Comunicación
Social

El papel que tienen los y las periodistas en la vida pública y en la democracia es muy importante. Derechos como la libertad de expresión y prensa, así como el acceso a la información pública, son fundamentales para estos actores de primer nivel, quienes con su labor informativa contribuyen a que la sociedad cuente con elementos que le permita tomar decisiones, opinar, participar y exigir sus derechos.

Los y las periodistas, quienes realizan su labor en los medios de comunicación, son ese amplificador natural de demandas sociales y de exigencias no cumplidas muchas veces. Gracias a ellos y ellas es posible que la información llegue in cluso a lugares alejados, no solamente informan, sino también forman ciudadanía, por ello es vital que desde las instituciones se generen canales totalmente incluyentes.

El pasado sábado tuve la oportunidad de estar en Chalco y reunirme con un número muy nutrido de periodistas de la zona oriente del Estado de México. donde es necesario crear una estrategia de comunicación social que permita compartir información del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), no solo con boletines de prensa, que, si bien son útiles, pueden y deben existir mejores mecanismos para dotar de información a todos los medios de comunicación de dicha región.

Los retos que se tienen en temas de democracia, concretamente de promoción de la cultura cívica y participación ciudadana no son menores, por ejemplo, Chalco es un municipio que en las elecciones municipales de 2015 y 2021 ha presentado un alto índice de abstencionismo con el 44.4% y 45.3%, respectivamente.

Se suman municipios como Valle de Chalco que en 2012 presento un 58.6% de abstencionismo у Chimalhuacán con un 56.8% en 2012 y un 52.5% en 2024.

Ante estos datos resulta una prioridad generar vínculos con los medios de comunicación de la zona oriente que nos permitan llegar de manera efectiva a la ciudadanía mexiquense para informarla de sus derechos político-electorales y del proceso electoral de 2027.

Sin duda acercar a los periodistas cursos y talleres sobre temas de géne-ro, organización del proceso electoral, acciones afirmativas, lenguaje incluyente, por mencionar sólo algunos ru-bros, es algo que debemos impulsar y materializar.

Durante décadas se ha centralizado la información y aunque los poderes públicos están en Toluca, bien vale replantearse también ese centralismo y recordar que el Estado de México cuenta con una gran extensión territorial, la lista nominal más grande del país y una gran pluralidad, lo que exige mantener canales y vías de comunicación con medios locales y radios comunitarias. Sus audiencias merecen un trato más digno. No solo son espacios que la ciudadanía sigue, sino son plataformas en las cuales confía y donde fortalece su identidad regional y estatal.

Organizar elecciones en un sistema democrático siempre tiene costos, y no me refiero a los políticos, que también vaya que los hay.

En términos económicos, la institucionalización del poder implica una serie de gastos que deben ser presupuestados por las instituciones del Estado para cumplir con sus fines.

En este sentido, con suficiente anticipación el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó un anteproyecto de presupuesto para 2026. De lo originalmente solicitado le fueron asignados menos recursos, lo cual motivo pedir una ampliación presupuestal de poco más de 361 millones de pesos.

En días recientes se han difundido algunas notas periodísticas, donde se refiere que la ampliación presupuestal fue autorizada por el gobierno mexiquense. Como consejera electoral del IEEM no tengo ningún comunicado oficial de ello, sin embargo, es oportuno que la ciudadanía conozca algunos rubros contemplados en esa ampliación, con independencia del momento en el cual ocurra.

Por ejemplo, el área que más recursos solicitó fue la Dirección de Administración del IEEM, con un total de 222 millones 588 mil 300 pesos.

¿En qué se gastará? Un rubro en el cual se eroga una importante cantidad de dinero es en la renta de los inmuebles que serán las sedes de los órganos desconcentrados, los cuales se instalan en cada proceso electoral. El monto de renta, contemplado a pagarse sólo en los meses de noviembre y diciembre de 2026, es de 28 millones de pesos a lo que hay que sumar los cinco millones que se emplearán para búsqueda de estos espacios.

De estos 28 millones, 23 millones son para las 170 sedes que históricamente se instalan, correspondientes a la elección de alcaldías y diputaciones locales de 2027, y cuatro millones 611 mil son para las sedes de la elección judicial, la cual está en proceso de posponerse, pues la Presidencia de la República propondrá a la Cámara de Diputados federal que se realice en junio de 2028.

