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Europa todavía no acababa de sacudirse la pólvora de la Segunda Guerra Mundial en 1947 cuando en Alemania salió a la luz el primer número del prestigiado semanario Der Spiegel. Como su nombre lo anunciaba, la publicación —que recién cumplió nada menos que 78 años en circulación— pretendía ser “el espejo” de la vida pública germana. Caracterizada por su rigor periodístico, su vocación académica y su enorme compromiso con los valores democráticos, Der Spiegel se ha convertido en un referente dentro y fuera de su país de origen.

Hace unos días, con motivo de las elecciones generales en Alemania que se celebraron el domingo pasado, el semanario colocaba en su portada una pregunta que aún no encuentra respuestas claras: “¿Qué pasa con Alemania? Prosperidad, seguridad, cohesión…”. La columnista Melanie Amann apuntó, en una de las notas principales, que en esta campaña electoral “los alemanes oscilan entre el anhelo de destrucción creativa y el miedo al cambio. Lo peligroso es que la atmósfera cargada beneficia principalmente a Alternative für Deutschland (AfD)”.

La preocupación por la democracia alemana, una de las más sólidas del viejo continente, era palpable. Si bien se confirmó la victoria electoral del partido CDU, de talante conservador, pero moderado, no pasa desapercibido el gran avance que logró el partido de ultraderecha AfD. Los números ayudan a clarificar el significado de los resultados electorales: el partido cristiano-demócrata ganador, CDU, alcanzó alrededor del 29% de los votos; no muy detrás, AfD se llevó el 21% de la votación; el partido socialdemócrata SPD perdió el gobierno y se quedó con solo 17% del voto, mientras que Los Verdes, una formación ecologista de izquierda, perdió apoyo y alcanzó únicamente el 12%.

Pese a que los partidos tradicionales CDU-SPD formarán una coalición de gobierno con mayorías legislativas, la presencia significativa de la extrema derecha en el parlamento alemán es, acaso, un síntoma de algo más profundo: la crisis de los valores democráticos liberales sobre los que se ha sustentado el paneuropeísmo. Cabe señalar que AfD se ha erigido como un partido radical y abiertamente xenófobo que ha postulado políticas de “remigración”, basadas en la expulsión de personas con base en su origen étnico. Por ello, algunos críticos no han dudado en señalar a esta formación partidista como nacionalsocialista.

Lo cierto es que, desafortunadamente, no es la única fuerza política con estos postulados en Europa. Italia o Hungría caminan por un sendero similar, donde la derecha radical ya es gobierno, y Francia podría estar a las puertas de un reacomodo político no visto desde los años de posguerra. Muchas preguntas quedan en el aire. ¿Cómo revertir la fractura social y la crisis de valores cívicos en democracias otrora consolidadas? ¿Debe la democracia reforzar sus “candados” para evitar que fuerzas antidemocráticas asuman el gobierno? ¿Pueden los gobiernos democráticos adoptar agendas radicales para satisfacer las demandas sociales?

Alemania se mira en un espejo donde también se refleja buena parte del mundo democrático. Sin duda, podemos extraer lecciones para reforzar la democracia en nuestras latitudes. Hoy más que nunca revisten de suma importancia no sólo las reglas formales de la democracia, sino también las condiciones materiales que favorezcan su consolidación. Solo en valores como la solidaridad, el respeto, la dignidad humana y la libertad podemos fincar una vida democrática.

El pasado jueves 30 de enero se llevó a cabo la Sesión Solemne por medio de la cual dimos inicio formal al Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 del Estado de México, en el que la ciudadanía mexiquense elegirá un total de 89 personas servidoras públicas para ocupar los cargos de juezas y jueces del Estado de México, magistradas y magistrados del Tribunal Superior del Estado de México, así como magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

Como lo señalé durante la sesión, la ciudadanía mexiquense se halla frente a un nuevo paradigma en la conformación de los poderes de nuestro estado. Nos encontramos, de manera inédita, ante un nuevo modelo en el ejercicio ciudadano electoral que no sólo amplía su participación, sino que demanda la mayor de sus vocaciones democráticas para su plena realización.

En virtud del decreto publicado el 6 de enero de 2025 en la Gaceta del Gobierno, el texto constitucional del Estado de México fue reformado en lo relativo a la conformación del Poder Judicial local. A partir de las nuevas disposiciones, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha asumido, por primera vez en su historia, facultades para organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales que devendrán en la conformación de este Poder.

