Comunicación
Social

El pasado 14 de abril participé en la presentación del libro Guerreras de la Democracia: Mujeres que no se rindieron, coordinado por nuestra querida amiga Melissa Vargas Camacho, Secretaria de Gestión Social del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México. El evento se llevó a cabo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el marco del 40 aniversario luctuoso de Simone de Beauvoir. Se trata de una obra que reúne 32 historias de mujeres que, desde distintos espacios, hemos luchado por abrirnos camino en la vida pública del país.

Quiero compartir con la ciudadanía que este libro no solo recopila trayectorias, sino también emociones, sacrificios y momentos difíciles que muchas veces no se ven. A muchas de las mujeres que aparecen en sus páginas las conozco; con varias de ellas he coincidido, he conversado y he escuchado de viva voz sus historias. En más de una ocasión, esos relatos han estado acompañados de enojo, tristeza y coraje, sentimientos que reflejan lo complejo que ha sido para nosotras participar en la política.

Porque esa es una realidad que no podemos ignorar: las mujeres en la vida pública hemos tenido que trabajar el doble para que se nos reconozca la mitad. Hemos enfrentado violencia política, descalificaciones y obstáculos que no siempre son visibles, pero que marcan profundamente nuestras trayectorias. Sin embargo, aquí seguimos. De pie, luchando y trabajando todos los días.

Por eso reconozco el enorme valor de este libro. No fue sencillo construirlo. Revivir experiencias, narrarlas y compartirlas implica una gran fortaleza. Pero también es un acto de generosidad, porque permite que otras mujeres conozcan estos caminos y sepan que no están solas.

Estoy convencida de que esta obra puede contribuir a fortalecer algo que aún nos hace falta: la sororidad. A veces, entre nosotras mismas, juzgamos sin conocer, opinamos sin entender las circunstancias de las demás. Este libro nos invita precisamente a lo contrario: a escuchar, a comprender y a respaldarnos. Cuando conocemos las historias detrás de cada mujer, es más fácil tender la mano y construir alianzas.

Participar en política no solo es un reto, es también un acto de valentía. Es una actividad de alto riesgo, pero también de alto valor para nuestra democracia. Por ello, necesitamos que más mujeres se inspiren en estas historias, así como muchas de nosotras nos inspiramos en quienes nos precedieron. Saber que otras pudieron abrir camino nos dio la certeza de que también nosotras podíamos hacerlo.

Hoy hay más leyes que nos protegen, es cierto, pero la realidad es que la violencia y las resistencias no han desaparecido. El crecimiento de las mujeres en los espacios de poder sigue incomodando. Y frente a ello, lo digo con convicción: vamos a seguir incomodando. Porque esa incomodidad es señal de que estamos transformando las estructuras, de que estamos avanzando.

También quiero reconocer el doble esfuerzo que muchas de nosotras realizamos como madres. No es sencillo equilibrar la vida pública con la responsabilidad de formar a nuestras hijas e hijos. Pero estoy convencida de que el ejemplo es la herramienta más poderosa que tenemos. Predicamos con fortaleza, con trabajo y con perseverancia.

Hoy más que nunca, debemos acompañarnos. Ninguna mujer debería caminar sola en la política. Necesitamos construir redes de apoyo, cuidarnos entre nosotras y avanzar juntas. Esa es la única manera de consolidar los avances que hemos logrado y de abrir nuevas oportunidades para quienes vienen detrás.

Este libro es testimonio de ello. Es memoria, es reconocimiento y, sobre todo, es una invitación a no rendirse.

Finalmente, quiero decirlo con toda claridad: México necesita a sus mujeres. Nos necesita participando, proponiendo, defendiendo la libertad y fortaleciendo nuestra democracia. La lucha no ha terminado, pero tampoco se ha detenido. Y mientras haya mujeres dispuestas a alzar la voz y a dar la batalla, seguirá habiendo esperanza.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Vargas, Melissa. (2026). Guerreras de la Democracia: Mujeres que no se rindieron, México, Ed. Mentes Libres.

