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Desde diversos flancos, este nuevo año se percibe como uno de los más retadores a nivel local e internacional. Para nadie pasa desapercibido que en unos días, la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos marcará el reinicio de un movimiento político de repercusiones internacionales. El arranque del gobierno trumpista se advierte particularmente complejo para nuestro país, pues el republicano querrá dar golpes de timón en sus primeros cien días de gobierno en materias como la economía, el comercio, las instituciones internacionales o la migración.

A nivel nacional, en 2025 deberán implementarse o legislarse el conjunto de reformas constitucionales que fueron impulsadas durante el segundo semestre del año pasado en temas tan diversos como complejos. Destacan las asignaturas de transparencia, simplificación administrativa o de competencia económica. Sin embargo, uno de los principales temas que ha llamado la atención es la instrumentación de la reforma judicial, en especial la elección popular de jueces y juezas, magistrados y magistradas, así como ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso del Estado de México, el pasado 6 de enero fue publicado el decreto 63 en materia de reforma al Poder Judicial local. De conformidad con el artículo 11 reformado de nuestra Constitución estatal, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) será el encargado de organizar, desarrollar y vigilar los procesos electorales para las elecciones de Magistradas y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado de México. Por otra parte, se dispone que el Poder Judicial de nuestro estado contará con un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.

Asimismo, la reforma señala que la Legislatura local, la Gobernadora del estado y el Poder Judicial podrán postular, respectivamente, hasta dos personas aspirantes para ocupar cada cargo de Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces del Poder Judicial y hasta tres personas aspirantes para integrar el Tribunal de Disciplina Judicial. Estas personas aspirantes serán electas por sufragio directo y secreto de la ciudadanía el día en que se realicen las elecciones ordinarias del año que corresponda, a excepción de 2025, cuando celebraremos la primera elección extraordinaria para integrar el Poder Judicial local.

En el IEEM estamos atentos a la convocatoria para la integración del listado de candidaturas que realizará la Legislatura local para iniciar, a la brevedad, las labores de organización del proceso electoral extraordinario. Somos conscientes de que, en épocas de importantes retos políticos, la fortaleza y capacidad de las instituciones democráticas son las mejores herramientas para atender las demandas ciudadanas bajo los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y paridad. Así lo realizamos en el pasado proceso electoral de diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos, con un resultado histórico y positivo, en el cual no fue necesario realizar ni una sola elección extraordinaria. Con este buen resultado a cuestas, el IEEM asume su nueva tarea con el mayor de los compromisos y con la confianza de que contamos con la experiencia, capacidad y solidez institucional para llevar a buen puerto la tarea de elegir, por primera vez en la historia de nuestra entidad, a quienes serán nuestras y nuestros impartidores de justicia.

Nos acercamos a un momento crítico en nuestro estado. El próximo 25 de noviembre no solo conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sino que en la Legislatura local se presentará una serie de iniciativas en materia de despenalización del aborto e interrupción legal del embarazo por parte de diversos partidos políticos. Un tema urgente de derechos humanos y de salud pública, que ha sido pospuesto por otras legislaturas en reiteradas ocasiones.

En días recientes, diversos liderazgos sociales y políticos se han pronunciado no solo por eliminar el delito de aborto del Código Penal del Estado de México, sino por incluir otras disposiciones normativas en materia de educación y acceso de las mujeres a la salud con servicios integrales como asistencia psicológica. En el fondo el argumento es claro: las mujeres mexiquenses deben tener garantizado su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y, con ello, su derecho a interrumpir de manera informada, libre y voluntaria un embarazo dentro de las primeras semanas de gestación.

Sin embargo, aunque la discusión pública tendría que centrarse en cómo garantizar este derecho para las mujeres de manera presupuestal e institucional, persisten argumentos desfasados o abiertamente imprecisos respecto a la interrupción del embarazo. En este tema en particular, se olvida frecuentemente que nos encontramos en un Estado laico, en donde todas las creencias religiosas deben ser respetadas en el ámbito personal, pero que ninguna de estas puede erigirse para regir la conducta de las demás personas ni, mucho menos, restringir sus derechos bajo ningún argumento.

Es pertinente también recordar que, desde septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que criminalizar a las mujeres que interrumpen el embarazo es contrario a la Constitución Mexicana. Aquel fallo histórico, fundamentado en la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, establece que el acceso a servicios de aborto seguro y legal debe ser garantizado por las instituciones de salud pública, algo que por desgracia todavía no sucede en la realidad mexiquense. De acuerdo con un reporte de la organización Human Rights Watch, muchas veces las mujeres que deciden interrumpir su embarazo se enfrentan a la discriminación, malos tratos o simplemente a la negativa por parte del personal médico.

