Elección judicial a 2028. La ciudadanía ¿gana o pierde?
Escrito por Karina Ivonne Vaquera Montoya
Estoy convencida de que gana. Por una parte, hay que decir que el primer ejercicio de elección de personas juzgadoras en 2024 representó un enorme reto para las instituciones electorales que teníamos la experiencia de organizar comicios de los Poderes Legislativo y Ejecutivo a nivel federal y local, pero no de un poder que por décadas se mantuvo fuera del foco de la ciudadanía.
Así, la propuesta de eliminar el distanciamiento entre la sociedad y las autoridades judiciales y dar credibilidad a las decisiones que toman las personas juzgadoras, implicó el voto libre, secreto y directo para definir estos cargos con responsabilidades nada menores, nada más y nada menos que velar por la libertad, patrimonio, y derechos humanos de la ciudadanía.
La idea de su elección, por la vía del voto popular, es que exista una responsabilidad directa hacia la sociedad que finalmente los elije, que no se antepongan intereses particulares al interés público y que la justicia realmente se materialice.
Lamentablemente todo esto aún no es posible medirlo, la elección de 2024 es muy reciente y también es importante reconocer que la curva de aprendizaje para muchas personas, que recién se incorporaron al Poder Judicial, puede implicar agravios no menores para los justiciables y también para las personas que son víctimas y exigen la reparación del daño.
El proceso de 2024 dejó aprendizajes y fallas que con la recién aprobada reforma constitucional al Poder Judicial se intentarán resolver, las de mayor impacto son: 1) se cambia la fecha para la elección de personas juzgadoras hasta 2028, 2) la revocación de mandato podría realizarse en la misma fecha que esta elección judicial, 3) cada Comité de Evaluación tendrá una persona coordinadora, quienes serán parte de una Comisión Coordinadora que unificará criterios, establecerán metodologías homologadas de evaluación y selección, incluyendo exámenes, 4) se reduce el número de candidaturas por cargo y especialidad, 5) la geografía electoral tendrá como unidad básica el circuito judicial y distritos judiciales, 6) el cómputo se realizara en las casillas. La paridad se mantiene y todo ello deberá replicarse en las entidades federativas.
A pesar de los avances hay controversia y un legítimo reproche: el de extender el periodo de funciones de magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes además podrían participar en 2028.
La democracia exige cumplir principios y actuar con ética, parece que esta propuesta no embona, algunos legisladores de Morena lo expresaron y se abstuvieron de votar a favor de ello, con esto la ciudadanía ¿gana o pierde? aquí es donde debe existir debate y argumentos a favor o en contra.
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