Otra área es la Unidad de Comunicación Social del IEEM, la cual tiene enormes áreas de oportunidad, sobre todo ante el desconocimiento que persiste en la ciudadanía para conocer lo que hacemos en el Instituto Electoral. En esta ampliación solicitó un millón 260 mil pesos para el servicio de publicidad en redes sociales. Monto que también incluía difusión para la elección judicial de 2027.

Para esta tarea, la Unidad de Comunicación Social propone la contratación de una empresa, que será a propuesta de esta área. Al respecto, no hay que olvidar que ya se utilizará el recién aprobado Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera del IEEM, donde no se contempla que la ciudadanía observe en tiempo real los procesos de licitación, pero ello no impide dar seguimiento a cada una de las contrataciones.

Por último, de aplazarse la elección del Poder Judicial para 2028 habrá que restar, de la citada ampliación presupuestal, los rubros que son referentes a estos comicios.

La pasada celebración del 10 de mayo fue recordatorio de una problemática nacional que sigue esperando respuestas: la desaparición de personas y de las madres que se han convertido en buscadoras de sus seres queridos.

Con datos al 11 de mayo de 2026 las personas desaparecidas y no localizadas en México ascendían a 133 mil 950, siendo el Estado de México la entidad con el mayor número de mexicanos y mexicanas en esta situación al acumular 14 mil 671.

La problemática de las personas desaparecidas ya ha generado alertas en organismos internacionales. Justo ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe “Desaparición de Personas en México”, donde se detallan acciones que el gobierno mexicano ha instrumentado desde 2018, así como los retos existentes.

Destaca que dicho informe, con cifras hasta junio de 2025, reporta más de 128 mil personas desaparecidas y refiere que conteos independientes calculaban más de 70 mil cuerpos bajo custodia del Estado no identificados. 

La causa de las desapariciones, de acuerdo con el informe de la CIDH, apunta al crimen organizado, sin embargo, refiere que las desapariciones forzadas, es decir, aquellas cometidas por funcionarios estatales, aún no han sido erradicadas, incluso se documentan casos donde habría ocurrido connivencia entre el crimen organizado y autoridades.

La impunidad es otro factor que lacera, pues la CIDH indica que es casi nula la judicialización de casos y es baja la emisión de sentencias. 

La CIDH, con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, indica que, a agosto de 2025, había alrededor de 18 mil niños, niñas y adolescentes desaparecidos en México menores de 18 años. Lo cual se agrava con las problemáticas paralelas como el reclutamiento que hace el crimen organizado.

¿Ante esta situación qué pueden hacer instituciones públicas cómo el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)?

La respuesta la dieron el pasado 7 de mayo madres buscadoras y mujeres solidarias que asistieron a un diálogo con funcionarias y funcionarios electorales, con el fin de sensibilizar sobre esta problemática.

Entre las propuestas está el aprovechar la infraestructura del IEEM para ampliar la difusión sobre personas desaparecidas y fortalecer la coordinación con el INE para la utilización de datos biométricos que faciliten la identificación de personas, entre otras alternativas.

Las madres buscadoras y mujeres solidarias también indicaron que un proceso electoral se legitima con votos, pero también se fortalece a la democracia buscando a personas que han desparecido. 

Hoy más que nunca se requiere no sólo de la sensibilización de autoridades, sino del involucramiento en tareas que van desde la prevención, búsqueda y reparación del daño, instituciones como el IEEM estamos llamadas a ser parte de la solución. 

El debate de la nueva conformación del Instituto Nacional Electoral (INE) no sólo debe centrarse en los 11 perfiles que integran su Consejo General, sino en cuáles son sus prioridades para garantizar derechos de la ciudadanía.

Sin duda quienes integran el Consejo General deben demostrar autonomía e independencia, pero también es importante recordar que existen áreas de oportunidad en rubros como la paridad de género, acciones afirmativas, participación de migrantes, voto electrónico y fiscalización, entre otros.

Durante mi pasada participación en el proceso de designación de tres nuevas consejerías del INE hice propuestas en dichos aspectos, las cuales ahora comparto en un ejercicio de transparencia para abonar a la reflexión de la agenda del INE.

En el caso de la paridad de género, uno de los retos no sólo es verificar la postulación numérica entre hombres y mujeres, que suele derivar en una paridad cosmética, sino en generar herramientas y mecanismos que nos lleven a lograr una paridad sustantiva, además de tener una mayor vinculación con los institutos electorales locales para cerrar el paso a decisiones que no garantizan la paridad.

Algo similar debe ocurrir en las acciones afirmativas, es decir, no conformarse con el cumplimiento numérico en la postulación de integrantes de sectores vulnerables, sino que también sean postulados y postuladas en distritos, municipios y entidades con alta competitividad, del respectivo partido, y en los primeros lugares de las listas plurinominales.

Otra tarea es la votación de migrantes, donde se requieren campañas focalizadas donde se informe de las fechas de elecciones y cargos en contienda, además de revisar los plazos de registro para inscribirse en la lista nominal de electores. El objetivo es que la situación irregular de migrantes, en países como Estados Unidos, no limite su voto en comicios de México.

No menos importante es la implementación del voto electrónico, ya existen antecedentes, pero deben instrumentarse pruebas piloto con muestras reducidas en ambos modelos de elección, es decir, en comicios donde participan partidos y en la elección judicial. Destaca que el voto electrónico debe reducir costos en la impresión de boletas electorales. 

Una de las críticas más constantes a nuestro sistema electoral, es la presunta laxitud que puede existir en el buen uso de recursos públicos destinados a los partidos políticos, por ello, en la fiscalización de gastos a partidos y candidaturas debe considerarse a la inteligencia artificial para la revisión en tiempo real de las operaciones financieras y contar con una coordinación efectiva entre el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar cualquier tipo de irregularidad durante las campañas y en años no electorales.

Hasta aquí algunas de las propuestas para la agenda del INE.

Desde 1996, cuando se creó el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), han logrado su constitución como partido político local en la entidad 10 partidos.

Dos de los cuales perdieron su registro nacional y solicitaron el registro local, es el caso del partido Nueva Alianza que obtuvo su registro en 2018, y actualmente se encuentra en proceso de liquidación, y el PRD, quien en 2024 logró su registro local.

La duración de los partidos locales ha sido sumamente efímera, lo cual se constata con los siguientes datos. El primer partido político local fue el Partido del Pueblo Mexiquense, que se creó el 8 de agosto de 1996, y perdió el registro el 28 de enero de 1997.

El 28 de noviembre de 2002 surgió el Parlamento Ciudadano y perdió su registro el 30 de noviembre de 2003. En 2004, Parlamentos Unidos por México, existió un año seis meses, pues perdió su registro el 29 de junio de 2006. Los partidos Democracia Social y Centro Democrático son otros ejemplos.

Han existido otros partidos como Futuro Democrático, con año y medio de vigencia; Vía Radical que sólo duró 2 años y un mes. Entre los más recientes está el PRD, quien perdió el registro a nivel nacional e inició su vida como partido local en 2024.

La ciudadanía tiene derecho de asociarse libremente para constituir partidos políticos, la pluralidad se refleja en ellos a través de sus diferentes ideologías y propuestas para dar solución a los malestares que aquejan a la sociedad.

El día de hoy en el Consejo General del IEEM se discutirá la solicitud de registro como partido político local de la Asociación Civil Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales.

Los partidos políticos locales han tenido una vida fugaz, pero con grandes ganancias a través del financiamiento público que deriva de recursos de la ciudadanía, basta ver el monto que por este concepto obtuvo, por ejemplo, Nueva Alianza en 2021, el cual ascendió a 55 millones 407 mil 747.61 pesos.

En democracia la pluralidad importa mucho y que la ciudadanía tenga opciones de elección más, pero no se puede dejar de lado la crisis de legitimidad que enfrentan todos los partidos, al ser en quienes menos confía la ciudadanía de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, y a quienes se sostiene con altos montos de recursos económicos.

Algunas preguntas son ¿la ciudadanía mexiquense está interesada y exige nuevos partidos? o el cumplimiento de promesas hechas en campaña por los ya existentes.

¿Los partidos están cumpliendo con el fin de que la ciudadanía ocupe un cargo de elección popular, como una diputación federal, local, una presidencia municipal, una regiduría o sindicatura, sin ser parte de las élites partidistas?

El IEEM está facultado para conocer de la citada solicitud de registro, elaborar un proyecto de dictamen y resolver lo conducente, pero la reflexión también es necesaria de cara al próximo proceso electoral.