Ante las preguntas ¿Qué Poder Judicial tenemos? y ¿Qué Poder Judicial queremos? se dio cuenta cómo se encuentra integrada políticamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es la máxima autoridad jurisdiccional del país y cabeza del poder judicial, que más del 80% de la ciudadanía refrendó en las urnas qué es necesario transformar, reformar.

La exigencia no es menor se trata de eliminar la concentración de poder que adquirió a través de sus interpretaciones y resoluciones. Así como la serie de privilegios económicos y la conformación de una élite que se ha generado no solo en el poder judicial federal sino en todos los poderes judiciales locales, ninguno se salva.

Hay muchos intereses que rodean la reforma. En las posturas fijadas por los y las ministras se dio cuenta de un grupo que abiertamente expresaron no estar de acuerdo con el voto popular de jueces y con la sustitución del Consejo de la Judicatura por el Tribunal de Disciplina Judicial (Norma Piña, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez y Alberto Pérez Dayan)

Así como quienes consideran que sí puede ser viable que la ciudanía decida con su voto la designación de jueces y magistrados sin que ello vulnere la independencia judicial, como es el caso de Lenia Batres, Jazmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara y Luis María Aguilar.

En ambos casos se tienen planteamientos distintos para temas como la carrera judicial, el escalonamiento de jueces o el cambio total de todos los jueces y magistrados.

Entre los planteamientos expresados, los de ministra Margarita Ríos Farjat mostraron también la realidad que se vive en el déficit de justicia que hay en todo el país al mencionar que las Fiscalías y los ministerios públicos también son parte del problema sin formar parte del Poder Judicial, también tendrían que revisarse. Hizo varios planteamientos que sería valioso se analizaran.

La política está hecha de consensos, la reforma al Poder Judicial es un hecho y ahora de lo que se trata es de no perder de vista el objetivo primordial, que es la justicia. La solución de controversias a través de juicios en las diferentes materias que existen exige contar con juzgadores y juzgadoras calificadas, con conocimiento del derecho, con ética en su actuar. La carrera judicial sin duda es un mecanismo importante, pero ahí también hay que erradicar vicios que se generan y suceden en todas las materias y designaciones, el asunto también es cultural.

El nepotismo con el que se ha conducido el poder judicial es lacerante para la sociedad mismo que desde hace mucho, mucho tiempo se ha querido ocultar. En el estudio realizado por Mexicanos contra la corrupción, por ejemplo, se destacó que hijos, papás, parejas, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces y magistrados ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Los favores entre integrantes de este poder se materializaban al contratar a familiares de los amigos o conocidos y viceversa.

Las cifras son alarmantes porque en ese reporte se enlistaron los datos de 112 jueces y magistrados que utilizaron sus facultades para conseguir empleo a sus esposas o parejas, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos, 27 a sus papás sin contar los más de siete mil funcionarios que comparten espacios laborales con sus parientes.

Esta es solo una de las caras del poder judicial que debe ser modificada, otra más es el alto costo que representan Vs el enorme déficit de justicia que existe en el país.

Hay quienes critican que los jueces sean electos por voto popular, sin embargo, esto es algo que ocurre en Estados Unidos por ejemplo en donde los jueces hacen campaña para ser electos en su distrito o condado.

Ahora con el contexto que se tiene y los resultados electorales, quienes están en desacuerdo con la propuesta podrían cambiar de posición ya que es evidente que habrá una reforma y en lugar de polarizar con discursos que intentan decir que la parte intelectual y profesional se va a perder, quizás sería mejor que optaran por analizar y proponer formas adecuadas de selección de jueces y magistrados.

De nada sirve contar con un alto grado de intelectualidad si no se tiene ética y sensibilidad para darse cuenta de la gran demanda en el tema de justicia que existe.

Es muy evidente que la confianza pública en el poder judicial se ha erosionado y me refiero a la confianza de la ciudadanía, la que decide en ocasiones mejor no denunciar porque ya sabe que pasarán largas horas antes de poder hacerlo o que denunciando no pasará nada.

Los jueces y magistrados no estaban acostumbrados a ser visibilizados y ser parte de la conversación pública, hoy en día la reforma al poder judicial cada vez toma más fuerza, no hay que perder de vista que los tribunales electorales desde la reforma de 1996 forman parte del poder judicial y ahí también seguramente hay tela de donde cortar.

Para la eliminación de los diputados de representación proporcional una pregunta legítima es si la ciudadanía se siente representada por los pluris como también se les denomina, ¿verdaderamente representan a las minorías? la pregunta es legítima ya que la representación proporcional surgió para que los partidos políticos que no obtuvieran mayoría lograran también ser parte de las decisiones del país en el congreso federal y los congresos locales y con ello el voto de la ciudadanía que opto por esa opción realmente se encontrara representada, es decir la representación proporcional busca que las minorías políticas también tengan voz y voto en los asuntos públicos, por ello, desde la reforma de 1977 se instauró este sistema mixto en el que las cámaras de los congresos tanto federal como locales cuenten con diputaciones de representación proporcional.

