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Promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad es un imperativo en todos los ámbitos. Concientizar sobre su situación en los aspectos relacionados con la vida política, social, económica y cultural, resulta inaplazable.

Concepto que evoluciona, la discapacidad se enfrenta con deficiencias y barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en el terreno político. Alejada de condiciones de igualdad, aún es necesario plantear el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente a las personas con alguna discapacidad.   

Desde su aprobación en el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsa la igualdad de oportunidades como factor del desarrollo sostenible y reconoce la importancia que para este tipo de personas reviste su autonomía, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Se pone énfasis en el derecho de participar activamente en los procesos que definen la instrumentación de políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente.

Siendo su propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, con base en el respeto a su dignidad inherente, la Convención destaca la participación efectiva en la sociedad y la consideración por la diferencia, de ahí el compromiso de los Estados Partes de tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa discrimine por motivos de discapacidad.

Acorde con lo anterior, las autoridades e instituciones públicas deben erradicar y abstenerse de actos o prácticas incompatibles con los fines aludidos, procurando fomentar actitudes receptivas y percepciones positivas respecto de las personas con discapacidad. En el espacio político, es obligación asegurar su acceso a la participación plena y efectiva en la vida pública, incluidos el derecho a votar y ser elegidas, debiendo garantizar la protección de emitir el sufragio en secreto y sin intimidación. Se agrega el deber de velar por el ejercicio de cargos y el desempeño de cualquier función pública en todos los niveles de gobierno.

Si la credibilidad y la confianza en las elecciones se basan en la participación de la ciudadanía, entonces merece celebrarse el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral por salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y promover el cumplimiento de las obligaciones de todas y todos los ciudadanos. A partir del principio de igualdad y no discriminación, la autoridad electoral avanza de manera decidida y progresiva en la adopción de medidas que aseguren la participación efectiva de grupos de atención prioritaria en el proceso electoral. El Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de casilla, forma parte del empeño institucional encaminado a concretar una política integral, transversal y progresiva de igualdad de trato, goce y ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

Cumpliendo con la inclusión y no discriminación, el INE implementa diversas acciones para facilitar el acceso al ejercicio de los derechos políticos, pero no basta con utilizar mamparas que permitan votar a personas de talla pequeña o con discapacidad motriz, o bien emplear el uso de mascarillas braille para quienes tienen discapacidad visual. Lo trascendente es ofrecerles un foro para que se expresen y lancen sus reclamaciones y demandas. Precisamente es ahí donde algunas consejeras del Instituto ponen especial esmero. Conscientes de la importancia de escuchar y divulgar la voz de las personas con discapacidad, organizan seminarios y facilitan la tribuna para que intervengan en la toma de decisiones.    

Si las personas con discapacidad por algunas circunstancias son especiales es para enseñarnos a ser diferentes.

Existen temas considerados sensibles y delicados sobre los que parece mejor no hablar. Preferimos ignorarlos y criticar si son visibles en otros países, uno de ellos la xenofobia. Así comienza un artículo de Miguel Carbonell, publicado hace varios años y referido a la discriminación constitucional. En el texto advierte que la legislación mexicana en materia de migración y naturalización no supera el más mínimo estándar antidiscriminatorio internacional.

Vayamos por partes, derivado del artículo 32 constitucional, se advierten tres categorías de nacionales. Los mexicanos por nacimiento a quienes no aplican restricciones constitucionales en materia política. Los mexicanos por nacimiento que posean otra nacionalidad y los mexicanos naturalizados.

Respecto a los mexicanos con doble nacionalidad, el precepto constitucional dispone que no podrán acceder al ejercicio de cargos y funciones para los cuales se requiera ser mexicano por nacimiento, pues tal derecho se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. En cuanto a los mexicanos por naturalización, aun cuando tienen reconocido el derecho al voto activo, no podrán aspirar a cargo de elección popular alguno.

Como puede advertirse, la condición jurídica de los nacionales depende de la clase de mexicanos que son. En nuestro país no existe una asimilación plena del mexicano por naturalización, pues las restricciones constitucionales, no solo en materia política, limitan en exceso sus derechos.

Hace unos días, al resolver un juicio ciudadano, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó un acuerdo del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se dio respuesta a una ciudadana naturalizada que consultó sobre la posibilidad de postularse al cargo de diputada federal. Negando ese derecho, el INE se apoyó en lo dispuesto por el artículo 55 constitucional que reserva el voto pasivo a los mexicanos por nacimiento, siempre que no adquieran otra nacionalidad.