No podemos continuar, en pleno siglo XXI, con este panorama para las mujeres mexiquenses. El Estado de México está a las puertas de avanzar hacia la despenalización plena de la interrupción del embarazo, en perfecto cumplimiento de nuestra Carta Magna y en acatamiento a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. En ese sentido, merece reconocimiento la voluntad política mostrada por las diversas fuerzas políticas para abordar uno de los pendientes históricos de nuestro estado y, sobre todo, para saldar una deuda con los derechos de las mujeres.

Una de las frases más vigentes en las movilizaciones feministas pertenece a la poeta estadounidense, Emily Dickinson, quien con justa razón señalaba que “ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”. En un par de semanas conmemoraremos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el 25 de noviembre. Esta fecha también marca el inicio de la campaña global “16 días de activismo en contra de la violencia de género” que culminan, justamente, el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. 

La célebre campaña, iniciada en 1991 por activistas del Instituto para el Liderazgo Global, fue retomada en 2008 por las Naciones Unidas con el fin no solo de reafirmar el compromiso de individuos y organizaciones de todo el mundo en la lucha contra la violencia de género, sino de generar empatía y movilizar a la sociedad civil, gobiernos, sector privado y personas particulares en favor de las activistas que se han levantado para trabajar, prevenir y acabar con la violencia contra mujeres y niñas.

Desgraciadamente, la violencia de género sigue siendo uno de los principales problemas en nuestra sociedad. Datos oficiales del INEGI señalan que, en 2021, del total de mujeres a nivel nacional, 70.1% manifestaron haber experimentado al menos un incidente de violencia en los ámbitos psicológico, económico, patrimonial, físico, sexual o de discriminación. La misma fuente señala que la de carácter psicológico es la violencia con mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), física (34.7 %) y económica, patrimonial y/o por discriminación (27.4 %).

Por ello, uno de los primeros pasos en los que debemos insistir desde las diversas instituciones del Estado mexicano, es la necesidad de identificar la violencia de género como mecanismo inmediato de prevención. Esto implica qur cualquier miembro de nuestra sociedad deje de normalizar, tanto en el ámbito público, como laboral, familiar o de pareja, estereotipos, burlas, agresiones verbales, amenazas o, en el peor de los casos, ataques a la integridad física de las mujeres. Reconocer las conductas violentas es el primer paso para evitarlas, atenderlas y sancionarlas.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha preparado de manera recurrente diversos documentos para orientar a la ciudadanía en esta materia. Destaca en este sentido la  “Guía sobre la prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Electoral del Estado de México”, así como la “Guía para la identificación y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género a través de las tecnologías de la información y comunicación”. Estos materiales están al alcance de todo el público en el portal y las redes sociales del IEEM.

Debemos recordar que el objetivo de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género es fortalecer y generar nuevos canales de diálogo entre ciudadanía, activistas y personas servidoras públicas, innovar en materia de políticas públicas para atender la violencia de género bajo nuevos enfoques y concientizar a las personas para identificar, prevenir y atender este problema en todos los ámbitos. En este mes naranja, se trata de que todas y todos nos asumamos como activistas por la igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres.

Esta semana ha sido histórica para las mujeres mexicanas. El pasado 1º de octubre una mujer asumió, por primera vez, el cargo de representación política más importante de nuestro país: la Presidencia de la República. En el mismo sentido, tres mujeres asumen estos días el Poder Ejecutivo en Guanajuato, Morelos y la Ciudad de México. Al final del año tendremos 13 gobernadoras en la República, cuando asuma también la titular del Poder Ejecutivo de Veracruz, con lo que alcanzaremos el máximo número de mujeres gobernadoras hasta hoy.

En el Estado de México el avance de las mujeres también es patente. Esta semana se integraron tres nuevas consejeras al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), con lo cual el Consejo General del IEEM quedó compuesto en su totalidad por mujeres, convirtiéndose en el primer Organismo Público Local Electoral del país en hacerlo.

Detrás de estos avances se encuentra un cambio de paradigma sustentado, sobre todo, en las reformas en materia de paridad sustantiva. Como señala la Dra. Leticia Bonifaz, la paridad significa igualdad plena y, por ello, no representa una medida compensatoria o transitoria, ni una “cuota” que deba cumplirse. Justamente, la reforma constitucional de 2014, que incluyó el principio de paridad, buscó superar la larga etapa en la que los partidos políticos tenían que cumplir con determinadas cuotas de género en la postulación de sus candidaturas, para que en adelante mujeres y hombres fueran postulados en condiciones igualitarias.

Pese a algunas impugnaciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó el sentido de esta reforma al determinar que el principio de paridad era de observancia obligatoria para los partidos políticos en todos los órdenes de gobierno. Desde entonces la paridad no ha conseguido sino extenderse. En 2019, una nueva reforma constitucional determinó que la paridad de género debía observarse también en la integración de los tres Poderes de la Unión, lo mismo para los estados y los municipios.

