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Los pueblos y las comunidades indígenas son parte importante de nuestros orígenes y de la riqueza cultural que tiene el país. Es por eso que su participación e intervención es necesaria en temas políticos-electorales y en la toma de las decisiones públicas. Sobre el particular, los días 2 y 3 de mayo se llevó a cabo el “Foro: Retos de la representación política de los pueblos y comunidades indígenas”, en el municipio de Guachochi, Chihuahua, en el que participaron autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales, así como la Academia Nacional de Derecho Electoral (ANDE), la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERM), además de integrantes de los pueblos de la Sierra Tarahumara: rarámuri, ódame, guarijío y pima.

Este foro sirvió para compartir experiencias que permitirán hacer conciencia sobre la necesidad de impulsar y reconocer los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, a efecto de salvaguardar el derecho que tienen a la libre autodeterminación de la elección de sus autoridades y la representación que poseen dentro los órganos de gobierno.

En este foro se comentó que México encabeza la representación poblacional indígena con 11 millones de habitantes. De igual forma, se destacó la acción afirmativa implementada por el Instituto Nacional Electoral en el Proceso Electoral 2018, la cual consistió en que, de los 28 distritos indígenas a nivel federal, en al menos 12 de ellos los partidos políticos debían postular candidatos indígenas; no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó esa medida en la sentencia SUP-RAP-726/2017, para que no se postulara solamente en 12 distritos, sino en 13.

Ahora bien, de los paneles que se conformaron, resalta el relativo al tema “La labor de los órganos estatales en la difusión y protección de los derechos indígenas”, en el que la Titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF mencionó algunos de los obstáculos a los que los indígenas se enfrentan:

• Las mujeres indígenas son las que más difícilmente pueden ejercer el cargo para el cual fueron electas.
• Los pueblos y comunidades indígenas tienen desconocimiento y desinformación, ya que en muchos de los casos no conocen cuáles son sus derechos políticos-electorales, no saben a qué instancias deben recurrir para acceder a la justicia electoral y a veces su lengua representa un obstáculo.

Por otra parte, se comentó que la autoadscripción indígena debe ser calificada de manera rigurosa, a fin de que no existan simulaciones que trastoquen los derechos de los indígenas.

Posteriormente, en el conversatorio “Experiencias y agenda pendiente sobre Pueblos y Comunidades Indígenas en los OPLES (Sic)”, se estableció que en el Estado de México se cuenta con el 17% de población indígena, la cual habla cinco lenguas: otomí, mazahua, náhuatl, matlatzinca y tlahuica; aunado a ello, se tienen dos municipios que sobresalen por su gran porcentaje de población indígena, que son San Felipe del Progreso con un 63.1% y Temoaya con el 56.9%.

Asimismo, se destacaron los dos casos que resolvió el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) en temas de pueblos y comunidades indígenas; la primera, respecto a la elección de autoridades auxiliares en la comunidad de Santa María Jilotzingo, en el municipio de Otzolotepec, la cual se realizó carente de toda certeza, por lo que el tribunal anuló la elección y ordenó que la sentencia se tradujera en lengua otomí para el conocimiento de las comunidades indígenas. La segunda, se relacionó con la convocatoria publicada por el ayuntamiento de San Mateo Atenco, mediante la cual se designó al representante indígena ante el Ayuntamiento, sin embargo, la convocatoria impedía la participación activa de los indígenas, pues se dispuso que el ayuntamiento era el que determinaría directamente quién sería dicho representante, razón por la que el TEEM determinó revocar la convocatoria y ordenó que el ayuntamiento emitiera una nueva.

En este contexto, el Instituto Electoral del Estado de México trabaja para proteger los derechos políticos de estas comunidades, a través de la información y la capacitación. Es así que la Unidad de Transparencia del citado Instituto elaboró los proyectos de “Guías para la presentación de solicitudes de acceso a la información pública en materia electoral y para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales (ARCO)”, con sus respectivas infografías, para su traducción en las cinco lenguas maternas predominantes en el Estado de México.

Con acciones como estas, se busca que las personas de origen indígena se encuentren en condiciones de igualdad para ejercer sus derechos de acceso a la información pública en materia electoral, así como los derechos ARCO.

Estos avances contribuyen a que se involucren a los pueblos y comunidades indígenas no solo en las urnas, sino ocupando lugares en los espacios públicos.