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La lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos humanos forman parte de una misma causa histórica: garantizar la dignidad, la libertad y la igualdad de todas las personas. Cada año, el periodo que va del 25 de noviembre (Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) al 10 de diciembre (adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) se consolida como la campaña global “Únete: 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género”, impulsada desde 1991 por el Center for Women’s Global Leadership y respaldada por ONU Mujeres. Este esfuerzo internacional visibiliza la violencia estructural que enfrentan millones de mujeres y exige a los Estados adoptar acciones concretas para erradicarla.

Estos 16 días de activismo buscan denunciar todas las formas de violencia —física, sexual, psicológica, simbólica, institucional y digital— y movilizar a la sociedad y al Estado hacia la prevención, la justicia y la transformación cultural.

Este ciclo simbólico articula una narrativa que va desde el reconocimiento de la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, hasta la exigencia de políticas públicas firmes que garanticen justicia, seguridad y equidad.

La violencia de género no se limita al ámbito doméstico; afecta también a mujeres que participan o buscan participar en la vida pública, incluidas políticas, defensoras de derechos humanos y periodistas. Estas suelen ser blanco de actos intencionados de violencia, tanto en línea como presenciales, algunos de los cuales tienen resultados fatales.

En la actualidad, la violencia digital ha adquirido un papel preponderante. Las redes sociales actúan como caja de resonancia de descalificaciones y contenidos ofensivos contra las mujeres, al tiempo que favorecen el anonimato de los agresores. La campaña Únete 2025 se centra precisamente en detener el abuso digital, ya que los estudios muestran que entre el 16% y el 58% de las mujeres en todo el mundo experimentan violencia de género facilitada por la tecnología, siendo las jóvenes las más afectadas.

Este problema es muy complejo debido a múltiples factores: la regulación deficiente del sector tecnológico, la falta de reconocimiento legal de la violencia digital en muchos países, la ausencia de responsabilidad de las plataformas digitales, la normalización de la violencia en espacios de la llamada "machósfera", la creación de nuevas formas de abuso mediante la IA, la creciente reacción contra la igualdad de género, el anonimato de los responsables y los sistemas de apoyo limitados para las víctimas de ciberacoso o filtraciones de datos personales.

En 2024, la ONU impulsó avances significativos para el combate de la violencia digital:

• Pacto Digital Global, que estableció las primeras normas de la ONU en materia de seguridad digital y gobernanza de la IA.
• Convención sobre la Ciberdelincuencia, primer instrumento internacional jurídicamente vinculante con implicaciones para abordar la violencia digital.
• Resolución de la Asamblea General sobre la violencia contra las mujeres en entornos digitales, que insta a los Estados a adoptar medidas inmediatas y eficaces para prevenir y eliminar la violencia digital, y a reforzar la regulación y rendición de cuentas de las plataformas.
• La Comisión de Estadística de la ONU solicitó el desarrollo de métodos globales para medir la violencia de género facilitada por la tecnología, labor que ya está en marcha.

Si bien estos avances son significativos, resultan insuficientes. Por ello, la campaña Únete 2025 hace un llamado a todos —gobiernos, empresas, sociedad civil y grupos liderados por jóvenes— a actuar para detener el abuso digital.

El Partido Revolucionario se suma a ese llamado, pues tenemos la convicción y la vocación de proteger los derechos humanos de las mujeres y de promover todas las acciones que impidan la violencia digital, tanto en campañas políticas como en periodos no electorales.

Somos un partido comprometido con la paridad de género y con la igualdad sustantiva. Por ello, rechazamos cualquier clase de violencia o acto que limite el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las ciudadanas, sin importar a qué partido u organización pertenezcan. No descansaremos hasta que los 16 días de activismo sirvan para reconocer que las mujeres están plenamente protegidas, y no —como sucede hoy— para constatar cada año la falta de avances y la aparición de nuevas formas de violencia.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

ONU Mujeres. (2025) 16 Días de activismo: #NoHayExcusa. ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, https://lac.unwomen.org/es/stories/
noticia/2025/10/16-dias-de-activismo-no-hay-excusa-unete-para-poner-fin-a-la-violencia-2025

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. La fecha rinde homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como Las Hermanas Mirabal o “Las Mariposas”, tres activistas dominicanas que se opusieron firmemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Su brutal asesinato en 1960, ordenado por el régimen, simboliza el uso de la violencia como herramienta política para silenciar a las mujeres que desafían al poder.

La violencia de género constituye una de las violaciones de derechos humanos más persistentes y normalizadas en el mundo. En el ámbito político, esta violencia adquiere formas específicas que limitan el derecho de las mujeres a participar, liderar y ocupar espacios de poder. Se manifiesta desde discursos de odio y amenazas hasta agresiones físicas, acoso sexual, exclusión institucional y campañas de desprestigio. La violencia política de género opera como un mecanismo que busca expulsar a las mujeres de la esfera pública y preservar las estructuras patriarcales históricas.

