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Como hemos visto, 2026 llegó con profundos cambios y desafíos a nivel regional. En este contexto, cobra relevancia la celebración de comicios en América Latina. A lo largo de este año, varios países, destacadamente Costa Rica, Perú y Colombia, acuden a las urnas para elegir a sus representantes de gobierno. Nadie ignora que la democracia en Latinoamérica enfrenta un escenario complejo: bajo crecimiento económico, descontento social y un pluralismo político cada vez más débil.

Los comicios en Costa Rica inauguran este periodo electoral. Este 1° de febrero, la sociedad acudió a votar a su futuro presidente, dos vicepresidentes y 57 diputados de su Asamblea Legislativa. De ser necesario, se llevará a cabo una segunda ronda de votaciones el 5 de abril. Por su parte, Colombia elegirá a sus próximos presidente y vicepresidente, así como a 103 escaños del Senado y 183 de la Cámara de Representantes. La cita para las votaciones legislativas está programada para el 8 de marzo, mientras que las elecciones presidenciales serán el 31 de mayo, con la posibilidad de una segunda vuelta el 21 de julio.

Perú representa un caso muy particular. El país andino ha tenido al menos siete presidentes en los últimos 10 años debido a la profunda inestabilidad política. Con la esperanza de hallar mejores condiciones políticas, este año elegirán a su siguiente mandatario, así como a dos Vicepresidencias, 130 miembros de la Cámara de Diputados y representantes del Parlamento Andino. No menos destacado es que, por primera vez desde 1992, cuando el país abandonó el sistema bicameral, el pueblo peruano votará para integrar a su Senado, conformado por 60 representantes.

En los últimos años las condiciones en los países latinoamericanos y el creciente descontento de sectores representativos han generado una alternancia o “efecto péndulo” en el poder. Esto ya lo vimos en Bolivia, Argentina, Chile y, más recientemente, Honduras. Dichos países han transitado de gobiernos de izquierda a opciones abiertamente más conservadoras. En Centroamérica podría suceder algo similar, pues la ciudadanía ha dejado ver indecisión a falta de una alternativa fuerte de oposición. Por ello, destaca la fuerza del oficialismo en funciones y su influencia en la campaña de Laura Fernández, cercana a las posturas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y aspirante de derecha a la Presidencia de Costa Rica.

Pero los movimientos de derecha también han encontrado tierra fértil en el cono sur. Aunque Perú tiene más de una decena de candidaturas, destacan dos contendientes fuertes para la titularidad del Ejecutivo. Por una parte, Keiko Fujimori, congresista de derecha e hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y, por otra parte, Rafael López Aliaga, fuerte seguidor de la administración Trump, con propuestas de mano dura en materia de seguridad. En el vecino país, la agenda de la izquierda colombiana se ha visto contaminada por un plan nacional de paz debilitado y múltiples desencuentros del presidente Gustavo Petro con Donald Trump. Ello abre la puerta a que opciones de centroderecha también capitalicen el descontento social.

Dentro de esta coyuntura, se instala la posibilidad de que la influencia trumpista juegue un papel de condicionamiento o intervención indirecta en los procesos electorales en una región que su gobierno ha llamado, abiertamente, “su hemisferio”. ¿Podrá América Latina, su ciudadanía e instituciones, mantener la estabilidad democrática y definir de manera autónoma y soberana su rumbo político al margen de los intereses estratégicos de Washington?

Esta semana concluimos los #16DíasDeActivismo en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) a propósito del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Cabe recordar que el 25N fue declarado oficial en todo el mundo a partir de 1999 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo de visibilizar y erradicar la violencia de género. Esta conmemoración hace honor a las hermanas Mirabal, asesinadas a causa de su lucha por la justicia, la democracia y los derechos de las mujeres durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. Desde entonces, esta fecha nos convoca a reflexionar no solo sobre la importancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sino su relación con la sociedad en su conjunto.

Conmemorar esta fecha nos recuerda que la promoción de entornos libres de violencia nunca representa batallas individuales, sino una oportunidad para crear lazos y comunidad como sociedad en la construcción de un futuro más prometedor y justo para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Contrario a lo que en principio pudiera pensarse, los escenarios donde se ven vulnerados derechos y libertades de las mujeres afectan al tejido social en su conjunto, debido a que existe un amplio abanico de realidades en las que permean: las relaciones de familia, de pareja, laborales, económicas, culturales o políticas.

Es una realidad que en nuestro país persisten retos importantes en materia de prevención de la violencia contra la mujer, educación con perspectiva de género y fortalecimiento de las instituciones. Basta una mirada somera a nuestra realidad cotidiana. En México, la incidencia de violencia de género es preocupante: 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Estas cifras hacen evidente la urgencia de asumir verdaderos compromisos personales, sociales e institucionales para atender las dificultades estructurales de las que emana dicha violencia.

En este contexto, uno de los compromisos del IEEM ha sido promover a través de talleres, obras de teatro, materiales de difusión, conferencias y programas permanentes la prevención, visibilización, erradicación y sanción a cualquier tipo de violencia contra las mujeres. La información, la educación y la sensibilización ante esta problemática es un paso tan firme como necesario para identificar, reconocer y eliminar conductas violentas en todos nuestros espacios vitales, incluida la participación política.

