Comunicación
Social

En los sistemas democráticos, los representantes de la ciudadanía ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, se nombran a través de elecciones libres, auténticas y directas; por ende, las autoridades electorales administrativas deben vigilar que las reglas sean acatadas por todos los actores políticos.

Aunado a lo anterior, la democracia se encuentra relacionada con el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son las funciones de los órganos electorales y de los partidos políticos, así como el uso que ambos le dan a los recursos públicos.

En este contexto, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a cabo el “Foro de Transparencia, Anticorrupción e Integridad Electoral”, espacio en el cual se expusieron las reformas, los avances y los retos que se han generado en estas áreas.

Los ponentes señalaron que la sociedad mexicana se enfrenta al problema de la corrupción, la cual se encuentra en todos los ámbitos: público, privado, social, económico y político; esta situación se suscita por los actos ilícitos que realizan los servidores públicos o los particulares para obtener un beneficio indebido.

Ante este escenario, en el año 2014 se publicó la reforma constitucional que cambió de nombre al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Con esta modificación se le dio el carácter nacional y autónomo, con el propósito de que la corrupción se atendiera mediante la transparencia y la rendición de cuentas. De igual modo, se amplió el catálogo de sujetos obligados directos, con lo cual los partidos políticos, tanto nacionales como locales, deben transparentar y publicar la información en su poder.

Por otra parte, en el foro se destacó que el uso de programas sociales para coaccionar el voto por un determinado partido político o candidato, afecta las contiendas y se considera como un acto de corrupción; por tal motivo, actualmente puede fijarse la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta medida cautelar tiene como fin que las elecciones sean justas y libres, pues la corrupción desestabiliza el sistema democrático y crea desconfianza en los actores políticos.

Esto es, si los partidos políticos emplean malas prácticas electorales como es el uso de programas sociales, entonces se desacreditan ante la sociedad, debido a que son la principal vía de acceso a un cargo de elección popular. Su trabajo es consolidar la confianza de la ciudadanía, lo cual se puede lograr a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

En el foro también se planteó la necesidad de instaurar parlamentos abiertos, los cuales están basados en cuatro directrices que son: la transparencia; la participación ciudadana; el uso de tecnologías y plataformas digitales, así como la responsabilidad parlamentaria. Es decir, los partidos políticos y las autoridades electorales deben transparentar y publicar su información por medio de las plataformas digitales, a fin de propiciar que la ciudadanía participe en la toma de decisiones en el ámbito público, al conocer realmente la situación gubernamental.

Igualmente, los expositores mencionaron que la integridad electoral es un término utilizado desde dos puntos de vista: el primero, se refiere al ciclo comicial; el segundo, sirve como indicador para medir la calidad de la democracia. Por ello, los órganos electorales son los que más contribuyen a consolidar el sistema democrático de un país, pues si gozan de la confianza de la ciudadanía, esta aceptará los resultados y el triunfo de los candidatos ganadores.

Finalmente, se concluyó que, para combatir la corrupción, se requiere la participación de la ciudadanía en los asuntos de carácter público, ya que no solo tienen el deber de participar en las elecciones, sino también cuando los gobernantes asumen el cargo.

En México, la democracia se ha cimentado a través de reformas político-electorales, mismas que han permitido la creación de autoridades electorales locales encargadas de organizar y desarrollar los procesos electorales; a lograr que los comicios sean libres, equitativos y confiables; a fortalecer la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones electorales; así como a fomentar la pluralidad y la competitividad de los partidos políticos en un plano de igualdad; sin embargo, actualmente se plantea presentar una iniciativa de reforma para desaparecer a estas autoridades y que el Instituto Nacional Electoral asuma la organización de las elecciones en las entidades federativas.

Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C, está organizando en las cinco circunscripciones electorales, en que se divide el territorio nacional, el foro denominado "La democracia se construye desde lo local", que se celebró en Jalisco, Monterrey y recientemente en la ciudad de Morelia, Michoacán. En esta última se esbozaron las acciones y avances democráticos efectuados por los organismos públicos locales electorales, con el fin de consolidar el sistema democrático en las entidades federativas.

Bajo esa tesitura, la ponente María del Carmen Alanís Figueroa resaltó la instauración de la paridad de género en la legislación de Colima en el año de 2005, esto es, nueve años antes que el otrora Instituto Federal Electoral, debido a que a la Legislatura de esa entidad fue pionera en la materia; mientras que el Congreso de la Unión la reconoció hasta la reforma política-electoral del año 2014.

