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La reciente instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral encargada de convocar a un proceso de consulta que derive en modificaciones a nuestro modelo político-electoral representa un momento crucial para el futuro democrático del país. La presidenta de la República ha anunciado que se organizarán diversos foros, debates y audiencias públicas para elaborar propuestas y conocer la opinión de la ciudadanía en encuestas que se levantarán en octubre de este mismo año. Ante este escenario, es indispensable recordar que México nació y se ha desarrollado bajo un modelo federalista, y que los excesos de centralización han derivado, en distintos momentos, en reclamos sociales por mayor pluralidad y cercanía institucional.

Desde la reforma de 2014, el sistema electoral mexicano optó por un modelo dual que ha mostrado solidez: una autoridad nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), y 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables de organizar las elecciones de gubernatura, ayuntamientos y diputaciones y, en algunos casos, ejercicios de presupuestos participativos en cada entidad federativa. Este diseño no solo equilibra las competencias entre el centro y lo local, sino que garantiza que la diversidad política y social de México tenga cauces institucionales de representación. Los OPLE, por su conocimiento directo de las realidades estatales, se han convertido en pilares de la confianza ciudadana y del profesionalismo técnico.

El caso del Estado de México ilustra de manera clara la magnitud de esta tarea. El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) es el OPLE más robusto del país, al atender a la lista nominal más grande de la República. Tan solo en los últimos dos años, la lista nominal mexiquense pasó de 12 millones 738 mil personas en 2023 a poco más de 13 millones 203 mil en 2025. Este crecimiento ha exigido una capacidad institucional a la altura del reto, que el IEEM ha enfrentado con capacidad y compromiso.

Los números muestran la magnitud de la labor realizada. En la elección de Gobernadora de 2023, se instalaron 20 mil 433 casillas con la participación de poco más de 143 mil funcionarios, quienes procesaron más de 6.3 millones de votos. Un año después, en los comicios de Ayuntamientos y Diputaciones locales de 2024, se instalaron 20 mil 979 casillas, con 187 mil 191 funcionarios de casilla que procesaron 42 mil 83 actas y más de 16.6 millones de votos.

Más recientemente, en la elección judicial de 2025, se instalaron 9 mil 209 casillas, se capacitó a 63 mil 113 funcionarios y se procesaron más de 31.3 millones de votos. Estas cifras no solo hablan de un despliegue operativo monumental, sino también de la fortaleza de un organismo local capaz de garantizar procesos confiables y eficientes.

Para los comicios del 2027, el desafío es aún más grande, según las proyecciones del IEEM, se deberá trabajar para garantizar y en su caso procesar una cantidad masiva de votos: considerando que en la elección judicial local de 2027 se deberá renovar cerca del 80% de los cargos que quedaron pendientes, podríamos llegar a tener más de 380 millones de votos, es decir, 12 veces el volumen de votos que fue procesado para la reciente elección judicial local, aunado a los casi 28 millones de votos de las elecciones de Ayuntamientos y Diputaciones locales.

En este contexto, cualquier reforma político-electoral que se discuta en el país debe reconocer que la fortaleza del sistema no radica únicamente en una autoridad electoral central, sino en la red nacional que integran los OPLE. Centralizar funciones podría debilitar la cercanía con la ciudadanía, mientras que fortalecer a los organismos locales asegura que las particularidades de cada entidad sean atendidas con sensibilidad y eficacia. El federalismo electoral no es un obstáculo, sino una garantía de que la democracia mexicana pueda seguir consolidándose desde lo nacional hasta lo local.

México se encuentra en un momento decisivo: el cierre de un ciclo político y la apertura de otro nuevo. El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de nuestro país, no solo representó un balance de programas y reformas en marcha, sino también un ejercicio de liderazgo frente a una sociedad expectante. Temas como la inversión, la infraestructura, la educación, la igualdad de género y la política social fueron abordados con detalle, pero lo verdaderamente relevante fue el mensaje implícito: gobernar en un contexto complejo exige firmeza, claridad y capacidad para procesar la adversidad.