Para una sociedad que se desenvuelve en un régimen democrático, la integridad de las mujeres, especialmente de aquellas que pertenecen a grupos vulnerables, debe representar una prioridad. Debemos recordar que, si las mujeres viven bajo violencia, exclusión y limitado acceso a la justicia, nuestros valores democráticos, tarde o temprano, corren el riesgo de diluirse.

Cualquier avance tecnológico plantea desafíos para el marco normativo de un país. En el caso de la Inteligencia Artificial (IA) debemos entender que no estamos frente a una “moda” o tecnología pasajera. Contrario a ello, la IA representa lo que Schumpeter denominó “destrucción creativa”: una tecnología disruptiva capaz de reconfigurar profundamente los procesos habituales y de reorganizar las instituciones, destruyendo las anteriores. Bajo este paradigma, aún en desarrollo, debemos preguntarnos cómo adaptar nuestros regímenes electorales a esta nueva realidad.

Diversas legislaturas en América Latina han comenzado a discutir el tema para analizar las mejores alternativas para una regulación de la IA con relación al desarrollo democrático de nuestras sociedades. Desde luego, el asunto es complejo y transversal, pues tiene que ver no solo con cuidar la integridad del sufragio, sino la equidad, la transparencia y la legitimidad de la contienda electoral. Ciertamente, no partimos de cero. La mayoría de las legislaciones electorales de nuestro continente ya prevén disposiciones que garantizan elecciones libres, informadas y transparentes o que sancionan conductas asociadas a la violencia política, la publicidad engañosa o la coacción del voto.

Sin embargo, aún quedan áreas grises que debemos clarificar. Hasta el momento, la mayoría de las regulaciones sobre IA se han quedado en el plano genérico ¾partiendo de principios reconocidos en tratados internacionales¾ o, bien, exhiben una fragmentación que hace complicada su aplicación puntual en asuntos electorales y democráticos. Quizá una excepción es la resolución TSE 23.732/2024 del Tribunal Superior Electoral de Brasil, el cual prohibió expresamente los deepfakes y el uso de chatbots para mediar en el contacto con votantes e incluyó la obligación de advertir sobre el uso de inteligencia artificial en propaganda electoral.

Al margen de ello, y como en otros temas, el modelo europeo, pionero en la regulación de la IA, ha marcado el paso para nuestra región. Sin embargo, una diferencia sustancial que varía entre regiones en estos momentos tiene que ver con la voluntad política de nuestros liderazgos. Es una realidad que candidaturas y partidos en diversas latitudes se han aprovechado de las múltiples herramientas de la IA para engañar, polarizar y posicionar discursos ajenos a los principios democráticos. ¿Cómo esperar que los gobiernos emanados de estos grupos de poder apoyarán regulaciones a la IA en clave democrática?

De ahí la necesidad de que cualquier régimen democrático cuide minuciosamente el diseño institucional de sus autoridades electorales para que, independientemente de quién las integre, éstas gocen de las facultades, independencia y autonomía necesarias para impulsar regulaciones a favor de la integridad electoral y que, al mismo tiempo, cierren espacios a cualquier uso faccioso de herramientas para la manipulación política.

Se trata de una agenda tan vigente como relevante. Debemos apostar, de manera inteligente, por un desarrollo tecnológico y económico, guiado en buena medida por la IA, pero con controles y regulaciones convenidas de manera participativa, equitativa y transparente. En esta conversación, que moldeará el futuro inmediato de nuestro desarrollo democrático, la voz de todas y todos es fundamental para combatir un modelo de sociedad “engañada”, apática o influida digitalmente desde centros de poder con intereses no siempre democráticos.

A propósito de las recientes elecciones en Argentina, la Red de Inteligencia Colaborativa publicó un informe por demás interesante para los tiempos que corren: Integridad electoral frente al tsunami de IA. El enfoque del estudio es cómo una democracia puede preservar la integridad electoral digital, entendida como “el conjunto de garantías técnicas, jurídicas y éticas destinadas a preservar la autenticidad, la fiabilidad y la equidad de los procesos electorales en entornos digitales”. Se trata de un reto nada menor. ¿Hasta dónde debe una democracia restringir la influencia de las nuevas tecnologías, destacadamente la Inteligencia Artificial (IA), en los procesos electorales? ¿Se trata de controles democráticos o de trampas autoritarias?

La cuestión es relevante para las democracias por diversos factores. El desarrollo de la IA y su uso se han acelerado en cuestión de meses. ¿Cómo revolucionan estas tecnologías los procesos electorales? ¿Con qué fines se está utilizando? Vale decir que el estudio es crítico al respecto, ya que destaca diversas consecuencias perniciosas relacionadas con la manipulación de la opinión pública y la desinformación.