Este proceso extraordinario demanda a las autoridades electorales, a las y los candidatos participantes, y a la sociedad en su conjunto, de todo nuestro compromiso, empeño y responsabilidad, pues la cita con las urnas no solo definirá a las y los ganadores de una contienda electoral, sino a las servidoras y los servidores públicos encargados de asumir la alta función de impartir justicia con apego irrestricto a los derechos humanos. Se trata de una de las características definitorias del proceso electoral extraordinario: que, con su voto, la ciudadanía mexiquense tendrá el poder de investir a los miembros del Poder Judicial del Estado de México, quienes en todo momento deberán responder, con un actuar ejemplar, imparcial y autónomo, ante las y los ciudadanos.

Por su naturaleza extraordinaria y, en más de un sentido, novedosa, el IEEM pondrá especial atención a las labores informativas y de difusión del proceso electoral judicial. El objetivo último es que la ciudadanía mexiquense no solo esté al tanto de la celebración de los comicios judiciales, sino que esté permanentemente informada sobre las etapas del proceso, la importancia y funciones de los cargos a elegir, así como de los perfiles y propuestas de las y los aspirantes. Para ello, entre otras herramientas de difusión, implementaremos nuevamente el Sistema “Conóceles”, el cual fungirá como la plataforma concentradora de información sobre las y los aspirantes a los cargos en juego del Poder Judicial del Estado de México.

En ese sentido, desde el IEEM hacemos un respetuoso exhorto a las y los aspirantes que participarán en el actual proceso electoral judicial, para que mantengan en todo momento su compromiso y disposición para participar en los ejercicios de difusión y espacios de diálogo con la ciudadanía.

La ciudadanía mexiquense puede tener la certeza de que, en este histórico momento, el IEEM no escatimará ningún recurso organizacional, humano o administrativo para llevar a cabo con éxito el Proceso Electoral Judicial, garantizando en todo momento los principios que rigen la función electoral. Como ha sucedido a lo largo de su historia, el Instituto Electoral del Estado de México estará a la altura de las circunstancias.

Desde diversos flancos, este nuevo año se percibe como uno de los más retadores a nivel local e internacional. Para nadie pasa desapercibido que en unos días, la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos marcará el reinicio de un movimiento político de repercusiones internacionales. El arranque del gobierno trumpista se advierte particularmente complejo para nuestro país, pues el republicano querrá dar golpes de timón en sus primeros cien días de gobierno en materias como la economía, el comercio, las instituciones internacionales o la migración.

A nivel nacional, en 2025 deberán implementarse o legislarse el conjunto de reformas constitucionales que fueron impulsadas durante el segundo semestre del año pasado en temas tan diversos como complejos. Destacan las asignaturas de transparencia, simplificación administrativa o de competencia económica. Sin embargo, uno de los principales temas que ha llamado la atención es la instrumentación de la reforma judicial, en especial la elección popular de jueces y juezas, magistrados y magistradas, así como ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso del Estado de México, el pasado 6 de enero fue publicado el decreto 63 en materia de reforma al Poder Judicial local. De conformidad con el artículo 11 reformado de nuestra Constitución estatal, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) será el encargado de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para las elecciones de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado de México. Por otra parte, se dispone que el Poder Judicial de nuestro estado contará con un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.

Asimismo, la reforma señala que la Legislatura local, la Gobernadora del estado y el Poder Judicial podrán postular, respectivamente, hasta dos personas aspirantes para ocupar cada cargo de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial y hasta tres personas aspirantes para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. Estas personas aspirantes serán electas por sufragio directo y secreto de la ciudadanía el día en que se realicen las elecciones ordinarias del año que corresponda, a excepción de 2025, cuando celebraremos la primera elección extraordinaria para integrar el Poder Judicial local.

En el IEEM estamos atentos a la convocatoria para la integración del listado de candidaturas que realizará la Legislatura local para iniciar, a la brevedad, las labores de organización del proceso electoral extraordinario. Somos conscientes de que, en épocas de importantes retos políticos, la fortaleza y capacidad de las instituciones democráticas son las mejores herramientas para atender las demandas ciudadanas bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y paridad. Así lo realizamos en el pasado proceso electoral de diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos, con un resultado histórico y positivo, en el cual no fue necesario realizar ni una sola elección extraordinaria. Con este buen resultado a cuestas, el IEEM asume su nueva tarea con el mayor de los compromisos y con la confianza de que contamos con la experiencia, capacidad y solidez institucional para llevar a buen puerto la tarea de elegir, por primera vez en la historia de nuestra entidad, a quienes serán nuestras y nuestros impartidores de justicia.

Nos acercamos a un momento crítico en nuestro estado. El próximo 25 de noviembre no solo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sino que en la Legislatura local se presentará una serie de iniciativas en materia de despenalización del aborto e interrupción legal del embarazo por parte de diversos partidos políticos. Un tema urgente de derechos humanos y de salud pública, que ha sido pospuesto por otras legislaturas en reiteradas ocasiones.