Uno de los desafíos más visibles en este contexto ha sido la relación con Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Coincidir con un liderazgo que ha modificado radicalmente las reglas del juego institucional no es un asunto menor. No hablamos únicamente de tarifas o aranceles, sino de un estilo de negociación áspero, que pretende condicionar la cooperación bilateral en múltiples frentes: desde la seguridad y la migración hasta los acuerdos en materia de aguas o el acceso a los mercados de inversión.

Ante este panorama, la estrategia de Sheinbaum ha sido notablemente sobria. En lugar de responder a cada provocación con estridencia, ha optado por un enfoque de contención y claridad. Ha sabido desmontar rumores surgidos de agencias estadounidenses, ha fijado los límites de la cooperación bilateral y, al mismo tiempo, ha evitado desgastar el capital político de México en disputas simbólicas que poco aportan al bienestar de la ciudadanía.

Pero no todo está marcado por la tensión externa. En el plano interno, el país también inaugura un nuevo ciclo político con la renovación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más allá de los nombres que hoy la integran, lo que se abre es una etapa inédita en la vida institucional: una Corte con ministras y ministros elegidos por voto popular, un hecho casi sin precedentes a nivel internacional. Este cambio no solo redefine la composición del tribunal, sino que introduce incentivos distintos que podrían modificar la manera en que se interpretan y aplican las normas en México.

El reto es monumental: un Poder Judicial que combine legitimidad democrática con independencia técnica y jurídica. Si este delicado equilibrio se logra, la ciudadanía podría contar con un árbitro institucional más cercano a sus preocupaciones y más sensible a las demandas sociales. De lo contrario, el riesgo es abrir la puerta a la politización de la justicia en detrimento de la certeza que exige el Estado de derecho.

En este cruce de caminos, lo que más necesita México es madurez política e inteligencia institucional. Ante la incertidumbre que introducen algunos liderazgos, las instituciones deben fungir como los diques que protegen la vida democrática. Solo ellas permiten garantizar derechos, canalizar el descontento social y encauzar la energía colectiva hacia mejores políticas públicas.

En tiempos de polarización, narrativas de desprestigio y desinformación, hablar de “integridad electoral” resulta cada vez más relevante. Más allá de garantizar que los votos se cuenten correctamente, la integridad electoral implica asegurar que todo el proceso electoral se lleve a cabo de manera justa, transparente y democrática. Ese es el objetivo central del Electoral Integrity Project, una iniciativa independiente que mide la calidad de las elecciones en el mundo, analiza sus fallas y propone formas para fortalecer los procesos democráticos.

La integridad electoral descansa en cuatro principios clave: contienda abierta, participación equitativa, deliberación informada y resolución justa de disputas. La contienda abierta exige que todos los partidos, candidatos y grupos sociales puedan competir sin exclusiones; la participación equitativa busca que toda la población pueda ejercer su voto sin obstáculos estructurales; la deliberación informada supone que el debate público esté basado en evidencia y libre de odio; y la resolución justa de disputas exige leyes claras, organismos imparciales y canales accesibles para denunciar irregularidades. Estos principios son mecanismos puntuales para empoderar a la ciudadanía.

Un aspecto distintivo del enfoque del Electoral Integrity Project es que utiliza una perspectiva de ciclo electoral completo, que abarca elementos previos —como el diseño de las leyes, el registro de votantes y el financiamiento de campañas—, elementos durante la jornada —cobertura mediática, la seguridad, el voto y el conteo—, y aspectos posteriores como la aceptación de resultados, el papel de las autoridades electorales y la atención de denuncias. Es decir, evalúa la democracia como un proceso, no como un evento aislado.

