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El pasado viernes 24 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos tomó una penosa y lamentable decisión. Más allá de su polémica, la sentencia que anula el derecho al aborto a nivel federal es un error trágico y es resultado de una ideología extremista. Otra vez corre peligro la integridad, la salud, pero, sobre todo, el espacio de libertades personales para las mujeres, pues a pocas horas de conocerse el fallo, varios estados de la Unión Americana anunciaron medidas para prohibir la interrupción voluntaria del embarazo.

En pocas palabras, la Corte estadounidense quitó un derecho constitucional. Nancy Pelosi es bastante clara y directa: el veredicto es escandaloso y desgarrador, porque cumple el oscuro y sombrío objetivo de arrebatarle a las mujeres el derecho a sus propias iniciativas de salud reproductiva. De nueva cuenta, la sociedad estadounidense deberá prepararse para un futuro sin “Roe vs Wade”.

Vale la pena explicar el antecedente. El 22 de enero de 1973, la Corte reconoció, por primera vez, que el derecho constitucional a la privacidad, es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo. “Jane Roe”, soltera, quiso suspender su embarazo de manera segura y legal, y planteó entonces el cuestionamiento a una ley de Texas que determinaba el aborto como un delito. Después de revisar decenas de precedentes, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley, argumentando que el gobierno no puede interferir en ciertas decisiones personales con respecto a la procreación, el matrimonio y otros aspectos de la vida familiar.

El caso “Roe” fue una muestra de que los tiempos cambian, pero la decisión del pasado viernes también. Y es que la sentencia no fue una sorpresa, ya desde el mes de mayo se había filtrado su borrador. En un gesto inédito, contrario al recato y prudencia usual de la Corte, se dio a conocer el parecer de la mayoría conservadora, en el sentido de que la Constitución no confiere el derecho al aborto, y la facultad de regularlo será devuelta al pueblo y a sus representantes electos, según el texto redactado por el juez federal Samuel Alito.

A pesar de la violación a la práctica decorosa del Tribunal Supremo, su presidente confirmó la autenticidad del proyecto y la investigación sobre la indiscreción pasó a segundo término. Por una mayoría de 6 a 3, entre ellos los tres jueces designados por el expresidente Donald Trump, la Corte confirmó la validez de la ley Misisipi, respaldada por los republicanos, que prohíbe la interrupción del embarazo después de las quince semanas. Dicha ley había sido bloqueada en tribunales inferiores por considerar que transgredía los precedentes sobre el derecho al aborto.

Todos sabemos que la sentencia significa una victoria para los intereses republicanos y religiosos de los estados, en donde ya se anticipa la pretensión de limitar o prohibir la interrupción voluntaria del embarazo. Quienes votaron por suprimir la consideración del aborto como un derecho, afirman que ello no corresponde con la historia o la tradición estadounidense. Sostienen que la resolución del emblemático caso “Roe vs Wade” estuvo incorrectamente ejecutado, porque la Constitución no menciona de manera específica el derecho a abortar.

En coyunturas como ésta, se extraña la presencia de los jueces defensores del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Como se sabe, la Corte sufrió en 2018 la salida del juez Anthony Kennedy quien, a pesar de ser conservador, entendía la importancia de las libertades personales, y por supuesto, la partida de la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, quien le ofreció al Tribunal Supremo un nuevo rostro.

Sin medias tintas, la sentencia de la Corte estadounidense es una amenaza para los derechos de las mujeres. Tomar la decisión de discontinuar la gestación, es una atribución exclusiva de nosotras.

La Cumbre por la Democracia es una iniciativa que pretende desarrollar un proceso global de reflexión, debate y propuesta sobre los desafíos que enfrentan los regímenes democráticos. Se pretende, asimismo, que los esfuerzos sean dirigidos a componentes fundamentales de la democracia, como la integridad de las elecciones y sus resultados, así como la gobernabilidad democrática de nuestra sociedad.

