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Nos encontramos a cuarenta días de celebrar la jornada electoral del 6 de junio de 2021. Se trata, como todos sabemos, del proceso electoral más grande en la historia de nuestro país, pero también uno de los más complejos debido a la situación sanitaria global.

Son varios los factores necesarios para llevar a cabo, con éxito, el proceso electoral 2021. Desde luego, uno de ellos es la fortaleza, la responsabilidad y el compromiso del árbitro electoral de nuestra entidad federativa. En ese sentido, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha venido cumpliendo, en tiempo y forma, con todos los pasos y requerimientos del proceso electoral, de la mano de partidos políticos y candidatos. La experiencia acumulada del instituto y la capacidad del personal que lo integra garantizan que cada elemento y cada reto que se presente sea resuelto con eficiencia y eficacia.

Pero más allá del papel central que juega la autoridad electoral, es necesario enfatizar la importancia que tiene la participación ciudadana para este proceso electoral en particular. Diversas labores dependen, directa e indirectamente, de la ciudadanía mexiquense. Es importante referirse a tres de ellas.

En primer lugar, son las ciudadanas y ciudadanos quienes se integrarán, a partir del 1o de mayo, como Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales y Supervisores/as Electorales Locales. Su papel de coordinación y apoyo con el personal del Instituto Nacional Electoral (INE) es fundamental, ya que son los responsables de recibir, clasificar y almacenar la documentación electoral y los materiales electorales que se reciben en los órganos desconcentrados del IEEM, al tiempo que son los encargados de reportar la información que alimenta el Sistema de Información sobre el Desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE).

Por otra parte, la ciudadanía que participa como Observadores y Observadoras Electorales son una pieza clave para la vigilancia, la transparencia y la legitimidad de la jornada electoral. Su presencia robustece nuestra democracia al exigir un comportamiento ético y apegado a los principios que rigen la actividad electoral de todos los que intervenimos en la organización de los comicios.

No menos importante es el papel de las y los funcionarios de casilla. Debemos reconocer ampliamente el compromiso de las personas que han aceptado participar en las mesas directivas de casilla el día de las elecciones. La ciudadanía puede estar segura de que el IEEM instrumentará todos los protocolos sanitarios y no escatimará recursos o esfuerzos para garantizar la salud de quienes hacen posible los comicios.

Desde el IEEM hacemos un llamado a la ciudadanía mexiquense para seguir participando. Las ciudadanas y ciudadanos son protagonistas de la construcción democrática en nuestra entidad. Su rol no debe limitarse a ejercer su voto, sino a informarse con responsabilidad, a compartir puntos de vista frente a las propuestas de partidos y candidatos, y a participar activamente en la organización de los comicios. Hoy, como nunca, su participación es la base de nuestra democracia.

Establecer si una medida restrictiva a un derecho fundamental cumple con su ideal, sin que ese límite vulnere en su aplicación el contenido esencial del derecho, amerita someterla a un test de proporcionalidad. La idea de proporcionalidad evoca una relación adecuada entre cosas diversas, que la hace razonable por ser armónica y materialmente justa.

Definido como un “límite de los límites a los derechos fundamentales”, el principio de proporcionalidad se integra por un conjunto de criterios o herramientas que permiten medir la licitud de todo género de límites normativos a las libertades y derechos, así como de cualquier interpretación o aplicación de la legalidad que restrinjan su ejercicio. Aún cuando el legislador dispone de una amplia facultad para configurar o concretar derechos, y para intervenir en su órbita, de acuerdo con los dictados de la conveniencia política, el desempeño de esa atribución deberá estar, a su vez, enmarcada dentro de unos límites. Es al legislador a quien corresponde, en principio, realizar el test de proporcionalidad.

En el ámbito de su actuación discrecional, el legislador debe respetar “los límites de los límites a los derechos fundamentales”, es decir, atender los presupuestos materiales y procesales que cualquier intervención en los derechos humanos habrá de observar. El principio de proporcionalidad constituye entonces la cautela que todo condicionamiento o restricción a esta categoría de derechos debe cumplir para tener justificación jurídica. Este principio permite determinar hasta dónde la ley supone una intervención indebida en los derechos fundamentales, o bien, hasta dónde la ausencia de ley afecta de forma incorrecta éstos derechos.