Este año, el Electoral Integrity Global Report ofrece una radiografía de los comicios celebrados en 2024 en diversas naciones. Al respecto, enfatizo sobre dos casos que ilustran la complejidad de la realidad electoral. Por una parte, el caso de Austria, donde, si bien se mantuvo una alta confianza en la integridad del sistema, hubo alertas por campañas de desinformación en redes sociales y una retórica de odio generada por el Partido de la Libertad, señalado por su relación con grupos de extrema derecha. Este caso muestra que incluso democracias consolidadas no están exentas de tensiones que amenazan su calidad electoral.

A su vez, el caso de El Salvador exhibe las fallas sistémicas que pueden existir, a pesar de la alta popularidad de un gobierno. Además de reformas constitucionales que eliminaron límites a la reelección presidencial, hubo cambios legales que redujeron el número de curules en el Congreso, lo que dotó más fácilmente de una mayoría al partido gobernante. Y, si bien el Tribunal Supremo Electoral calificó el proceso como justo, existieron múltiples denuncias sobre casos de intimidación a votantes.

Nuestro país se perfila hacia el debate sobre una nueva reforma político-electoral. Será sumamente útil considerar los reportes sobre integridad electoral alrededor del mundo. La finalidad no podría ser, desde luego, copiar modelos electorales con poca viabilidad en nuestra realidad política, pero sí tener en cuenta los aciertos y retos que han enfrentado otras naciones. Fortalecer nuestro sistema electoral deviene, en última instancia, en una legitimidad hacia las autoridades electas, en la resolución cívica del conflicto político y en la paz necesaria para prosperar como una sociedad que coincide en las reglas para elegir a sus autoridades.

De acuerdo con diversos autores, antes que una forma de gobierno la democracia debe entenderse como un régimen político. Esto significa que no basta considerar únicamente criterios de forma para calificar a un país como democrático: división de poderes, existencia de niveles de gobierno, partidos políticos o elecciones periódicas. Un régimen político implica más elementos: funcionamiento de las instituciones políticas, características de la cultura política, así como principios y prácticas que guían o constriñen el ejercicio del poder y que dan forma a la relación del Estado con su sociedad.

Así, pues, la democracia es un régimen que no se condensa únicamente en los textos constitucionales y las leyes que se derivan. Para su subsistencia, un régimen democrático debe permear todos los ámbitos de gobierno y, aun más, en la sociedad. Por ello, de manera reiterada debemos examinar cada una de las decisiones tomadas por los gobiernos en turno, con el objetivo de discernir si sus políticas y acciones, tanto en sus medios como en los fines, son efectivamente democráticas.

No es impreciso afirmar que la vocación democrática de un gobierno debe demostrarse en su discurso o en su oferta electoral, pero también en hechos tangibles como sus programas de acción, su relación con aliados y opositores, y, desde luego, en la fijación de objetivos administrativos y la asignación del presupuesto, pues donde está el dinero (público) están los intereses (políticos).

Esta reflexión viene al caso a propósito del debate reciente en el seno del Congreso de los Estados Unidos de América. Como sabemos, el presidente Donald Trump envío al Legislativo su polémico plan fiscal y presupuestario, mismo que fue aprobado por una mínima mayoría en ambas cámaras. Más allá de incrementar la deuda pública del vecino país, el presupuesto del presidente Trump exhibe fines poco democráticos: mayores fondos en gasto de defensa militar, asignación de mayor presupuesto para las agencias de control migratorio, recortes al plan médico Medicaid, disminución de recursos al programa SNAP para compra de alimentos, así como retiro de incentivos fiscales a energías renovables.

Cuesta trabajo imaginar cómo estas propuestas, emanadas de un gobierno formalmente democrático, abonarían a construir una sociedad más solidaria, incluyente, equitativa, sustentable o pacífica –valores que hoy en día soportan cualquier régimen auténticamente democrático.

En su ya célebre obra “¿Cómo mueren las democracias?”, Levitsky y Ziblatt señalan, justamente, que las democracias contemporáneas, incluso aquellas que creíamos sólidas, no sucumben a causa de golpes de Estado o tiranos armados. Hoy las democracias están en peligro a causa de gobiernos emanados de las urnas que, sin embargo, jamás hicieron suyos los valores, medios y fines democráticos. No es el escándalo de las armas, sino el sigilo de las leyes lo que puede poner en vilo las libertades, derechos y conquistas alcanzadas en las últimas décadas. 

