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El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la Conferencia General de la UNESCO en 1999, efeméride que invita a reconocer la diversidad lingüística como un componente esencial de los derechos culturales, la identidad de los pueblos y la riqueza de las naciones. En una entidad plural como el Estado de México, esta fecha adquiere un significado particular, al reflejar la diversidad cultural que históricamente caracteriza a la sociedad mexiquense.

En efecto, el Estado de México se ubica entre las principales entidades federativas con población hablante de lenguas indígenas, al ocupar el séptimo lugar a nivel nacional con 415,450 personas hablantes en 2020, de acuerdo con datos del INEGI. Por su parte, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) identifica en la entidad la presencia de cinco lenguas: náhuatl, otomí, mazahua, bot'una (matlatzinca) y tlahuica (ocuilteco), las cuales constituyen una expresión viva de la diversidad cultural e histórica del estado. No obstante, algunas de estas lenguas registran una disminución sostenida en el número de hablantes, particularmente entre niñas, niños y jóvenes, lo que compromete su transmisión intergeneracional y coloca en situación de riesgo, de manera especial, al tlahuica y al matlatzinca.

Su eventual desaparición no solo pondría en riesgo el patrimonio histórico y cultural de la entidad, sino que también tendría implicaciones en el ámbito democrático. En la actualidad, la democracia no puede concebirse únicamente como un sistema de reglas electorales, sino como un entramado institucional orientado a garantizar la inclusión efectiva de la pluralidad social. En este sentido, la diversidad cultural y lingüística constituye un elemento esencial del Estado democrático, en tanto reconoce la existencia de múltiples identidades colectivas que deben incorporarse en condiciones de igualdad al espacio público. Bajo esta premisa, la preservación de las lenguas indígenas no solo representa un imperativo cultural, sino también una condición necesaria para el ejercicio pleno de los derechos políticos y la consolidación de una democracia sustantiva.

En México, la riqueza lingüística refleja la profundidad histórica de sus pueblos originarios; sin embargo, también evidencia las brechas estructurales que han limitado su participación en la vida pública. La exclusión lingüística ha operado, durante décadas, como una barrera para el acceso a la justicia, a la educación y a la representación política, generando una ciudadanía diferenciada en detrimento de los hablantes de lenguas indígenas. En este contexto, la agenda de preservación lingüística adquiere una dimensión democrática: garantizar que la lengua no sea un obstáculo, sino un vehículo para el ejercicio efectivo de los derechos.

El Partido Revolucionario Institucional ha desempeñado un papel relevante en la construcción de este enfoque. Desde la consolidación del Estado mexicano en el siglo XX, los gobiernos emanados del PRI impulsaron la creación de instituciones orientadas a la atención de los pueblos indígenas, así como políticas educativas y culturales que, con sus limitaciones, sentaron las bases para el reconocimiento de la diversidad lingüística. La evolución de este paradigma, que transitó de esquemas integracionistas a modelos de reconocimiento de derechos, refleja una adaptación institucional a las exigencias de una sociedad plural.

En etapas más recientes, el PRI ha sostenido una agenda que vincula la preservación de las lenguas indígenas con el fortalecimiento de la democracia. Ello se ha traducido en la promoción de medidas orientadas a garantizar la accesibilidad lingüística en los servicios públicos, particularmente en los ámbitos de la justicia y la salud, así como en el impulso a la educación bilingüe e intercultural. Estas acciones responden a un principio fundamental: sin comprensión lingüística, no puede existir un ejercicio efectivo de los derechos.

No obstante, el desafío de la preservación lingüística sigue siendo significativo. La pérdida progresiva de lenguas indígenas no solo implica la desaparición de formas de expresión cultural, sino también la reducción de espacios de participación para sus hablantes. Frente a este escenario, la consolidación de una democracia incluyente exige redoblar esfuerzos institucionales, fortalecer las políticas públicas y garantizar que los derechos lingüísticos sean plenamente exigibles.