Si algo puede rescatarse del fallo es que en la parte considerativa hace un breve estudio sobre las restricciones constitucionales en materia política a los naturalizados. Señala que en la Constitución de 1824 no se establecía ese requisito, pues se permitía ser diputados a los ciudadanos que hubieren obtenido la nacionalidad por naturalización. La restricción aparece por primera vez, como elemento de elegibilidad, en la Constitución de 1917. El argumento toral fue que en aquel entonces se contemplaba en el proyecto de Constitución la posibilidad de que a falta del Presidente de la República, el Congreso de la Unión designaría a un presidente interino, pudiendo recaer el nombramiento en cualquier legislador. Es decir, todos los diputados estarían en aptitud de asumir la presidencia.

Exponer ahora, como entonces, que la restricción constitucional se apoya en la protección de los intereses nacionales y en una creciente desconfianza hacia las personas de otras nacionalidades, equivale a utilizar argumentos trasnochados y ajenos a la coyuntura internacional. La propia Sala Superior enumera en la sentencia que existe un gran número de Estados, cuyo texto constitucional prescribe que los ciudadanos naturalizados pueden acceder a cargos de representación popular.

Así como lo dijo el Magistrado Felipe De la Mata al discutir el contenido de la sentencia, hoy vivimos en una aldea de globalización y es pertinente redefinir los parámetros de esa hipótesis constitucional. El fenómeno de la migración genera la necesidad de que el reconocimiento a los derechos políticos no obedezca exclusivamente al lugar de nacimiento. Ya va siendo hora de quitarnos el prejuicio de que solo los nacionales de origen son buenos mexicanos.

Casi el noventa por ciento de las personas aseguran que han creído en alguna información falsa difundida en redes sociales. En la mayoría de los casos, las fake news se distribuyen para generar sentimientos o posicionamientos de tal modo que parezcan auténticas. El consumo y difusión de información ficticia afecta a la ciudadanía más de lo que pensamos, provocan confusión en ámbitos relacionados con la economía, la salud y la política. Puede dar lugar a un voto temperamental, basado en el resentimiento y no en la razón.

Mentira y política mantienen una relación de larga historia. Desde que la política existe, la falsedad nos ha acompañado, sería incorrecto suponer que es de ahora. El fenómeno del engaño y de la desinformación ha estado en la política habitualmente, el problema actual es la capacidad e incidencia de la información falaz. Algunos políticos mienten para eludir responsabilidades, apuntarse un éxito ajeno, incluso para excluir a otros actores de la esfera de la legitimidad.

Existen políticos sinceros y tramposos en un porcentaje similar al resto de los ciudadanos, pero las consecuencias de sus embustes y los recursos para timar son mayores. Guardan los políticos un vínculo muy particular con la verdad y muchas veces tratan de convencer a través de una realidad alternativa. La mentira política suscita lazos poderosos con la ciudadanía y tiene una dimensión pública incuestionable. Cree la gente que los políticos mienten y en eso tienen ellos una ventaja, pues de entrada ya no sorprende.

Muchas formas de hablar acaban matizando o manipulando tanto la verdad que la frontera entre lo cierto y lo inexacto se torna difusa. Si un instrumento básico para que la ciudadanía acceda a la democracia es la información, deben existir entonces diferentes fuentes para que la gente pueda contrastar. Aunque las personas dejen de creer, tienen a la vez la necesidad de confiar, de reconfortarse con alguna verdad. Pero ocurre que las noticias falsas llegan más lejos que las verdaderas. Enfrentar la desinformación deliberada no es una tarea sencilla.

Ante una gula informativa por exceso de noticias infundadas y una constante adicción a las redes sociales, se extravía el piso mínimo de entendimiento y solo hay lugar para la estridencia. Las elecciones en tiempos de redes y fake news, propician que la frustración vuelva a votar. Las personas enojadas han encontrado en las redes a otros usuarios molestos y rencorosos. Detrás de una pantalla cualquiera puede ser activista y con tantos mensajes altisonantes, es difícil mantener la moderación.

Todos sabemos los riesgos de empujar la calidad de la discusión democrática hacia una espiral ascendente. Nada crece más que las expectativas y, cuando éstas no se cumplen, los votantes se desilusionan. Entre tanto enojo los electores dejan de creer en los argumentos. Cuando la gente se cansa de que nadie le preste atención, se organiza para relacionarse y las redes sociales facilitan ese contacto. Irrumpe ahora la desinformación intencionada, la manipulación política de las creencias y el manejo de emociones y símbolos para influir en la opinión pública y en actitudes sociales.