Conviene destacar que los derechos fundamentales no encierran al legislador en un catálogo predeterminado y riguroso de opciones políticas. En el desarrollo de toda actividad legislativa, la restricción o el impedimento podría armonizar la libertad con las necesidades sociales y configurar de modo adecuado el ejercicio de los derechos. No todo límite o restricción carece de justificación plausible o es desproporcional.

Impedir la fiscalización de los ingresos y gastos de una precandidatura, no se advierte como un asunto menor de conformidad con la sanción prevista por el legislador. Se debe suponer que, a través de la proporcionalidad, se asegure que la intensidad de la restricción o el medio para su aplicación sea el indispensable para que el límite cumpla eficazmente su función, sin que invalide el contenido esencial de ese derecho. Procurar la proporcionalidad compromete al legislador a ser razonable y ponderado al determinar el tipo de sanciones que las conductas omisas deben recibir.

Relacionado con la garantía del contenido esencial del derecho, el test de proporcionalidad consiente que el límite o la condición prevista por el legislador no resulten excesivos. Solo lo que es desproporcionado vulnera el contenido esencial de un derecho. Por esa razón, toda restricción debe estar prevista en una ley y no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender un propósito útil y oportuno que la haga necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando existan varias opciones para alcanzar ese fin, se elegirá la que menos atente contra el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con la intención que se persigue.

Parece aventurado afirmar que la violencia política contra las mujeres desaparecerá. Pese a los importantes e innegables avances, aún persisten prácticas que constituyen un reflejo de la discriminación y los estereotipos de género. Sin negar que ahora existen condiciones adecuadas para disminuirla de modo significativo, suena atrevido afirmar que se erradicará. Por desgracia, este proceso electoral pudiera ser particularmente violento.

Las agresiones continúan siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. El aumento de su participación y representación política no está exento de éstas. Los ataques y embestidas hacia las mujeres, por ser mujeres, tienen como trasfondo la descalificación y cuestionamiento sistemático de sus capacidades.

Con profundas raíces, así como otras formas de violencia por razón de género, la agresión política tiene un claro objetivo: preservar las jerarquías y mantener la “minusvalía” femenina. La violencia hacia las mujeres que participan en la esfera pública busca mantenerlas en un rol subordinado. A través de esta clase de violencia se pretende garantizar la hegemonía del orden social patriarcal.

Hoy en día las acometidas no se reducen a campañas machistas o misóginas, también son visibles en renuncias manipuladas o forzadas de mujeres electas. De la calumnia, difamación y el acoso a través de los medios de comunicación, se pasa al bloqueo, la presión y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas. Dado el avance de la paridad en la esfera pública, la violencia política contra las mujeres en razón de género se ha incrementado.

Romper esas prácticas discriminatorias es necesario; conseguir la igualdad sustantiva es factible. La implementación de acciones afirmativas revela logros y visibilizar la violencia política por razón de género ayuda a desvanecerla. Después de un proceso electoral especialmente iracundo con las mujeres hace tres años, entre 2018 y 2021 mucho ha cambiado el marco normativo. El compromiso de las autoridades se expresa en un importante número de medidas, tanto administrativas como jurisdiccionales. Los diagnósticos deberían suponer que el Proceso Electoral 2021 sería menos violento y agresivo con las mujeres que el 2018, pero nada lo garantiza.

Las reformas alusivas a la “paridad en todo” y “violencia política contra las mujeres en razón de género” consolidan una normativa específica que regula este tipo de conductas. El sistema de competencias que prevalece otorga a cada orden y órgano la facultad para sancionar conductas que constituyan cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Para brindar atención a los casos de violencia política por razón de género, se han desarrollado diversos procedimientos que toman en cuenta la urgencia de aplicar las medidas pertinentes. Mucho se ha logrado en los años recientes y se ha facilitado el acceso a los mecanismos de protección: protocolos, guías y lineamientos están a la mano. Aunque bastantes mujeres lo conocen, otras no; por ello socializarlos y hacerlos más accesibles es un buen comienzo. Capacitar e insistir en la infraestructura institucional es un complemento. Inculcar la cultura de la denuncia es indispensable; las mujeres deben perder el miedo de perseguir al agresor.

