Comunicación
Social

En los sistemas democráticos, los representantes de la ciudadanía ante los poderes Ejecutivo y Legislativo, se nombran a través de elecciones libres, auténticas y directas; por ende, las autoridades electorales administrativas deben vigilar que las reglas sean acatadas por todos los actores políticos.

Aunado a lo anterior, la democracia se encuentra relacionada con el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles son las funciones de los órganos electorales y de los partidos políticos, así como el uso que ambos le dan a los recursos públicos.

En este contexto, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) llevó a cabo el “Foro de Transparencia, Anticorrupción e Integridad Electoral”, espacio en el cual se expusieron las reformas, los avances y los retos que se han generado en estas áreas.

Los ponentes señalaron que la sociedad mexicana se enfrenta al problema de la corrupción, la cual se encuentra en todos los ámbitos: público, privado, social, económico y político; esta situación se suscita por los actos ilícitos que realizan los servidores públicos o los particulares para obtener un beneficio indebido.

Ante este escenario, en el año 2014 se publicó la reforma constitucional que cambió de nombre al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Con esta modificación se le dio el carácter nacional y autónomo, con el propósito de que la corrupción se atendiera mediante la transparencia y la rendición de cuentas. De igual modo, se amplió el catálogo de sujetos obligados directos, con lo cual los partidos políticos, tanto nacionales como locales, deben transparentar y publicar la información en su poder.

Por otra parte, en el foro se destacó que el uso de programas sociales para coaccionar el voto por un determinado partido político o candidato, afecta las contiendas y se considera como un acto de corrupción; por tal motivo, actualmente puede fijarse la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta medida cautelar tiene como fin que las elecciones sean justas y libres, pues la corrupción desestabiliza el sistema democrático y crea desconfianza en los actores políticos.

Esto es, si los partidos políticos emplean malas prácticas electorales como es el uso de programas sociales, entonces se desacreditan ante la sociedad, debido a que son la principal vía de acceso a un cargo de elección popular. Su trabajo es consolidar la confianza de la ciudadanía, lo cual se puede lograr a través de la transparencia y la rendición de cuentas.

En el foro también se planteó la necesidad de instaurar parlamentos abiertos, los cuales están basados en cuatro directrices que son: la transparencia; la participación ciudadana; el uso de tecnologías y plataformas digitales, así como la responsabilidad parlamentaria. Es decir, los partidos políticos y las autoridades electorales deben transparentar y publicar su información por medio de las plataformas digitales, a fin de propiciar que la ciudadanía participe en la toma de decisiones en el ámbito público, al conocer realmente la situación gubernamental.

Igualmente, los expositores mencionaron que la integridad electoral es un término utilizado desde dos puntos de vista: el primero, se refiere al ciclo comicial; el segundo, sirve como indicador para medir la calidad de la democracia. Por ello, los órganos electorales son los que más contribuyen a consolidar el sistema democrático de un país, pues si gozan de la confianza de la ciudadanía, esta aceptará los resultados y el triunfo de los candidatos ganadores.

Finalmente, se concluyó que, para combatir la corrupción, se requiere la participación de la ciudadanía en los asuntos de carácter público, ya que no solo tienen el deber de participar en las elecciones, sino también cuando los gobernantes asumen el cargo.