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Vivimos en tiempos de gran desigualdad. El artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos concibe la igualdad de la siguiente forma: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Sin embargo, nada más lejano a ello es lo que ocurre en el mundo. La guerra en Ucrania, Gaza y Yemen, a nivel internacional, son un claro ejemplo de ello, así como lo que sucede en otras latitudes, donde las personas migrantes enfrentan actualmente una difícil realidad. Las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la xenofobia y la discriminación son cada vez más violentas en todos lados. Son tiempos convulsos.

La lucha por la igualdad como principio y derecho universal no ha llegado a su fin.

Históricamente, las injusticias han hecho que la colectividad se agrupe y que, también en la actualidad, se siga defendiendo y aspirando a contar con acceso a los bienes fundamentales, entre los que se encuentran: la educación, la salud, el sufragio, y la máxima participación posible en diversas formas de la vida social, cultural, económica, cívica y política.

Un indicador de los altos niveles de desigualdad es la renta. Por ejemplo, en Europa el 10 % más rico de la población percibe más de un tercio de la renta total del continente y posee más de la mitad de la propiedad.

En Estados Unidos esto es mayor, y América Latina es considerada como la región más desigual del planeta: en ella, el 10 % más rico concentra el 66 % de la riqueza regional.

Ante ello, resulta fundamental contar con una fuerte conciencia general del problema y una alta demanda social de exigencia de mejora en las condiciones económicas. Así lo sugieren autores como Piketty, quien en sus aportaciones expresa cómo, a partir de la década de 1980, con el neoliberalismo y la globalización, se han acrecentado cada vez más las brechas de desigualdad.

Estas brechas afectan a hombres y, por supuesto, en mayor grado a las mujeres.

Estamos frente a una alta inequidad de rentas y riquezas que amplían las brechas y generan una creciente distancia social entre las personas.

Las personas con menores ingresos no cuentan con la capacidad de disponer de los bienes fundamentales. ¿El resultado? Mayor pobreza.

A ello se suma el deterioro de la igualdad política cuando se atienden los intereses de las personas más ricas y de las empresas, que son quienes pueden estar más cerca de quienes ejercen el poder.

La ruta para reducir esas brechas está en generar una mejor forma de proveer y dar acceso a los bienes básicos a través del Estado de bienestar. Temas que se suman a la discusión son una tributación más productiva y la desmercantilización de los bienes fundamentales. ¿Aplica todo lo anterior a nuestro país? Yo creo que sí.