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Social

Las acciones afirmativas, como medidas de carácter temporal cuya finalidad es reducir las brechas de desigualdad que diferentes personas aún viven respecto del pleno reconocimiento de sus derechos humanos, son un gran déficit que en materia electoral priva en el Estado de México.

 

Desde las mujeres que experimentan violencia, las mujeres indígenas que reprochan solo ser usadas para llevar votos a las urnas y exigen espacios de postulación, hasta la comunidad de la diversidad sexual que expresan ser considerados en lugares donde nunca ganarían por ser espacios no competitivos por quienes los postulan o la comunidad afrodescendiente que apenas comienza a ser visibilizada; todos ellos en franca violación de muchos de sus derechos humanos, entre los que destacan, sus derechos político- electorales.

 

Hoy centraré su atención, amable lector, lectora o lectore en las personas que cuentan con una discapacidad y que durante años han tenido que dar una gran lucha por ser no solo reconocidos sino dejar de ser vistos con un ánimo de asistencialismo; además debemos reconocer que nosotros mismos hemos levantado barreras que en ocasiones resultan infranqueables para quienes forman parte de esta comunidad.

 

En la última mesa de reflexión que se generó en el IEEM a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación que hasta el día presido, contamos con la presencia de 2 testimonios: Angélica compañera del IEEM, quien dio cuenta de cómo sería nuestro mundo si la mayoría fueran ellos y nosotros la minoría: “tal vez chocaríamos con los marcos de las puertas”, expresó; hemos hecho un mundo sin considerar los requerimientos de quienes viven con alguna discapacidad.

 

No solo ello, Ernesto Martín Rosas Barrientos, quien es miembro de CONFE, explicó que lo que requieren es tener espacios en la vida pública, en los ámbitos de representación popular, que permitan generar políticas públicas desde su mirada y experiencia.

 

Hay un avance en el ámbito federal en donde el INE obligó a través de una acción afirmativa a postular 6 fórmulas de personas con discapacidad como candidatas a una diputación federal en cualquiera de los 300 distritos electorales por el principio de mayoría relativa y 2 fórmulas por el principio de representación proporcional en cualquiera de las 5 circunscripciones electorales y dentro de los primeros 10 lugares de la lista respectiva, de manera paritaria.

 

Estos avances, como lo refirió Claudia Zavala, quien es Consejera Electoral del INE, debe replicarse en las entidades federativas.

 

El IEEM aún no genera ninguna acción afirmativa, pero es claro que no podemos continuar sin atender una responsabilidad que tenemos: garantizar los derechos político electorales de la ciudadanía mexiquense. En la entidad, cerca de 2 millones de ciudadanos cuentan con una discapacidad. No puede seguir pasando desapercibido el tema.

El proceso electoral para la renovación de la gubernatura en el Estado de México inicia formalmente la primera semana de enero del 2023. A pesar de esa fecha distante aún, vemos una gran actividad de los actores y actoras políticas que hacen mención en medios de comunicación y redes sociales de la figura conocida como gobierno de coalición.

 

Pero, ¿qué es un gobierno de coalición? ¿La ciudadanía sabe qué implicaciones tiene un gobierno de coalición? Me parece que explicar no solo las ventajas electorales que tiene esta figura sino su naturaleza, la forma y problemas que podría atender son un primer paso.

 

Un gobierno de coalición es aquel que se forma cuando un grupo parlamentario no tiene mayoría suficiente para formar un gobierno, por lo que se ve obligado a pactar con otro grupo, normalmente de ideología a fin, para formar un gobierno conjunto.

 

Países desarrollados como Alemania, Países Bajos, Australia, Bélgica, Suiza, Suecia, Noruega y Dinamarca, han sido gobernados por coaliciones desde hace más de medio siglo. En América Latina los países que han adoptado gobiernos de coalición son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, esto, porque son países con un presidencialismo con matices parlamentarios en donde existe un órgano colegiado que tiene la posibilidad de censurar, por ejemplo, a alguno de los ministros propuestos por el presidente, con lo que se rompe con la hegemonía presidencial.

