Comunicación
Social

Pero ¿la ciudadanía tiene pleno conocimiento de la constitución? ¿los derechos en ella contenidos se materializan en la realidad cotidiana? ¿Cómo ha sido modificada y a que atienden tales reformas?

Sabemos que la constitución es un instrumento jurídico-político a través del cual se establece un límite al poder político y que la misma deriva de un concepto liberal-garantista desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 que decía: “Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni reconocida la división de podes, no tiene constitución”

Por lo tanto, la constitución permite que la libertad de los ciudadanos en su relación con el Estado este protegida a través de la división de poderes y del respeto de los derechos humanos.

Sin embargo, se debe tener claro que las reformas que se llevan a cabo al texto constitucional obedecen y son el reflejo del ideario y proyecto político de nación que tiene el gobernante en turno[1]

Lo anterior queda acreditado al revisar qué y quienes han sido los propulsores de las más de 700 reformas que desde su promulgación a la fecha tiene nuestra constitución.

En un primer momento, el objetivo principal estuvo centrado en la reforma en materia político-electoral para reconocer y darles garantías a las fuerzas políticas minoritarias que exigían freno al entonces avasallador poder del PRI.

Después hubo reformas constitucionales de gran calado que han tenido el fin de fortalecer a los poderes legislativo y judicial frente al poder ejecutivo.

Otras que han puesto en un lugar preponderante los derechos de la ciudadanía como lo fue la reforma en materia de derechos humanos de 2011, que trajo consigo la maximización de los efectos normativos de los derechos fundamentales, su horizontalidad, el principio pro persona y con ello nuevos parámetros interpretativos.

Sin embargo, es necesario plantearnos que la dinámica de la reforma constitucional pone de manifiesto serios desafíos al texto constitucional por parte de los especialistas, pero también de la población en general que en la mayoría de los casos desconoce el contenido de la constitución.

Estas deformaciones y disfunciones de la constitución deben ser reordenadas, reducidas o renovadas.

Pero lo más importante es forjar una cultura constitucional en donde la constitución sí sea un producto cultural con funciones amplias de integración social y representación simbólica de nuestra nación.

Hoy ante la extrema polarización que persiste parece adecuado tener fresca la memoria en torno a las reformas electorales como parte de esa transición.

El autoritarismo emanado del régimen político creado después de la revolución a través de los cacicazgos institucionalizados del entonces partido gobernante, (PNR, PRM, PRI) creó un modelo de organización electoral con un fuerte control gubernamental que logró que de 1917 a 1943 no hubiese modificación alguna.

Sin embargo, partidos de oposición al PRI como el PAN y el PRD tomaron fuerza y la sociedad mexicana dio un primer cambio que hizo que de 1977 a 1996 se gestaran reformas electorales en las que se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público con un sistema de prerrogativas y con el establecimiento de la representación proporcional.

La crisis de 1988 con “la caída del sistema” obligó un cambio mayor, entonces se creó el IFE en 1990 con consejeros ciudadanos en los consejos locales y distritales para después arribar esa ciudadanización al consejo general en 1994 cuando ya no era el presidente de la república quien nombraba a los consejeros sino los grupos parlamentarios de los partidos.

La naturaleza de esa decisión radicó en que siendo ciudadanos con reconocido prestigio por la sociedad serían imparciales y vigilantes extremos de la organización de las elecciones ahí encontramos a personajes como Miguel Ángel Granados Chapa y José Woldenberg.

Pero nuestro país nunca dejó de tener cambios y en 1996 Ernesto Zedillo fincó la necesidad de una nueva reforma para evitar inestabilidad política misma que trajo consigo la reorganización del consejo general del IFE retirando al secretario de gobernación del órgano electoral, terminando con los consejeros ciudadanos para dar paso a los consejeros electorales.

Perfeccionamiento de medios de impugnación y un nuevo modelo de comunicación política en 2007 son también parte de la transición.

La última reforma electoral fue en 2014 con la creación de un híbrido, una autoridad electoral de carácter nacional que organiza procesos electorales federales y locales, misma que hoy nuevamente se pone al centro del debate.

Nuestro sistema ha sido siempre perfectible sería bueno saber qué opina la ciudadanía y qué temas le interesan.

Hoy es vital que nos ocupemos en hacer una pausa para repensarnos como sociedad en lo individual y en lo colectivo.

Ver los grandes avances que tenemos como humanidad, pero también aislar todos y cada uno de los actos devastadores y perversos que esta pandemia ha puesto al desnudo.

Reforzar el cumplimiento y exigencia del respeto a los derechos humanos, muchos de los cuales han sido vulnerados a cientos y miles de personas.

El confinamiento obligatorio ha hecho visible la violencia doméstica que se elevó en un gran número de hogares en donde las mujeres, niños y niñas han resultado los más afectados al encontrarse con sus agresores sin recursos y redes de apoyo.

De acuerdo con ONU Mujeres, en México las llamadas al 911 en un lapso de 100 días aumentó en 20% y la atención brindada en casos de violencia en más del 70%.

Las aristas del Covid-19 son diversas y ninguna menor. La CIDH dictó una resolución [1] que reitera la necesidad de abordar el tema con perspectiva de derechos humanos.

El derecho a la salud es un derecho autónomo y justiciable sin tener necesidad de vincularlo con violaciones concomitantes por lo que los Estados deben ocuparse de generar e implementar políticas públicas eficaces que cuenten con los siguientes estándares:

Calidad (infraestructura adecuada para atender necesidades básicas y urgentes, así como recursos humanos), accesibilidad (bienes y servicios de emergencia de salud que deben ser accesibles a todas las personas sin distinción y discriminación alguna), disponibilidad (suficiencia en todo lo necesario para atender la crisis de COVID-19) y aceptabilidad (la ética de los profesionales de la salud al informar al paciente su diagnóstico y tratamiento.)