Ante la violencia política por razón de género, lo primero es romper la aceptación social de este fenómeno, fracturar y quebrar el mensaje de que la agresión a la mujer es tolerada. Abolir el sentimiento de inseguridad y desánimo, al tiempo de despertar y fortalecer la confianza en las instituciones.

Parece que el temor político al reclamo de las mujeres que exigen una vida libre de violencia no está a la par de las medidas normativas, administrativas y jurisdiccionales adoptadas. Persuadir a los posibles agresores, necesariamente pasa por hacer efectivas las normas, guías y protocolos vigentes. Solamente aplicando la ley, conseguiremos avances tangibles. La existencia de un marco jurídico que proteja, prevenga o disuada a los agresores es un gran logro, pero no es suficiente. Erradicar la violencia política en razón de género amerita una persecución inteligente que infunda temor de seguir ofendiendo.

Cuando la pandemia apenas comenzaba en nuestro país, las mujeres en México ocupamos las calles para hacernos presentes. Caminamos, codo con codo, ciudadanas, madres, hijas, amigas, servidoras públicas, escritoras, artistas, oficinistas, comerciantes y estudiantes. Todas juntas, porque todas, por desgracia, conocemos en experiencia propia o de gente cercana, la ofensa, el maltrato, la discriminación, la exclusión o el acoso por razones de género.

Este año, ya con la pandemia invadiendo nuestra cotidianidad, las mujeres volvimos a estar presentes. A pesar de la resistencia a la protesta, llenamos el espacio virtual con consignas, datos, relatos y exigencias. Nuevamente, el 8 de marzo no pasó desapercibido y nunca volverá a ser así. La agenda del feminismo llegó para quedarse en aquellas sociedades con auténticas, genuinas y legítimas prácticas democráticas, porque demandar la igualdad de oportunidades, una vida libre de violencia y una sociedad con representación paritaria no pueden verse como exigencias difíciles de cumplir, sino como condiciones mínimas de un Estado de derecho.

A pesar de los intentos de algunos sectores por subestimar y descalificar nuestra presencia, la participación colectiva de las mujeres en México impuso su mensaje en el imaginario colectivo. Las consignas en las marchas, los hashtags en las redes, las fotografías en los medios, las flores en las vallas o los letreros en las calles, todas ellas fueron estampas del 8M en nuestro país. Las mujeres estamos transformando el miedo en coraje, en valentía, la inconformidad ya no se queda en una taza de café.

El Día Internacional de la Mujer debe servirnos para reconocer que la voz y las demandas de las mujeres mexicanas han generado cambios fundamentales en nuestra sociedad. Desde hace años, el cambio institucional ha creado nuevos incentivos, modificado estructuras rígidas y abierto espacios a la participación de las mujeres en la vida pública. Un ejemplo son las importantes reformas recientes en contra de la violencia por razones de género o en cuestiones de paridad total.

Reconocer los avances no implica, desde luego, dejar de lado los profundos pendientes de la realidad mexicana. No podemos dar por hecho que los cambios jurídicos, por más significativos que sean, tienen una correlación inmediata en la vida cotidiana o en las dinámicas organizacionales donde las mujeres nos desempeñamos. Por desgracia, día a día, miles de mujeres deben seguir luchando contra estereotipos, comentarios, injurias, agravios o prácticas que buscan, manifiesta o implícitamente, excluir, discriminar o, en el peor de los casos, agredir y atacar.

Por esa razón, es necesario seguir transformando las exigencias en andamiajes institucionales que garanticen, fortalezcan y protejan nuestros derechos humanos, bajo un paradigma de paridad sustancial y erradicación de la violencia. Sin estos elementos, una democracia no puede ser auténtica, pues ésta tiene el mandato de ser incluyente, paritaria y equitativa. La justicia no germina mientras perdure un clima que da espacio a la impunidad.

Logros irrefutables, lo que las generaciones de mujeres mexicanas vemos hoy como asuntos cotidianos, no siempre fueron así. Conquistamos el voto, el derecho a ser electas en cargos de representación popular, demostramos nuestras capacidades para dirigir y resolver problemas altamente complejos. México es un país altamente machista, con tradiciones que propician el insulto y la descalificación femenina, toca a nosotras defender las conquistas y abrir nuevas rutas. Por primera vez en la historia, las mujeres podemos fijar el rumbo.

