Comunicación
Social

Promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad es un imperativo en todos los ámbitos. Concientizar sobre su situación en los aspectos relacionados con la vida política, social, económica y cultural, resulta inaplazable.

Concepto que evoluciona, la discapacidad se enfrenta con deficiencias y barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en el terreno político. Alejada de condiciones de igualdad, aún es necesario plantear el reconocimiento de la dignidad y el valor inherente a las personas con alguna discapacidad.   

Desde su aprobación en el año 2006, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad impulsa la igualdad de oportunidades como factor del desarrollo sostenible y reconoce la importancia que para este tipo de personas reviste su autonomía, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Se pone énfasis en el derecho de participar activamente en los procesos que definen la instrumentación de políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente.

Siendo su propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, con base en el respeto a su dignidad inherente, la Convención destaca la participación efectiva en la sociedad y la consideración por la diferencia, de ahí el compromiso de los Estados Partes de tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa discrimine por motivos de discapacidad.

Acorde con lo anterior, las autoridades e instituciones públicas deben erradicar y abstenerse de actos o prácticas incompatibles con los fines aludidos, procurando fomentar actitudes receptivas y percepciones positivas respecto de las personas con discapacidad. En el espacio político, es obligación asegurar su acceso a la participación plena y efectiva en la vida pública, incluidos el derecho a votar y ser elegidas, debiendo garantizar la protección de emitir el sufragio en secreto y sin intimidación. Se agrega el deber de velar por el ejercicio de cargos y el desempeño de cualquier función pública en todos los niveles de gobierno.

Si la credibilidad y la confianza en las elecciones se basan en la participación de la ciudadanía, entonces merece celebrarse el esfuerzo del Instituto Nacional Electoral por salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y promover el cumplimiento de las obligaciones de todas y todos los ciudadanos. A partir del principio de igualdad y no discriminación, la autoridad electoral avanza de manera decidida y progresiva en la adopción de medidas que aseguren la participación efectiva de grupos de atención prioritaria en el proceso electoral. El Protocolo para la Inclusión de Personas con Discapacidad como funcionarios y funcionarias de Mesas Directivas de casilla, forma parte del empeño institucional encaminado a concretar una política integral, transversal y progresiva de igualdad de trato, goce y ejercicio de los derechos de la ciudadanía.

Cumpliendo con la inclusión y no discriminación, el INE implementa diversas acciones para facilitar el acceso al ejercicio de los derechos políticos, pero no basta con utilizar mamparas que permitan votar a personas de talla pequeña o con discapacidad motriz, o bien emplear el uso de mascarillas braille para quienes tienen discapacidad visual. Lo trascendente es ofrecerles un foro para que se expresen y lancen sus reclamaciones y demandas. Precisamente es ahí donde algunas consejeras del Instituto ponen especial esmero. Conscientes de la importancia de escuchar y divulgar la voz de las personas con discapacidad, organizan seminarios y facilitan la tribuna para que intervengan en la toma de decisiones.    

Si las personas con discapacidad por algunas circunstancias son especiales es para enseñarnos a ser diferentes.