Esta conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna constituye un recordatorio de que la preservación de las lenguas indígenas es un componente central del proyecto democrático mexicano. La experiencia del PRI muestra que la construcción de instituciones, el impulso de políticas públicas y el reconocimiento de la diversidad cultural son elementos indispensables para avanzar hacia una democracia más incluyente. En la medida en que se garantice que todas las voces puedan ser escuchadas en su propia lengua, se fortalecerá no solo el tejido cultural de la nación, sino también la legitimidad y profundidad de su vida democrática.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de Consulta

UNESCO. (2026). Día Internacional de la Lengua Materna, https://www.unesco.org/
es/days/mother-language

INALI. (2026). Catálogo de las lenguas indígenas nacionales, https://www.inali.gob.mx/

INEGI. (2020). Lengua Indígena, https://www.inegi.org.mx/temas/lengua/

Cada aniversario de la Constitución de 1917 debería propiciar una reflexión profunda sobre el pacto político que dio forma al Estado mexicano moderno. No obstante, en el escenario actual, esta conmemoración se ve atravesada por una paradoja inquietante: mientras el discurso oficial se apropia retóricamente de la Constitución, su contenido normativo y su función como límite al poder se ven progresivamente debilitados. La desaparición de órganos constitucionales autónomos constituye una muestra clara de esa tendencia.

Toda Constitución democrática tiene como función esencial limitar la concentración del poder. La arquitectura institucional de nuestra Carta Magna fue diseñada para garantizar la competencia política, la neutralidad de los árbitros y la vigencia efectiva de los derechos frente a mayorías circunstanciales. Ese equilibrio —siempre frágil— es hoy objeto de una presión constante.

A lo largo del tiempo, la Constitución mexicana ha evolucionado mediante reformas que permitieron ampliar derechos y fortalecer la representación política. En particular, las reformas electorales de las últimas décadas, producto del diálogo entre fuerzas políticas, contribuyeron a la construcción de un sistema plural, con autoridades electorales autónomas y reglas de competencia más equitativas. Estos avances no surgieron de la imposición, sino de la negociación política y de una visión de Estado comprometida con la estabilidad democrática.

Desde el arribo al poder de la llamada Cuarta Transformación en 2018, la Constitución ha sido tratada como un instrumento adaptable a las prioridades del poder político. Las reformas constitucionales, lejos de responder a una lógica de perfeccionamiento democrático, han tendido a ajustar el texto constitucional a una visión política que desconfía de los contrapesos institucionales. Como advertía Hans Kelsen, cuando la Constitución deja de ser un límite para convertirse en una herramienta del gobernante, se vacía de su función garantista y se transforma en un medio de dominación legalizada.

Este fenómeno se manifiesta con especial claridad en el sistema democrático. La deslegitimación sistemática de las autoridades electorales, la presión sobre los tribunales y la narrativa que presenta a los órganos autónomos como élites antipopulares afectan directamente la equidad de la contienda. Luigi Ferrajoli ha señalado que la democracia constitucional se descompone cuando el principio de legalidad es sustituido por la lógica de la mayoría y cuando los derechos políticos dejan de ser garantías para convertirse en concesiones del poder.

Por su parte, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt advierten que el deterioro de los regímenes democráticos suele ser gradual y legalista. Los líderes populistas acceden al poder por la vía electoral y, una vez instalados, erosionan las reglas del juego desde dentro: desacreditan a los árbitros, hostigan a la oposición y reescriben las normas para inclinar el terreno a su favor. El resultado es una democracia electoral cada vez menos competitiva y una Constitución progresivamente subordinada al proyecto político dominante.

La apelación constante al “pueblo” como fuente exclusiva de legitimidad, la estigmatización de quienes cuestionan al gobierno y la pretensión de someter a los organismos electorales a una lógica de obediencia política configuran un escenario en el que la Constitución deja de ser un marco neutral de competencia. En este contexto, las elecciones corren el riesgo de convertirse en ejercicios meramente formales, carentes de las condiciones sustantivas que exige una democracia constitucional.

A 109 años de su promulgación, la Constitución de 1917 enfrenta una amenaza que va más allá del número de reformas: la pérdida de su sentido como límite efectivo al poder político, particularmente en los procesos electorales. Defenderla hoy implica asumir que ninguna mayoría, por amplia que sea, puede colocarse por encima de las reglas constitucionales que garantizan la competencia y la alternancia.

