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Hace un par de semanas se dio a conocer en nuestro país el “Informe sobre el Estado de la Población Mundial 2023”, en el marco de las Conferencias del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Se trata de un documento tan ambicioso como interesante, que además de estadísticas demográficas, toca temas de actualidad para la sociedad contemporánea como la fertilidad, los derechos reproductivos, el panorama de la juventud, la migración o la llamada “resiliencia demográfica”.

De esta manera, el informe da cuenta que en noviembre de 2022, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la población mundial rebasó la barrera de los 8 mil millones de habitantes. De manera paradójica, mientras algunos sectores consideraron la cifra como una cantidad muy elevada, otros manifestaron su preocupación por la “despoblación” y baja natalidad en algunas regiones. Pero más allá de las explicaciones que podemos encontrar en este reporte demográfico, me interesa llamar la atención sobre algunas conclusiones que debemos tomar en cuenta en nuestro debate público y en el diseño de los programas y políticas públicas de las instituciones.

La primera de ellas es la necesidad de abandonar enfoques arcaicos, que demostraron ser poco útiles, además de antidemocráticos y violadores de los derechos humanos. La población no debe ser vista como un ente objetivo, que se encuentra a merced de las decisiones tomadas desde el poder con el fin de controlarla, segregarla o manipularla como si se tratara de un objeto en un laboratorio. Antes al contrario, la población o cualquier segmento de ésta debe verse como un sujeto colectivo, con vida y dinámica propia, en constante evolución y, sobre todo, con derechos que debe ejercer.

Señalar lo anterior puede parecer un tanto obvio. Sin embargo, ¿cuántas veces hemos escuchado que la juventud, las personas adultas mayores, las mujeres o las adolescentes son tratadas, discursivamente, como un ente pasivo, sujeto a las recomendaciones de las autoridades? Ciertamente las decisiones sobre la población serán siempre comunes a la función estatal. No obstante, lo que se debate es la manera en que son diseñadas, implementadas y evaluadas tales decisiones. No se trata de “controlar” a una población y sus expectativas de vida, sino de garantizar el ejercicio de sus derechos, proporcionando información, sentido de responsabilidad y el acompañamiento institucional a sus decisiones.

Uno de los mejores ejemplos de este nuevo enfoque tiene que ver con la necesidad de garantizar que las mujeres ejerzan su libertad sexual y sobre sus cuerpos. Este reporte advierte, por ejemplo, que en 68 países alrededor del 44% de las mujeres con pareja todavía no tiene la posibilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, su actividad sexual o el uso de anticonceptivos. Además de alarmante, esta información demuestra que ningún control patriarcal sobre las mujeres debe ser fomentado como método para el control o incremento de la población.

Otra evidencia de que cerrar brechas de género impacta positivamente se evidencia respecto a relación entre productividad y demografía. En países donde la población ha envejecido y la productividad laboral ocasiona preocupaciones, el método más eficaz no es elevar las tasas de fecundidad sino integrar a más mujeres a la fuerza de trabajo y a la economía formal. Asimismo, en lugares donde existe fecundidad elevada y sobrepoblación, el mejor mecanismo no son las políticas de natalidad coercitivas, sino la educación, el empoderamiento de la mujer y garantizarle mejores horizontes de desarrollo personal. 

Es importante conocer este tipo de reportes no solo para diseñar nuevas políticas, sino para reflexionar nuestros espacios públicos y, con ello, nuestros procesos democráticos.

El reporte puede consultarse en español en: https://www.unfpa.org/sites/default/files/swop23/SWOP2023-SPANISH-230403-web.pdf

El pasado 4 de junio, la ciudadanía mexiquense fue partícipe de una jornada electoral ejemplar e histórica. Como ya se ha mencionado, por primera vez la entidad federativa más poblada de nuestro país será gobernada por una mujer. Gracias a las urnas y a nuestro sólido sistema electoral, la elección de una candidata de oposición se realizó de manera cívica, pacífica y legítima. Todo lo cual abona a la consolidación democrática que tanto anhelamos en nuestro estado y en el país.

Como lo señalé durante la sesión de seguimiento a la Jornada Electoral, la incertidumbre democrática siempre es sana previo a la celebración de los comicios, pues es indicador de que cualquier candidatura tiene posibilidades reales de alzarse con el triunfo y, sobre todo, de que es la ciudadanía quien, con su voto, decide en última instancia al ganador o ganadora. No obstante, a partir de que el primer voto es efectuado, la incertidumbre democrática debe convertirse en certeza legal sobre cada una de las papeletas depositadas en las urnas. Su valor jurídico, su resguardo y su conteo preciso son los elementos básicos del proceso electoral.

Una herramienta fundamental para alcanzar este nivel de certeza electoral es, sin duda alguna, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Aunque su carácter es meramente informativo y no deriva en resultados vinculatorios, su rigor técnico, sus procesos vigilados y su máxima transparencia lo convierten en un elemento que brinda seguridad sobre la evolución de los comicios y, con ello, evita escenarios de incertidumbre que nos regresarían a épocas de opacidad, poca legitimidad y dudas razonables sobre el comportamiento de las autoridades electorales.

