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Este tema siempre resulta espinoso y no debería serlo, particularmente, en pleno siglo XXI en el que hay un avance muy importante que se ha gestado desde el ámbito internacional por eliminar la discriminación hacia una comunidad que ha ido creciendo en todas las latitudes: la LGBTTTIQ+.

Este mes de junio ha sido declarado como el mes del orgullo. Concretamente el día veintiocho de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay con el fin de que exista tolerancia, igualdad y dignidad de las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans y demás categorías incluyentes.

En 1969 en Stonewall (Nueva York, EE. UU) se gestó el inicio de un movimiento de liberación homosexual; la resistencia a los ataques y acoso marcó el hecho. Penosamente estos acontecimientos no han dejado de ocurrir, incluso en Toluca, el pasado mes de mayo se presentaron agresiones a la comunidad LGBTTTIQ+ cuando exigía la aprobación del matrimonio igualitario en el momento en que se realizaba la toma de posesión e inicio del Ministerio Pastoral de Monseñor Gómez González, de acuerdo con diversas notas periodísticas.

Hoy en día existen convenciones y tratados internacionales que tutelan la igualdad y la no discriminación. Aunado a ello se ha avanzado en garantizar también los derechos político-electorales de quienes integran esta comunidad, al menos a nivel federal y en algunas entidades. La forma de incluirlos ha sido a través de acciones afirmativas que pueden ser implementadas desde la autoridad electoral.

En nuestra entidad no existen acciones afirmativas para ningún grupo históricamente discriminado en el que se incluye a quienes integran esta comunidad. Hay que cambiar la cultura de odio y violencia que existe a la comunidad LGBTTTIQ+ y ser incluyentes, eso toca en democracia.

Todas ellas representan serios obstáculos para que las personas puedan alcanzar una vida plena, una vida digna a propósito de la universalidad de los derechos humanos; mismos que todo Estado tiene la encomienda y obligación de tutelar y claro está materializar.

Debe ser contundente que cualquier democracia que tome en serio la igualdad, debe atender y poner cartas en el asunto de la pobreza pues su erradicación representa un gran reto y desafío desde el ámbito internacional hasta el propio ámbito local.

La pobreza es la falta de ingresos, de acceso a la salud, educación, servicios básicos de vivienda digna, servicios púbicos; lo que afecta de forma lacerante a la sociedad.

En el caso del Estado de México en donde habitan cerca de 12.5 millones de mexiquenses el tema de la pobreza es lastimosamente un asunto permanente que miles de familias viven día a día y que por cierto no es reciente; son décadas en las que la pobreza existe, ejemplo de ello son los porcentajes de 2012 con 45.3% ó 2014 donde llego a 49.6%.

De acuerdo con cifras recientes del CONVEVAL el porcentaje de pobreza en 2020 representó el 48.9%.

Atender el tema de la pobreza en nuestra entidad es uno de los mayores desafíos que se tienen. Es imperativo resolverlo al ser un problema polifacético de dimensiones económicas, políticas, ambientales y por supuesto institucional.

Pero además a quienes más afecta es a las mujeres, quienes sufren esa brecha de desigualdad.

La pobreza tiene género y la feminización de ella es evidente, las mujeres trabajan y generan mas del 50% de los alimentos que se consumen, pero reciben un porcentaje mínimo de ganancia y muchas de ellas no cuentan con el control de las tierras, no son titulares de ninguna propiedad, no son sujetas de crédito y todo ello vulnera sus derechos.

Si a eso agregamos que una mujer es adulta mayor, de una etnia indígena, contar con una discapacidad y vivir en situación de pobreza o extrema pobreza es a todas luces evidente que esta interseccionalidad la hace una persona vulnerable.

¿Cuántas mujeres en estas condiciones viven en el Estado de México? Y ¿cuánta aporobofia[1] existe? Vaya que es un tema de atención.

[1] Neologismo que da nombre al miedo, rechazo o aversión a los pobres.

Es claro que las sociedades contemporáneas tienen como parte de su configuración la figura de los partidos políticos como organizaciones que desempeñan un papel importante al ser quienes articulan en gran parte los órganos de representación popular.

Por lo que resulta vital conocer su origen, funciones y por qué no los retos que los partidos políticos tienen en una sociedad que se erige como democrática.

Estas organizaciones han pasado por una evolución que va desde su origen con la culminación de la época feudal tradicional que termino con las formas estamentarias hasta arribar a una sociedad industrial que genero una nueva forma de organización política determinante para la conformación del poder político.

Los partidos políticos a diferencia de grupos que se crean en la sociedad civil y que luchan por cambiar el status quo, visibilizar actos que son contrarios a la democracia ó los derechos humanos como la corrupción, los feminicidios, la falta de condiciones igualitarias para el desarrollo de hombres y mujeres, participan en las elecciones pues pretenden además de visibilizar este tipo de temas conquistar cargos públicos.

