Comunicación
Social

Para la elección de 2023 un tema relevante es la conformación de las juntas y consejos distritales que son la columna vertebral de la parte operativa de la elección. Estos órganos son desconcentrados pues están jerárquicamente por debajo del Consejo General y su responsabilidad consiste en aplicar las diversas resoluciones que el mismo Consejo determine.

Su naturaleza radica en la conformación que deben tener, por eso deben buscarse perfiles ciudadanos que abonen en la legitimidad de cualquier proceso democrático. Si la ciudadanía participa, y es quien de viva voz forma parte de ellos, es claro que la confianza aumenta; de no ser así, se corre el riesgo de lo contrario.

El pasado 12 de septiembre el órgano de máxima dirección del IEEM analizó y discutió el Reglamento de los Órganos Desconcentrados, que es la normatividad que regula la forma en la que se lleva a cabo el proceso de reclutamiento, evaluación, selección y hasta las sustituciones y remociones, acuerdo que se aprobó por mayoría y no por unanimidad.

Mi voto fue en contra por 2 cuestiones de fondo. La primera porque en el mismo no se garantizaba materialmente la paridad, mi propuesta fue modificar la palabra “procurará” por “dar prioridad”, ésta última forma parte de la perspectiva de género, propuesta que no prosperó. Sostengo que no basta que se mencione la paridad en el documento, sino que la misma se materialice.

La segunda es que la ciudadanía ha expresado que siempre son las mismas personas las que ocupan esos espacios, lo que según los propios acuerdos del Consejo General es cierto, pues más de 55% de esos espacios en los últimos 3 procesos electorales han sido ocupados por las mismas personas en dos o hasta 3 y más procesos, motivo por el cual la propuesta fue maximizar derechos y ejercitar alguna acción que permitiera de forma concreta que, quienes nunca han sido parte de estos órganos, pudieran serlo.

Una vez más se pierde una valiosa oportunidad de acercar al IEEM a la ciudadanía de cara a una elección inédita e incluso histórica. Hay que seguir abonando porque este sea un tema central.

El Estado de México es una de las entidades que concentra un gran número de ellas y en donde los déficits en materia de educación, salud, justicia y acceso a espacios de poder es permanente.

En el territorio mexiquense están las mujeres mazahuas en Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, Temascalcingo, Valle de Bravo, Villa de Allende y Villa Victoria; otomíes en Acambay, Aculco, Amanalco, Chapa de Mota, Jiquipilco Timilpan, Toluca; nahuas, matlazincas y tlahuicas en Amecameca, Temascaltepec y Ocuilan, la mayoría bajo marginación política, social y económica, hay que decirlo.

Los altos índices de marginación dan cuenta clara de grandes problemas que enfrentan ellas y sus familias: nutrición insuficiente, servicios educativos deficientes, escasas oportunidades de un empleo productivo en actividades agrícolas y diferentes a ellas, falta de traductores y defensores de oficio en materia de impartición de justicia, en suma: pobreza e interseccionalidad.

Son portadoras de un gran legado cultural como su lengua materna que mantienen viva a pesar de la fuerte discriminación. Son mujeres fuertes que además forman parte del proceso de feminización de sus comunidades al ser cuidadoras del hogar, participar en la cría de animales domésticos, pilar económico fundamental con la comercialización de sus productos y artesanías

Resulta primordial visibilizar sus circunstancias y la violencia sexual, económica, física y política que también sufren.

Los espacios de poder deben ser accesibles a ellas y aún no lo son. Hay avances a nivel federal, ejemplo de ello son las acciones afirmativas que han permitido que mujeres indígenas lleguen a espacios de toma de decisión para modificar su realidad y la de sus comunidades.

En el Estado de México falta mucho por hacer pues son rubros que están desatendidos por diferentes autoridades que carecen de sensibilidad política para poder cumplir con lo mandatado por la Constitución, ni que decir de las Convenciones y Tratados Internacionales.

Lo digo así porque a partir de estas reformas se desencadenaron diferentes actos entre los que encontramos la solicitud de una ciudadana y organizaciones civiles para que la autoridad electoral (INE) emitiera criterios para garantizar el principio de paridad en gubernaturas locales, ya que, de 32 gubernaturas, únicamente dos estaban ocupadas por mujeres.

Y justo en 2021 se renovarían las titularidades del poder ejecutivo de 15 entidades lo que dio pie para que en noviembre de 2020 el INE emitiera el acuerdo INE/CG/569/2020 sobre paridad en Gubernaturas, impugnado por el PAN, el Partido de Baja California y el Senado de la República.

El resultado: la Sala Superior (última instancia para conocer del asunto) invalidó el acuerdo del INE y vinculó al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades para que emitieran regulación sobre la postulación paritaria de candidaturas de los partidos políticos para las gubernaturas, además de vincular a que los partidos postularan 7 mujeres como candidatas de los 15 estados que renovarían el poder ejecutivo; solo así la balanza cambió un poco.

