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Cuando en nuestra calidad de autoridades electorales hablamos de promover la cultura democrática entre las juventudes, lo hacemos desde una visión institucional, lo cual no coincide con los intereses cotidianos de los y las jóvenes de México.

Las estadísticas lo confirman. Las personas de 20 a 29 años presentaban el porcentaje más elevado de insatisfacción con la democracia mexicana, al registrar un 49% en esta situación, de acuerdo con el Informe País 2020: el curso de la democracia en México, elaborado por el INE.

El dato es revelador, pues dicho informe indica que 73% de las personas encuestadas expresó saber o haber escuchado sobre la democracia y 65% opinó que es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Sin embargo, de las personas que dijeron tener este conocimiento de la democracia, 53% estaban algo o muy satisfechas con su aplicación en el país.

En los extremos 12% declaraba estar “muy satisfecha” con la democracia y un 16% se inclinaba por el “nada satisfecha”, pero en el análisis por rango de edad, entre los y las jóvenes de 20 a 29 años se registraba el nivel más alto de inconformidad con la democracia.

En una reciente visita que realicé al Centro Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), ubicado en Zumpango, conversé con estudiantes, quienes aportaron otro elemento de análisis: los y las jóvenes se distancian de la política o las elecciones porque viven una realidad muy distinta a la de autoridades electorales y partidos políticos.

No se trata de mundos o dimensiones paralelas, simplemente nuestra juventud de hoy tiene intereses básicos basados en su cotidianeidad, en su vida diaria, donde no aparecen o no han podido estar los actores electorales y políticos.

Los y las jóvenes, salvo que estén participando directa o indirectamente en algún partido o gobierno, están ocupados en sus respectivos estudios o trabajos, prefieren hacer deporte, dedicarse a las artes, leer, ir al cine, salir con amistades, viajar o sumergirse en las redes sociales, pero a la política la ven como un tema para personas de mayor edad.

De igual forma perciben que no tienen la información suficiente para interesarse en la política e incluso para votar, como ocurrió en la elección judicial de 2025, donde para muchos jóvenes se complicó aún más el ejercer su sufragio por la cantidad de puestos a elegir y el número de candidatos y candidatas.

Por ello, una clave para nosotros, como autoridades electorales, es dejar de pensar desde nuestra visión y considerar que las juventudes deben acercarse a los institutos electorales, por el contrario, debemos encontrar las coincidencias que tenemos en sus intereses cotidianos, advertir que en sus aspiraciones básicas podemos encontrar elementos para interesarlos en el debate democrático.

El objetivo es que desde la visión juvenil sea relevante la organización de una elección, la votación y sus resultados, pues de ello depende no sólo el destino de las juventudes, sino de toda la sociedad. El inicio de esta tarea es acudir a las y los jóvenes, escucharlos, entenderlos y pensar como ellos. Todo desde la óptica de la curiosidad juvenil, donde no hay formalismos, ni protocolos, sólo la intención de aprender.

Para seguir en esta reflexión tan necesaria te invito a seguir mi canal de YouTube, donde comparto algunas de las entrevistas que hice con estudiantes universitarios, me encuentras como Consejera Karina Vaquera. Te sigo en los comentarios.

Garantizar el voto de las y los mexicanos en el exterior es una tarea primordial para el sistema electoral mexicano.

De acuerdo con estimaciones del propio Instituto Nacional Electoral (INE) más del 95 por ciento de las y los mexicanos residentes en el exterior se encuentran en Estados Unidos, por lo cual los esfuerzos para asegurar al voto migrante, tienen una dimensión especial en el vecino país del norte.

De acuerdo con cifras difundidas por el gobierno de México, basadas en la Current Population Survey 2018, indicaban que poco más de 12 millones de mexicanos y mexicanas nacidas en nuestro país radicaban en Estados Unidos, es decir, eran migrantes de primera generación.

Y otra cantidad superior a los 26 millones eran de segunda y tercera generación, lo cual haría que la población de origen mexicano ronde los 40 millones de personas.

A su vez, las y los migrantes indocumentados, de acuerdo también a estimaciones oficiales, serían superiores a los 4 millones.

Estas cifras ilustran la necesidad de reforzar los derechos político-electorales de las y los mexicanos en el exterior, no sólo habilitando módulos del INE en los consulados mexicanos, sino también ampliando las elecciones en las cuales puedan participar, además de garantizarles el ser elegidos en cargos de representación popular.

De manera reciente, el INE estableció que las y los migrantes puedan participar en la elección de 10 gubernaturas y cuatro diputaciones migrantes, como parte del ejercicio de sus derechos político-electorales.

El Plan Integral de Trabajo del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027 indica que la participación desde el exterior incluirá a los comicios locales de Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas, donde se renovarán sus respectivas gubernaturas, además de la elección de cuatro diputaciones migrantes en la Ciudad de México, Guerrero, Jalisco y Oaxaca.

Las modalidades en las cuales podrán emitir su voto las y los migrantes será el sufragio postal, electrónico por internet, y la votación presencial en sedes habilitadas en el exterior.

A la fecha las y los migrantes también pueden votar en la elección de la Presidencia de la República y de Senadurías. Resalta que, en el Estado de México, y derivado de un litigio electoral iniciado por una ciudadana, en 2024 las y los mexiquenses en el exterior pudieron votar por diputaciones locales de representación proporcional.

Los avances en el voto migrante son un aliciente para una sociedad más igualitaria, donde prive el respeto a los derechos fundamentales, sin embargo, las demandas de las y los migrantes apuntan a una mayor participación, por ejemplo, el que puedan votar por presidencias municipales y aumentar el número de las diputaciones y senadurías migrantes, además de evitar simulaciones.

En el caso del voto migrante por las alcaldías resulta una demanda básica, pues la autoridad municipal es la más cercana a sus familias, incluso puede representar nuevas condiciones para su posible retorno al país.

Y respecto a las senadurías y diputaciones migrantes, la demanda va en distintos sentidos. Aumentar estos espacios es el inicio, pues los migrantes también consideran necesario que los partidos no sólo postulen a representantes migrantes, sino que les garanticen alcanzar un escaño, en el caso de ser postulados por la vía de la representación proporcional.

De igual forma, la comunidad migrante ha propuesto que sus representantes sean elegidos por ellos, y no propuestos por los partidos. A la fecha han existido postulaciones que sí responden a las necesidades de los migrantes, sin embargo, debe cerrarse cualquier espacio a la simulación.

El voto migrante no es una concesión, es una demanda de mexicanos y mexicanas, cuya única diferencia es su lugar de residencia. Migraron en busca de mejores condiciones económicas y sociales, pero sus derechos políticos siguen vigentes. Son un poder ciudadano que trasciende las fronteras.

Los esfuerzos para lograr una mayor igualdad entre hombres y mujeres, como las celebraciones del 8M y el Día Naranja, deben visualizarse a la luz de la realidad: prevalecen las brechas económicas y políticas, así como la violencia.

Ayer, durante una conferencia magistral, la doctora Graciela Márquez Colín, presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, indicó que sólo 45 de cada 100 mujeres mexicanas están en el mercado laboral, lo cual considera a la economía formal e informal. En contraste, los hombres que están en el mercado laboral son 75 de cada 100.

Durante su exposición, realizada en la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), refirió que la mayoría de las mujeres incorporadas al mercado laboral se ubican en sectores de baja productividad, como los servicios sociales, restaurantes y comercio.

Con datos de 2024 señaló que por cada peso que recibe un hombre, la mujer sólo gana 65 centavos. Además, de la población no económicamente activa, el 49.8% son mujeres dedicadas a quehaceres domésticos.

A nivel global, las mujeres representamos el 49.5% y lastimosamente la incidencia de violencia contra mujeres y niñas no cesa, se calcula que en todo el mundo una de cada 3 mujeres hemos sido víctimas de violencia física o sexual por parte de una pareja, de violencia sexual fuera de la pareja, o de ambas, al menos una vez en la vida; de ellas 30% son mujeres de 15 años o más. Estas cifras no incluyen el acoso sexual que se ha mantenido en los últimos 2 decenios.

Los feminicidios son otra gran herida abierta, en 2024, unas 50 mil mujeres y niñas murieron a manos de sus parejas u otros familiares en todo el mundo. Mientras que el 60 por ciento de los homicidios de mujeres son cometidos por sus parejas u otros miembros de la familia.

Recordemos que mañana es el Día Naranja, pues el 25 de cada mes se conmemora este día para visibilizar la violencia que aun persistente contra las mujeres. También para crear conciencia y prevenir cualquier tipo de agresión contra niñas, adolescentes y mujeres.

Esta campaña naranja fue iniciada en 2008 con el fin de movilizar a la opinión pública y a los gobiernos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Este mes también se registró el 8M, “Día Internacional de la Mujer”, un día que nos trae a la mente la lucha histórica de las mujeres por tener igualdad. Lucha permanente donde las mujeres de diferentes generaciones hemos ido arrebatando espacios para trabajar, opinar y participar en la vida pública y privada del país.

Sin embargo, la luz de las cifras oficiales queda claro que el camino aún es largo para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pues prevalece una cultura patriarcal que debe ser modificada desde la sociedad y las instituciones públicas, no con discursos, sino con acciones.

La participación de la ciudadanía en las urnas refleja que el sistema democrático se encuentra funcionando correctamente y sobre todo con legitimidad política, pero ¿qué sucede cuando ese porcentaje de participación está por debajo del 50%?

De acuerdo con un estudio reciente, realizado por el IEEM en colaboración con El Colegio Mexiquense, la participación electoral presenta comportamiento volátil en el devenir de los años.

Se revelan patrones preocupantes, al mostrar índices altos de abstencionismo en diferentes tipos de elecciones. Por ejemplo, el máximo pico de abstencionismo para elecciones de la Presidencia de la República fue 2006, con un 41.4%, y en la entidad mexiquense, en 2011, con la renovación de Gubernatura, pues ascendió al 53.85%. Significa que casi la mitad de la población en edad de votar decide no ejercer este derecho.

La ciudadanía promedio en el Estado de México se caracteriza por manifestar una profunda desconfianza institucional, insatisfacción con el sistema democrático y una percepción negativa respecto del Estado de derecho y la administración de justicia.

En el caso de la desconfianza, la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del Inegi, reporta que, en el Estado de México, solo 22.3% de la población confía en los partidos políticos, 40.8% en los gobiernos municipales, y 51.5% confía en los institutos electorales. Además, sólo en 19 municipios mexiquenses existe una muy alta confianza en autoridades electorales, mientras los demás están en un término medio.

Ante estos datos, es importante que tanto al interior de los partidos políticos, como de las instituciones electorales se reflexione en la forma para generar mayor cercanía con la ciudadanía e instrumentar acciones que se traduzcan en confianza para aumentar la participación.

La semana pasada, la reforma electoral planteada por la Presidenta de la República no alcanzó los votos para modificar la Carta Magna, la misma planteaba, entre otros rubros, la disminución del 25% en presupuestos para los partidos políticos.

De igual forma se había planteado la reducción presupuestal a autoridades electorales, incluidas las locales, por considerar que existen duplicidades de funciones con el ámbito federal.

Ante estos retos, vale la pena que desde el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) generemos un mayor esfuerzo institucional con estrategias focalizadas a las que deberíamos dotar de mayores recursos económicos y presencia en esos 106 municipios, donde no hay una muy alta confianza en autoridades electorales.

Más sobre participación ciudadana, reforma electoral, acciones afirmativas y derechos humanos lo comparto en el canal de YouTube que abrí con el fin de coadyuvar en el fortalecimiento de nuestra democracia. Me encuentras como Karina Vaquera Montoya.

En días pasados, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó el Programa de Paridad de Género y Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres, 2026.

Este programa es una obligación que tiene el IEEM desde 2020, cuando ocurrieron las reformas a la Constitución y Código Electoral estatal, en cuyo artículo 201 se establece que la Dirección de Participación Ciudadana del Instituto elaborará el mencionado programa.

El contexto en el que se aprobó aquella no lejana reforma de 2020, era el de un déficit respecto a la integración paritaria en ayuntamientos y la falta de regulación para garantizar la paridad de género en la candidatura a la gubernatura.

Lo anterior, a pesar de que el Estado de México había atendido en muy buen tiempo la ratificación de la reforma constitucional, denominada “Paridad en Todo”, de 2019 y el Congreso local fue integrado por 37 mujeres y 38 hombres en el periodo 2018-2021.

A pesar de ello, en el proceso electoral de 2021, desde el Consejo General del IEEM se aprobó un acuerdo por mayoría de votos, donde se avalaba una integración del Congreso local sin paridad, como puede verse en el acuerdo IEEM/CG/150/2021, el cual voté en contra.

Estas resistencias y falta de compromiso y convicción con el género, por parte de actores y autoridades electorales que deben cumplir con un principio constitucional, son parte del sinuoso camino que ha representado hacer cumplir la paridad, a traves de la cual se busca asegurar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, una representación equilibrada en cargos públicos, en la toma de decisiones, y en el ámbito económico.

El Programa de Paridad que se implementará en 2026 cuenta con seis proyectos, pero algo muy relevante es lo que evidencia y es el déficit de paridad que persiste en el ámbito municipal. Actualmente 15 municipios del Estado de México nunca han tenido a una mujer como presidenta municipal y el 72.3 por ciento de 123 ayuntamientos revisados incumplen con una integración paritaria en sus gabinetes.

En 29 ayuntamientos la integración de mujeres en sus Cabildos se encuentra entre el 40 y 46 por ciento, mientras en 60 ayuntamientos se registra menos del 40 por ciento de mujeres en su integración. El único municipio que cuenta con más del 60 por ciento de mujeres en su integración es Chiautla.

A nivel general, existe una subrepresentación de mujeres en los siguientes cargos: Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde 112 son titulares hombres y sólo 11 mujeres; la Secretaria del Ayuntamiento, donde 86 son hombres y sólo 35 mujeres; lo mismo que las Contralorías, donde 78 son hombres y 45 mujeres.

2027 es muy cercano ya para la clase política, por lo cual es oportuno que consideren estos datos y tengan presente cumplir con la paridad cuando ganen esos espacios.