En la narrativa tradicional de la democracia mexicana, suele afirmarse que los derechos políticos de las mujeres fueron “otorgados” por el Estado en 1953. Sin embargo, esta visión resulta incompleta e incluso engañosa. Previo al Decreto de reforma constitucional y a su publicación en el Diario Oficial de la Federación, existió un momento decisivo que suele pasar desapercibido: el 6 de abril de 1952.

Ese día, más de 20 mil mujeres se congregaron al norte de la Ciudad de México en el parque “Deportivo 18 de marzo” a efecto de realizar la “Asamblea Nacional Femenil” en presencia del entonces candidato del PRI a la presidencia Adolfo Ruíz Cortines, con la consigna de que reiterara su promesa de campaña de plasmar en la Constitución el derecho de las mexicanas de votar y ser electas.

No se trató de un acto simbólico, sino de una expresión organizada de presión democrática. Mujeres de distintos sectores sociales alzaron la voz para demandar su inclusión en la vida pública, dejando claro que la democracia no podía seguir construyéndose sin ellas.

Este episodio constituye un punto de inflexión en la historia política del país. Lejos de ser un gesto aislado, la movilización del 6 de abril evidenció que los derechos no nacen espontáneamente desde el poder, sino que son resultado de la exigencia social. En este sentido, el reconocimiento del sufragio femenino mediante la reforma constitucional del 17 de octubre de 1953 no debe entenderse como una concesión, sino como la culminación de una lucha sostenida.

Aquí radica una enseñanza central para la educación cívica contemporánea: es un error común pensar que los derechos “se otorgan”. La realidad histórica demuestra que los derechos se conquistan, se exigen y, posteriormente, se consolidan institucionalmente. El tránsito entre la movilización social y la reforma constitucional refleja la esencia misma de la democracia: un proceso dinámico en el que la ciudadanía incide, presiona y transforma las estructuras de poder.

El 6 de abril de 1952 no solo anticipó la reforma de 1953; también sentó las bases de una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y dispuesta a defenderlos. Esa jornada es testimonio de que la participación política no se limita al ejercicio del voto, sino que incluye la capacidad de organización, protesta y exigencia frente al poder público.

No obstante, a más de siete décadas de aquel momento, la lucha por el acceso pleno de las mujeres al poder público continúa. Si bien se han logrado avances significativos —como la paridad en cargos de elección popular— persisten desafíos estructurales, particularmente en materia de violencia política en razón de género y en el acceso real a espacios de toma de decisiones en condiciones de igualdad sustantiva.

La historia del 6 de abril nos recuerda que la democracia no es un estado concluido, sino una construcción permanente. La paridad no puede entenderse únicamente como una cifra o una obligación normativa; debe traducirse en condiciones efectivas para que las mujeres ejerzan el poder sin obstáculos, sin violencia y con plena autonomía.

En este contexto, resulta fundamental reconocer el papel que las instituciones políticas han desempeñado y deben seguir desempeñando para impulsar la participación de las mujeres. El PRI ha sido históricamente un actor relevante en la promoción de liderazgos femeninos, y hoy tiene la responsabilidad de seguir fortaleciendo mecanismos que garanticen no solo el acceso, sino el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.

Recordar el 6 de abril de 1952 no es un ejercicio de nostalgia histórica, sino un acto de conciencia democrática. Es reconocer que cada avance ha sido fruto de la determinación colectiva y que los derechos, para ser verdaderamente efectivos, requieren de una ciudadanía vigilante y participativa.

La democracia mexicana tiene en las mujeres no solo a sujetas de derechos, sino a protagonistas de su transformación. Honrar su lucha implica no solo recordar su historia, sino continuarla.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de Consulta

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). (2014). La Revolución de las Mujeres en México, Ciudad de México: Secretaría de Cultura.

Tuñón Pablos, E. (1987). Mujeres en México: una historia olvidada. Ciudad de México: Planeta.

La democracia mexicana enfrenta hoy riesgos evidentes de regresión. Lejos de consolidarse como un sistema basado en la equidad, la pluralidad y el respeto irrestricto a las reglas del juego electoral, atraviesa tensiones derivadas de iniciativas que, bajo el discurso de la transformación y del ahorro de recursos, parecen erosionar sus bases más esenciales. La construcción de una democracia plena exige reformas que amplíen derechos, no que los restrinjan o distorsionen.