En días recientes, diversos liderazgos sociales y políticos se han pronunciado no solo por eliminar el delito de aborto del Código Penal del Estado de México, sino por incluir otras disposiciones normativas en materia de educación y acceso de las mujeres a la salud con servicios integrales como asistencia psicológica. En el fondo el argumento es claro: las mujeres mexiquenses deben tener garantizado su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y, con ello, su derecho a interrumpir de manera informada, libre y voluntaria un embarazo dentro de las primeras semanas de gestación.

Sin embargo, aunque la discusión pública tendría que centrarse en cómo garantizar este derecho para las mujeres de manera presupuestal e institucional, persisten argumentos desfasados o abiertamente imprecisos respecto a la interrupción del embarazo. En este tema en particular, se olvida frecuentemente que nos encontramos en un Estado laico, en donde todas las creencias religiosas deben ser respetadas en el ámbito personal, pero que ninguna de estas puede erigirse para regir la conducta de las demás personas ni, mucho menos, restringir sus derechos bajo ningún argumento.

Es pertinente también recordar que, desde septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que criminalizar a las mujeres que interrumpen el embarazo es contrario a la Constitución Mexicana. Aquel fallo histórico, fundamentado en la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, establece que el acceso a servicios de aborto seguro y legal debe ser garantizado por las instituciones de salud pública, algo que por desgracia todavía no sucede en la realidad mexiquense. De acuerdo con un reporte de la organización Human Rights Watch, muchas veces las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se enfrentan a la discriminación, malos tratos o simplemente a la negativa por parte del personal médico.

No podemos continuar, en pleno siglo XXI, con este panorama para las mujeres mexiquenses. El Estado de México está a las puertas de avanzar hacia la despenalización plena de la interrupción del embarazo, en perfecto cumplimiento de nuestra Carta Magna y en acatamiento a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En ese sentido, merece reconocimiento la voluntad política mostrada por las diversas fuerzas políticas para abordar uno de los pendientes históricos de nuestro estado y, sobre todo, para saldar una deuda con los derechos de las mujeres.

Una de las frases más vigentes en las movilizaciones feministas pertenece a la poeta estadounidense, Emily Dickinson, quien con justa razón señalaba que “ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”. En un par de semanas conmemoraremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre. Esta fecha también marca el inicio de la campaña global “16 días de activismo en contra de la violencia de género” que culminan, justamente, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. 

La célebre campaña, iniciada en 1991 por activistas del Instituto para el Liderazgo Global, fue retomada en 2008 por las Naciones Unidas con el fin no solo de reafirmar el compromiso de individuos y organizaciones de todo el mundo en la lucha contra la violencia de género, sino de generar empatía y movilizar a la sociedad civil, gobiernos, sector privado y personas particulares en favor de las activistas que se han levantado para trabajar, prevenir y acabar con la violencia contra mujeres y niñas.

Desgraciadamente, la violencia de género sigue siendo uno de los principales problemas en nuestra sociedad. Datos oficiales del INEGI señalan que, en 2021, del total de mujeres a nivel nacional, 70.1% manifestaron haber experimentado al menos un incidente de violencia en los ámbitos psicológico, económico, patrimonial, físico, sexual o de discriminación. La misma fuente señala que la de carácter psicológico es la violencia con mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), física (34.7 %) y económica, patrimonial y/o por discriminación (27.4 %).

Por ello, uno de los primeros pasos en los que debemos insistir desde las diversas instituciones del Estado mexicano, es la necesidad de identificar la violencia de género como mecanismo inmediato de prevención. Esto implica qur cualquier miembro de nuestra sociedad deje de normalizar, tanto en el ámbito público, como laboral, familiar o de pareja, estereotipos, burlas, agresiones verbales, amenazas o, en el peor de los casos, ataques a la integridad física de las mujeres. Reconocer las conductas violentas es el primer paso para evitarlas, atenderlas y sancionarlas.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha preparado de manera recurrente diversos documentos para orientar a la ciudadanía en esta materia. Destaca en este sentido la  “Guía sobre la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Electoral del Estado de México”, así como la “Guía para la identificación y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género a través de las tecnologías de la información y comunicación”. Estos materiales están al alcance de todo el público en el portal y las redes sociales del IEEM.

Debemos recordar que el objetivo de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género es fortalecer y generar nuevos canales de diálogo entre ciudadanía, activistas y personas servidoras públicas, innovar en materia de políticas públicas para atender la violencia de género bajo nuevos enfoques y concientizar a las personas para identificar, prevenir y atender este problema en todos los ámbitos. En este mes naranja, se trata de que todas y todos nos asumamos como activistas por la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres.