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El pasado jueves se dieron cita miles de personas entre aficionados, y no tan seguidores del balompié, para presenciar el arranque de la copa mundial. 

A través de las plataformas y el televisor, o en algunos casos más afortunados en el Estadio Ciudad de México, aún con lo oneroso que resultó comprar un boleto para estar ahí, miles de personas dejaron de lado el ámbito laboral para ser parte del nuevo formato implementado, donde tres países son sedes de un evento que inició su historia en el siglo XX.

Se dieron cita personajes del medio artístico, deportivo y político, pero el futbol de este siglo XXI se presenta como un crisol de realidades.

Y es que afuera del estadio, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuó con sus protestas, para entre otras demandas, regresar al sistema solidario de pensiones, mientras las madres buscadoras exigieron no olvidar que miles de personas siguen desaparecidas en México, lo cual marcó el inicio de este este evento deportivo.

Sacheri, escritor argentino, describió al futbol como aquel que no sólo es capaz de crear comunidad, incluso en los momentos más difíciles, sino también que representa la esperanza y la creación de ídolos. 

Desde ese ámbito intelectual surgen las coincidencias y divergencias, Albert Camus, quien en algún momento jugó como portero, decía que lo que sabia acerca de la moral y las obligaciones se lo debía con mayor certeza al futbol.

En América Latina, Eduardo Galeano describía al futbol como una fiesta donde todos se unían, compartían, y las religiones quedaban al margen, pero también esta Borges, quien se refería a él con la siguiente frase: “el futbol es popular porque la estupidez es popular”, para él este deporte no sólo era feo, sino peligroso, justo al crear ídolos y que pudieran ser seguidos o se incorporaran a la política, ¿tenía razón?

La realidad es que este deporte y la organización de las copas mundiales también han sufrido cambios importantes. Este mundial es distinto en su organización y genera fuertes críticas, derivadas del propio modelo capitalista, donde el deporte pasa a un último plano, al ser una poderosa maquinaria de negocios y derrama económica sólo para unos cuantos. 

Lo principal es que este mundial no es accesible para toda la población, los precios excesivos de los boletos lo convierten en un espacio más de avaricia por quien lo organiza, como lo expresó el cineasta mexicano, Alejandro González Iñarritu. No hay que olvidar las multas y restricciones sobre la transmisión de los partidos, todos estos elementos lo vuelven más elitista. 

Además, no deben pasar desapercibidas las serias tensiones en la geopolítica mundial, la violación de derechos humanos que persiste en muchas latitudes, incluidas las sedes de este evento, y también la apatía política y social acompañada de indiferencia.

El pasado domingo 7 de junio la ciudadanía coahuilense ejerció su derecho al voto para renovar las 25 curules que conforman su Congreso Local, el cual se compone de 16 diputaciones de mayoría relativa y nueve de representación proporcional. 

Con una lista nominal de 2 millones 469 mil 199 personas que tuvieron la posibilidad de votar en las 4 mil 256 casillas programadas para este ejercicio democrático, la jornada electoral arrancó con una ceremonia cívica en punto de las 6:00 horas y la sesión permanente del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

Para esta elección legislativa se conformó la Misión Nacional de Observación Electoral Coahuila 2026, de la cual fui parte. 

Esta misión recorrió casillas urbanas en Saltillo y rurales, como la del Ejido de Huachichil. En estos recorridos se observó la participación de la ciudadanía como funcionariado de las mesas directivas de casilla, rostros que mostraban beneplácito de su labor; al final de la jornada tuvieron como tarea el contar los votos de sus vecinos y vecinas, lo cual es una gran virtud del sistema democrático que debe prevalecer, pues existe el involucramiento de la ciudadanía en la organización y desarrollo de elecciones.

En esta elección se pudo observar la aplicación de los diversos protocolos del INE para atender a personas con alguna discapacidad y adultos mayores, entre otros sectores vulnerables, y se realizó el voto anticipado y en prisión preventiva. 

En un par de trayectos que hice en transporte privado de plataforma digital, los conductores compartieron que en algún momento del proceso y la jornada electoral, les habían ofrecido dinero a cambio de su voto, pero que no habían recibido ningún monto.

Indicaron que decidieron votar porque se sienten seguros en su ciudad, lo cual los lleva no solo a participar, sino a mantenerse como están, sin duda, expresiones de ciudadanos y ciudadanas que desean lo que todos y todas en cualquier entidad: garantías de libertad, seguridad y paz social.  

Un tema que también debe analizarse y que no es exclusivo de esta elección, pero que ha llamado la atención de organizaciones civiles, activistas y la academia, es el incremento de solicitudes de observación electoral, hay quienes denuncian que existe una intromisión de actores políticos que han encontrado un camino distinto a la representación en casillas para poder estar durante toda la jornada electoral.

