El nuevo modelo se creó para garantizar que existiera información útil para la ciudadanía, que las fuerzas políticas tuvieran acceso en igualdad de condiciones, frenar que intereses privados con mucho dinero fueran quienes decidieran las elecciones al tener posibilidades de comprar tiempo a diestra y siniestra de radio y televisión en función de sus intereses y no de la colectividad, apostando por quien les garantizaba mantener su status quo.

En 2014, con la reforma político electoral se adicionaron algunos cambios: el procedimiento se hizo híbrido para que el INE fuera quien conociera las quejas, investigara y después pasara el balón a la cancha de los tribunales jurisdiccionales (la Sala Superior y la especializada). Aun así, el modelo se opera en radio y televisión y con serias resistencias por los concesionarios que no querían dejar de percibir ingresos millonarios por la compra de tiempo aire y mucho menos dejar de ejercer el control que tenían, quizás por ello aún escuchamos o vemos spots publicitarios, uno detrás de otro sin cesar.

Esto ha sido así en los últimos 16 años, sin embargo el fenómeno de las redes sociales nos debe obligar a reflexionar y rediseñar nuestro modelo de comunicación política ya que si bien es cierto la televisión sigue siendo el principal medio por el que se informa la población mexicana, también lo es que Facebook, X, YouTube, Instagram, Tik Tok, WhatsApp, se han convertido en mecanismos eficaces que usa la clase política para dirigirse a sus militantes, ciudadanía en general y es un espacio que al no estar regulado formalmente permite que se gesten campañas negras y de odio que abonan a la polarización existente en el país que dicho sea de paso, no es de un solo personaje sino de todas las posturas, grupos y fuerzas políticas.

Se debe poner al centro a la ciudadanía, que es quien tiene que escuchar y ver ahora en proceso electoral millones de spots que en muchas ocasiones no informan ni proponen soluciones a los problemas que como sociedad nos aquejan: inseguridad, empleo, erradicación de la pobreza; además el tema de la fiscalización de los recursos públicos en la contratación de medios digitales es un reto para la autoridad electoral sin dejar de mencionar que a través de ellas también se comete violencia política contra las mujeres bajo anonimato y con total impunidad. Este es solo un tema de varios que deben ser abordados en una siguiente y necesaria reforma electoral.

Sin embargo, se debe también poner énfasis en hablar del desencanto que hay ante 1) la falta de una redistribución real de los ingresos que nos hace una sociedad cada vez más desigual e individualista, 2) la falta de justicia social, 3) una “equidad” entrecomillada, ya que de facto para la opinión pública es vulnerada; como conclusión, estamos frente a una confianza de la ciudadanía erosionada que se sigue desgastando con actuaciones que poco abonan a un discurso demócrata.

En el Estado de México el proceso electoral aún no inicia, formalmente será hasta el mes de enero 2024, sin embargo, me preguntan si como consejera electoral veo correcto lo que la ciudadanía en general observa cuando transitamos las calles de nuestros distritos y municipios, así como las carreteras que nos permiten desplazarnos a nuestros lugares de trabajo con un gran número de espectaculares con diversas frases y de diferentes fuerzas políticas. La pregunta obligada es si hay o no actos anticipados de precampaña.

Sí, es cierto, hay un fenómeno que ha comenzado a hacerse cada vez más normal con este tipo de actos en donde las autoridades jurisdiccionales han determinado en sus resoluciones que no hay violación a las normas constitucionales y en materia electoral por no acreditarse: expresiones que revelen la intención de llamar al voto, pedir apoyo a favor o en contra de cualquier persona o partido para contender en un proceso electoral ya sea de forma expresa o mediante el uso de equivalentes funcionales.

Si se revisa el concepto, los actos anticipados de pre campaña y campaña se dan cuando se tiene por objeto posicionar anticipadamente a un ciudadano frente a un proceso electoral futuro e inminente, la pregunta es si ello ocurre o no con lo que vemos todos los días en nuestro paso. ¿Qué tan dificil o fácil es dar una interpretación a las normas?

Hay una línea jurisprudencial que ha llegado a establecer que deben analizarse los mensajes en su contexto, valorar el protagonismo de la persona que los emite, el objetivo de estos y su relación con el proceso electoral, un dilema es la temporalidad pues como pasa en el Edo Mex aún no hay proceso electoral y entonces ¿hay o no un poscisionamiento adelantado? ¿La equidad no implica igualdad de condiciones en la competencia? ¿la hay?