Celebrar su aniversario exige algo más que evocaciones históricas. Exige una defensa activa del constitucionalismo democrático, especialmente en el terreno electoral, cuando la tentación populista de subordinar las instituciones a la voluntad del poder se vuelve más intensa y más peligrosa. Hoy, frente a la discusión de una reforma en esa materia, resulta indispensable recordar que todo cambio debe preservar los principios constitucionales de pluralidad, legalidad y equilibrio de poderes. Modernizar no debe significar debilitar; ajustar no puede implicar retroceder en las garantías democráticas.

En este contexto, el PRI ha asumido, con carácter y determinación, la responsabilidad de ser la única oposición real que defiende el orden constitucional, la legalidad democrática y la pluralidad política, no como un acto de resistencia estéril, sino como una apuesta firme por preservar las instituciones que garantizan la libertad, la competencia política y la gobernabilidad del país. Porque cuando el poder busca desbordar sus límites, la defensa de la Constitución no es sólo una postura política: es un deber histórico.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Ferrajoli, Luigi. Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta, 2011.

Kelsen, Hans. Teoría pura del derecho. México: UNAM, 2009.

Levitsky, Steven y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, Barcelona: Ariel, 2018.

En toda democracia constitucional, la organización de las elecciones no puede quedar sujeta a la voluntad del poder político en turno. La experiencia en otros países demuestra que cuando los procesos electorales son administrados por el gobierno, el resultado suele ser la distorsión de la competencia política, la erosión de la confianza ciudadana y la consolidación de regímenes autoritarios bajo una apariencia formal de legalidad. México no es ajeno a esa historia y, precisamente por ello, la autonomía de sus órganos electorales representa una de las conquistas democráticas más relevantes de las últimas décadas.

Resulta profundamente preocupante que, en días recientes, el presidente de la Comisión de la Reforma Electoral haya sostenido públicamente que el Instituto Nacional Electoral no debería ser un órgano autónomo. Esta postura no sólo desconoce el proceso histórico que dio origen al INE y a su antecesor, el IFE, sino que revela una concepción patrimonialista del poder, en la que el Estado (concretamente el Poder Ejecutivo) pretende afianzar el control de los árbitros electorales.

La autonomía de los órganos electorales no es una ocurrencia administrativa ni una concesión graciosa del poder político. Es una condición estructural de la democracia moderna. Como señalaba Robert A. Dahl, una democracia auténtica exige garantías institucionales que aseguren elecciones libres, justas y competitivas, lo que implica que las reglas del juego no sean definidas ni administradas por quienes compiten en él. Desde esta perspectiva, subordinar al INE a un poder político equivaldría a permitir que uno de los jugadores actúe simultáneamente como árbitro del partido, en otras palabras, el gobierno en turno se convierte en juez y parte.

Giovanni Sartori, por su parte, advirtió que la democracia no se agota en la regla de la mayoría, sino que requiere límites al poder y mecanismos institucionales que impidan su concentración. La autonomía de los órganos electorales cumple precisamente esa función: limitar al poder político, incluso cuando éste se ostenta como representante exclusivo del “pueblo”. Desmantelar esa autonomía bajo el discurso de la voluntad popular no fortalece la democracia; la vacía de contenido.

En el caso mexicano, la creación de un órgano electoral autónomo fue la respuesta a décadas de elecciones organizadas desde el gobierno, por conducto de la Secretaría de Gobernación marcadas por la inequidad y la desconfianza social. El tránsito hacia un árbitro independiente permitió construir condiciones mínimas de competencia real, alternancia en el poder y legitimidad electoral. Pretender revertir ese proceso implica ignorar deliberadamente las lecciones del pasado y abrir la puerta a un modelo de control político de las elecciones que México ya había logrado superar.

Además, la crítica a la autonomía del INE no se concibe como un hecho aislado, sino complementa el discurso que descalifica a las instituciones, presentando a los órganos autónomos como enemigos del pueblo o como élites desconectadas de la realidad social. Este tipo de narrativa es característica de los proyectos populistas que, como advierte Cas Mudde, buscan erosionar los contrapesos institucionales en nombre de una supuesta voluntad popular homogénea, negando el pluralismo que define a la democracia liberal.

