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Hoy 24 de febrero se conmemora el Día de la Bandera, un símbolo que junto con el Escudo y el Himno Nacional, nos representa y nos da identidad a mexicanos y mexicanas.

Tras esta celebración, de uno de los símbolos patrios más importantes de nuestro país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que presentaría su iniciativa de reforma electoral, misma que ha causado gran controversia, principalmente entre la clase política que se denomina aliada del partido que mayoritariamente gobierna al país.

De acuerdo con información periodística, publicada la semana pasada, se percibió que la Presidenta había decidido no esperar a más negociaciones. En la conferencia mañanera del jueves expresó: “No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. Hay temas que ha planteado la gente y que vamos a presentar”.

Y tiene razón, por ejemplo, de acuerdo con un estudio nacional realizado por Mitofsky, en julio de 2025 se reveló que la ciudadanía mexicana se mostraba mayoritariamente a favor de modificar las reglas del sistema electoral.

Destacaban los siguientes rubros: eliminar el financiamiento público a partidos políticos en años sin elecciones (83.5%), reducir el tamaño de Congresos locales y Cabildos municipales (81.7%), disminuir el número de diputados federales de 500 a 300 (78.6%), recortar de forma drástica el financiamiento público a los partidos (76.9%), acotar tiempos de propaganda gratuita en radio y televisión para partidos y gobiernos (67.2%), y eliminar a las senadurías plurinominales, dejando solo 96 senadores (3 por estado) (65.9%).

Algunos de estos temas los ha planteado la presidenta Sheinbaum, principalmente lo relativo a la reducción de curules plurinominales, financiamiento público a partidos, y que ya no sean las cúpulas partidistas quienes designen a los aspirantes a diputaciones federales de representación proporcional.

Aspectos, que se percibe, han sido rechazados por los aliados al partido que gobierna a nivel federal, y quizas por algunos del propio partido de la Presidenta, sin que se atrevan a expresarlo.

Pero, ¿quiénes son los personajes que están en contra? ¿a qué grupos les afecta que se materialicen estas propuestas?

A propósito de este debate, la prensa ha evidenciado nombres de legisladores y legisladoras que han ocupado por décadas espacios de representación popular como plurinominales, cuyo origen fue el de garantizar pluralidad y acceso al poder a las minorias, lo cual se ha diluído.

En un sistema profundamente patriarcal, la primera mujer Presidenta de México se suma a una batalla más que tendrá que librar, a pesar del 70% de aprobación que tiene y de la exigencia ciudadana, que de acuerdo con estudios académicos, no cree en los actores políticos que manejan un doble discurso, sobre todo cuando de recursos públicos se habla.

El abstencionismo electoral es un fenómeno complejo que se presenta y afecta la democracia y la legitimidad de quienes gobiernan en los diferentes niveles de gobierno, deriva de la voz latina abstentio, significa no hacer o no obrar.

En el ámbito electoral, el abstencionismo cobra relevancia al estar asociado con la participación ciudadana, un elemento cuantificable y de suma importancia, ya que permite que la ciudadanía, a través de su participación, incida en las decisiones políticas que toman quienes son electos (as) para representar a la mayoría; la participación en términos de Bobbio busca tanto un electorado informado, como un control ciudadano efectivo de las acciones gubernamentales.

Sin embargo, lo que se ha observado en diferentes procesos electorales es que la participación ciudadana decae cada vez más y el abstencionismo aumenta con efectos negativos que erosionan la democracia y deja ver el desencanto profundo que existe entre la ciudadanía y la clase política que lo gobierna.

¿Cuáles son las causas? Es multifactorial, lo sabemos, pero vale la pena tener elementos que permitan a las instituciones electorales, y sobre todo a los partidos y la clase política, atender el porqué del hartazgo y descontento, ya que si bien la democracia implica que gana quien más votos tiene, lo cierto es que la legitimidad de quien ostenta un cargo de representación popular, con alto abstencionismo en su elección es altamente cuestionable, incluso si cuenta con altos porcentajes de aceptación.

Para ello, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en 2025 con la colaboración de El Colegio Mexiquense realizó el estudio denominado “La participación ciudadana durante los comicios para la gubernatura en el Estado de México en el periodo 2011-2023”, el cual nos arroja datos que deben ser atendidos de manera prioritaria.

Hay una alta desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos, gobiernos municipales, estatales y en las autoridades electorales. A la pregunta que se hizo a la ciudadanía: si consideran que los gobiernos municipales y estatal responden a las demandas, las respuestas de no y a veces representaron el 90%, es decir; la ciudadanía tiene desconfianza porque los partidos no cumplen con lo que prometen cuando se convierten en gobierno, lo cual genera apatía. 

Otro dato revelador es que la violencia no es un factor determinante para impedir que la ciudadanía vaya a votar, sí se reconoce, pero no es lo que determina el abstencionismo.