Estados Unidos puede ser el espejo donde se reflejen democracias otrora consolidadas: Reino Unido, España, Francia o Alemania, por citar solo algunas. Cualquier gobierno poco democrático requiere de las licencias y recursos para echar a andar su programa. Por lo pronto, el Poder Legislativo decidió confirmar un rumbo cuestionable, que bien podría anunciar el declive democrático en el vecino país del norte.

No cabe duda de que el mundo atraviesa momentos sombríos. Los conflictos bélicos son, acaso, la cara más visible de la violencia estatal en diversas regiones del mundo. Pero, por desgracia, no es la única. Al interior de diversas sociedades se replican discursos violentos contra una multiplicidad de grupos sociales: activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, extranjeros o migrantes.

En este contexto, uno de los grupos históricamente discriminados a nivel global ha sido el de la comunidad LGBTTTIQ+. La discriminación que padecen es múltiple. A menudo las personas de la diversidad sexual y de género enfrentan el desafío de la aceptación, incluyendo a sus propias familias, y pueden llegar a enfrentar barreras económicas, burlas sociales o violencia política, por sus preferencias personales. Detrás de ello se logran advertir causas diversas, como lo son: conductas machistas, intolerancia, falta de empatía y, debe decirse, una voluntad que puede ser directa o indirecta de dañar.

¿Puede una democracia alcanzar sus objetivos permitiendo este discurso de odio hacia el otro? A la luz de la experiencia histórica, la respuesta es negativa. Un régimen auténticamente democrático no se funda en instituciones de papel, ni se limita a caracterizaciones puramente formales. Vivir en democracia tiene implicaciones más profundas. Requiere construir, promover y defender los valores de igualdad, libertad, solidaridad y diversidad para que éstos guíen la convivencia social en sus múltiples niveles.

En México, de acuerdo con el INEGI, alrededor de 5 millones de personas se autoidentifican con una orientación sexual e identidad de género LGBTTTIQ+. A su vez, el Estado de México es la entidad federativa con más personas pertenecientes a esta comunidad, con casi 500 mil personas. Por ello, el Mes del Orgullo LGBTTTIQ+ es un buen momento para evaluar la deuda histórica y pendientes que, como sociedad, tenemos con las personas de la diversidad sexual y de género. Mucho hemos avanzado en materia legal y reglamentaria. Desde 2015 se garantizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, a pesar de que algunos Congresos locales aun no emiten legislaciones al respecto. En materia electoral, las autoridades han emitido lineamientos y protocolos para proteger los derechos político-electorales de estas personas, así como sentencias que garantizan su derecho a votar y ejercer cargos públicos en todos los niveles.

Sin embargo, debemos socializar estas modificaciones para que cualquier sociedad que disfruta de los beneficios de convivir en un marco democrático sea consecuente en su actuar diario. No podemos olvidar que todas y todos ocupamos una posición en nuestra comunidad y que discriminar al otro nos vulnera inmediatamente para ser discriminados por cualquier otra razón. Por ello, entender y defender la diversidad sexual y de género es, al mismo tiempo, defender nuestras las libertades y derechos de todas las personas.

Desde nuestros espacios familiares, laborales, vecinales, cívicos y digitales podemos detener el avance del discurso opuesto. El resentimiento, el temor, la hostilidad, el nativismo y la supremacía étnica han ocupado un lugar central en la oferta política. Partir desde esta posición ética y política no permite que ninguna política pública entregue resultados democráticos, es decir, incluyentes, equitativos, exhaustivos o incrementales. El momento histórico que atravesamos exige, de autoridades y ciudadanía, sumarnos a la defensa irrestricta de los derechos de todos y cada uno de los individuos de nuestra sociedad.