Estamos próximos a cumplir setenta años de que el derecho al voto de las mujeres mexicanas fuera reconocido a nivel nacional, en virtud del decreto de reforma constitucional del 17 de octubre de 1953. A propósito de esta fecha, es importante reflexionar sobre la importancia de este derecho en el contexto histórico, así como de su papel fundamental en el avance de la agenda de género en nuestro país.
Primero, cabe recordar que, como otras figuras progresistas, el reconocimiento de este derecho comenzó a nivel estatal. Yucatán, Chiapas y San Luis Potosí, en 1922, 1925 y 1927, respectivamente, fueron las primeras entidades federativas que expidieron legislaciones que otorgaron el voto a las mujeres a nivel local. No fue sino tres décadas más tarde cuando este derecho quedaría reconocido, implícitamente, en la Constitución General.
El voto de las mujeres no fue una concesión espontánea del gobierno mexicano. Además de diversos movimientos feministas que ya estaban presentes desde la Revolución Mexicana, la exigencia de las mujeres por el reconocimiento al sufragio se incrementó después de la Segunda Guerra Mundial. Tras una manifestación que congregó a más de 20 mil mujeres en el Parque 18 de Marzo de la Ciudad de México, en abril de 1952, el entonces candidato presidencial, Adolfo Ruiz Cortines, prometió que si llegaba al poder apoyaría esta demanda social.
Pero una vez conquistado el derecho al sufragio, las mujeres mexicanas decidimos avanzar hacia una agenda de equidad y paridad en todos los aspectos de la vida pública y privada. Exigir mayor acceso a la educación, igualdad de condiciones salariales, mayor participación en la toma de decisiones públicas o la distribución equitativa de las labores del hogar han sido exigencias permanentes desde aquellos años.
Aunque se ha avanzado mucho, el tránsito ha sido paulatino. Fue hasta 1974 cuando se reconoció explícitamente la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Igualmente, fue hasta la década de los noventa cuando se instrumentó un sistema de “cuotas de género” que abrió mayores posibilidades para que las mujeres alcanzaran espacios en cargos de elección popular.
En las últimas décadas, hemos dejado atrás la noción de “cuotas” y hemos avanzado hacia disposiciones de paridad obligatoria en la conformación de órganos colegiados, congresos y cargos de dirección política. Asimismo, la lucha contra la violencia de género ha sido cada vez más constante en las calles y en los parlamentos.
Ninguno de estos avances hubiese sido posible sin el derecho al voto. Su reconocimiento marcó un parteaguas en nuestra vida pública. Sin embargo, todavía quedan pendientes por atender y espacios por conquistar. De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, el mayor avance en términos de paridad se ha dado en los Congresos a nivel federal y estatal, ya que éstos se han conformado con 50% o más de mujeres. Pero las mujeres solo ocupan el 28% de las gubernaturas y el 25% de las presidencias municipales del país.
A través de nuestro voto, las mexicanas podemos impulsar agendas e incentivar cambios en la agenda pública. La mejor manera de honrar la lucha de las mujeres que nos antecedieron es reconocer su legado y comprometernos a dar un paso hacia adelante en la medida de nuestras posibilidades y en nuestros respectivos ámbitos de acción.
Conéctate