Aunque no fue materia de amplias conversaciones, en gran medida debido a que la pandemia por Covid-19 sigue siendo el foco de nuestra atención, en semanas recientes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Se trata, desde luego, del mayor proyecto estadístico de nuestro país, además del más detallado y exhaustivo. Por la importancia de los datos y, de conformidad con la legislación aplicable, los resultados del Censo 2020 son, a partir de ahora, oficiales y de uso obligatorio para las autoridades federales, estatales y municipales.

Realizado cada década, el Censo del INEGI nos ofrece un retrato sumamente detallado del país en un momento determinado del acontecer histórico. Aunado a ello, el Censo posee una relevancia material innegable. Sus datos son empleados como insumos para la toma de decisiones en materias diversas, incluida la actividad gubernamental y electoral. La distribución poblacional, la composición sociodemográfica o la delimitación de zonas metropolitanas son ejemplo de información recogida, sistematizada y divulgada por el INEGI que las autoridades electorales requieren para llevar a cabo sus funciones.

Quizá una de las características más fascinantes de los censos es que derriban ideas preconcebidas y nos acercan a realidades más precisas. En esta ocasión, algunos de los principales resultados del Censo 2020 son los siguientes: nuestro país contabiliza una población de 126 millones 14 mil 24 habitantes (el 11º país más poblado a nivel mundial); 51.2% de la población somos mujeres, mientras que el 48.8% son hombres; la entidad más poblada sigue siendo el Estado de México, con 16 millones 992 mil 418 habitantes y el Valle de México es la mayor Zona Metropolitana del país con 21 millones 804 mil 515 habitantes, seguida de Monterrey, Guadalajara, Puebla-Tlaxcala y Toluca.

A su vez, el 6.1% de la población mexicana es hablante de alguna lengua indígena, es decir, 11 millones 800 mil 247 personas; 2% de la población se reconoce como afromexicana o afrodescendiente, es decir, 2 millones 576 mil 213 personas; 16.5% de la población tiene alguna discapacidad, algún problema o condición mental, es decir, 20 millones 838 mil 108 personas. La tasa de analfabetismo cayó del 6.9% al 4.7% entre 2010 y 2020, mientras que el promedio de escolaridad alcanzó los 9.7 años promedio, es decir, un poco más allá de la educación secundaria.

En lo referente a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 91.1% de las viviendas en México cuentan con televisor; 67.6% cuentan con dispositivo para oír radio; 87.5% poseen celular; solo el 52.1% de las viviendas en nuestro país tiene internet; 37.6% de éstas tiene laptop o tabletas y 37.5% cuenta con línea telefónica fija. En sentido similar, 43.3% de las viviendas cuenta con servicios de televisión de paga y solo 18.8% de éstas tiene servicios de streaming (películas, música o video de paga por internet).

¿Cómo interpretar todos estos datos? ¿Qué relevancia o correlación tienen con la gobernabilidad de un país o la participación ciudadana? Una de las conclusiones a las que podemos llegar, simple, pero a la vez muy contundente, es que nuestro país es altamente complejo en sus condiciones, carencias, potencialidades y requerimientos. Este hecho reclama no solo la necesidad de que seamos sensibles y receptivos a la amplia diversidad de las demandas sociales, sino que reconozcamos el desafío de la pluralidad, en lugar de intentar reducirnos a la simplicidad.

Las mujeres en México no somos minoría y, como tal, merecemos mayor participación en los espacios de decisión. Las personas indígenas, afrodescendientes y afromexicanas se cuentan por millones y debemos visibilizarlas. Las personas con discapacidad o condiciones mentales representan un porcentaje muy significativo de nuestra población y, como tal, merecen estrategias para su inclusión y acceso a bienes públicos, como la salud, la educación, la vida comunitaria y la participación política.

Las democracias sólidas se fincan en una lectura apropiada de su realidad. En medio de una época de profundos cambios, los datos generados por el INEGI representan una brújula para navegar hacia mejores condiciones democráticas.