En diciembre de 2021, Estados Unidos auspició la primera de dos Cumbres, cuyo objetivo fue reunir gobiernos, sociedad civil y líderes del sector privado para diseñar una agenda colectiva orientada a la renovación de la democracia. La organización IDEA Internacional ha considerado esta Cumbre como una oportunidad estratégica para colocar la democracia al frente y en el centro de la agenda global. El proyecto incluye la generación de conocimientos, análisis, diálogos y la creación de alianzas.

Dentro de los logros clave de 2021 se encuentra la realización de un Foro de la Coalición por la Democracia Global, así como la evaluación puntual de los compromisos de los Estados miembros.

En el caso de México, nuestro país se comprometió a prevenir y combatir la corrupción, dado el efecto adverso que tiene tanto en la economía de la nación, como en los principios e instituciones democráticas. Lo anterior a partir de objetivos enfocados a fortalecer la participación ciudadana, fomentar un sentido de la ética que se traduzca en la prevención y la rendición de cuentas, ampliar los mecanismos de control en las contrataciones públicas, mejorar la profesionalización de los servidores públicos y asegurar suficientes recursos a las instituciones de manera responsable.

Actualmente, el seguimiento a estos esfuerzos de las organizaciones convocantes se verá reflejado en una segunda cumbre, a partir de cinco reuniones regionales que se llevarán a cabo en Europa, América, Asia, África, así como en el Norte de África y Medio Oriente, entre junio y agosto de 2022, además del evento global que se realizará en septiembre próximo. Se busca que la agenda de estos foros incluya el tratamiento de algunos desafíos de carácter general, así como el examen de asuntos más puntuales de relevancia en cada región en lo particular.

Los temas y problemáticas sobre los cuales estarán enfocadas las reflexiones colectivas guardan relación con la preservación o fortalecimiento del orden democrático, el papel de los organismos electorales en la gobernabilidad democrática y la importancia de su autonomía, imparcialidad y profesionalización.

Como bien sabemos, a nivel internacional se percibe que la democracia atraviesa por diversas complejidades y enfrenta múltiples riesgos. En este contexto, las autoridades electorales también enfrentan grandes retos como lo relativo al fortalecimiento de su credibilidad en los procesos electorales. Por ese motivo, la Cumbre por la Democracia representa una oportunidad para identificar áreas de oportunidad que mejoren el desempeño de los organismos electorales, buscando soluciones que preserven libertades, garanticen derechos y generen iniciativas, al tiempo de implementar acciones que hagan frente a las problemáticas observadas en el proceso de democratización.

Es importante dar seguimiento a los esfuerzos internacionales por divulgar, vigilar y analizar los procesos democráticos. Especialmente en estas épocas de profundo cambio político, social y económico, ya que como hemos observado en muchas latitudes, la democracia nunca está garantizada. Los problemas bélicos, la recesión económica en puerta, la situación sanitaria y la reconfiguración de los bloques de cooperación internacional pueden amenazar, en más de un sentido, nuestras instituciones y libertades. Por ello, ante problemas comunes, siempre serán pertinentes las iniciativas globales.

El pasado 26 de enero, el juez Stephen Breyer anunció su retiro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, surgiendo la interrogante sobre quien sería el sucesor o, en este caso sucesora, para seguir representando el voto liberal en el máximo tribunal. Ante dicha interrogante casi de manera inmediata el presidente Joe Biden nominó a la jurista Ketanji Brown Jackson, dando con ello cumplimiento a su promesa de campaña de nombrar a la primera mujer afroamericana como jueza de la instancia judicial más alta de ese país.

Recordemos que en los 233 años de historia de dicho tribunal únicamente dos personas afroamericanas habían ocupado el cargo: Thurgood Marshall designado en 1967 y Clearence Thomas nombrado en 1991. Con la reciente aprobación del senado estadounidense del pasado 7 de abril se sumó a la lista Ketanji Brown como la sexta mujer y la tercera persona afroamericana en la historia en ocupar el cargo.

La designación realizada por el Senado no fue menor. Primero, cabe resaltar que 3 senadores del partido republicano se unieron a los 50 miembros del grupo demócrata logrando una mayoría simple en el proceso de confirmación que superó a la oposición republicana de 47 integrantes. Además es un hecho histórico que por primera vez se acerca una integración paritaria del órgano jurisdiccional.