¿Funciona? La realidad es que incluso los partidos que obtienen mayorías les son asignados espacios de representación proporcional, quizás es algo que deba cambiar si no son eliminados por completo. Entre las distintas críticas que existen a este tipo de espacios es que los mismos diputados plurinominales desvirtúan su naturaleza y son espacios utilizados y ocupados mayoritariamente por hombres, aunque la paridad total llegó y deben también considerar mujeres en las listas es algo que en realidad les ha costado mucho trabajo cumplir derivado del sistema patriarcal en el que nos encontramos.

Además las listas que son integradas y registradas por los propios institutos políticos no son abiertas a su militancia sino son los lugares selectos de personajes que tienen peso político importante para el partido y que se han destacado por su labor y trayectoria en algunos casos, en otros los espacios son otorgados a personas que suelen enquistarse en ese tipo de espacios para hacer política personal o de camarilla sin efectos y beneficios reales para la ciudadanía o su misma militancia, basta revisar en las últimas legislaturas quienes y cuantas veces han ocupado esos espacios y qué decir de la vulneración a derechos de las mujeres, las llamadas Juanitas y Manuelitas siguen presentes, se suma también obligarlas a cerrar filas y guardar silencio antes que interponer cualquier medio de impugnación que pudiera resolver darles el lugar que les corresponde ante la paridad total.

Uno de los artículos que sufrió modificaciones y cuyo cumplimiento permite materializar los derechos humanos contenidos en la Carta Magna es el 1º constitucional al que se le agregó que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…”

El texto constitucional y todas las disposiciones que se reformaron en 2011 son aplicables a todas las ramas del derecho y el derecho electoral no escapa, afortunadamente, de la implementación.

El derecho de participar en las elecciones para votar o ser electo o electa es muy importante, más aún en un régimen catalogado como democrático. No solo ello, todas las etapas del proceso electoral están tuteladas por derechos humanos entre los que se encuentra el derecho de no ser discriminado (a), el derecho de opinar, disentir, expresarse, la libre asociación y participación ya sea a través de los partidos políticos o de las candidaturas independientes.

En los últimos procesos electorales se ha hecho obligatorio cumplir con el principio de paridad en el que las mujeres deben ser postuladas en un 50% y en espacios en donde verdaderamente arriben a los cargos de toma de decisión, también se han incluido a través de las acciones afirmativas a los grupos históricamente discriminados.

Lo anterior no ha sido sencillo y hay quienes aún tuercen las normas para incumplir con estos principios. En el caso de la sesión llevada a cabo el pasado 9 de junio por el Consejo General del IEEM en la que se declaró la validez de la elección y se hizo la asignación de las diputaciones de representación proporcional, a juicio de la que escribe, se vulneraron principios constitucionales al no correr de forma legal la fórmula establecida en el Código Electoral del Estado de México algo que lacera derechos humanos como el de votar y ser votados (as) y a partir de ello tener escaños de representación proporcional. Mi voto fue en contra tal y como sucedió en 2021 al no haber paridad, para muchos puede ser disco rayado, pero es claro que solo así y a punta de sentencias es que lamentablemente se han tenido que ir generando criterios que tutelen la dignidad de las personas, por ende sus derechos humanos.

No, no se trata de nada de ello, se trata de lo que implica que una de nosotras, una mujer llegue a ese cargo que exige necesariamente un cambio de fondo, una trasformación estructural del sistema.

Más aún si consideramos que las mujeres durante 71 años estuvimos excluidas del ejercicio del poder político, que el arribo de nosotras a cargos públicos no ha sido sencillo, desde aquella reforma pro cuotas, que impedía postulaciones en más del 70% para un mismo género (en el que por supuesto a las que se les dejaba el restante 30% era a las mujeres) y que pese a que la paridad se elevó a principio constitucional, persisten las resistencias de los actores políticos y partidos para cumplir con plena honestidad con el mismo.

Aun con todo ello, México tiene ya a una mujer que ocupará el poder ejecutivo y el significado es grande para las mujeres de todas las edades, desde las niñas y adolescentes hasta las mujeres de la segunda juventud, incluso para aquellas que inconsciente o conscientemente replican prácticas masculinas dado el arraigado sistema patriarcal y machista que tenemos.

Son momentos importantes para la reflexión y los replanteamientos sobre la democracia y la generación de éste nuevo bloque hegemónico que la colectividad a través del voto está expresando, está mandatando.

El fortalecimiento de mecanismos de diálogo y consenso deberán ser un eje articulador que evite los polos y que comprenda las nuevas voluntades.

Sin duda el ámbito electoral que organiza la renovación periódica del poder, tendrá que someterse a una exhaustiva revisión de su existencia y permanencia, hablo de las estructuras electorales como son los institutos y los tribunales jurisdiccionales en los que en ambos casos, vale la pena analizar, si en el actuar de los primeros y en la emisión de sentencias de los segundos, se cumple con los fines para los que fueron creados que es la tutela de los derechos de la ciudadanía o solo hay detrás intereses personales de sumisión y búsqueda de ascensos.

El plantear una nueva reforma electoral y también una al poder judicial, entre otros más; son retos de la virtual presidenta, que logro romper ese gran techo de cristal.