concesión espontánea del gobierno mexicano. Además de diversos movimientos feministas que ya estaban presentes desde la Revolución Mexicana, la exigencia de las mujeres por el reconocimiento al sufragio se incrementó después de la Segunda Guerra Mundial. Tras una manifestación que congregó a más de 20 mil mujeres en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, en abril de 1952, el entonces candidato presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, prometió que si llegaba al poder apoyaría esta demanda social.

Pero una vez conquistado el derecho al sufragio, las mujeres mexicanas decidimos avanzar hacia una agenda de equidad y paridad en todos los aspectos de la vida pública y privada. Exigir mayor acceso a la educación, igualdad de condiciones salariales, mayor participación en la toma de decisiones públicas o la distribución equitativa de las labores del hogar han sido exigencias permanentes desde aquellos años.

Aunque se ha avanzado mucho, el tránsito ha sido paulatino. Fue hasta 1974 cuando se reconoció explícitamente la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Igualmente, fue hasta la década de los noventa cuando se instrumentó un sistema de “cuotas de género” que abrió mayores posibilidades para que las mujeres alcanzaran espacios en cargos de elección popular.

En las últimas décadas, hemos dejado atrás la noción de “cuotas” y hemos avanzado hacia disposiciones de paridad obligatoria en la conformación de órganos colegiados, congresos y cargos de dirección política. Asimismo, la lucha contra la violencia de género ha sido cada vez más constante en las calles y en los parlamentos. 

Ninguno de estos avances hubiese sido posible sin el derecho al voto. Su reconocimiento marcó un parteaguas en nuestra vida pública. Sin embargo, todavía quedan pendientes por atender y espacios por conquistar. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el mayor avance en términos de paridad se ha dado en los Congresos a nivel federal y estatal, ya que éstos se han conformado con 50% o más de mujeres. Pero las mujeres solo ocupan el 28% de las gubernaturas y el 25% de las presidencias municipales del país.

A través de nuestro voto, las mexicanas podemos impulsar agendas e incentivar cambios en la agenda pública. La mejor manera de honrar la lucha de las mujeres que nos antecedieron es reconocer su legado y comprometernos a dar un paso hacia adelante en la medida de nuestras posibilidades y en nuestros respectivos ámbitos de acción.

Buena parte de la atención se concentrará en los próximos meses en el proceso electoral 2023-2024. La renovación de nuestras autoridades se trata, sin duda, de un elemento cardinal de nuestra vida pública. No obstante, un régimen democrático no solo se define periódicamente durante la celebración de comicios, sino que se trata de una construcción permanente, que exige un trabajo coordinado de todas las instituciones y de una cultura que permee en todos los estratos y miembros de la sociedad. Las labores de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) parte de esta base.

En ese sentido, el pasado 1º de septiembre iniciamos en nuestro estado la Consulta Infantil y Juvenil 2023 (CIJ2023). Este ejercicio de consulta atiende a la obligación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno de promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes. De manera puntual, la CIJ2023 se concibe como el medio para que las niñas, niños y adolescentes expresen sus preferencias y anhelos sobre las acciones, vías de atención y estrategias de difusión necesarias hacia ellos mismos, susceptibles de ser adoptadas por las instituciones públicas del Estado de México e incorporadas en sus programas de actividades.

En nuestro estado se habían realizado ejercicios similares en 1999 y 2017. Además de retomar estos ejercicios, la CIJ2023 buscará consolidar este mecanismo e incluir, como nunca antes, la participación de niñas, niños y adolescentes de origen mexiquense residentes en el extranjero y de forma exploratoria a menores residentes en centros penitenciarios y casas de cuidado. Lo anterior busca conocer y visibilizar los anhelos provenientes de distintas realidades sociales que pueden enriquecer la visión sobre la infancia y adolescencia frente al espacio público.

Esta consulta se llevará a cabo del 1ª de septiembre al 30 de noviembre de 2023 a través de diversas modalidades. De manera presencial, el IEEM instalará módulos itinerantes en todos los municipios del Estado de México, provistos de una urna y boletas con preguntas para tres diferentes rangos de edad, a saber de 6 a 9 años, 10 a 13 y 14 a 17 años, con instrucciones precisas para su llenado. De manera digital, la ciudadanía puede consultar la CIJ2023 en la página web y redes sociales del IEEM, a través de Códigos QR que aparecerán en spots televisivos y propaganda impresa, así como en la app de la CIJ2023.