Se requiere implementar políticas públicas serias que den respuesta a la crisis financiera que la ciudadanía vive; datos del CONVEVAL reflejan que son los grupos de población más vulnerables los que resienten más esta crisis por pérdida de salud y empleo lo que nos lleva a mayor pobreza.

El Estado de México ocupa el 2º lugar en contagios y en aportación a nivel nacional del PIB[2] lo que obliga que se tomen medidas de vanguardia que protejan los derechos de la clase trabajadora, se minimice el número de desempleos, se amplíe el acceso a la sanidad y a los bienes y servicios de primera necesidad

Todo ello con ética y responsabilidad, no se debe lucrar con un derecho humano como la salud.

Aprovecho para agradecer a mi casa EL SOL DE TOLUCA permitirme expresar lo que pienso de diversos temas, éste uno de ellos y a mis lectores por su tiempo.

_______________

[1] Resolución 4/2020 Corte Interamericana de Derechos Humanos.

[2] De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los discursos con posiciones extremas generan tensión que puede ir alentando la intolerancia y de forma extrema hasta la violencia, algo que no necesitamos.

Se suma a ello la crisis que enfrentamos a nivel global con el COVID-19 y sus múltiples variantes al poner en jaque a los sistemas democráticos que ya venían sufriendo de cierta erosión, desencanto y cambios nada benéficos en el tema de derechos humanos.

De lo que dan cuenta diversos estudios uno de ellos el informe “El estado de la democracia en el mundo 2021” de IDEA Internacional[1] que arroja que el número de países que se mueven en una dirección autoritaria supera el número de países que se mueven hacia la democracia.

Por ello es significativo que retomemos a la democracia en perspectiva histórica, como forma de gobierno, pero sin adjetivos pues los mismos pueden limitarla o distorsionarla de tal suerte que la esencia de esta se pierda en cuestiones ideológicas o concepciones de actores políticos contrarias a lo que la misma es.

Más allá de la democracia presidencial, parlamentaria, mayoritaria, consensual o incluso coasociativa; la democracia debe ser una forma de vida que tutele libertades y garantice su pleno ejercicio.

En donde todo régimen político que se considere democrático sea aquel en el que todas las personas a quienes se dirigen las leyes y disposiciones participen de manera directa de esas decisiones.

La verdadera democracia es aquella en la que el poder de decisión a través de la participación política se distribuye de manera equitativa entre todos y todas.

Debemos tener claro que la democracia tiene valores éticos que constituyen la verdadera razón de la superioridad axiológica de ésta respecto del autoritarismo en cualquiera de sus expresiones.

Valores como la tolerancia, la no violencia, la renovación mediante el debate libre y la fraternidad deben ser reforzados y usados por la colectividad más aun por las y los actores políticos, éste es el presente.

El futuro de la democracia nos exige redescubrir esos valores, respetar la opinión de cada ciudadano (a) pues eso también es parte de la igualdad política.

Pero también nos obliga a modificar lo que es incorrecto, una de las grandes virtudes de la democracia es que la misma es discutible y perfectible. Mucho depende qué y adonde queremos llevar a nuestra democracia.

[1] El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral es una organización intergubernamental que apoya la democtcia sostenble en todo el mundo.

En este mismo marco no puede pasar desapercibido que el Instituto Electoral del Estado de México continúa aún sin titular en la presidencia del mismo ante dos procesos en los que se ha declarado desierta la designación en atención a los perfiles que el cargo exige, por lo que se esperaría que en este nuevo año el colegiado se encuentre con la totalidad de integrantes.

Aunado a lo anterior, el pasado mes de diciembre, se solicitó la renuncia a varios titulares de unidades de área sin un procedimiento transparente, objetivo, cualitativo y sin una sola explicación a la ciudadanía que es uno de los destinatarios finales de las actividades que como institución electoral desarrolla.

Este hecho que no es menor nos obliga a generar procesos distintos, con una total apertura a la ciudadanía que desee participar y ser parte del instituto; convocatorias abiertas con perfiles profesionales bien definidos, todo ello bajo trabajo en equipo con la generación de consensos de cara a lo que viene en el Estado de México.

Así el 2022 trae consigo retos y desafíos para la autoridad electoral algunos que no lograron concretarse en 2021 como lo es la creación de la Unidad Técnica para Atender la Violencia Política contra las mujeres cuya función principal es de apoyo, asistencia y asesoría a las precandidatas, candidatas, aspirantes, militantes de los partidos políticos, servidoras públicas, periodistas, defensoras de derechos humanos o similares que manifiesten ser objeto de violencia política en razón de género.

Por lo que es importante deje de postergarse su materialización con el fin de continuar avanzando en la erradicación de la violencia política.

Con el debate nacional en torno a nuestro sistema electoral debemos tener claro que las democracias y sus instituciones siempre son perfectibles y, no pueden pasar desapercibidas las realidades que van influyendo en ellas como el aprecio o descontento que la sociedad tiene a las mismas.

La desigualdad social, la vulneración de derechos humanos, la espiral de violencia que se ha incrementado son solo algunos de los temas que no podemos dejar de considerar pues son parte de nuestra incipiente democracia con un impacto directo en nuestras relaciones políticas y sociales.

Así la responsabilidad en la toma de nuestras decisiones que deben siempre apegarse a los principios democráticos.