Otro aspecto abordado fue el uso de herramientas tecnológicas; por ejemplo, la utilización de la urna electrónica puede reducir los costos en los comicios, ya que los institutos electorales cuentan con la capacidad técnica y con los recursos humanos para adoptar este sistema. La urna electrónica se ha implementado con éxito en Coahuila y Zacatecas; de igual manera, esta se empleó para realizar los ejercicios de participación ciudadana en: Jalisco, Ciudad de México y Estado de México.

Por otra parte, los expositores coincidieron en que las autoridades electorales locales han protegido los derechos políticos de las comunidades y pueblos indígenas, para que este sector de la ciudadanía participe en la toma de decisiones del ámbito público; prueba de ello, es la acción afirmativa implementada por el Instituto Electoral de Hidalgo, que consistió en que los partidos políticos postularan candidatos de una comunidad o pueblo indígena en aquellos distritos con un alto porcentaje de dicha población.

Asimismo, en el Estado de México la autoridad electoral se ha preocupado por este grupo social, toda vez que, ha promovido la traducción de las “Guías para la presentación de solicitudes de acceso a la información pública y para la presentación de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos personales ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)”; cuya finalidad es que las personas pertenecientes a una comunidad indígena accedan a la información pública generada por la autoridad electoral mexiquense.

También se mencionó que los institutos electorales locales reciben aproximadamente el 48% de financiamiento público y el 52% se destina a las prerrogativas de las fuerzas políticas; verbigracia, en el Estado de México, en el ejercicio fiscal del 2019, la Legislatura les asignó a los partidos políticos el 53% del presupuesto y al IEEM le correspondió solo el 43% para llevar a cabo todas sus actividades y funciones.

Además, se precisó que las autoridades electorales locales han solventado los gastos en los comicios concurrentes; para ello, transfieren los recursos necesarios al Instituto Nacional Electoral (INE); entonces, si la autoridad nacional asumiera las facultades de los órganos electorales locales, se abocaría a solicitar más financiamiento público y, por lo tanto, esto incrementaría el costo de las elecciones, pues no habría ahorros, considerando que el gasto de todas formas tendría que realizarse.

Finalmente, se puntualizó que el INE no cuenta con la estructura humana para asumir la totalidad de las funciones de los institutos electorales locales, en cambio, estos tienen personal profesional y competente para organizar los comicios; por tal motivo, debe considerarse que es necesaria su permanencia al ser parte sustantiva del sistema democrático mexicano, en tanto, han implementado, desde el ámbito de su competencia, acciones que favorecen a la consolidación de la democracia.

Los pueblos y las comunidades indígenas son parte importante de nuestros orígenes y de la riqueza cultural que tiene el país. Es por eso que su participación e intervención es necesaria en temas políticos-electorales y en la toma de las decisiones públicas. Sobre el particular, los días 2 y 3 de mayo se llevó a cabo el “Foro: Retos de la representación política de los pueblos y comunidades indígenas”, en el municipio de Guachochi, Chihuahua, en el que participaron autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, así como la Academia Nacional de Derecho Electoral (ANDE), la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERM), además de integrantes de los pueblos de la Sierra Tarahumara: rarámuri, ódame, guarijío y pima.

Este foro sirvió para compartir experiencias que permitirán hacer conciencia sobre la necesidad de impulsar y reconocer los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, a efecto de salvaguardar el derecho que tienen a la libre autodeterminación de la elección de sus autoridades y la representación que poseen dentro los órganos de gobierno.

En este foro se comentó que México encabeza la representación poblacional indígena con 11 millones de habitantes. De igual forma, se destacó la acción afirmativa implementada por el Instituto Nacional Electoral en el Proceso Electoral 2018, la cual consistió en que, de los 28 distritos indígenas a nivel federal, en al menos 12 de ellos los partidos políticos debían postular candidatos indígenas; no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó esa medida en la sentencia SUP-RAP-726/2017, para que no se postulara solamente en 12 distritos, sino en 13.

Ahora bien, de los paneles que se conformaron, resalta el relativo al tema “La labor de los órganos estatales en la difusión y protección de los derechos indígenas”, en el que la Titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF mencionó algunos de los obstáculos a los que los indígenas se enfrentan:

• Las mujeres indígenas son las que más difícilmente pueden ejercer el cargo para el cual fueron electas.
• Los pueblos y comunidades indígenas tienen desconocimiento y desinformación, ya que en muchos de los casos no conocen cuáles son sus derechos políticos-electorales, no saben a qué instancias deben recurrir para acceder a la justicia electoral y a veces su lengua representa un obstáculo.

Por otra parte, se comentó que la autoadscripción indígena debe ser calificada de manera rigurosa, a fin de que no existan simulaciones que trastoquen los derechos de los indígenas.

