México se encuentra en un momento decisivo: el cierre de un ciclo político y la apertura de otro nuevo. El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de nuestro país, no solo representó un balance de programas y reformas en marcha, sino también un ejercicio de liderazgo frente a una sociedad expectante. Temas como la inversión, la infraestructura, la educación, la igualdad de género y la política social fueron abordados con detalle, pero lo verdaderamente relevante fue el mensaje implícito: gobernar en un contexto complejo exige firmeza, claridad y capacidad para procesar la adversidad.
Uno de los desafíos más visibles en este contexto ha sido la relación con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Coincidir con un liderazgo que ha modificado radicalmente las reglas del juego institucional no es un asunto menor. No hablamos únicamente de tarifas o aranceles, sino de un estilo de negociación áspero, que pretende condicionar la cooperación bilateral en múltiples frentes: desde la seguridad y la migración hasta los acuerdos en materia de aguas o el acceso a los mercados de inversión.
Ante este panorama, la estrategia de Sheinbaum ha sido notablemente sobria. En lugar de responder a cada provocación con estridencia, ha optado por un enfoque de contención y claridad. Ha sabido desmontar rumores surgidos de agencias estadounidenses, ha fijado los límites de la cooperación bilateral y, al mismo tiempo, ha evitado desgastar el capital político de México en disputas simbólicas que poco aportan al bienestar de la ciudadanía.
Pero no todo está marcado por la tensión externa. En el plano interno, el país también inaugura un nuevo ciclo político con la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más allá de los nombres que hoy la integran, lo que se abre es una etapa inédita en la vida institucional: una Corte con ministras y ministros elegidos por voto popular, un hecho casi sin precedentes a nivel internacional. Este cambio no solo redefine la composición del tribunal, sino que introduce incentivos distintos que podrían modificar la manera en que se interpretan y aplican las normas en México.
El reto es monumental: un Poder Judicial que combine legitimidad democrática con independencia técnica y jurídica. Si este delicado equilibrio se logra, la ciudadanía podría contar con un árbitro institucional más cercano a sus preocupaciones y más sensible a las demandas sociales. De lo contrario, el riesgo es abrir la puerta a la politización de la justicia en detrimento de la certeza que exige el Estado de derecho.
En este cruce de caminos, lo que más necesita México es madurez política e inteligencia institucional. Ante la incertidumbre que introducen algunos liderazgos, las instituciones deben fungir como los diques que protegen la vida democrática. Solo ellas permiten garantizar derechos, canalizar el descontento social y encauzar la energía colectiva hacia mejores políticas públicas.
Conéctate