Exponer el nexo entre democracia y mentira debe poner énfasis en que la definición tradicional de lo falso, es insuficiente para comprender el lugar que la mentira tiene en el ámbito político. En ese contexto, la mentira no solo transmite creencias falsas, sino que fractura la confianza social y estropea la calidad de las discusiones sobre los problemas con impacto social. Cuando el político miente, muchas veces más allá del ánimo de engañar, está la intención de levantar emociones, de confrontar y polarizar.   

Siempre es latente el peligro de la mentira en el ejercicio de la democracia, y eso trae serias repercusiones. Las personas votan, en buena medida porque han confiado en un sistema que por siglos les ha dicho qué, si eligen representantes, esas mujeres y hombres harán que las cosas sucedan. Pero cuando no hallan resultados, truenan, se enfadan y eligen más por la visera que por la razón. No agrega buen talante al elector, si además de la indignación, se suma la desinformación y el engaño.        

Quien consume comida chatarra suele tener mala digestión, eso mismo sucede con la información que nutre al voto. La posverdad, el engaño y la mentira, podría dar lugar al voto cínico.

Inicia en unos días el proceso electoral más grande e importante en la historia del país, el próximo año se superan los 21 mil cargos de elección, entre ellos la estratégica composición de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Siempre el contexto marca la diferencia, y en una sociedad con múltiples crisis y problemas, las elecciones adquieren un significado estratégico. Diversos factores, condiciones y circunstancias definen el carácter y el entorno del siguiente proceso electoral.

Existe mucha evidencia empírica para demostrar que después de una crisis económica aumenta la polarización social. Llegamos al nuevo proceso electoral, como ha sucedido en otras naciones, con dos visiones distintas del país. Los matices desaparecen y la política representativa está cada vez más erosionada. El desprestigio de los partidos es notable, no hay credibilidad, la gente se siente menos representada y los actores políticos apuestan, por un lado, a la confrontación y, por otro, rompen el pacto tácito de la consideración y el respeto recíproco.

Invalidar la opinión, el sentir y las aspiraciones del “otro”, para privilegiar las propias, da buenas razones a la polarización. Descalificar las voces críticas que cuestionan y alejarse de quienes piensan diferente es una postura que revela extrema intolerancia. Estamos ante una sociedad mucho más convulsiva, hemos construido un ADN repleto de miedos, incertidumbre, malestar, impotencia y rencor. Nos hemos plantado ante un nivel serio de catastrofismo. En todas las esferas cunde un discurso intransigente. Está ausente una voz que concilie, reconforte y serene. No parece haber nadie en la sensatez.

A todos nos ganan las pasiones y no estamos pensando, la comunicación y la construcción política se basa ahora en buenos y malos. Llegamos al límite en que el cubre bocas divide, separa y encara. Se ha democratizado el insulto, el agravio y la censura. La indignación se desborda y amenaza con estar en las calles. Ya no importa el argumento del otro, sino quién es el otro. La velocidad con la que nos estamos confrontando es cada vez mayor. No hay tiempo para compadecernos. El hartazgo y la frustración son inéditos. Se ignora todo andamiaje de urbanidad y se ha perdido la sana distancia entre las obligaciones de quien gobierna y sus ambiciones políticas.

Con ese estado de ánimo vamos a llegar al proceso electoral, viviremos una contienda política que propicia condiciones para intensificar la descalificación. Si todos los estímulos son negativos va a ser muy difícil una reacción positiva. Superar la indiferencia y actuar con decencia suena lejano. Debemos tener mucho cuidado de convertir a las elecciones en un circo y a los contendientes en una farsa. Echar un vistazo a las redes sociales permite advertir que tendremos una sociedad muy violentada. Twitter no concilia, por el contrario, exalta. Más allá de ignorar la crítica o descalificarla, ahora se intimida y se ciernen amenazas a quienes opinan lo contrario. Las redes no están para bollos.