Posteriormente, en el conversatorio “Experiencias y agenda pendiente sobre Pueblos y Comunidades Indígenas en los OPLES (Sic)”, se estableció que en el Estado de México se cuenta con el 17% de población indígena, la cual habla cinco lenguas: otomí, mazahua, náhuatl, matlatzinca y tlahuica; aunado a ello, se tienen dos municipios que sobresalen por su gran porcentaje de población indígena, que son San Felipe del Progreso con un 63.1% y Temoaya con el 56.9%.

Asimismo, se destacaron los dos casos que resolvió el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) en temas de pueblos y comunidades indígenas; la primera, respecto a la elección de autoridades auxiliares en la comunidad de Santa María Jilotzingo, en el municipio de Otzolotepec, la cual se realizó carente de toda certeza, por lo que el tribunal anuló la elección y ordenó que la sentencia se tradujera en lengua otomí para el conocimiento de las comunidades indígenas. La segunda, se relacionó con la convocatoria publicada por el ayuntamiento de San Mateo Atenco, mediante la cual se designó al representante indígena ante el Ayuntamiento, sin embargo, la convocatoria impedía la participación activa de los indígenas, pues se dispuso que el ayuntamiento era el que determinaría directamente quién sería dicho representante, razón por la que el TEEM determinó revocar la convocatoria y ordenó que el ayuntamiento emitiera una nueva.

En este contexto, el Instituto Electoral del Estado de México trabaja para proteger los derechos políticos de estas comunidades, a través de la información y la capacitación. Es así que la Unidad de Transparencia del citado Instituto elaboró los proyectos de “Guías para la presentación de solicitudes de acceso a la información pública en materia electoral y para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (ARCO)”, con sus respectivas infografías, para su traducción en las cinco lenguas maternas predominantes en el Estado de México.

Con acciones como estas, se busca que las personas de origen indígena se encuentren en condiciones de igualdad para ejercer sus derechos de acceso a la información pública en materia electoral, así como los derechos ARCO.

Estos avances contribuyen a que se involucren a los pueblos y comunidades indígenas no solo en las urnas, sino ocupando lugares en los espacios públicos.

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán publicó el “Dossier de la Democracia: Ciudadanía y Educación Cívica”; este documento es una compilación de destacados autores que aportan sus conocimientos, perspectivas e investigaciones para abordar de manera especializada la materia de educación cívica.

El dossier[1] ayuda a la promoción y difusión de las acciones, programas y actividades que se realizan en diversas instituciones electorales en temas de educación cívica, contribuyendo así a que investigadores, especialistas, estudiantes y todo aquel público interesado en conocer sobre estos temas, puedan aprender desde conceptos básicos y conceptuales hasta cuestiones específicas y casos particulares.

Por estas razones, es relevante conocer los artículos y los autores que podrán visualizar en esta publicación:

• “Consolidación democrática y cultura política”. José Woldenberg Karakowsky.
• “La (post) democracia mexicana”. Othón Baños Ramírez.
• “Democracia participativa: las bases conceptuales”. Alberto Javier Olvera Rivera.
• “Democracia y confianza en México”. Roberto Heycher Cardiel Soto* Francisco Javier Morales Camarena.
• “Hacia el ejercicio cotidiano de la democracia a través del interés ciudadano”. Jorge Valladares Sánchez y Roberto Ramírez Venegas.
• “El reto de formar ciudadanía verdaderamente activa que participe en la solución de sus propios problemas y los de su comunidad”. Alberto Arjona Ordaz.
• “La participación de niñas, niños y adolescentes en las escuelas mexicanas hacia nuevos horizontes”. Úrsula Zurita Rivera.
• “La lucha de las mujeres por la democracia”. Georgina Rosado Rosado.
• “Los mayas y la democracia: bases para mejorar su inclusión”. Bartolomé Alonzo Caamal.
• “Formas electorales en el gobierno de Manuel González: Yucatán en 1881”. Marisa Pérez Domínguez.

Se destaca que, en esta obra, los temas que se desarrollan están enfocados en visibilizar el papel fundamental que juega la ciudadanía en nuestro sistema democrático y con ello conocer que su participación fortalece la democratización.

Otro aspecto que enmarca el dossier, es cómo los Organismos Públicos Locales intercambian y dirigen sus esfuerzos para lograr la construcción de la ciudadanía y su empoderamiento para participar en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Una de las acciones que se destaca son los Encuentros Nacionales de Educación Cívica, que sirven para implementar estrategias coordinadas y el intercambio de experiencias a fin de incrementar la participación ciudadana en los procesos electorales, y en los diversos mecanismos de participación ciudadana (referéndum, plebiscito, iniciativa popular/ciudadana).