 

Los regímenes presidencialistas como el nuestro tienen una rigidez institucional en donde los ejecutivos ganan sin mayorías en el espacio legislativo, esto se materializa en bloqueos y parálisis legislativa que impiden sacar adelante políticas públicas y leyes en beneficio de la ciudadanía.

 

La intención de los gobiernos de coalición es frenar el carácter unipersonal del Ejecutivo con un gabinete integrado por las diferentes fuerzas políticas que también obtuvieron votos en la elección y que en el sistema presidencial no son tomados en cuenta, ya que el ejecutivo es quien propone y remueve a los integrantes de su gabinete sin tomar opinión. Ante la falta de mayorías absolutas en el Congreso, la negociación de un programa de gobierno compartido tiene como fin tener gobernabilidad.

 

En suma, se trata de que con el convenio de coalición que debe consensarse y el programa de gobierno se tomen decisiones conjuntas entre el ejecutivo y el legislativo, lo que se traduce en restar el poder del que goza el ejecutivo en nombramiento de su gabinete y temas del presupuesto de egresos, por ejemplo.

 

La reflexión es si el contexto histórico y político de la entidad indica que estamos listos, tanto los actores políticos como la sociedad, para los gobiernos de coalición en los que la mayor beneficiada, por supuesto, sería la ciudadanía si se operan con la naturaleza y fin que tienen los gobiernos de coalición.

Pese a que la paridad total es un principio constitucional desde 2019, cuando el INE emitió un acuerdo para los proceso electorales de 2020-2021, en el que determinó y obligó a los partidos políticos a postular, del total de las 6 candidaturas, 50% a mujeres, y cuyo resultado lo vemos hoy en el mapa político del país, con un total de 9 gobernadoras en 32 entidades, se presenta un nuevo reto para los institutos políticos, para las autoridades electorales y para la sociedad en general. Me refiero al próximo proceso electoral que se avecina en 2 entidades: Coahuila y el Estado de México, en donde renovarán al titular del ejecutivo, el próximo 2023.

 

El pasado martes 12 de julio, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación del INE aprobaron el anteproyecto de acuerdo que ordena a los partidos políticos nacionales realizar cambios en sus documentos básicos para que se garantice la paridad en la postulación de candidaturas, a través de reglas claras en las que se establezca cómo van aplicar la cuestión de la competitividad en la postulación de mujeres para lograr la paridad sustantiva.

 

Y es que las mujeres que participan en política siguen luchando contra el sistema patriarcal que es estructural y que apenas comienza a moverse derivado de sus demandas de respeto e inclusión, mediante juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano y de los criterios jurisprudenciales de la Sala Superior que, al juzgar con perspectiva de género, siguen marcando la línea en el tema de la paridad.

 

Resultado de los juicios presentados por Susana Harp[1]en Oaxaca y Maki Esther Ortiz Domínguez[2] en Tamaulipas, se vinculó a los partidos políticos nacionales para que a partir del próximo proceso electoral para gubernaturas definan reglas claras en las que precisen cómo aplicarán la competitividad. Estas sentencias dan cuenta de temas de fondo: carencia de mecanismos normativos internos en los partidos políticos para lograr paridad sustantiva con un enfoque de competitividad, pues se cumple con paridad formal, pero no sustantiva.

 

En los casos de Coahuila y Estado de México, de acuerdo con las sentencias, si se atiende su contexto histórico, ninguno ha sido gobernado por una mujer, por lo que es posible que los partidos políticos comprometidos con este tema, en cumplimiento de la paridad, postulen en ambas entidades a mujeres, ya sea de forma independiente o a través de una coalición.

 

Será la primera ocasión que se aplicará la reforma de paridad total para renovar la gubernatura en ambas entidades, lo que da la oportunidad de erradicar la infrarepresentación de las mujeres y de que la sociedad vote por mujeres para estos espacios

 

[1] SUP/JDC/0091/2022.

[2] SUP/JDC/434/2022.