De acuerdo con ONU Mujeres, al menos 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia a lo largo de su vida. Además, el riesgo de violencia es particularmente alto entre las jóvenes, ya que 1 de cada 4 adolescentes es abusada por su pareja. Lo peor es que cada 10 minutos una mujer es asesinada por su pareja o familiares. En el ámbito político, el 82% de las parlamentarias ha sufrido algún tipo de violencia psicológica durante su gestión y un 44% ha recibido amenazas de muerte, violación o secuestro. Estos datos evidencian que la violencia de género no solo afecta la integridad y la vida de las mujeres, sino que también compromete la calidad democrática, ya que impide que la mitad de la población ejerza plenamente su ciudadanía.

Las Hermanas Mirabal se han convertido en un referente mundial de resistencia, valentía y lucha política. Su historia revela que la violencia contra las mujeres no es solo doméstica o interpersonal, sino también profundamente política: tiene como fin disciplinarlas, controlarlas y frenar la participación femenina en la arena pública. Su legado inspira a los movimientos contemporáneos que exigen un mundo libre de violencia, con igualdad sustantiva y acceso equitativo al poder.

Esta fecha tan importante suele ser conmemorada por diversas instituciones públicas y por colectivos en defensa de los derechos de las mujeres. Precisamente, en el Senado de la República tuve la oportunidad de participar en la sesión solemne por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, también conocido como Día Naranja.

Dicha conmemoración no se agota el 25 de noviembre, sino que da inicio a la campaña Únete, convocada por ONU Mujeres, que consiste en 16 días de activismo contra la violencia de género y culmina el 10 de diciembre (fecha del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos). Esta campaña representa una oportunidad para revitalizar los compromisos y exigir responsabilidad y medidas concretas a los responsables de la toma de decisiones, de cara al próximo 30º aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 2025, con el propósito de lograr la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo.

Este año, la campaña Únete se enfoca en detener el abuso digital. Los estudios muestran que entre el 16 y el 58% de las mujeres en todo el mundo experimentan violencia de género facilitada por la tecnología, y las mujeres más jóvenes son las más afectadas, sobre todo las de la generación Z y las millennials.

En el PRI tenemos muy claro que el 25 de noviembre no es solo una fecha conmemorativa, sino un llamado urgente a transformar las estructuras sociales y políticas que perpetúan la violencia. La participación política libre de violencia no solo es un derecho humano: es un requisito indispensable para construir democracias plurales, fuertes y verdaderamente representativas. ¡Seguiremos luchando hasta alcanzar un país en el que cada mujer pueda vivir con tranquilidad, alegría y libertad!

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Asamblea General de las Naciones Unidas. (1999). Resolución 54/134: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, https://www.un.org/es/events/endviolenceday/2005/

ONU Mujeres. (2025-a) 16 Días de activismo: #NoHayExcusa. ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres, https://lac.unwomen.org/es/stories/
noticia/2025/10/16-dias-de-activismo-no-hay-excusa-unete-para-poner-fin-a-la-violencia-2025

____ (2025-b). Violencia contra las mujeres: datos y cifras, https://www.unwomen.org/es/articulos/datos-y-cifras/datos-y-cifras-violencia-contra-las-mujeres#89319

Noviembre tiene un significado especial en la defensa de los derechos de las mujeres: el día 25 se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha clave para recordar que la violencia de género es una violación de los derechos humanos.

Una de las formas de violencia más graves que lastima profundamente la vida democrática de México es la que se materializa como violencia política contra las mujeres en razón de género, la cual no solo limita el derecho de las mujeres a participar en la vida pública, sino que busca silenciar su voz, frenar su liderazgo y desacreditar su presencia en los espacios de poder. Es una violencia que no siempre se manifiesta con agresiones físicas, sino con amenazas, exclusiones, descalificaciones, acoso o ataques a su dignidad y credibilidad, así como con la imposición de obstáculos para que puedan desempeñar correctamente sus funciones en los cargos públicos.

A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que luchar por conquistar un lugar en la política, un espacio que durante siglos les fue negado. A pesar de los avances normativos, como el Decreto publicado el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación (que reformó ocho textos legales para tipificar la violencia política contra las mujeres en razón de género como delito, infracción administrativa y causal de responsabilidad para servidores públicos), aún persisten prácticas que intentan restringir su participación. Estas agresiones no solo afectan a las víctimas directas, sino que debilitan la democracia, porque donde se acalla la voz de una mujer, se silencia también la voz de la ciudadanía.

La violencia política tiene muchas variantes: puede presentarse cuando se niega el acceso a un cargo, cuando se les impide ejercerlo, cuando son ridiculizadas por su apariencia, su edad, su maternidad o su identidad. Cada uno de esos actos refleja una estructura machista que se resiste a compartir el poder y a reconocer la capacidad, inteligencia y liderazgo de las mujeres.