Claro que hay que garantizar la libertad de expresión y evitar sanciones erróneas pero no se debe tolerar ninguna posibilidad de simulación o fraude a la ley con el cuidado que se pueda tener de las expresiones que se utilizan.

Con todo lo anterior y de vuelta a la pregunta considero que la autoridad electoral debe actuar como lo que es: un árbitro, ser imparcial en su acutar y en su autonomía decir que actos no son conforme a la ley o pueden ocasionar inequidad en la contienda.

No se debe tener temor a exhortar a toda la clase política del partido al que pertenezcan tener un comportamiento adecuado y respetando el marco legal que nos hemos dado como sociedad. El ejemplo claro lo tenemos desde el INE con la Consejera Presidenta que llamo a aspirantes y funcionarios al buen comportamiento.

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) nunca ha hecho algo similar en su historia pero lo cierto es que los tiempos son distintos y la ciudadanía nos exige como organo electoral comportarnos con altura de miras.

Desde el día 3 de noviembre surgieron notas periodísticas donde los encabezados hicieron referencia a: “Denuncian irregularidades en la licitación del Instituto Electoral del Estado de México”, “Otra vez bisne en el IEEM”, ”Turbulencias en el IEEM”, “Anulan licitación de material electoral en el IEEM, empresas cuestionaban favoritismos” lo que hizo que desde la Consejería a mi cargo se observara con mayor detalle el procedimiento que implicó dos partidas, una para la compra de material de polipropileno y plástico que son las urnas y cajas principalmente y la otra para marcadores de boleta y sujetadores de éstos por un total aproximado de acuerdo a la Dirección de Organización, de 35 millones de pesos (recurso público que estamos obligados a transparentar ante la ciudadanía).

Con la información que se nos proporciona y que es pública se observa: 1) Comparando las bases de licitación 2023 y las del procedimiento en comento las mismas fueron modificadas agregando que los oferentes debían tener en su acta constitutiva que son fabricantes de material electoral. 2)Se establece que para los actos de presentación, apertura y evaluación de propuestas se debe contar con la presencia del Testigo social, así como de aquellos que participen como observadores e invitados, en este punto el testigo social no participó en las visitas de verificación que se realizaron a las empresas y tampoco se dio cuenta de la participación de observadores.3) La publicación de la convocatoria de la licitación sólo se hizo en un diario a nivel nacional y otro local y sólo 3 días.

Conclusiones: Debe quedar claro que las licitaciones tienen principios exigibles: Que no existan barreras a la entrada de los competidores, obtener el mejor precio para el IEEM con los estándares de calidad y sin margen a la discrecionalidad de las áreas que llevan a cabo la adjudicación. El último gran escándalo de este tema había sido en 2005 donde los consejeros de ese momento fueron correctamente removidos de su encargo.

Es fundamental comprender el actual entorno político, económico y social en el que nos encontramos, el presupuesto público siempre ha sido el instrumento de planificación de carácter político, económico y administrativo que contiene el plan financiero del gobierno, en donde se encuentran plasmadas las metas y objetivos a donde se quiere llegar, es: la rectoría económica del Estado.

Los recursos que son públicos deben ser planeados y utilizados con eficacia, eficiencia, transparencia y honradez por todos los funcionarios públicos que tenemos tareas que cumplir desde lo que la propia norma constitucional mandata.

En lo que corresponde a los órganos electorales la función principal es organizar elecciones transparentes, con certeza de los resultados y que a través del sufragio se exprese y respete la voluntad popular, para ello se requieren recursos, pero ante los posibles recortes presupuestales la mejor opción es hacer las reconsideraciones necesarias de manera inmediata. En diversas notas periodísticas se ha dado cuenta de lo que la Consejera Presidenta del INE, Lic. Guadalupe Taddei, externó al referir que ante una eventual reducción se debe garantizar que no exista impacto en la organización del proceso comicial y la operatividad del instituto.

Lo que ocurre en el ámbito nacional nos obliga a reflexionar y tener presente que en el caso del presupuesto solicitado por el IEEM de poco más de 3 mil 500 millones de pesos, el mismo no está exento de alguna reducción, ya el Congreso en días recientes nos exhortó a reconsiderar las posturas en el manejo de los recursos públicos. ¿Es posible que con menos podamos cumplir con la ciudadanía mexiquense y hacerlo bien? Yo creo que sí. Es imprescindible entender el contexto político que vivimos y por supuesto histórico, no hacerlo sería un grave error.