Como observamos, siempre que se genera un acuerdo para materializar la paridad, hay impugnaciones que desnudan, no solo la resistencia, sino el camino que aún falta recorrer.

Es el caso de las modificaciones que los partidos políticos deben hacer a sus documentos básicos para garantizar la paridad sustantiva a través de criterios de competitividad y que tendrán como fecha límite el 31 de octubre de 2022.

La paridad en gubernaturas aplicará también para Coahuila y Estado de México, en donde a pesar de establecer en ésta última entidad en un artículo transitorio que la alternancia de género aplicara hasta 2029, los partidos están obligados a precisar como aplicarán la competitividad en la postulación de mujeres, en qué entidad postularán mujeres y hombre y, cuántas y cuáles serán convocatorias exclusivas para mujeres.

El INE concluye que la mayoría, no menciona la obligatoriedad de cumplir con mecanismos para garantizar la paridad sustantiva a través de criterios de competitividad. Tarea urgente y a contra reloj.

En la época feudal los reyes y la divinidad eran quienes tomaban decisiones de poder importantes. Fue hasta la época de las revoluciones inglesa y francesa que ello comenzó a dar un giro distinto. A partir de esos momentos históricos, han pasado innumerables sucesos en el mundo para llegar a la democracia representativa de nuestros días.

La participación, hay que decirlo, es un acto social y está íntimamente vinculada con la representación política porque, es a través de quienes elegimos como gobernantes, que nos sentimos representados o no; y son ellos quienes están obligados a rendir cuentas de su actuar y de las decisiones políticas que toman.

Es decir, la participación se convierte en algo más que una sucesión de elecciones porque enlaza los procesos electorales con las decisiones políticas cotidianas, esas que en muchas ocasiones no son las mejores, sobre todo, cuando se trata de respeto al Estado de derecho o garantizar los derechos humanos.

Ejemplo de ello, la desaparición forzada de personas. Entre los elementos de su definición se encuentra “la privación de la libertad de una o más personas, cometida por agentes del Estado… seguida de la falta de información… o de informar sobre el paradero de la persona...”.

De acuerdo con Naciones Unidas de 1964 a la fecha han desaparecido 100,000 personas, de los cuales, 97% se refiere a casos posteriores a 2006, casos entre los que se encuentran los 43 estudiantes de Ayotzinapa de quienes últimamente hemos tenido noticias lamentables.

Para la ONU las desapariciones en nuestro país son una muestra de un prolongado patrón de impunidad, por ello, el tema de la participación resulta tan importante, pues pese a que es utópico participar en todo lo público, cierto es que no participar da un cheque en blanco a quienes sí participan para que decidan por todos.

La participación es también un acto colectivo y producto de una decisión personal que también se realiza para cuidar los intereses y los derechos particulares de grupos y de personas que se diluyen en el conjunto mucho más amplio. Sirve para corregir los defectos de la representación política. Es por ello por lo que debemos generar conciencia y hacer un trabajo permanente de incentivar la cultura de participación en todos los ámbitos, más, en lo público.

En 2014 la reforma político electoral llevó a cabo modificaciones para la emisión del voto de los mexicanos residentes en el extranjero: la vía postal, electrónica y la entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en embajadas y consulados.

Esta última no había sido puesta en práctica y a partir de la sentencia que emitió la Sala Superior del TEPJF el 14 de octubre de 2021 ordenó al INE que en los próximos procesos electorales implementara las 3 modalidades.

Por ello, en la renovación de la gubernatura del Estado de México los y las mexiquenses que radican en el extranjero podrán votar de manera presencial por medios electrónicos en los consulados y embajadas a través de la prueba piloto que se implementará por el INE y en la cual el IEEM coadyuvará para garantizar este derecho.

Las sedes para este ejercicio piloto son Los Ángeles, Dallas y Chicago en EE.UU y Montreal en Canadá por ser los países en donde más connacionales radican.

Retos para el propio IEEM: 1) Lograr incentivar la participación ciudadana de quienes residen en el extranjero, por lo cual habrá que hacerles llegar información de su derecho de votar en la elección de la gubernatura, para lo que será necesario establecer comunicación con lideres de organizaciones civiles organizadas y no organizadas, familias que radican en los municipios que tienen más altos niveles de mexiquenses radicando allá como son Ecatepec, Toluca, Naucalpan, Tejupilco y Nezahualcóyotl, por mencionar algunos 2) Promover la credencialización de quienes radican fuera, pues contar con su credencial para votar es el medio para poder ejercer el sufragio. 3) Explicar de forma sencilla y clara el mecanismo para que puedan votar a través de las modalidades que existen.

Hay un tema que debe ser debatido a propósito de la reforma electoral y es que actualmente está prohibido que partidos políticos, sus candidatos y candidatas hagan campaña en el extranjero o utilicen recursos de su financiamiento público o privado y resulta fundamental que quienes viven en otro país y quieran participar, cuenten con información de los proyectos de Estado que se tienen. Este, sin duda, también será un reto para la autoridad electoral: poder acercar la información con la que se cuenta legalmente para promover un voto razonado e informado.