En este contexto, las recientes iniciativas de reforma constitucional impulsadas por la titular del Poder Ejecutivo Federal se apartan preocupantemente de ese ideal democrático. En particular, la discusión en el Senado de la República del denominado “Plan B” revela una orientación que no fortalece las instituciones electorales, sino que abre la puerta a prácticas que comprometen la equidad en la contienda. Lejos de tratarse de un ajuste técnico o administrativo, la iniciativa de reforma parece constituir, en los hechos, una autorización para que la propia Presidenta participe de manera activa en el proceso electoral de 2027 a través del procedimiento de revocación de mandato, lo que desdibuja los límites entre el ejercicio del poder y la competencia política-electoral.

Esto obedece a que la concurrencia de la revocación de mandato con los procesos electorales federal y locales incide inevitablemente en la dinámica de las múltiples campañas que se desarrollarán en ese año. A ello se suma un factor particularmente preocupante: la posibilidad, prevista en la iniciativa de reforma, de que la Presidenta participe activamente en la promoción de su propia permanencia en el cargo, lo que introduce una ventaja indebida en la contienda y vulnera de manera directa el principio de equidad.

Tal situación resulta especialmente grave si se considera que uno de los pilares de la democracia contemporánea es la neutralidad de los poderes públicos frente a los procesos electorales. Como sostenía Norberto Bobbio, la democracia no puede reducirse a la mera regla de la mayoría; requiere también de condiciones efectivas de igualdad en la competencia y de respeto a las normas que garantizan esa igualdad. Cuando el poder se utiliza para influir en el resultado electoral, se rompe el principio básico de imparcialidad y se socava la confianza ciudadana en las instituciones.

En la misma línea, Robert Dahl subrayó que una democracia auténtica —una “poliarquía”— se sostiene sobre la existencia de elecciones libres, justas y competitivas, donde todos los actores políticos participan en condiciones equitativas. Cualquier reforma que tienda a favorecer a un actor específico, particularmente a quien detenta el poder, constituye una regresión democrática. El riesgo no es menor: se trata de transitar de un sistema de competencia plural a uno de predominio hegemónico, donde las reglas se ajustan en función de intereses coyunturales.

Por su parte, Giovanni Sartori advirtió sobre los peligros de las desviaciones de la democracia, que se presentan cuando las instituciones formales subsisten, pero su funcionamiento real se aparta de los principios que deberían regirlas. En ese sentido, una reforma que permita la intervención directa del Ejecutivo en procesos electorales no sólo altera el equilibrio de poderes, sino que desnaturaliza el propio concepto de democracia.

Frente a este panorama, resulta indispensable reorientar el debate público hacia las verdaderas necesidades del sistema democrático mexicano. En lugar de promover iniciativas que generan inequidad en la contienda, el Congreso debería concentrarse en impulsar reformas estructurales que fortalezcan la representación política y amplíen derechos. Entre ellas, destaca la urgente necesidad de eliminar los mecanismos de sobrerrepresentación legislativa, que distorsionan la voluntad popular y permiten la conformación de mayorías artificiales.

Asimismo, es fundamental avanzar en la implementación de acciones afirmativas que garanticen la inclusión efectiva de grupos en situación de vulnerabilidad, no sólo como un acto de justicia social, sino como un requisito indispensable para la legitimidad democrática. La democracia no puede ser plena si excluye sistemáticamente a sectores de la población.

De igual forma, la paridad de género debe transitar de un principio formal a una realidad sustantiva. Esto implica no sólo asegurar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular, sino también garantizarles condiciones libres de violencia para el ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política en razón de género sigue siendo uno de los principales obstáculos para la consolidación democrática, y su erradicación debe ser una prioridad en cualquier agenda reformista seria.

En suma, México no necesita reformas que debiliten las reglas del juego democrático, sino consensos que lo fortalezcan. La democracia plena no se construye desde la concentración del poder ni desde la manipulación de las normas, sino desde el respeto irrestricto a los principios de equidad, legalidad y pluralismo. Cualquier desviación de estos principios no sólo pone en riesgo la calidad de nuestra democracia, sino también la estabilidad institucional del país.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.