Debemos celebrar la llegada de más mujeres a cargos de decisión pública, pues una sociedad democrática no puede entenderse a cabalidad sin la inclusión de todas y todos sus integrantes. Sin embargo, el objetivo último no debe quedarse en la representatividad de los géneros. Es necesario convertir la presencia pública de las mujeres en un elemento de cambio para imprimir un nuevo liderazgo político que priorice el diálogo sobre la imposición de ideas, que promueva la horizontalidad en la toma de decisiones y que impulse temas de inclusión y empoderamiento de grupos históricamente discriminados que han permanecido relegados en la agenda pública.

Un buen paso en este sentido ha sido la primera reforma constitucional enviada al Congreso por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se trata de un paquete de reformas en favor de la igualdad salarial, el fortalecimiento a la protección de las mujeres frente a las violencias y la obligatoriedad de la paridad en cargos de la Administración Pública, entre otras.

Es el tiempo de las mujeres mexicanas. No se trata de un techo al cual llegamos, sino de un nuevo piso a partir del cual debemos seguir avanzando. Quedan por resolver retos tan urgentes como importantes en la agenda de género. Es tiempo de tomar decisiones como mujeres para garantizar que nuestras instituciones doten de mejores horizontes de desarrollo personal, familiar y profesional a las mexicanas de las nuevas generaciones.

Aunque algunas voces aseguran que el avance de la extrema derecha en Europa es solo una “falsa alarma”, lo cierto es que 2024 terminará como el año en que estas fuerzas irrumpieron con mayor claridad en el escenario político. No lo hicieron por vías extralegales. Como señalan Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su multicitada obra “¿Cómo mueren las democracias?”, pese a su discurso anti-sistémico, los movimientos antidemocráticos contemporáneos han encontrado bases de apoyo acudiendo a las urnas.

Lo que ha sucedido este año en el Viejo Continente debe llamarnos a una seria reflexión. En los últimos procesos electorales la ultraderecha ha acumulado victorias. Si en Italia y Hungría ya gobernaban directamente, los partidos ultras han ganado terreno hasta convertirse, en ocasiones, en las primeras fuerzas de oposición. No se trata de países periféricos o víctimas de los más recientes choques financieros, como Grecia. La ultraderecha, con una agenda abiertamente intolerante, antifeminista, antidemocrática y xenófoba, ha ganado adeptos en Francia, Países Bajos o Finlandia.

En principio, se trata de naciones con algunos de los mejores índices de desarrollo humano e instituciones democráticas consolidadas, así como menores tasas de desigualdad y pobreza. ¿Por qué, entonces, la democracia ha perdido sus bases de apoyo? ¿Se trata de un fenómeno pasajero, producto del hartazgo ciudadano hacia las formaciones políticas tradicionales, o una señal de algo más profundo?

La primera señal se dio en 2022 con el triunfo de Giorgia Meloni, candidata de la alianza ultraderechista italiana. Su lema “Dios, patria y familia” anunciaba el camino que seguiría su política: además de la defensa de la familia tradicional italiana, la hoy primera ministra se ha lanzado en contra de la migración, los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, así como a favor de la penalización del aborto. Paradójicamente los beneficiarios del hartazgo político han vuelto a colocar en la mesa propuestas de antaño, que algunas personas creíamos superadas.

Ciertamente persiste un amplio rechazo a estas agendas entre el electorado de las principales urbes de Europa. Pero las propuestas ultraconservadoras han anidado con éxito en las zonas provinciales, más cercanas al entorno rural y a los valores tradicionales. Es allí, en las periferias de las urbes globales, donde los problemas económicos y sociales se han agudizado, ocasionando que el electorado se vuelque hacia alternativas políticas, generalmente populistas.

Recientemente Austria y Alemania se sumaron a las naciones que experimentaron un corrimiento hacia la extrema derecha. Apenas el 30 de septiembre pasado, el Partido Liberal de Austria se convirtió en el primer partido de extrema derecha en ganar las elecciones parlamentarias desde la Segunda Guerra Mundial. Semanas atrás, Alternativa para Alemania hizo lo mismo en el Parlamento del estado federado de Turingia.

Ninguna nación, por mejor educada que esté, tiene la vacuna contra el autoritarismo. La defensa de las libertades, los derechos humanos y los contrapesos al poder exige una actitud crítica y responsable por parte de la ciudadanía hacia sus autoridades de todos los órdenes de gobierno. Este nuevo ciclo político que iniciamos en México es momento propicio para entender las lecciones que la realidad de otras latitudes nos está mostrando.