La igualdad de género como exigencia democrática
Escrito por Partido Revolucionario Institucional
Cada 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha que no solo invita a reconocer los avances alcanzados por las mujeres en distintos ámbitos de la vida pública, sino también a reflexionar sobre las persistentes desigualdades que aún limitan el ejercicio pleno de sus derechos. En sociedades democráticas, la igualdad entre mujeres y hombres no puede entenderse únicamente como una aspiración ética; constituye una condición indispensable para la legitimidad de las instituciones y para el funcionamiento mismo del sistema democrático.
En las últimas décadas, México ha registrado avances relevantes en la inclusión de mujeres en la representación política. Un momento decisivo en este proceso fue la reforma político-electoral de 2014 impulsada durante el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, mediante la cual se incorporó el principio de paridad en la postulación de candidaturas legislativas. Esta reforma representó un parteaguas en la evolución del sistema democrático mexicano y sentó las bases para posteriores ajustes constitucionales y legales que han fortalecido la participación de las mujeres en los espacios de decisión pública. No obstante, los avances normativos aún enfrentan desafíos en su materialización práctica. Persisten brechas estructurales que evidencian que la participación política de las mujeres continúa enfrentando obstáculos de carácter social, cultural e incluso manifestaciones de violencia que limitan el ejercicio pleno de sus derechos políticos.
De acuerdo con datos de ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, lo que revela la dimensión estructural de la violencia de género como un fenómeno global que afecta directamente la posibilidad de que las mujeres participen libremente en la vida pública y política.
En el ámbito democrático, la desigualdad también se manifiesta en el acceso al poder. Según la Unión Interparlamentaria, en 2025 las mujeres ocuparon el 27.5% de los escaños parlamentarios a nivel mundial, lo que evidencia que, pese a los avances registrados en algunos países, la representación política femenina continúa siendo minoritaria en gran parte del planeta. En contraste, México ha logrado superar en buena medida esta brecha y en la actualidad contamos con un Congreso paritario, uno de los avances más relevantes en materia de igualdad política en las últimas décadas.
Estos avances se ven opacados por la persistencia de un fenómeno cada vez más visible: la violencia política en razón de género. La académica Marcela Lagarde ha señalado que la violencia contra las mujeres, en sus distintas manifestaciones, responde a estructuras históricas de poder que buscan limitar su autonomía y su capacidad de incidencia en la esfera pública. En el ámbito político, esta violencia puede manifestarse mediante amenazas, descalificaciones, obstáculos institucionales o campañas de desprestigio dirigidas a inhibir la participación femenina.
Por ello, la agenda del 8 de marzo no se agota en la conmemoración. Implica renovar el compromiso institucional y social para garantizar condiciones reales de igualdad. Las políticas de paridad, las acciones afirmativas y los mecanismos para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres constituyen herramientas fundamentales para avanzar hacia una democracia verdaderamente incluyente.
La experiencia reciente demuestra que cuando las mujeres participan en igualdad de condiciones, las democracias se fortalecen. La diversidad en los espacios de decisión amplía las perspectivas desde las cuales se diseñan las políticas públicas y contribuye a construir instituciones más representativas y sensibles a las necesidades de toda la sociedad.
En ese sentido, el 8 de marzo debe entenderse como un recordatorio permanente de que la igualdad de género no es solo una demanda del movimiento de mujeres, sino una exigencia democrática. Alcanzarla implica transformar estructuras, erradicar la violencia y garantizar que ninguna mujer vea limitada su voz o su participación por razón de género.
También debe servir como recordatorio de que las reformas electorales deben concentrarse en remover los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer plenamente sus derechos políticos y no en debilitar los mecanismos de representación que garantizan el pluralismo democrático. En lugar de centrar el debate público en la eliminación de plurinominales o en reformas orientadas a la consolidación de un partido único, el país debería estar discutiendo cómo erradicar la violencia política contra las mujeres y cómo garantizar condiciones reales de igualdad en el acceso a los cargos públicos. Una democracia auténtica no se construye reduciendo el pluralismo, sino ampliando la participación y asegurando que ninguna mujer sea excluida o silenciada por razón de género.
Sen. Cristina Ruiz Sandoval
Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.
Fuentes de consulta
Lagarde y de los Ríos, Marcela. (2016). Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, Siglo XXI Editores.
ONU Mujeres. (2023). Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres. https://unric.org/es/informe-de-onu-mujeres/
Union Interpalamentaria. (2026). Women in national parliaments, https://www.ipu.org/
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