¿La democracia que tenemos realmente ofrece igualdad, libertad, pluralismo y participación de la ciudadanía en las decisiones que se toman? Yo creo que aún no, pero estamos en ese proceso de transición a la democracia.

 

El partido hegemónico en el poder que consolidó el presidencialismo mexicano funcionó por la concentración total que hizo de los Poderes de la Unión y el control vertical de los hombres que encabezaron los gobiernos locales, anulando con ello, cualquier contrapeso que pudiera existir.

 

A partir de los años 70 y con impulso de actores opuestos al régimen como líderes del PAN, partidos y movimientos de izquierda, se gestaron cambios que dieron paso a la voz de las minorías.

 

Fue el año 2000 el de la transición mexicana a la democracia, era la primera vez que existía alternancia en el poder ejecutivo después de 71 años del PRI; a pesar de ello, la falta de mayoría legislativa y de consensos dejó fuera reformas estructurales y constitucionales importantes ligadas a déficits sociales que ya se venían arrastrando del pasado, uno de ellos, el tema de Chiapas, por ejemplo.

 

A pesar de ello hubo continuidad con el siguiente gobierno emanado del mismo partido, al cual hoy en día, desde diferentes trincheras, se le hace el mayor reproche respecto del tratamiento que dio a temas relacionados con el crimen organizado o el incendio de la guardería ABC.

 

La sociedad mexicana ha modificado su visión de la política que vive diariamente, lo vemos en el viraje que dio de nueva cuenta el timón al PRI en las elecciones de 2012 y que finalmente concluyó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018, quien ha gobernado con serias críticas a sus decisiones. La alternancia es parte de lo que caracteriza a las democracias.

 

Un régimen democrático de cualquier color debe materializar los rasgos y principios democráticos como la inclusión, la tutela de los derechos humanos, el principio de igualdad que permita que hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos de su vida personal, profesional y política, por ello mi pregunta inicial a usted amable lector o lectora.

 

La democracia no puede dejar de lado el proceso histórico que le ha dado vida; los acuerdos, las rupturas y los movimientos sociales acallados de forma violenta como el 68, Acteal o Ayotzinapa para poner fin a gobiernos autoritarios y dar paso a la democracia son parte de esa historia que sigue acumulando hechos.

 

En próximos meses iniciará el proceso electoral para renovar la gubernatura de la entidad, en donde a diferencia del plano nacional, nunca ha habido alternancia. Será importante ver el proceso histórico del propio estado, y por supuesto, el tema de la paridad que llegó para quedarse.

 

Lunes, 04 Julio 2022 14:00

El IEEM y los consensos que debe crear

Después de 20 meses en los que la presidencia el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) estuvo vacante, el día de ayer, como parte una tercera convocatoria, celebramos sesión solemne del Consejo General en la que tomó protesta la presidenta designada por el INE.

 

Esto representa un nuevo ciclo para la institución electoral en donde tenemos la encomienda de organizar los comicios para la renovación de la gubernatura, cuyo proceso formal dará inicio en enero del 2023, lo que implica que el órgano electoral lleve a cabo la preparación de todos los actos y actividades desde este segundo semestre del 2022.

 

El mayor reto, sin duda, sigue siendo materializar la democracia a través de la inclusión y la generación de confianza en la ciudadanía mexiquense, desde este momento, en todos los actos que se generan por parte de quienes tomamos decisiones en el máximo órgano de dirección.

 

De igual forma, lo relativo a las consejerías electorales que formarán parte de estos órganos, un promedio de 540 mexiquenses, que actualmente son designados mediante un procedimiento de insaculación electrónico o manual, que debe ser revisado y generar una propuesta distinta que integre de igual forma ciudadanos imparciales. Este es un tema de atención prioritario, pues la propia normatividad establece que el Consejo General del IEEM los designará la primera semana del mes de enero de 2023.

 

También destaca el área de Comunicación Social, la cual deberá tener una comunicación asertiva al interior y exterior del instituto.

 

Todo tendrá que decidirse mediante acuerdos y consensos que se exigen para cumplir con la integridad electoral, con diagnósticos y metodología adecuada.

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