La observación electoral juega un papel fundamental en las democracias por ser un mecanismo que permite no solo inhibir los actos indebidos y de violencia, sino que también a través de los informes que se presenten pueden documentar anomalías, procesos o actividades que pueden mejorar la integridad electoral.

Por ello, si bien los informes de la observación electoral no tienen validez jurídica para el respectivo proceso electoral, sí deben representar un testimonio ciudadano de cómo visibilizar lo que pasa en nuestras elecciones.

Blindar a las elecciones del crimen organizado es una constante preocupación de gobiernos, institutos electorales y partidos políticos, pues el dinero sucio pervierte a nuestro sistema político-electoral.

La reciente reforma aprobada a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que el INE cuente con una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas es una respuesta más a la necesidad de evitar que grupos delictivos o aspirantes de dudosa trayectoria accedan al poder público.

A iniciativa de la Presidencia de la República, esta reforma, que será aplicable a partir de los comicios federales y locales de 2027, plantea que dicha comisión recibirá de los partidos políticos o de quienes aspiren a una candidatura independiente, las listas de personas que pretendan postular a un cargo de elección popular, ya sea federal o local.

La entrega de esta información podrá ser total o parcial, previo al registro ante los órganos electorales, y será de manera voluntaria por parte de los partidos políticos o aspirantes a candidaturas independientes.

A su vez, los partidos políticos establecerán mecanismos para que los y las aspirantes acepten que su perfil sea objeto de una revisión.

Una vez recibida la información, la citada comisión del INE la enviará a instancias como la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Estas instituciones, respecto de los perfiles consultados, determinarán la existencia o no de un riesgo razonable, lo cual será notificado a los partidos políticos o aspirantes independientes.

Tras estas tareas de la Comisión de Verificación, la cual estará integrada por tres consejeras o consejeros del INE, corresponderá a los partidos políticos definir a quienes registrarán como candidatos y candidatas ante los órganos electorales, es decir, deberán valorar la información que reciban de las citadas instancias.

Además, de encontrarse información relevante, estas instituciones podrán continuar con las investigaciones.

El nuevo esquema planteado para revisar candidaturas responde a la obligación de dar certeza a los y las electores sobre quiénes son postulados y acceden al poder público, sin duda es un mecanismo que genera mayor claridad sobre quienes nos gobernarán.

No obstante, debe quedar claro que la obligación de verificar las candidaturas siempre ha correspondido a los partidos políticos y no pueden delegar esta función en los órganos electorales.

Los partidos políticos son quienes conocen, con mayor cercanía, los entornos sociales, la geografía y tienen antecedentes históricos de cada región, por lo cual tienen más elementos al momento de postular a un candidato o candidata.

Ahora tendrán otra herramienta con la nueva comisión del INE, y la coordinación que habrá con autoridades de seguridad, justicia y financieras, sin embargo, seguirá siendo un área de oportunidad el transparentar, en todo momento, el origen de los recursos empleados en sus campañas electorales.

Otra tarea pendiente será que los perfiles revisados no sean contaminados durante las campañas electorales o en el ejercicio de su gobierno por el propio entorno, donde pueden prevalecer grupos delictivos o condiciones que tiendan a la corrupción, por ello debe quedar claro que el análisis de perfiles de aspirantes es sólo el inicio para sanear a nuestro sistema político-electoral.

Estoy convencida de que gana. Por una parte, hay que decir que el primer ejercicio de elección de personas juzgadoras en 2024 representó un enorme reto para las instituciones electorales que teníamos la experiencia de organizar comicios de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel federal y local, pero no de un poder que por décadas se mantuvo fuera del foco de la ciudadanía.

Así, la propuesta de eliminar el distanciamiento entre la sociedad y las autoridades judiciales y dar credibilidad a las decisiones que toman las personas juzgadoras, implicó el voto libre, secreto y directo para definir estos cargos con responsabilidades nada menores, nada más y nada menos que velar por la libertad, patrimonio, y derechos humanos de la ciudadanía.

La idea de su elección, por la vía del voto popular, es que exista una responsabilidad directa hacia la sociedad que finalmente los elije, que no se antepongan intereses particulares al interés público y que la justicia realmente se materialice.

Lamentablemente todo esto aún no es posible medirlo, la elección de 2024 es muy reciente y también es importante reconocer que la curva de aprendizaje para muchas personas, que recién se incorporaron al Poder Judicial, puede implicar agravios no menores para los justiciables y también para las personas que son víctimas y exigen la reparación del daño.