En las elecciones de la gubernatura mexiquense tenemos que el porcentaje de abstencionismo es el siguiente, en 2011 cuando el candidato ganador fue Eruviel Ávila fue de 53.85%, en 2017 cuando contendió el Alfredo del Mazo fue de 46.7%, y en 2023 cuando contendió Delfina Gómez Álvarez el porcentaje fue del 49.70 %.

El estudio también refiere a los municipios con un abstencionismo mayor al 60%, en estas elecciones, entre los que se encuentran: Naucalpan, Huehuetoca, Atizapán de Zaragoza y Ecatepec en 2011; Huehuetoca en 2017; y Chimalhuacán, Huehuetoca y Zumpango en 2023.

En ocasiones hay actores políticos que cuestionan y consideran que la baja participación ciudadana es por la falta de difusión de las elecciones por parte de los órganos electorales, el estudio responde a ello.

Es cierto que también hay desconfianza en los órganos electorales. De forma autocrítica, como integrante del Consejo General del IEEM, considero que debemos reconocer el déficit en esfuerzos para evitar la lejanía que la ciudadanía también percibe de los organismos electorales.

Otro dato es que a pesar de que las mujeres mexiquenses son las más abstencionistas en procesos electorales, son quienes más participan en acciones colectivas, resolviendo los problemas de las comunidades, como el tema de agua y gestión de servicios.

Este estudio debe ser un insumo principal para la profunda reflexión que deben hacer los partidos ante la fuerte crisis de credibilidad y legitimidad en la que se encuentran, máxime de cara a una reforma electoral, y a un nada lejano proceso electoral en 2027.

El 2 de febrero de 2007 entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a 19 años de su creación un gran número de mexicanas no viven libres de violencia y hay agresiones que deben tipificarse como delitos.

Vivimos en un sistema patriarcal en el que persiste la idea de que las mujeres no somos iguales a los hombres y por lo tanto no tenemos como género el mismo valor; se siguen perpetrando actos de extrema violencia con impunidad para quienes los cometen, un ejemplo de ello es la violencia ácida o química.

Esta violencia extrema se caracteriza por exponer a una mujer, niña o adolescente al ácido, a sustancias químicas, agentes físicos o gases con la intención de causar daño, sufrimiento, dolor, ejercer poder, miedo o control sobre ellas.

Los agresores, en poco más del 86 por ciento, son exparejas, quienes motivados por venganza, celos o rechazo, deciden dañar a la mujer que fue su pareja buscando desfigurarla, mutilarla y marcarla física y psicológicamente de por vida. Se atenta contra la identidad y belleza femenina de quienes han decidido terminar la relación.

Los efectos son devastadores, víctimas que no son atendidas por el Estado, quien debería ser su primer garante, a través de protocolos y procesos con perspectiva de género. Todo les es negado causando un enorme déficit de justicia para las mujeres atacadas con sustancias corrosivas, quienes se enfrentan a dolor, secuelas permanentes y traumáticas.

Así lo expresa Carmen Sánchez, quien fue atacada con ácido por su expareja en 2014. Carmen es una sobreviviente, una activista que decidió crear la Fundación Carmen Sánchez MX, donde dan apoyo a otras mujeres que vivieron o están pasando por la misma situación, sin embargo, es condenable que exista este tipo de violencia, que su tipificación no sea uniforme a nivel nacional, e incluso se permita enmarcarla como violencia familiar o lesiones que no tardan en sanar más de 15 días, como le sucedió a Carmen.

Hay una deuda de justicia con Carmen y con muchas mujeres, es recriminable que el Estado no cuente con registros de estos casos, que cada vez son más comunes.

Desde la Fundación Carmen Sánchez se logró documentar que en tres décadas han existido 41 casos de este tipo de agresión, mientras que la prensa solo refería cuatro y las instituciones gubernamentales ninguna. 

Es necesario continuar con esta lucha para visibilizar y atender la violencia ácida, no se trata de poner restricciones a las sustancias corrosivas, pues actualmente existen cerca de 125 mil sustancias químicas peligrosas capaces de producir daños al entrar en contacto con el cuerpo humano. 

Se debe erradicar la cultura patriarcal, el machismo y los estereotipos de género. La citada fundación requiere siempre de voluntades para hacer un trabajo que tendría que hacer el Estado, donar es una forma activa de contribuir a esta causa.

En la democracia existen las instituciones y el Estado de derecho que protege derechos inalienables y garantiza democracia sustancial y no solo formal.

En este escenario, el disenso que deriva de di-sentio, que significa sentir, cobra una gran relevancia. El disenso es un derecho humano, un valor revolucionador y perentorio de la democracia deliberativa y participativa.

Disentir significa decir que no a una situación dada, al poder o al orden simbólico. A través del disenso se expresa el sentir diferente, a los y las demás, que forman parte de la sociedad o de una institución.

¿Es malo el disenso? No, por supuesto que no, al contrario, es necesario contar con disensos en un gobierno democrático y en sus instituciones gubernamentales, jurisdiccionales y autónomas. Gracias al disenso hay transformaciones que abonan a la democracia, que logran incidir y corregir actos que limitan derechos. 