De igual manera, en el dossier se abordan temas como la participación e inclusión que tienen las mujeres, los pueblos indígenas, las niñas, niños y adolescentes en el reconocimiento de sus derechos políticos–electorales.

En conclusión, se hace hincapié en que el tema de la educación cívica debe difundirse y trabajarse de la mano con la ciudadanía, a fin de mejorar su participación e interés dentro y fuera de los procesos electorales. Para ello también, el Instituto Electoral del Estado de México contribuye en dar a conocer este relevante trabajo, el cual es una herramienta útil para profundizar los conocimientos en temas de educación cívica, democracia, participación ciudadana, entre otros. Además, en este instrumento se hace un reconocimiento a la labor que realizan los Organismos Públicos Locales en beneficio de la democracia.

El dossier se puede descargar para su consulta en la siguiente página electrónica: http://www.iepac.mx/public/dossier-de-lademocracia /DOSSIER-21-11-18.pdf

[1] Definición de dossier, conforme al Diccionario de la Real Academia Española significa “informe o expediente”. Disponible en: https://dle.rae.es/?id=EA8M42s. Consultado el 08/04/2019.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) a través de sus direcciones y unidades técnicas trabaja para cumplir las tareas proyectadas en el Programa Anual de Actividades 2019. Este programa es un instrumento que orienta el rumbo institucional, ya que se sustenta en las responsabilidades y atribuciones que le confiere la ley, así como en las necesidades que demanda la ciudadanía mexiquense.

En este sentido, las direcciones y áreas técnicas trabajan permanentemente como es caso de la Dirección de Participación Ciudadana, la cual desarrollará algunos proyectos para este año como son:

· Trabajar en el fortalecimiento de la participación ciudadana, mediante la creación y vinculación de redes de entidades diversas, para el ejercicio democrático.

· Generar contenidos que promuevan la participación ciudadana y la cultura política democrática con el uso de nuevas tecnologías de la información.

Estas acciones promocionan y fomentan la cultura cívica cuya finalidad es que la ciudadanía ejerza sus derechos y cumpla sus obligaciones político-electorales.

En cuanto a la Dirección de Organización, esta busca ser más eficiente y mejorar la organización de los subsecuentes procesos electorales, llevando a cabo estudios que permitan perfeccionar los mecanismos y procedimientos empleados previamente.

De igual forma, la Dirección de Partidos Políticos implementará acciones para la elaboración de materiales de difusión para fortalecer el conocimiento de procedimientos, plazos y competencias legales para el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes.

La Dirección Jurídico Consultiva participa en la elaboración y revisión de proyectos de reglamentos, lineamientos, manuales, entre otros ordenamientos internos, a fin de realizar las adecuaciones o actualizaciones pertinentes. Además, dará continuidad a los actos, diligencias, procedimientos o actuaciones, en los que el Instituto sea parte.

El Centro de Formación y Documentación Electoral, tiene a su cargo una serie de actividades que oferta a la ciudadanía, con el objeto de que está conozca la materia electoral, realizando las siguientes acciones:

· Dar continuidad a los servicios de actualización académica por medio de posgrados de maestría y especialidad.

· Edición y publicación de líneas editoriales del Instituto.

· Preparación, organización y desarrollo del XXII Certamen Estatal de Investigación y Ensayo Político.

Otro mecanismo que aplicará el IEEM a través de la Unidad de Comunicación Social, es mejorar los canales de comunicación que existen entre la autoridad electoral y la ciudadanía, pues es de suma relevancia contar con espacios y medios de difusión que coadyuven a promover y difundir la cultura política y democrática de manera permanente.

Asimismo, la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia tiene diversas acciones a ejecutar, a saber:

· Fortalecimiento de mecanismos, acciones y herramientas institucionales y partidarias, para promover la Agenda para la Igualdad de Género en el Sistema Electoral Nacional en México, así como el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia.

Por otro lado, la Unidad Técnica para la Administración de Personal Electoral colaborará en el desarrollo de las actividades de apoyo a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral, relativas al reclutamiento, rotación, cambio de adscripción y licencias de las y los servidores públicos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional.

La Unidad de Transparencia, por su parte, contribuirá y proveerá lo necesario para atender adecuadamente la normatividad en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales vigente, así como la atención a las solicitudes de información pública y de derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

En cuanto a la Unidad de Fiscalización, esta deberá realizar el procedimiento de liquidación y destino de los bienes del partido político local que ha perdido el registro ante el Instituto.

Como se mencionó anteriormente, el IEEM no termina sus funciones al concluir los procesos electorales y seguirá trabajando en perfeccionar los instrumentos, mecanismos y procedimientos que utilizará en cada elección, a fin de que estas sean cada vez más eficientes y eficaces