El proceso de 2024 dejó aprendizajes y fallas que con la recién aprobada reforma constitucional al Poder Judicial se intentarán resolver, las de mayor impacto son: 1) se cambia la fecha para la elección de personas juzgadoras hasta 2028, 2) la revocación de mandato podría realizarse en la misma fecha que esta elección judicial, 3) cada Comité de Evaluación tendrá una persona coordinadora, quienes serán parte de una Comisión Coordinadora que unificará criterios, establecerán metodologías homologadas de evaluación y selección, incluyendo exámenes, 4) se reduce el número de candidaturas por cargo y especialidad, 5) la geografía electoral tendrá como unidad básica el circuito judicial y distritos judiciales, 6) el cómputo se realizara en las casillas. La paridad se mantiene y todo ello deberá replicarse en las entidades federativas.

A pesar de los avances hay controversia y un legítimo reproche: el de extender el periodo de funciones de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes además podrían participar en 2028.

La democracia exige cumplir principios y actuar con ética, parece que esta propuesta no embona, algunos legisladores de Morena lo expresaron y se abstuvieron de votar a favor de ello, con esto la ciudadanía ¿gana o pierde? aquí es donde debe existir debate y argumentos a favor o en contra.

Ser mujer en México es peligroso, pero ser niña o adolescente implica un doble riesgo ante la problemática de la desaparición de personas.

El reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que en nuestro país las niñas y adolescentes son más susceptibles de sufrir una desaparición, en comparación con los hombres de su misma edad.

Las cifras de la CIDH indican que, a junio de 2025, el 76.83% de las personas desaparecidas eran hombres y el resto, 23%, mujeres.

Sin embargo, dicha cifra significa una realidad más cruel para las mujeres, aunque de manera global representan un porcentaje menor al de los hombres desaparecidos.

Del citado informe se desprende que ser una adolescente mexicana es ubicarse en una edad peligrosa, pues el rango de edad, con la mayor cantidad de mujeres desaparecidas, se encuentra entre los 15 y 19 años, seguido del rango entre 20 y 24 años.

Además, la CIDH refiere que el grupo etario entre los 12 y 16 años es el único segmento en el cual la desaparición de mujeres supera la desaparición de hombres, ya que después de los 17 años, la desaparición de varones cobra prevalencia nuevamente.

Y es que, en los hombres, el rango de edad con mayor cantidad de desaparecidos se encuentra entre los 25 y 29 años, seguido por los rangos entre 30 y 34 y entre 20 y 24 años.

A lo anterior se suma que la CIDH identificó que en México desaparecen más niñas que niños, pues según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2025, el total de personas desaparecidas de entre 0 y 17 años era de 18 mil 192 niños, niñas y adolescentes.

De ese global, 48.47% correspondía a niños y adolescentes, mientras 51.35% eran niñas y adolescentes desaparecidas.

Las causas del por qué desaparecen más niñas y adolescentes son multifactoriales, como indica la propia CIDH, sin embargo, la desaparición de niñas y adolescentes estaría ligada a la violencia de género, a la par de problemáticas relacionadas con la violencia intrafamiliar.

Como también lo señala la CIDH, la desaparición de niñas y adolescentes puede conducir a la trata de personas y las redes sociales hoy juegan un papel fundamental para evitar que sean víctimas de una desaparición.

Derivado del multicitado informe queda clara que las tareas también son multidimensionales, pues desde el ámbito familiar puede evitarse la desaparición de una niña o adolescente, garantizando la unidad y comunicación al interior de la familia.

No obstante, la tarea también está en las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes deben reforzar políticas en materia de prevención, garantizando espacios públicos seguros para niñas y adolescentes, además de la identificación de grupos criminales dedicados a este ilícito.

De manera reciente se instaló un Centro de Mando de la Alerta Nacional de Búsqueda, coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de asegurar la coordinación entre la FGR y autoridades de seguridad y militares, lo cual es un aliciente en esta problemática, no obstante, las fallas siguen existiendo en las Fiscalías de Justicia de las distintas entidades.

Hoy las madres buscadoras y mujeres solidarias, que viven con la ausencia de un familiar, tienen una perspectiva que no admite buenas intenciones o promesas a cumplir a mediano o largo plazo, pues la desaparición de una persona representa no sólo una tragedia familiar, sino una derrota para cualquier gobierno, ya que es la vulneración total de los derechos humanos.

En este contexto, es de reconocerse los avances legislativos y políticas públicas creadas en los últimos años, pero también es preocupante que las desapariciones existan y peor aún presenten signos lacerantes, donde las niñas y adolescentes juegan un papel donde no deberían estar.

Además, la desaparición de niñas predominaba en el Estado de México, Ciudad de México y Tamaulipas.