En el proceso electoral 2023, el PREP del Instituto Electoral del Estado de México estuvo a la altura de lo esperado por la ciudadanía mexiquense. En ese sentido, debe reconocerse el trabajo de las 365 personas responsables de la ejecución del PREP, tanto en las Juntas Distritales como los dos centros de captura y verificación, así como en los 45 centros de acopio y transmisión de datos. Con su labor, cada una de las Actas de Escrutinio y Cómputo fue digitalizada, capturada, verificada y transmitida para su publicación en el sistema PREP. Lo anterior permitió que el público, dentro y fuera de nuestro estado, y dentro y fuera de nuestro país, pudiera dar puntual seguimiento a los resultados preliminares de manera casi inmediata. Cabe mencionar que, después de México, la mayor parte de las consultas al sitio del PREP en línea provinieron de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, Canadá y Colombia. Asimismo, además de la ciudadanía mexiquense, se registraron consultas al PREP principalmente de la Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Nuevo León y Coahuila.

Desde luego, el correcto funcionamiento del PREP fue resultado de esfuerzos institucionales encabezados por la Comisión Especial para la Atención del PREP, por las y los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, por el personal del Instituto Nacional Electoral, y por los especialistas del Ente Auditor, a saber, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa. Sin su profesionalismo, planeación oportuna y

compromiso democrático, el proceso electoral de este año no hubiera alcanzado la legitimidad que hoy goza.

Una vez más, las autoridades electorales locales demuestran su razón de ser y su papel estratégico en la construcción de la democracia y en la preservación de la paz social.

El próximo domingo 4 de junio, 12 millones 676 mil 295 mexiquenses acudirán a las urnas a elegir a la próxima titular del ejecutivo del Estado de México. Con el fin de ganar una elección los partidos políticos han conformado coaliciones, la ley electoral ha contemplado este tipo de figura desde la Ley Federal Electoral de 1946, mediante la cual los partidos políticos podían conformar una coalición. Décadas más tarde, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977 reconoció, por un lado, las coaliciones y, por otro, las candidaturas comunes.

En la actualidad, la coalición electoral implica que los partidos políticos establecen un convenio de coalición con miras a ofrecer una plataforma electoral conjunta con el fin de apoyar una candidatura específica. Por su parte, la candidatura común es entendida como el acuerdo donde, sin mediar coalición ni plantear compromisos políticos posteriores, dos o más partidos apoyan a una misma candidatura con la aprobación de sus respectivas dirigencias.

La normatividad vigente señala en el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos que para fines electorales los partidos políticos podrán formar coaliciones, al tiempo de disponer que las entidades federativas podrán establecer en sus Constituciones “otras formas de participación o asociación de los Partidos Políticos con el fin de postular candidaturas”. La Constitución Política local, así como el Código Electoral del Estado de México, mencionan que los partidos políticos tendrán derecho a postular candidaturas por sí mismos, por coalición o en candidatura común.

Además de establecer la manera de participar, la normatividad electoral describe el procedimiento para el diseño y aprobación de los formatos únicos de las boletas electorales, las cuales son revisadas y validadas por el Instituto Nacional Electoral. La propia Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 87, numeral 12, hace referencia a que “independientemente del tipo de elección, convenio y términos que en el mismo adopten los partidos coaligados, cada uno de ellos aparecerá con su propio emblema en la boleta electoral”.

De esta manera, el diseño de las boletas electorales que se utilizará en el actual proceso electoral, en el que elegiremos a la primera Gobernadora del Estado de México, se encuentra determinado por la ley, es decir, los emblemas de la coalición “VA POR EL ESTADO DE MÉXICO” conformada por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Nueva Alianza Estado de México, tendrán cada uno su emblema representado en la boleta.

Por su parte, nuestro Código Electoral, en sus artículos 77 y 81 señala que, en el caso de la candidatura común, el emblema conjunto de los partidos que la conforman deberá aparecer en un mismo espacio de la boleta electoral, por ello, la candidatura común “JUNTOS HACEMOS HISTORIA EN EL ESTADO DE MÉXICO” conformada por los partidos MORENA, Verde Ecologista de México y del Trabajo, aparecerán en la boleta en un solo recuadro.

Difundir estas particularidades legales, permite a la ciudadanía emitir un voto informado, además de abonar a la certeza en la organización de la elección, pues detrás de una boleta electoral, hay un esfuerzo institucional apegado a la legalidad, bajo procedimientos supervisados en todo momento por los partidos políticos.

Confrontar ideas y planes en torno a los asuntos públicos es el germen de la democracia en su noción más clásica. El ágora misma fue el lugar idóneo para llevar a cabo debates en la “polis”, en los que cada ciudadano, en su derecho a representarse, tomaba la palabra para emitir su postura. Era la persuasión y el convencimiento, nunca la fuerza, lo que decantaba la decisión final tras un debate.

Los debates han acompañado históricamente a la democracia contemporánea. Acalorados y dinámicos, son famosos los fuertes debates que se llevan a cabo en la Cámara de Representantes del Reino Unido. Más ordenados y pausados, también son ampliamente conocidos los debates que se realizan en el parlamento alemán. La constante en todo ello es el derecho a utilizar la palabra para contrastar, convencer, criticar o apoyar. La democracia habla y deja hablar: nunca calla al contrincante.