Una de las consecuencias nocivas que refiere el estudio son las “cámaras de eco”, mismas que son resultado de la hiper personalización de los algoritmos construidos con base en las interacciones y preferencias de los usuarios-consumidores en el entorno digital. Las redes sociales, las búsquedas en internet o las respuestas de la IA tienden a priorizar resultados cercanos a nuestros intereses y posturas. Esto limita la comunicación y el debate público al reducir el contacto con puntos de vista distintos a los nuestros, generando “burbujas informativas” que nos excluyen de un rango más amplio de opiniones.

Otro ejemplo negativo, quizá más evidente y conocido, es la proliferación de “gemelos digitales” y deepfakes. Esto se refiere a la generación de videos, audios o imágenes falsas generados con IA. Al imitar la voz o el rostro de figuras públicas, casi a la perfección, estas herramientas tienen la capacidad de afectar la percepción ciudadana, debido a la dificultad de distinguir la información verídica de la que no es. Incluso entre conocedores de este tipo de engaños, hoy en día ya es difícil distinguir a primera vista cuál información es real o manipulada.

No menos importante es la generación automática de desinformación a través de los llamados bots y trolls. Su capacidad de réplica de datos falsos supera, por mucho, la velocidad humana para discernir la calidad de la información que recibe. Esto, desde luego, puede generar olas de información falsa (fake news) con consecuencias y comportamientos sociales guiados por intereses poco transparentes o abiertamente antidemocráticos.

Al margen de los controles legales que se debaten en torno a la IA, proteger la calidad de nuestros procesos electorales recae en una ardua y constante labor de promoción de la cultura democrática. Las instituciones de gobierno, y particularmente las del ámbito electoral, tenemos la enorme responsabilidad de promover estos valores y prácticas no solo en espacios físicos, sino en entornos digitales. La verificación de información, el debate informado, plural y respetuoso, así como la aceptación de quien no piensa como nosotras es solo el punto de partida. El otro punto, al cual me referiré posteriormente, tiene que ver con la incorporación de nuevas regulaciones al uso de la IA en procesos electorales.

Durante octubre y noviembre, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral llevará a cabo la mayoría de las audiencias en las entidades de la República para discutir las propuestas en torno a la próxima reforma político-electoral de nuestro país. En este contexto, se han manifestado múltiples opiniones en contra de la continuidad de los institutos electorales estatales, denominados genéricamente como OPLE en la ley.

Los principales argumentos en contra de los OPLE tienen que ver con la duplicidad de gastos y funciones; la posible injerencia de autoridades estatales en sus funciones; así como su subordinación al Instituto Nacional Electoral (INE), tanto en designación de funcionarios como en atracción de facultades. Estas críticas, tan legítimas como la defensa de los OPLE, reflejan profundos valores democráticos, pues subrayan la necesidad de contar con autoridades electorales con facultades claras, con un gasto público racional, con autonomía respecto a los Poderes y partidos políticos, y sin subordinación a una autoridad central.

Paradójicamente, la desaparición de los OPLE no resuelve estas inquietudes y podría colocar en riesgo estos objetivos democráticos. Actualmente, no existe duplicidad de funciones entre el INE y los OPLE. La legislación electoral define con claridad las funciones y ámbitos de competencia de cada cual, con la posibilidad de que el INE asuma parcial o totalmente las funciones de los institutos electorales estatales bajo determinados supuestos. En todo caso, esta crítica bien podría zanjarse con una revisión minuciosa de nuestra legislación, no así con la desaparición de los institutos locales.

Respecto al argumento de que partidos políticos o autoridades estatales pueden influir indebidamente en las labores electorales, la solución no estriba en la desaparición de instituciones, pues quienes asuman las funciones electorales desde el INE también podrían ser sujetos de presión política por parte de actores externos. En su lugar, la mejor alternativa para fortalecer la autonomía e independencia de cualquier institución pública, incluidos los OPLE, es dotarlas de seguridad jurídica, presupuestos racionales pero suficientes, personal profesional sin vínculos partidistas, designado con criterios objetivos y transparentes, con certidumbre en su permanencia y sujetos a estrictos controles y mecanismos de rendición de cuentas. Todo lo anterior es susceptible de fortalecerse sin desaparecer a los OPLE.

Finalmente, evitar la supuesta subordinación de los OPLE al INE no es compatible con un modelo centralizado, ya que la autoridad central ¾el propio INE¾ sería el encargado de designar a la totalidad de los funcionarios electorales en cada rincón del país. Esto incluiría no solo las actuales 32 Juntas Locales y 300 Distritales, sino las nuevas juntas que se establecieran en más de 670 distritos locales y más de 2,400 municipales.

Centralizar las labores electorales en una única institución nacional porta el riesgo de sobrecargar al INE administrativa, presupuestal y políticamente. El resultado podría ser el contrario al que aspiramos: mayor burocratismo, retraso en trámites y procedimientos, necesidad de un presupuesto sensiblemente mayor y, algo no menor, el establecimiento de una sola autoridad responsable de cualquier error o conflicto electoral. Sin una distribución de facultades y responsabilidades, podríamos condenar al INE a un profundo desgaste frente a la ciudadanía y actores políticos.