Las preguntas contenidas en las boletas fueron elaboradas por especialistas e instancias de atención a las infancias y adolescencias del Estado de México y versan, entre otras cuestiones, sobre opiniones y acciones referentes a los entornos escolares, espacios públicos, entornos sociales y autoridades de gobierno. La meta es alcanzar la participación de 500 mil niñas, niños y adolescentes.

La premisa de la CIJ2023 es que debemos consultar la opinión, percepción y experiencias de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y no darlos por sentados de manera previa y, especialmente, a costa de ellos. No solo se trata de una nueva metodología, sino de un nuevo enfoque: uno más democrático, plural, incluyente y participativo, propio de la sociedad que anhelamos construir. Reitero la invitación a la ciudadanía a consultar los detalles y a participar en este ejercicio a través del sitio https://www.ieem.org.mx/consultaIJ2023/

Uno de los principales logros de la agenda feminista ha sido colocar en la discusión pública la necesidad de diseñar políticas públicas con enfoque de género. No se trata simplemente de una concesión progresista o de un ánimo incluyente. Además de estas consideraciones, la perspectiva de género va más allá, pues permite a las autoridades y organizaciones de la sociedad civil diagnosticar de manera más precisa los problemas públicos y atenderlos con mayor eficacia.

Este es el caso de los asuntos demográficos, los cuales, por cierto, impactan a su vez en múltiples rubros de nuestra sociedad como la distribución del ingreso, las políticas de empleo, la movilidad social o la participación política. Al respecto, es importante comentar que recientemente se presentó en nuestro país el “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023”, en el marco de las Conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población.

El documento consigna un dato sumamente relevante: de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en noviembre de 2022 la población mundial rebasó la cifra de los 8 mil millones de habitantes. Además de la radiografía de la población mundial, lo que se destaca de este documento es su aplicación del enfoque de género para la interpretación de fenómenos complejos. Lo anterior debido a que el informe subraya la necesidad de abandonar enfoques demográficos vetustos, poco funcionales y contrarios a los derechos humanos.

Sus autores afirman que ningún sector poblacional debe ser visto como un ente objetivo, a merced de las decisiones tomadas desde el poder con el fin de controlarlo, segregarlo o manipularlo. Antes al contrario, cualquier segmento poblacional debe verse como un sujeto colectivo, con dinámicas propias, y sobre todo con derechos que debe ejercer.

Atendiendo a ello, un Estado democrático debe replantearse la manera en que son diseñadas, implementadas y evaluadas las decisiones en materia de política demográfica. No se trata de controlar a una población —sean jóvenes, adultos mayores o mujeres— y sus expectativas de vida, sino de garantizar el ejercicio de sus derechos, proporcionando información, sentido de responsabilidad y el acompañamiento institucional a sus decisiones.

Uno de los mejores ejemplos de este enfoque de género está relacionado con la necesidad de garantizar que las mujeres ejerzan su libertad sexual y decidan sobre sus cuerpos. El informe advierte, por ejemplo, que en 68 países alrededor del 44% de las mujeres con pareja no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, actividad sexual o uso de anticonceptivos. Esto demuestra que ningún control patriarcal sobre las mujeres debe ser fomentado como método para el control o incremento de la población. Otra evidencia de que cerrar brechas de género impacta positivamente radica en la relación entre productividad y demografía. En países donde la población ha envejecido y la productividad laboral declina, el método más eficaz no es elevar las tasas de fecundidad sino integrar a más mujeres a la fuerza de trabajo y a la economía formal. En sentido opuesto, en lugares donde existe fecundidad elevada y sobrepoblación, el mejor mecanismo no es una política de natalidad coercitiva, sino la educación, el empoderamiento de la mujer y ofrecer mejores horizontes de desarrollo personal.

Es importante conocer este tipo de análisis no solo para diseñar nuevas políticas, sino para reflexionar nuestros espacios públicos y, con ello, nuestros procesos democráticos.