Defender la autonomía del INE no significa negar la necesidad de reformas ni sostener que la institución sea perfecta. Significa reconocer que cualquier modificación al sistema electoral debe partir de un principio básico: la independencia del árbitro frente a los poderes políticos. Sin ese presupuesto, cualquier reforma se convierte en una regresión democrática.

En suma, cuestionar la autonomía de los órganos electorales no es una discusión técnica ni administrativa; es una disputa sobre el modelo de democracia que se pretende para México.

En este contexto, la anunciada reforma electoral puede tomar dos caminos. El primero, que sería el más deseable para el país, consiste en optar por una democracia constitucional, con instituciones fuertes, autónomas y capaces de contener al poder. El segundo, que pretende imponer el oficialismo, apunta a consolidar un esquema en el que las elecciones dejan de ser un mecanismo de control ciudadano para convertirse en un instrumento más del gobierno. La historia, la teoría política y la experiencia comparada son claras: sin árbitros independientes, no hay democracia que resista.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. Yale University Press.

Mudde, C. (2004). The populist zeitgeist. Government and Opposition, 39(4), 541–563. https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2004.00135.x

Sartori, G. (1994). Ingeniería constitucional comparada. Fondo de Cultura Económica.

Inicia un nuevo año y, con él, un momento delicado en la vida democrática de México, ante la inminencia de una reforma en materia político-electoral que, si bien aún no se conocen sus alcances, no puede considerarse democrática si se pretende imponer sin el consenso de las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso.

México atraviesa hoy una coyuntura sensible para su democracia. No se trata de una ruptura consumada del orden constitucional, sino de una acumulación de tensiones que, poco a poco, pueden vaciar de contenido a las instituciones que garantizan el pluralismo, la legalidad y la rendición de cuentas.

Guillermo O’Donnell sostenía que la democracia no se agota en la existencia de elecciones, sino que requiere un entramado efectivo de controles al poder y de vigencia real del Estado de Derecho. Cuando estos controles se debilitan, la democracia persiste en lo formal, pero se erosiona en lo sustantivo.

En el mismo sentido, Levitsky y Ziblatt han mostrado cómo las democracias contemporáneas suelen deteriorarse no mediante golpes de Estado, sino a través de procesos graduales de concentración del poder y deslegitimación de los contrapesos. México no es ajeno a esta lógica.

Asimismo, Giovanni Sartori advirtió que las reglas electorales no son simples instrumentos técnicos, sino “el corazón operativo de la democracia”, porque definen quién compite, en qué condiciones y con qué garantías. Alterarlas desde el poder, y no desde el consenso, debilita la confianza en el sistema y erosiona la equidad que debe prevalecer en toda contienda.

Los retos actuales son claros: preservar la autonomía de los órganos constitucionales, evitar la captura política de las instituciones, garantizar elecciones libres y competitivas, y reconstruir una cultura de respeto a la legalidad. La oposición no debe ser un actor de bloqueo, sino de vigilancia democrática.

La democracia no se perfecciona debilitando sus árbitros ni simplificando artificialmente su complejidad. Se construye respetando sus reglas, perfeccionándolas con prudencia y consolidando acuerdos, no imponiéndolos. México no necesita una reforma que fortalezca al gobierno frente a los ciudadanos; necesita una que fortalezca a los ciudadanos frente al gobierno.

Defender la democracia hoy no es defender privilegios ni estructuras inmutables; es defender reglas justas, árbitros confiables y un espacio público donde la crítica no sea vista como amenaza, sino como condición de la vida democrática.

Esta tarea no corresponde únicamente a los partidos políticos ni a las élites institucionales. La defensa de la democracia es una responsabilidad compartida que exige ciudadanía informada, participación crítica y una sociedad civil activa que no renuncie a su derecho de exigir cuentas, transparencia y respeto a la Constitución.

En este contexto, el diálogo político deja de ser una cortesía y se convierte en una necesidad democrática. Escuchar, deliberar y construir acuerdos no es señal de debilidad, sino de madurez institucional. Las reformas que nacen del consenso suelen ser más legítimas, más estables y, sobre todo, más respetuosas de la pluralidad que caracteriza a nuestra nación.