Sin embargo, frente a esa violencia, ha surgido un movimiento imparable de resistencia y sororidad. Mujeres de todos los partidos, regiones y orígenes han levantado la voz para decir ¡basta! Hoy más que nunca, la participación femenina en la política no es una concesión, sino un derecho conquistado y una responsabilidad compartida para transformar la cultura política del país.

La lucha contra la violencia política no es solo un tema de género, sino un compromiso democrático. Una nación que violenta a sus mujeres en la política es una nación que traiciona la esencia de la igualdad. Erradicarla implica fortalecer las instituciones, castigar a los agresores y construir una nueva cultura del poder basada en el respeto, la ética y la equidad.

En cada mujer que alza la voz, que ocupa un cargo público o que defiende sus derechos, vive la esperanza de un México más justo. Un país donde la política deje de ser un espacio de exclusión para convertirse en un escenario de libertad, diálogo y transformación. Porque cuando una mujer participa, la democracia florece y cuando se le impide hacerlo, la democracia se marchita.

El PRI es un partido que defiende el derecho de participación política de las mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, por ello rechazamos tajantemente cualquier tipo de violencia, tanto la física como la simbólica. Muestra de ello es que en diversas conferencias de prensa hemos evidenciado los actos de acoso que sufren nuestras militantes por parte de actores políticos que aún no terminan de entender que vivimos en una nueva realidad que exige superar los viejos estereotipos de género y que ahora pugnamos por una paridad sustantiva que garantice no sólo la presencia de mujeres en los cargos públicos, sino el ejercicio de los mismos con plena libertad.

En el PRI seguiremos alzando la voz cada vez que tengamos conocimiento de actos que violenten los derechos de las militantes, simpatizantes y de todas las mujeres en general, aunque no formen parte de nuestro partido. La defensa de los derechos de las mujeres va más allá de los colores partidistas; es una lucha que involucra a la sociedad en su conjunto, mediante una visión de sororidad y de auxilio a las víctimas, ante la frecuente ineficacia de las autoridades para prestarles atención inmediata. Ténganlo por seguro: no nos van a callar.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Diario Oficial de la Federación. (13/04/2020). Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cada 19 de octubre, México conmemora el Día Nacional contra la Discriminación, una fecha que invita a reflexionar sobre los retos pendientes para construir una sociedad justa, incluyente y con igualdad de derechos. Este día fue establecido en memoria del hecho histórico de Don Miguel Hidalgo y Costilla, quien decretó la abolición de la esclavitud en 1810, y con él se reafirma el compromiso del Estado mexicano con la dignidad humana y el principio constitucional de igualdad (SRE, 2016).

La discriminación ha sido uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y democrático del país. En el ámbito político, su erradicación representa un pilar fundamental para garantizar una participación ciudadana plena, donde mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, la diversidad sexual y otros grupos históricamente marginados encuentren condiciones reales de equidad.

El PRI, a lo largo de su historia, ha contribuido de manera significativa a la construcción de un marco legal incluyente, promoviendo reformas y políticas orientadas a garantizar los derechos de todas las mexicanas y mexicanos, sin distinción.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la serie de acciones impulsadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo de 2016, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia. En esa fecha, firmó la iniciativa de Decreto para reformar el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución, con el propósito de reconocer el derecho humano a contraer matrimonio sin discriminación por motivos de origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencias sexuales.

Asimismo, firmó una segunda iniciativa para reformar el Código Civil Federal a fin de permitir el matrimonio igualitario. Paralelamente, ordenó la revisión del marco normativo federal, estatal y municipal con el objeto de modificar los artículos que implicaran alguna forma de discriminación. Finalmente, instruyó al canciller para que México se incorporara al Grupo Núcleo sobre las Personas Homosexuales, Lesbianas, Bisexuales, Transgénero o Intersexuales de las Naciones Unidas, que en esa época contaba con 19 países afiliados (Justicia Cotidiana, 2016).

Si bien no todas las acciones impulsadas entonces llegaron a materializarse, lo cierto es que quedó clara la voluntad política de un gobierno emanado del PRI para defender la igualdad y combatir toda forma de discriminación. Gracias a esta voluntad, en las últimas décadas México ha registrado avances en la adopción de políticas afirmativas, reformas paritarias y medidas contra los discursos de odio, lo que ha permitido una mayor visibilidad y participación de grupos diversos en los espacios de poder. Estas acciones fortalecen la democracia, amplían la pluralidad y demuestran que la política no solo debe gobernar, sino también reconocer, incluir y garantizar derechos.

El 19 de octubre se conmemora una causa viva: la de un México donde nadie sea excluido por su origen, apariencia, identidad o creencias. En la arena política, este principio se traduce en una meta irrenunciable: que la representación pública refleje la diversidad del país y sea un instrumento de justicia social.

