Lo ocurrido en las urnas costarricenses el domingo no puede leerse únicamente en clave ideológica. Bajo la superficie se mueve una tensión profunda que hemos tendido a ignorar por concentrarnos en el clivaje de izquierda y derecha.
Laura Fernández, la candidata oficialista, será la presidenta de Costa Rica, por lo que es pertinente preguntarse cuáles son las causas de esta victoria.
Tanto en la elección presidencial como en la legislativa se expresó un tipo de motor social que surge del miedo a la violencia y de la expectativa de orden. Esa fuente de legitimidad movilizadora, pero ambivalente, paradójicamente, puede pavimentar el camino a la debilitación de las instituciones que hacen posible a la democracia misma.
La conexión entre la demanda de orden y la expansión de la confianza hacia liderazgos populistas y antisistema no es nueva. Sin embargo, Costa Rica se posicionó como una de las democracias más estables de la región, con instituciones y cultura política sólidas. Esa imagen de excepcionalidad ha comenzado a desvanecerse por las dinámicas del crimen organizado y de la desigualdad social.
La sensación de vulnerabilidad se convirtió en el terreno fértil donde las propuestas de mano dura contra la delincuencia echó raíces. Entre estados de excepción, endurecimiento penal, la promesa de megaprisiones y una retórica refundacional iniciada por su predecesor, Laura Fernández consiguió una victoria irrefutable.
El triunfo de la segunda mujer electa para la presidencia del país de la “pura vida” no es menor. Se sustenta en una participación cercana al 70% y en un porcentaje de votos para esquivar una segunda vuelta. La nueva administración inicia la “tercera república” con un margen político respaldado por una movilización ciudadana.
Pero los contrapesos a las mayorías suelen emerger incluso cuando los liderazgos gozan altos niveles de aprobación. Aunque la elección de la candidata oficialista representa un respaldo a la continuidad del proyecto iniciado por Rodrigo Chaves –actual presidente sin posibilidad de reelección inmediata–, el escenario legislativo introduce matices.
Según los resultados preliminares del Tribunal Supremo de Elecciones, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) de Fernández y Chaves obtuvo una bancada amplia, pero insuficiente para aprobar reformas constitucionales sin coaliciones. Las 31 diputaciones le dan al partido la mayoría que le permite actuar en áreas como seguridad y presupuesto. Sin embargo, la generación de alianzas será impostergable para pasar el discurso “refundacional” a la acción.
El cambio observado en el votante mediano no puede reducirse a un apoyo superficial a soluciones punitivas. La inseguridad y la desigualdad operan como fuerzas que reconfiguran la relación entre ciudadanía e instituciones. Ahí donde la sensación de vulnerabilidad se vuelve la norma, la paciencia con los procedimientos y los equilibrios institucionales se esfuma.
En este contexto, el discurso de “refundación” adquiere un peso simbólico. Pero lo decisivo es su contenido: si se interpreta como el desplazamiento de controles para la concentración de poder, la fragilidad institucional que alimentó el malestar puede profundizarse. Si se asume como un proceso de fortalecimiento institucional y reconstrucción social, el horizonte cambia. El desafío está en transformar las instituciones para volverlas capaces de responder de manera sostenida dentro de los límites democráticos.
Costa Rica grita lo que la región ha susurrado: el miedo puede ser un motor político o un atajo peligroso. Más que una anomalía, lo ocurrido en Costa Rica parece un espejo de la creciente tensión entre orden y democracia; urgencia y procedimiento; miedo y Estado de derecho. Mirar esa tensión sin confusores es el primer paso para que la legitimidad que hoy se expande no sea la grieta del mañana.
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