Apostemos por una democracia que no tema a la crítica, que no cierre espacios al disenso y que encuentre en la diversidad política no un obstáculo, sino su mayor fortaleza. Que este nuevo año sea el de la responsabilidad, el diálogo y la convicción compartida de que cuidar la democracia es, en el fondo, cuidar el futuro de todos.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel.

O’Donnell, G. (2010). Democracia, agencia y Estado: teoría con intención comparativa. Buenos Aires: Prometeo Libros.

Sartori, G. (1997). Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados. Madrid: Alianza Editorial.

El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad —declarado por la ONU en 1992— reconoce la necesidad de garantizar la plena inclusión de este grupo en todos los ámbitos sociales, especialmente en la vida pública y política. Este día subraya que la discapacidad no es una condición que limita la capacidad de aportar, sino un factor que exige eliminar barreras, transformar entornos y asegurar igualdad de oportunidades.

A nivel mundial y nacional, la participación política de las personas con discapacidad ha sido históricamente reducida debido a obstáculos estructurales: inaccesibilidad en instituciones públicas, estigmas, ausencia de ajustes razonables, lenguaje político excluyente, formas de discriminación normalizadas y barreras legales que han limitado su derecho a votar o ser electas. Sin embargo, los avances en materia de derechos humanos —como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)— establecen claramente que todas las personas tienen derecho a participar en la vida política en igualdad de condiciones.

La participación política de las personas con discapacidad es esencial para fortalecer la democracia. Su presencia en espacios de representación amplía la diversidad de perspectivas y favorece la creación de políticas públicas inclusivas. No obstante, persisten desafíos importantes:

• Estereotipos que cuestionan su capacidad para ejercer cargos públicos.
• Campañas políticas y materiales informativos que suelen no ser accesibles (escritura braille, lectura fácil, interpretación en Lengua de Señas Mexicana).
• Instituciones públicas que aún no son plenamente accesibles en términos arquitectónicos, digitales o comunicacionales.
• Prejuicios que buscan limitar la capacidad jurídica y política de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.

Avanzar hacia una inclusión plena requiere garantizar ajustes razonables, accesibilidad universal, apoyos para la toma de decisiones y mecanismos de participación reales y dignos.

En México, el reconocimiento de los derechos políticos de las personas con discapacidad ha avanzado con reformas legislativas, lineamientos electorales e implementación de acciones afirmativas; sin embargo, falta mucho por hacer. Esto se aprecia en el Estado de México, donde, pese a haberse aplicado dichas acciones en las elecciones pasadas (IEEM, 2023), estas resultaron insuficientes para colocar a una sola persona con discapacidad en la Legislatura Local.

De hecho, la aplicación de acciones afirmativas permitió que en la actual Legislatura Local accedieran dos personas indígenas, un afromexiquense y una persona de la diversidad sexual, quedando excluidas las personas con discapacidad.

Ello nos obliga a replantear el diseño de estas medidas: el reto es encontrar mecanismos suficientes que garanticen el acceso de las personas con discapacidad a espacios de toma de decisiones y cargos de elección popular. Ya quedó demostrado que la inclusión no se agota con el establecimiento de cuotas en el registro de candidaturas, sino que debe materializarse con el acceso real y efectivo a los espacios de representación.

El Partido Revolucionario Institucional reconoce la valía de las personas con discapacidad y trabaja de la mano con ellas para construir liderazgos y formar cuadros competitivos que les permitan acceder a curules en los congresos federal y local, así como a cargos edilicios. También reconocemos la labor de las madres de hijos con discapacidad, quienes impulsan la agenda de este grupo en situación de vulnerabilidad y visibilizan los obstáculos estructurales que enfrentan para alcanzar una vida digna.

Una democracia real solo es posible cuando todas las personas pueden participar con libertad, seguridad y dignidad. En el PRI estamos convencidos de ello y seguiremos trabajando junto a los colectivos de personas con discapacidad en su lucha por alcanzar una igualdad sustantiva y espacios de participación política plena. Es nuestro deber como partido impulsar la agenda de este grupo para romper las barreras estructurales que impiden su libre desarrollo dentro de la sociedad.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

IEEM. (2023), Acuerdo IEEM/CG/132/2023.

ONU. (1992). Resolución 47/3: Día Internacional de las Personas con Discapacidad.