Dahl, R. A. (1989). La poliarquía: participación y oposición. Madrid: Tecnos.

Sartori, G. (2003). ¿Qué es la democracia? México: Taurus.

El 8 de marzo no debería ser únicamente una fecha para recordar; debería ser un momento para reflexionar sobre la realidad que viven millones de mujeres. En el Estado de México, esta fecha no se percibe como una efeméride, sino como una realidad que duele. Muchas mujeres salen cada día de sus casas con una oración y regresan con miedo, conscientes de que la violencia sigue siendo una amenaza cotidiana.

La mexiquense de hoy es la mujer que madruga para trabajar, que se traslada en transporte público, que sostiene a su familia, que cuida, que produce y que contribuye al desarrollo de su comunidad. Es también la mujer que, a pesar de todo ello, tiene que aprender rutas, horarios y silencios para mantenerse a salvo. Y la mexiquense del mañana son las niñas que hoy sueñan en grande y que merecen crecer en un estado que las proteja, que las abrace y que les permita vivir sin miedo.

Esa aspiración es más que un ideal: debe convertirse en una obligación del Estado. En una entidad donde viven cerca de 8.7 millones de mujeres —prácticamente la mitad de la población— su bienestar y su seguridad no son un tema accesorio, sino una condición indispensable para el desarrollo social y económico del estado. Las mujeres no son una cuota ni una concesión; son el corazón de las comunidades y una fuerza imprescindible para construir un país más justo. Sin embargo, la realidad es contundente: el 78 % de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de agresión, ya sea violencia física, acoso, humillación o discriminación.

Frente a estas cifras, el mayor riesgo es acostumbrarse al dolor. Cuando los números se vuelven cotidianos, existe la tentación de administrarlos en lugar de transformarlos. Pero la violencia contra las mujeres no puede convertirse en una estadística más; exige justicia que llegue a tiempo, servicios de salud dignos, protección real y autoridades que actúen con decisión. Las mujeres no necesitan más discursos: necesitan resultados.

La discusión sobre los derechos de las mujeres también se desarrolla en espacios internacionales. En lo personal, tuve el honor de participar en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, cuyos trabajos iniciaron el pasado 9 de marzo en Nueva York. En ese espacio quedó claro que avanzar hacia la igualdad requiere decisiones políticas firmes. Escuchar las experiencias de otros países permite comprender que los avances no ocurren por inercia: exigen voluntad política, marcos legales sólidos y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

En México, al menos tres desafíos siguen siendo urgentes. El primero es erradicar la violencia feminicida y garantizar mecanismos efectivos de protección para las mujeres. El segundo es cerrar la brecha salarial que limita las oportunidades de desarrollo de millones de mexicanas. El tercero es construir un verdadero Sistema Nacional de Cuidados.

Los compromisos internacionales, sin embargo, no pueden quedarse en declaraciones solemnes. Deben traducirse en leyes, presupuestos y acciones de gobierno capaces de transformar la vida cotidiana de las mujeres. De lo contrario, la igualdad seguirá siendo una promesa pendiente.

En ese contexto, durante el mes de marzo el PRI impulsará diversas propuestas legislativas orientadas a fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de las mujeres. Al mismo tiempo, la reciente renovación de la dirigencia estatal del ONMPRI en el Estado de México, encabezada por Aurora González Ledezma, plantea el reto de fortalecer la presencia y organización de las mujeres en todo el territorio mexiquense, mediante trabajo territorial en los 125 municipios, la capacitación de nuevos liderazgos femeninos y la consolidación de una estructura que impulse su participación plena en la vida política del estado.

El desafío de nuestro tiempo es claro: que ninguna niña mexiquense crezca creyendo que el miedo es normal; que las mujeres puedan caminar, trabajar, participar y decidir con libertad; y que el 8 de marzo deje de ser un recordatorio del dolor para convertirse, finalmente, en la celebración de una igualdad que se viva todos los días.

Porque cuando las mujeres avanzan, no solo avanzan ellas: avanza toda la sociedad.

Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que no solo invita a reconocer los avances alcanzados por las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública, sino también a reflexionar sobre las persistentes desigualdades que aún limitan el ejercicio pleno de sus derechos. En sociedades democráticas, la igualdad entre mujeres y hombres no puede entenderse únicamente como una aspiración ética; constituye una condición indispensable para la legitimidad de las instituciones y para el funcionamiento mismo del sistema democrático.

En las últimas décadas, México ha registrado avances relevantes en la inclusión de mujeres en la representación política. Un momento decisivo en este proceso fue la reforma político-electoral de 2014 impulsada durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, mediante la cual se incorporó el principio de paridad en la postulación de candidaturas legislativas. Esta reforma representó un parteaguas en la evolución del sistema democrático mexicano y sentó las bases para posteriores ajustes constitucionales y legales que han fortalecido la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública. No obstante, los avances normativos aún enfrentan desafíos en su materialización práctica. Persisten brechas estructurales que evidencian que la participación política de las mujeres continúa enfrentando obstáculos de carácter social, cultural e incluso manifestaciones de violencia que limitan el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

De acuerdo con datos de ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, lo que revela la dimensión estructural de la violencia de género como un fenómeno global que afecta directamente la posibilidad de que las mujeres participen libremente en la vida pública y política.

En el ámbito democrático, la desigualdad también se manifiesta en el acceso al poder. Según la Unión Interparlamentaria, en 2025 las mujeres ocuparon el 27.5% de los escaños parlamentarios a nivel mundial, lo que evidencia que, pese a los avances registrados en algunos países, la representación política femenina continúa siendo minoritaria en gran parte del planeta. En contraste, México ha logrado superar en buena medida esta brecha y en la actualidad contamos con un Congreso paritario, uno de los avances más relevantes en materia de igualdad política en las últimas décadas.

Estos avances se ven opacados por la persistencia de un fenómeno cada vez más visible: la violencia política en razón de género. La académica Marcela Lagarde ha señalado que la violencia contra las mujeres, en sus distintas manifestaciones, responde a estructuras históricas de poder que buscan limitar su autonomía y su capacidad de incidencia en la esfera pública. En el ámbito político, esta violencia puede manifestarse mediante amenazas, descalificaciones, obstáculos institucionales o campañas de desprestigio dirigidas a inhibir la participación femenina.

Por ello, la agenda del 8 de marzo no se agota en la conmemoración. Implica renovar el compromiso institucional y social para garantizar condiciones reales de igualdad. Las políticas de paridad, las acciones afirmativas y los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres constituyen herramientas fundamentales para avanzar hacia una democracia verdaderamente incluyente.

La experiencia reciente demuestra que cuando las mujeres participan en igualdad de condiciones, las democracias se fortalecen. La diversidad en los espacios de decisión amplía las perspectivas desde las cuales se diseñan las políticas públicas y contribuye a construir instituciones más representativas y sensibles a las necesidades de toda la sociedad.

En ese sentido, el 8 de marzo debe entenderse como un recordatorio permanente de que la igualdad de género no es solo una demanda del movimiento de mujeres, sino una exigencia democrática. Alcanzarla implica transformar estructuras, erradicar la violencia y garantizar que ninguna mujer vea limitada su voz o su participación por razón de género.

También debe servir como recordatorio de que las reformas electorales deben concentrarse en remover los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos y no en debilitar los mecanismos de representación que garantizan el pluralismo democrático. En lugar de centrar el debate público en la eliminación de plurinominales o en reformas orientadas a la consolidación de un partido único, el país debería estar discutiendo cómo erradicar la violencia política contra las mujeres y cómo garantizar condiciones reales de igualdad en el acceso a los cargos públicos. Una democracia auténtica no se construye reduciendo el pluralismo, sino ampliando la participación y asegurando que ninguna mujer sea excluida o silenciada por razón de género.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Lagarde y de los Ríos, Marcela. (2016). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, Siglo XXI Editores.

ONU Mujeres. (2023). Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres. https://unric.org/es/informe-de-onu-mujeres/

Union Interpalamentaria. (2026). Women in national parliaments, https://www.ipu.org/