Ahora que nos encontramos en vísperas del final del período en la Corte y del inminente retiro del juez Breyer, vale la pena precisar cómo se integra y quién designa a los jueces del tribunal supremo. De acuerdo con el artículo III de la Constitución de los Estados Unidos de América, el Congreso tiene amplios poderes para determinar la forma y estructura del sistema judicial federal, pues el Poder Legislativo ha establecido el número de integrantes, quienes desde el siglo XVII han sido 9, incluyendo la Presidencia. Asimismo los jueces son nominados por el Ejecutivo y confirmados por el Senado para servir de forma vitalicia.

Precisado lo anterior, es relevante mencionar quien es Ketanji Brown Jackson y los desafíos que enfrentará esta mujer progresista que, en palabras del senador afroamericano, Raphael Warnock, ha sorteado el doble osbtáculo del sexismo y el racismo. La jurista que entrará en funciones los próximos días, es egresada de la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard y cuenta con un historial judicial distinguido, desempeñándose como defensora pública federal, en la Comisión de Sentencias y, recientemente, como jueza de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia.

El perfil votado aportará una nueva visión profesional al órgano colegiado que desde antaño ha estado dominado por el género masculino. Seguramente dará una bocanada de aire progresista, pues en varias ocasiones ha manifestado estar a favor del aborto, la protección de las minorías étnicas, la protección de los derechos civiles de la ciudadanía y ha mostrado su compromiso con la igualdad de justicia ante la ley, consciente del profundo impacto que las decisiones judiciales pueden tener en la vida de las personas estadounidenses.

Enfrentar a un ala conservadora mayoritaria en la Corte no será trabajo sencillo. Sin embargo, el impulso de una agenda progresista no puede esperar por mucho tiempo, pues la fallecida jueza Ruth Bader Gingsburg abrió camino al legado feminista y las causas progresistas que, sin lugar a dudas, necesitan un eco en el máximo tribunal.

Apenas se dio a conocer la iniciativa de una reforma electoral y surgieron todo tipo de críticas y opiniones, desde las que anticipan su desaprobación absoluta hasta las que otorgan el beneficio de la duda. Lo cierto es que su presentación fue polémica, basada en la intención es dejar atrás los fraudes electorales. Una narrativa con cada vez menos asidero en un sistema democrático, con una constante alternancia en los gobiernos.

Sus críticos más elocuentes señalan una falta de visión por parte del Ejecutivo. Acusan que el régimen no es afín a la autonomía y que nuestro país no necesita copiar modelos fallidos ni atentar contra las instituciones electorales.

Si comenzamos por el principio, tal vez la pregunta central sería qué tan necesaria es una reforma electoral. Nuestro sistema electoral tiene algunas áreas de oportunidad, pero también virtudes manifiestas. Rechazar la propuesta sin discutirla pudiera no ser correcto, pues una reforma de esta naturaleza y alcance amerita un debate parlamentario serio, crítico y objetivo.

La exposición de motivos señala que se busca dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad y respeto al voto, algo que afortunadamente ya tenemos. Afirmar que el INE es un organismo ineficiente para cumplir su principal labor de garantizar elecciones libres, auténticas y democráticas no corresponde a la realidad. Señalar que los institutos y tribunales electorales locales son irrelevantes, es una posición que no parte del contexto correcto.

Otro punto preocupante sería modificar la integración del llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, al someter a los aspirantes a consejeros al voto popular, pues los órganos de dirección requieren también de conocimientos técnicos y experiencia. Tampoco parece sensato desaparecer la estructura distrital del INE, ya que establecer órganos temporales y auxiliares puede ser riesgoso para la profesionalización.

Lo que amerita una discusión de fondo es el modelo de financiamiento a los partidos. Eliminar su presupuesto para las actividades ordinarias sin ajustar el financiamiento privado puede ser un error significativo. Si el objetivo es evitar el dispendio, debemos cambiar la fórmula de asignación de presupuesto y ajustarla al porcentaje de votación y no al número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Por otra parte, no es mala idea plantear una modificación sustantiva en el sistema de representación. Los partidarios de esa idea persiguen la intención de favorecer la pluralidad parlamentaria, pero si la iniciativa carece de un diagnostico serio en el tema, puede facilitarse una mayoría calificada del partido en el poder, cualquier que éste sea.