En nuestro país, este mecanismo de comunicación política se ha hecho parte de nuestra cultura democrática, a tal grado que hoy la legislación en la materia contempla la obligación de las autoridades electorales de organizarlos. Es el caso del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), quien está facultado para realizar debates con el objetivo de que las candidaturas expongan y confronten entre sí sus propuestas, planteamientos y plataformas electorales, a fin de difundirlos como parte de un ejercicio democrático, bajo un esquema donde se privilegie la libertad de expresión y de argumentación en un marco de respeto y civilidad.

Para el proceso electoral en curso, los integrantes del Comité Especial para la Organización de Debates del IEEM y las representaciones de las candidatas a la Gubernatura de nuestro estado, nos reunimos para definir los detalles en torno a los dos debates obligatorios que marca el artículo 73 del Código Electoral del Estado de México. En ese sentido, se acordó llevar a cabo los debates el próximo 20 de abril y 18 de mayo, con una duración de 60 minutos cada uno. El primer debate será moderado por la periodista Ana Paula Ordorica, mientras que la locutora y comunicadora Pamela Cerdeira moderará el segundo. La sede para ambos debates será la Sala del Consejo General del IEEM.

Debe destacarse que, en esta ocasión, la ciudadanía mexiquense ha sido parte fundamental para el contenido de los debates, pues a partir de su participación en las redes sociales y a través del portal del IEEM, se seleccionaron los temas que más llamaron su atención. Asimismo, las y los ciudadanos enviaron más de 600 preguntas sobre dichos temas, lo cual representa una clara muestra del interés ciudadano en este ejercicio. De acuerdo con los resultados del sorteo realizado este lunes 17 de abril, los temas que se plantearán durante el primer debate serán: violencia de género, combate a la corrupción, servicios públicos, así como cultura y recreación.

Los debates organizados por el IEEM buscan ser un ejercicio que acerque a la ciudadanía, candidaturas y partidos políticos a través del diálogo. Por ello, desde el IEEM, invitamos a toda la ciudadanía a que siga los #JuevesDeDebate por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos este próximo 20 de abril.

Nuevamente las mujeres de todo el mundo se hicieron presentes en las calles el pasado #8M para elevar sus demandas y exigir respuestas a sus autoridades. Como pocos movimientos sociales, a nivel internacional el feminismo ha logrado colocarse en el centro del debate público, replanteando muchos de los pilares sobre los que descansaba nuestra sociedad. Con inteligencia y sensibilidad, pero también con hartazgo y agudeza, el discurso feminista ha reposicionado el papel de las mujeres que han sido víctimas de las violencias machistas, para no limitarlas a ser objetos de protección del Estado, sino sujetas activas en el ejercicio de sus derechos y protagonistas del cambio social que estamos experimentando.

No son menores los avances los que en el terreno discursivo y legal se han ganado en beneficio de todas nosotras, en aras de moldear una nueva realidad que también contemple nuestras necesidades, aspiraciones, capacidades, exigencias y deudas históricas. La relevancia de reconocer nuestras conquistas radica, sobre todo, en afirmar(nos) que otro mundo es posible, que si esas transformaciones han iniciado, no existen argumentos culturales, políticos o económicos que puedan detener la agenda por la justicia, la paridad y la equidad.

Sin embargo, también es fundamental subrayar que persiste una brecha significativa entre nuestro andamiaje legal y nuestra realidad institucional. La perspectiva de género debe abrazarse y difundirse más ampliamente a la hora de diseñar políticas públicas, asignar presupuestos, estudiar casos, emitir sentencias o aprobar leyes. Más aún, deben ser cada vez más las mujeres las que se encarguen directamente de realizar estas tareas de Estado.

Un ejemplo de lo anterior, digno de reconocerse, ha sido la llamada "Ley Monzón", impulsada por mujeres, aprobada recientemente por el Congreso del Estado de Puebla y que entró en vigor precisamente el 8 de marzo pasado. La legislación surge del lamentable asesinato de la abogada Cecilia Monzón, en donde el principal sospechoso, de acuerdo con las autoridades, es su ex pareja. En ese sentido, la legislación plantea suspender la patria potestad a los individuos que están vinculados a proceso por feminicidio o intento de feminicidio; colocando así el interés superior del menor por encima de la presunción de inocencia. Aunque puede ser impugnada, la reforma sienta un precedente no sólo en el sentido de elevar las sanciones contra los presuntos feminicidas, sino de replantear por completo su derecho a ejercer la patria potestad.

No obstante, toca ahora dar sentido y vigor a la norma, acatándola y haciéndola cumplir. La rendición de cuentas en el Poder Judicial local, la transparencia y la labor de los medios serán herramientas vitales para vigilar su correcto cumplimiento. Es labor de todas que estos elementos estén presentes en todos los ámbitos y niveles de gobierno. Solamente de esa manera podremos pasar de un país de leyes a otro de realidades.