Los partidos políticos cuentan con una organización formal y con funciones sociales como representar intereses de la sociedad; antes representaban intereses de clase, pero la dinámica social ha hecho ver que hoy en día están obligados a tener un espectro mas amplio y variado toda vez que la sociedad ha ido modificando su propia forma de organizarse y tomar decisiones.

Ejemplo de lo anterior son las concepciones de familia que derivan en temas como el matrimonio igualitario o la interrupción legal del embarazo, hechos a los que los partidos políticos no pueden ser ajenos si desean representar a un amplio sector de la sociedad.

Son legitimadores del propio sistema político al estar obligados a promover procedimientos e instituciones que tutelen los derechos humanos, contar con perfiles idóneos para gobernar y tener líderes con verdaderos valores democráticos.

Hoy es importante considerar los índices de votación y también de abstención que se da en las elecciones pues uno de los retos mas importantes de los partidos políticos de cara a cualquier elección parece ser generar una verdadera vinculación con la sociedad y sus intereses, su democratización interna por mencionar solo dos. Su actuación tiene un impacto directo en el tejido social por ello su relevancia.

Estos grupos son mujeres y comunidad indígena, personas con alguna discapacidad, personas que forman parte de la comunidad de la diversidad sexual conocidos por las siglas LGBTTTIQ+, personas residentes en el extranjero, las juventudes; grupos que desde el ámbito federal han sido tomados en cuenta por ejemplo en las postulaciones para candidaturas a diputaciones a través de un acuerdo del Consejo General del INE en el que dicho órgano colegiado ha llevado a cabo acciones afirmativas para su inclusión.

¿Qué son estas acciones? las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal. Las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria para grupos vulnerables o en desventaja, que tiene como fin revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos y con el propósito garantizar igualdad sustancial entre las personas integrantes de la sociedad y los grupos a los cuales pertenecen.[1]

La finalidad de las acciones afirmativas es que la ciudadanía en su totalidad goce de los mismos derechos universales sin distinción alguna. Nuestra constitución federal y también la del Estado de México, hacen referencia a los derechos humanos de las personas y a la NO DISCRIMINACIÓN con lo que existen bases suficientes para que en el caso concreto de los derechos político- electorales las autoridades administrativas como los institutos electorales diseñemos acciones afirmativas.

El pasado 02 de junio el IEEM a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación llevo a cabo una mesa de reflexión sobre los derechos político-electorales de la comunidad LGBTTTIQ+[2], antes ya se han generado para visibilizar los derechos de la comunidad afrodescendiente, mujeres indígenas, entre otras.

Las acciones afirmativas son un tema en el que puede haber mucha resistencia, pero nula forma de no dar atención y cumplir con la constitución menos en un estado que se define como democrático.

[1] Acuerdo INE/CG18/2021

[2] (11) La comunidad LGBTTTIQ+ y sus Derechos Políticos Electorales: Avances y desafíos. - YouTube

En el caso de las autoridades electorales, no debe pasar por alto generar evaluaciones institucionales, sobre todo, ante los desafíos que nos encontramos. Las recientes propuestas de reformas electorales nos obligan a poner foco en todo momento en la forma en la que la ciudadanía nos ve, e incluso, identificar si nos conoce.

Por ello, una evaluación institucional resulta estratégica para poder optimizar el trabajo que se realiza y que no solo es la organización de elecciones, sino que va mas allá al ser una autoridad garante de derechos político-electorales, de vigilancia del gasto que se ejerce en temas de liderazgo político de las mujeres, monitoreo a medios para la existencia de equidad en las contiendas, distribución de prerrogativas, difusión de la cultura político-democrática, por mencionar algunas.

¿Hemos cumplido con ello en el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Contamos con alguna evaluación? ¿Cómo nos observa la ciudadanía? ¿Cómo nos califica? Para dar respuesta a estas y otras interrogantes es necesario que existan modelos y metodologías de evaluación que nos permitan tener hallazgos que nos digan que nos hace falta hacer.

Evaluar las metas, funciones, los perfiles de actuación profesional. Otro rubro sin duda es el de ¿cómo se evalúa? en donde resulta indispensable generar escalas de medición y procedimientos utilizados para emitir los juicios necesarios para mejorar la calidad del trabajo institucional. Contar con índices de eficacia y eficiencia. ¿Quién evalúa?: todos quienes formamos parte de la institución incluida la ciudadanía. ¿Cuándo? Al término de cada proceso electoral.

En 2021 concluimos un proceso ordinario y uno extraordinario sin que se llevara a cabo evaluación alguna. Hemos concluido el segundo proceso extraordinario y es buen momento para retomar el tema, de cara a la organización del proceso electoral de gobernador o gobernadora 2023 y con pendientes que cumplir, como son los lineamientos de paridad y el exhorto que nos hiciera el legislativo de la entidad.