Comunicación
Social

La democracia mexicana enfrenta hoy riesgos evidentes de regresión. Lejos de consolidarse como un sistema basado en la equidad, la pluralidad y el respeto irrestricto a las reglas del juego electoral, atraviesa tensiones derivadas de iniciativas que, bajo el discurso de la transformación y del ahorro de recursos, parecen erosionar sus bases más esenciales. La construcción de una democracia plena exige reformas que amplíen derechos, no que los restrinjan o distorsionen.

En este contexto, las recientes iniciativas de reforma constitucional impulsadas por la titular del Poder Ejecutivo Federal se apartan preocupantemente de ese ideal democrático. En particular, la discusión en el Senado de la República del denominado “Plan B” revela una orientación que no fortalece las instituciones electorales, sino que abre la puerta a prácticas que comprometen la equidad en la contienda. Lejos de tratarse de un ajuste técnico o administrativo, la iniciativa de reforma parece constituir, en los hechos, una autorización para que la propia Presidenta participe de manera activa en el proceso electoral de 2027 a través del procedimiento de revocación de mandato, lo que desdibuja los límites entre el ejercicio del poder y la competencia política-electoral.

Esto obedece a que la concurrencia de la revocación de mandato con los procesos electorales federal y locales incide inevitablemente en la dinámica de las múltiples campañas que se desarrollarán en ese año. A ello se suma un factor particularmente preocupante: la posibilidad, prevista en la iniciativa de reforma, de que la Presidenta participe activamente en la promoción de su propia permanencia en el cargo, lo que introduce una ventaja indebida en la contienda y vulnera de manera directa el principio de equidad.

Tal situación resulta especialmente grave si se considera que uno de los pilares de la democracia contemporánea es la neutralidad de los poderes públicos frente a los procesos electorales. Como sostenía Norberto Bobbio, la democracia no puede reducirse a la mera regla de la mayoría; requiere también de condiciones efectivas de igualdad en la competencia y de respeto a las normas que garantizan esa igualdad. Cuando el poder se utiliza para influir en el resultado electoral, se rompe el principio básico de imparcialidad y se socava la confianza ciudadana en las instituciones.

En la misma línea, Robert Dahl subrayó que una democracia auténtica —una “poliarquía”— se sostiene sobre la existencia de elecciones libres, justas y competitivas, donde todos los actores políticos participan en condiciones equitativas. Cualquier reforma que tienda a favorecer a un actor específico, particularmente a quien detenta el poder, constituye una regresión democrática. El riesgo no es menor: se trata de transitar de un sistema de competencia plural a uno de predominio hegemónico, donde las reglas se ajustan en función de intereses coyunturales.

Por su parte, Giovanni Sartori advirtió sobre los peligros de las desviaciones de la democracia, que se presentan cuando las instituciones formales subsisten, pero su funcionamiento real se aparta de los principios que deberían regirlas. En ese sentido, una reforma que permita la intervención directa del Ejecutivo en procesos electorales no sólo altera el equilibrio de poderes, sino que desnaturaliza el propio concepto de democracia.

Frente a este panorama, resulta indispensable reorientar el debate público hacia las verdaderas necesidades del sistema democrático mexicano. En lugar de promover iniciativas que generan inequidad en la contienda, el Congreso debería concentrarse en impulsar reformas estructurales que fortalezcan la representación política y amplíen derechos. Entre ellas, destaca la urgente necesidad de eliminar los mecanismos de sobrerrepresentación legislativa, que distorsionan la voluntad popular y permiten la conformación de mayorías artificiales.

Asimismo, es fundamental avanzar en la implementación de acciones afirmativas que garanticen la inclusión efectiva de grupos en situación de vulnerabilidad, no sólo como un acto de justicia social, sino como un requisito indispensable para la legitimidad democrática. La democracia no puede ser plena si excluye sistemáticamente a sectores de la población.

De igual forma, la paridad de género debe transitar de un principio formal a una realidad sustantiva. Esto implica no sólo asegurar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular, sino también garantizarles condiciones libres de violencia para el ejercicio de sus derechos políticos. La violencia política en razón de género sigue siendo uno de los principales obstáculos para la consolidación democrática, y su erradicación debe ser una prioridad en cualquier agenda reformista seria.

En suma, México no necesita reformas que debiliten las reglas del juego democrático, sino consensos que lo fortalezcan. La democracia plena no se construye desde la concentración del poder ni desde la manipulación de las normas, sino desde el respeto irrestricto a los principios de equidad, legalidad y pluralismo. Cualquier desviación de estos principios no sólo pone en riesgo la calidad de nuestra democracia, sino también la estabilidad institucional del país.

Sen. Cristina Ruiz Sandoval

Presidenta del CDE del PRI en el Estado de México.

Fuentes de consulta

Bobbio, N. (1986). El futuro de la democracia. México: Fondo de Cultura Económica.

Dahl, R. A. (1989). La poliarquía: participación y oposición. Madrid: Tecnos.

Sartori, G. (2003). ¿Qué es la democracia? México: Taurus.