En muchos espacios no es bienvenido el disenso porque se busca mantener el status quo, privilegios o prácticas contrarias a la ley; por ello cuando alguien disiente lo primero que el grupo mayoritario hace, es presionar y tratar de acabar con ese disenso. Es inmoral que ello ocurra, pero quien ejerce poder y mayoría puede llegar a cegarse, incluso teniendo ciertos principios y valores democráticos. 

En democracia son valiosos los consensos y las mayorías ayudan en la toma de decisiones, pero éstas no pueden anular los disensos que existan.

Aún y cuando sólo una persona estuviera en contra de una decisión, esa persona tiene garantizado su derecho a disentir por ser un derecho inalienable a través del cual se ofrece una visión diferente, una alternativa a lo que está dado.

En las instituciones públicas el disenso debe verse como aportación, querer presionar, invisibilizar o utilizar los medios de que dispone quien ejerce poder para tratar de acallar las voces de disenso, solo nos muestra una cara dictatorial y una falta de altura política. 

En la historia de la humanidad han disentido Prometeo, Sócrates, Lutero, Espartaco y el propio Cristo. Las revoluciones francesa y norteamericana nacieron del disenso, también disintieron Martin Luther King y Nelson Mandela.

En los tiempos actuales, a nivel mundial, nacional y estatal, el respeto al disenso es fundamental, quienes no logren comprenderlo y buscar vías de escucha, podrán contar con mayorías para ciertos actos, pero eso es temporal, todos los espacios públicos lo son, lo que trasciende es la esencia y forma en la que se ejerció el poder que en algún momento se detentó.

Mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, Josefa Ortiz Téllez Girón, Leona Vicario, Matilde Montoya, Elvia Carrillo Puerto, Rita Cetina, y Hermila Galindo también disintieron. La actual presidenta Claudia Sheinbaum, desde que era estudiante, expresó su disenso al poder hegemónico de la época y logro ser parte del cambio de régimen que vivimos. El disenso es una virtud de la democracia.

Los órganos electorales están obligados a la transparencia y claridad en el uso de recursos públicos, pues funcionan gracias al dinero de toda la ciudadanía. 

Por ello, voté en contra del Reglamento de la Actividad Administrativa y Financiera del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el cual se aprobó el pasado 30 de enero en el Consejo General de este órgano electoral. ¿Por qué voté en contra? Porque dicho reglamento contiene elementos que violan la Ley de Contratación Pública del Estado de México, así como su respectivo reglamento.  

En otras palabras, es una normatividad que sigue adoleciendo de fallas que no garantizan un adecuado manejo de los recursos públicos. Es de reconocerse que en su elaboración hubo un esfuerzo de funcionarios y consejerías del IEEM, hubo avances, pero nos quedamos con tareas pendientes. Esta normativa contiene la forma en la que el instituto regulará las políticas, procedimientos y sistemas administrativos para el ejercicio y control de los recursos financieros, materiales y servicios generales institucionales.

En este sentido, contar con un reglamento que cumpla con los estándares normativos estatales garantiza que los recursos asignados se encuentren correctamente empleados.

Es preciso recordar que este reglamento también derivó de las recomendaciones de la Auditoría de Legalidad número AL-150, que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), realizó al IEEM desde el año 2024, entre cuyos resultados se destaca que el actuar institucional en materia de procedimientos adquisitivos, con base en sus Lineamientos para la Administración de Recursos del IEEM, contravenía en algunos casos  lo que establece la Ley de Contratación Pública del Estado de México y su  reglamento.

De esta forma, las condiciones nos obligaban a ser exhaustivos en la elaboración del multicitado reglamento, lo cual no ocurrió. 

A continuación enumero algunos de los puntos que propuse, mismos que no fueron incluidos en este reglamento: el citado reglamento no permite que ciudadanos y ciudadanas puedan estar presentes como observadores en procesos de contratación, tal y como lo mandata el artículo 85, párrafo primero del Reglamento de la Ley de Contratación Pública estatal, lo cual no sólo se trata de observar lo ordenado por la normatividad, sino que permitiría realmente cumplir con el principio de máxima publicidad.

Tampoco se aceptó que la Dirección de Administración del IEEM sea quien realice los estudios de mercado en las distintas contrataciones, pues quienes las realizarán serán las áreas solicitantes. Esto contrasta con lo establecido en el  Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios.

Además, no se incluyó el concepto de precio no aceptable. Esta es una noción jurídica de suma importancia porque evita sobrecostos, previene la corrupción, abona a la transparencia y al principio de honradez, lo que se traduce en un adecuado manejo de recursos públicos.

El afán de estas y otras propuestas que no fueron aceptadas fue acatar la normatividad aplicable en la materia, a fin de asegurar que el IEEM realmente opere bajo las mejores prácticas administrativas. Ese seguirá siendo nuestra obligación legal y convicción ciudadana.