En el caso de las autoridades electorales, no debe pasar por alto generar evaluaciones institucionales, sobre todo, ante los desafíos que nos encontramos. Las recientes propuestas de reformas electorales nos obligan a poner foco en todo momento en la forma en la que la ciudadanía nos ve, e incluso, identificar si nos conoce.
Por ello, una evaluación institucional resulta estratégica para poder optimizar el trabajo que se realiza y que no solo es la organización de elecciones, sino que va mas allá al ser una autoridad garante de derechos político-electorales, de vigilancia del gasto que se ejerce en temas de liderazgo político de las mujeres, monitoreo a medios para la existencia de equidad en las contiendas, distribución de prerrogativas, difusión de la cultura político-democrática, por mencionar algunas.
¿Hemos cumplido con ello en el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Contamos con alguna evaluación? ¿Cómo nos observa la ciudadanía? ¿Cómo nos califica? Para dar respuesta a estas y otras interrogantes es necesario que existan modelos y metodologías de evaluación que nos permitan tener hallazgos que nos digan que nos hace falta hacer.
Evaluar las metas, funciones, los perfiles de actuación profesional. Otro rubro sin duda es el de ¿cómo se evalúa? en donde resulta indispensable generar escalas de medición y procedimientos utilizados para emitir los juicios necesarios para mejorar la calidad del trabajo institucional. Contar con índices de eficacia y eficiencia. ¿Quién evalúa?: todos quienes formamos parte de la institución incluida la ciudadanía. ¿Cuándo? Al término de cada proceso electoral.
En 2021 concluimos un proceso ordinario y uno extraordinario sin que se llevara a cabo evaluación alguna. Hemos concluido el segundo proceso extraordinario y es buen momento para retomar el tema, de cara a la organización del proceso electoral de gobernador o gobernadora 2023 y con pendientes que cumplir, como son los lineamientos de paridad y el exhorto que nos hiciera el legislativo de la entidad.