Aparece el linchamiento social mediático, las redes sociales actúan como un tribunal moral, donde no se analizan los argumentos, se moralizan o amplifican. Se emiten juicios precipitados, muchas veces absurdos e irracionales. Crecen de modo irreductible posiciones maniqueístas para quitarle valor a todo lo demás. En un entorno semejante, de violencia y temor extremo, el proceso electoral podría intensificar la polarización. Hacer un exhorto a la unidad, a la convivencia correcta y a la aceptación de las reglas electorales, gane quien gane, se ve lejano. Un pacto de civilidad para que prevalezca el orden y la intención de reconstruir la cohesión social no parece tener, por ahora, las condiciones necesarias.

Hoy más que nunca se requieren mensajes de resiliencia, la gente demanda que algo suceda a nivel político. Palabras que vendan certidumbre, pero también audacia. Viviremos una intensa contienda política, con apasionadas campañas digitales, corrosivas y denostativas. Serán elecciones decisivas para el futuro del país en un contexto complicado, quizás caótico. Pero no hagan mucho caso, igual el diagnóstico está equivocado.

Conseguir un mejor equilibrio entre cambio y continuidad es una de las notables ventajas de la renovación escalonada en órganos colegiados. Evita que la experiencia se aparte y ofrece ecuanimidad con las nuevas visiones que se incorporan. Combinar experiencia y cambio les viene bien a organismos deliberativos donde el aspecto técnico es una cualidad. Impide un vacío en las actividades cotidianas y abrevia la pausa en la adaptación.

Armonizar la persistencia de criterios con su gradual renovación es una bondad que no debe perderse de vista, reemplazar escalonadamente a un organismo facilita la discusión colectiva e impide un esquema rígido de interpretación. Es cierto que el cambio en las personas que desempeñan una función pública, es sustento y razón de ser de nuestra vida democrática, pero cuando se trata de organismos especializados es necesario que los periodos de transición no se conviertan en un debilitamiento que perjudique a la institución. La sustitución progresiva pretende, precisamente, no paralizar o entumir el debate, y sin sacrificar su calidad y coherencia.

Buena noticia para la credibilidad electoral, es sumar al INE la pluralidad que enriquece las discusiones, que respalda el diseño institucional donde se garantiza la horizontalidad en la deliberación y corresponsabilidad en las decisiones, diálogo y construcción de acuerdos. Se incorporan al Instituto dos consejeras y dos consejeros electorales, concluyeron su gestión hace unas semanas, Pamela San Martín quien le aportó pluralidad y capacidad argumentativa al debate, Marco Antonio Baños sagacidad y sensibilidad política, Benito Nacif madurez y contundencia académica; Enrique Andrade serenidad y aplomo.

Se han integrado al INE la visión internacionalista de Norma Irene De la Cruz Magaña con la percepción aguda del periodismo, el discernimiento filosófico de José Martín Fernando Faz Mora y su interés en los derechos humanos y democracia, la percepción social de UUC-Kib Espadas Ancona y su narrativa, el dominio sólido e ilimitado de Carla Humphrey Jordan en la materia electoral y su probada capacidad de diálogo. Cada uno ya fijo su postura sobre los retos del Instituto y el compromiso de acompañarlo con decisión.

No tienen tiempo para un proceso apacible de asimilación. Deben incorporarse de inmediato y en un contexto complicado a la organización de las elecciones en Hidalgo y Coahuila; al análisis para otorgar el registro de nuevos partidos políticos; a la búsqueda de perfiles adecuados para los Organismos Públicos Locales que renuevan su integración en unas semanas. Sobre la marcha vertiginosa del INE deberán sumarse al estudio y actualización del marco normativo, a la elaboración y discusión de un número monumental de acuerdos próximos a tomar.

Siendo mandato constitucional, la renovación periódica del INE es una estupenda ocasión para revitalizar enfoques y refrescar argumentos. Desde su origen, el INE ha sido un espacio privilegiado para desahogar una parte sustantiva de la agenda político electoral, es un eslabón robusto de la democracia mexicana, donde la pluralidad y la diversidad tienen cabida. Toca a las consejeras y consejeros de reciente ingreso acompañar con buen ánimo y humor una cartera repleta de temas. Mostrar carácter y exhibir su inquebrantable empatía con la autonomía institucional.   

Comienza en septiembre la organización del proceso electoral más grande e importante en la historia del país, se superan los 21 mil cargos de elección, entre ellos la estratégica composición de la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. No vienen a restar o dividir, se incorporan para sumar. Para refrendar la credibilidad en el INE y la integridad de las elecciones. Bienvenidos las consejeras y los consejeros electorales, le resulta favorable al INE su inclusión consensada.