La iniciativa insinúa un cambio en el modelo de comunicación política que debe ser examinado a detalle. Debemos tener cuidado de equilibrar la participación de los poderes públicos en la contienda. Asimismo, la reforma subraya la importancia de la radio y la

televisión, pero debemos ampliar la visión hacia las plataformas alternativas de las campañas electorales.

Existe un tema que pasa desapercibido y la iniciativa no hace mención alguna: el voto pasivo de los mexicanos naturalizados. Es hora de superar esa grave discriminación constitucional, pues la limitación para ellos de ocupar cargos de representación popular es anacrónica y obsoleta.

México ya tiene una vida democrática. Consolidarla requiere de una reforma electoral cuidadosa y objetiva.

Al presentarse recientemente la iniciativa de reforma electoral por parte del Ejecutivo federal, diversas voces se levantaron aludiendo a que se trata de una propuesta clara hacia la centralización de atribuciones en los procesos electorales. Entre otros temas se propone desaparecer a las autoridades electorales locales administrativas y otorgar al Instituto Nacional Electoral (INE) competencia exclusiva respecto a la organización de los comicios que corresponden a las entidades federativas. Entre otros señalamientos, se ha mencionado que esto atentaría contra la soberanía de los Estados y contra nuestro sistema federal.

En la teoría política, el centralismo se entiende como una doctrina de organización del Estado en el que un gobierno central toma todas las decisiones y del que proviene toda la autoridad. Así, en este tipo de organización, el poder político abarca toda la geografía estatal y se apuesta por la concentración del poder en una autoridad única y general que gobierna toda la nación.

Por su parte, el federalismo se entiende como una organización política en la cual entidades autónomas e independientes realizan un pacto para unirse bajo un orden común, cediendo parte de su soberanía a un poder central, dando forma al Estado Federal. William Riker considera que, en el sistema político federal, existe una jerarquía de gobiernos, por ejemplo, dos o más autoridades sobre el mismo territorio y la misma población, con una estructura bien delineada de facultades y en el que cada nivel de gobierno es autónomo en sí mismo.

Precisado lo anterior, es pertinente mencionar cómo han venido desarrollándose las atribuciones y competencias de las autoridades administrativas electorales. Como sabemos, el INE tiene su antecedente en el Instituto Federal Electoral (IFE), cuyas atribuciones se circunscribían a las elecciones federales (diputados federales, senadores y presidente de la República). En lo concerniente a los institutos electorales locales, se crearon con atribuciones para organizar lo relativo a las elecciones locales (ayuntamientos, diputados locales y gubernaturas). De esta manera, la institucionalidad electoral se compatibilizó con el modelo de organización político-territorial, generándose facultades de carácter federal y estatal.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo se generaron diversas reformas en materia electoral, que otorgaron más atribuciones al IFE en el ámbito nacional como el registro de electores, la generación de listas nominales y la expedición de la credencial para votar. En 2007 se asignó la competencia al IFE en los aspectos de los tiempos en radio y televisión y se estableció el supuesto de que la autoridad electoral de alguna entidad federativa y el IFE podían convenir que éste asumiera la competencia electoral en alguna entidad federativa.  

Con la reforma de 2014, se dió un paso decisivo para que el IFE pasara a eregirse en una instancia con atribuciones nacionales. Esta reforma, que dio vida al INE, generó un sistema híbrido en el que coexiste una autoridad de carácter nacional, con atribuciones para conocer de eleciones tanto federales como locales, y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), que mantienen la organización de sus respectivas elecciones.

A reserva de profundizar más en esta iniciativa, una conclusión preliminar es que, al desaparecer a los OPLE, se concentrarían todas las facultades y atribuciones respecto de las elecciones tanto federales como locales en una sola autoridad administrativa electoral hipercentralizada. De ahí el señalamiento de que una propuesta de esta naturaleza rompería, en más de un sentido, nuestro modelo de organización política federal contemplado en nuestra Constitución General.