En el PRI estamos convencidos de que conmemorar este día es reafirmar que la verdadera fortaleza de la democracia mexicana radica en su capacidad para reconocer y valorar la diferencia. Solo así será posible construir una nación donde la igualdad deje de ser un ideal y se convierta en una realidad compartida, tal como lo han sostenido las políticas sociales que, desde el priismo, han buscado siempre el bienestar y la inclusión de todos los sectores del pueblo mexicano.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Justicia Cotidiana. (2016), México sin discriminación, Gobierno de México, https://www.gob.mx/justiciacotidiana/es/articulos/mexico-sin-discriminacion

Secretaría de Relaciones Exteriores SRE. (2016) 19 de octubre: Día Nacional contra la Discriminación, https://www.gob.mx/sre/articulos/19-de-octubre-dia-nacional-contra-la-discriminacion

El 17 de octubre de 1953 marcó un antes y un después en la historia de México. La publicación de la reforma al artículo 34 constitucional reconoció el derecho de las mujeres mexicanas a votar y a ser electas, conquistando así la igualdad jurídica y política que por décadas se les había negado. Este logro no fue casual, sino el resultado de una larga lucha encabezada por mujeres visionarias que, desde los ámbitos social, educativo y político, exigieron su lugar en la toma de decisiones del país.

La reforma impulsada durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines representó la culminación de un movimiento gestado desde principios del siglo XX. Figuras como Hermila Galindo, quien en 1916 solicitó ante el Constituyente el derecho al sufragio femenino, sentaron las bases. Su petición fue rechazada bajo el argumento de que “el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concederse a las mujeres como clase”.

Resultó fundamental la labor de Elvia Carrillo Puerto en la defensa de los derechos de las mujeres. El 18 de noviembre de 1923, fue electa diputada al Congreso Local de Yucatán por el distrito de Izamal, junto con Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero, electas por Mérida. Sin embargo, las elecciones fueron anuladas y Elvia tuvo que abandonar la entidad tras el asesinato de su hermano, el gobernador Felipe Carrillo Puerto. Posteriormente, en 1925, fue electa diputada local en San Luis Potosí, pero el Colegio Electoral del Congreso estatal no le reconoció su triunfo (Galeana, 2014).

La lucha de estas y otras mujeres permitió que, tras un arduo proceso de exigencia, el sufragio femenino se consagrara en la reforma al artículo 34 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953. Este decreto reconoció a las mujeres como ciudadanas, con derecho a votar y ser votadas para todos los cargos de elección popular.

Con la incorporación de las mujeres al voto, la política nacional experimentó una transformación estructural. Se amplió la visión del Estado, se enriquecieron los debates públicos y se dio paso a políticas con enfoque de género, orientadas a la justicia social y la equidad. La presencia femenina en los espacios de poder visibilizó problemáticas históricamente ignoradas, como los derechos reproductivos, la violencia de género, la igualdad salarial y la participación ciudadana en condiciones equitativas.

Hoy, la participación política de las mujeres ha alcanzado logros sin precedentes. México es uno de los pocos países del mundo con paridad constitucional en todos los niveles de gobierno, lo que demuestra que aquel decreto de 1953 no solo cambió las leyes, sino también la estructura del poder político. Desde los congresos locales hasta la representación diplomática, las mujeres han demostrado liderazgo, capacidad y una visión transformadora.

A más de siete décadas de aquel acontecimiento histórico, el 17 de octubre no solo conmemora una fecha legal, sino que simboliza la resistencia, el empoderamiento y la transformación política. Recordar a las mujeres que abrieron camino implica reconocer que su voz sigue siendo esencial para consolidar una democracia verdaderamente igualitaria, donde la participación femenina continúe guiando a México hacia un futuro más justo, con igualdad de oportunidades para todas y todos.

En el PRI reconocemos el legado de las feministas que hicieron posible que hoy las mujeres accedamos a cargos de elección popular y tengamos presencia en todos los espacios del espectro político. Honramos esa lucha mediante la inclusión de más mujeres en la estructura partidista, tanto en cargos de dirigencia como en candidaturas.

La Presidencia a mi cargo tiene la convicción de impulsar el liderazgo político de las mujeres y combatir las barreras estructurales que aún persisten, como los estereotipos patriarcales y la violencia política de género. Estos obstáculos limitan seriamente el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Frente a esto, actuamos con sororidad para, mediante políticas inclusivas, empoderar liderazgos femeninos que impulsen la agenda de género y promuevan la activa participación de más mujeres en cargos de relevancia.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Cámara de Diputados (1916). Diario de Debates del Congreso Constituyente, p. 602.

Galeana, P. et. al. (2014) La Revolución de la Mujeres en México. México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.