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La reciente experiencia del registro de candidaturas nos permite (y obliga) a señalar algunos aspectos que, en mi opinión, deberán ser corregidos en aras de que los procesos electorales venideros sean más pulcros y eficientes. En este sentido, existen al menos dos rubros que requieren ser revisados: el plazo que el Instituto Electoral de nuestro estado (IEEM) tiene para calificar tal registro, así como el cumplimiento de las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad.

En cuanto al primer tema, los partidos políticos cuentan con diez días para registrar sus candidaturas y, una vez vencido ese plazo, el IEEM tiene cinco días para revisar que cada candidatura cumpla con lo establecido en la normativa (requisitos de elegibilidad, paridad de género y acciones afirmativas). Al respecto, la experiencia ha mostrado que los partidos políticos solamente utilizan los últimos tres días para el registro (la mayoría lo hace el último día), y en tan sólo cinco días el IEEM debió revisar más de ocho mil candidaturas. Es evidente que se necesita un plazo más amplio para lograr una adecuada revisión y, por supuesto, los partidos políticos requieren plazos suficientes (previos al inicio de las campañas) para atender los requerimientos que se les formulen.

Respecto a las acciones afirmativas, es imperioso tener presente que es la primera ocasión que tales postulaciones son implementadas en nuestra entidad, por lo que aún sin el resultado de la votación, pero ya con el registro de candidaturas efectuado, es evidente que tenemos (partidos políticos e Instituto), un amplio espectro para eficientar el registro y, sobre todo, para cumplir auténticamente con su objetivo primigenio: involucrar a los grupos en situación de vulnerabildad en la vida política.

Así, toda vez que la participación política no sólo aparece a partir del registro de candidaturas, valoremos si la exigibilidad de registrar acciones afirmativas debe ser, en realidad, un segundo momento, y considerar que en primer lugar resulta necesario prever que al interior de los partidos, esto es, desde su militancia, la formación de sus cuadros y, por supuesto, en las precampañas, se fomente la participación de personas que pertenezcan a todos los grupos en situación de vulnerablidad.

Estimo que sería muy pertinente que una vez finalizado el actual proceso electoral e integrados los congresos (federal y local), las fuerzas políticas y las autoridades electorales analicemos críticamente la experiencia obtenida. Quiero expresarlo con todas sus letras: reconocer los errores, las lagunas y los vacíos de nuestra normatividad electoral es imprescindible si realmente queremos avanzar en la consolidación de nuestra democracia. Impulsemos que tomando en cuenta los aciertos y desaciertos, se inicien los trabajos para impulsar una reforma electoral integral en la cual se escuche la experiencia de los partidos políticos, las autoridades electorales y, por supuesto, de la ciudadanía.

Desde hace varias décadas, una vez que se aperturó el sistema electoral mexicano, la aspiración constante ha sido consolidar nuestra democracia, sin embargo, se pasa por alto que, lamentablemente, uno de los cimientos sobre los que ésta se ha desarrollado es la desconfianza en los resultados electorales. Por otro lado, pero en el mismo sentido, el costo de nuestra democracia ha generado debates intensos, ya que es evidente que éste aumenta cada año, sobre todo cuando se llevan a cabo elecciones.

En mi opinión, ambos temas convergen si reflexionamos que el costo democrático tiene dos explicaciones basadas, la primera, en disposiciones jurídicas que determinan los montos de financiamiento público para los partidos políticos; la segunda, en la desconfianza social respecto a los procesos electorales y su autenticidad.

En cuanto a la primera, se observa que el presupuesto que se asigna a los partidos políticos (tanto en año ordinario como en año de elecciones) se calcula con base en una fórmula aritmética, la cual está prevista a nivel constitucional y se compone tanto de la Unidad de Medida y Actualización, como del padrón electoral. Debido a que el valor de ambos componentes aumenta cada año, es evidente que también se incrementa el presupuesto asignado a los partidos políticos.

Respecto a la desconfianza ciudadana, sobre la cual hay que hacer especial énfasis, ésta se ha sustentado históricamente a partir de los resultados electorales que han presentado las autoridades electorales administrativas. Ante la suspicacia y dudas que aquellos han generado, se ha determinado implementar herramientas y medidas que, debe señalarse, tienen costos muy altos.

Para muestra dos ejemplos: primero, pese a que en la ley electoral se establece que el miércoles siguiente de celebrada la elección se llevarán a cabo los cómputos respectivos, actualmente para las elecciones de la Presidencia y las gubernaturas (Jefatura de Gobierno en el caso de Ciudad de México) deben utilizarse dos herramientas (Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos) para conocer los resultados el mismo día de la jornada electoral; segundo, las actas y boletas electorales, las cuales, ante la desconfianza de que sean falsificadas, han llegado a tener más de una decena de medidas de seguridad. Así, en cada proceso electoral se busca que las herramientas sean más precisas y que las medidas de seguridad sean mayores y mejores, lo que implica un aumento al costo de las elecciones.

Considero que es fundamental admitir que la desconfianza social en los resultados electorales es una cuestión cuya discusión y análisis serios (y autocríticos) por parte de las autoridades electorales resultan urgentes. Cambiar ese paradigma sobre el cual se ha construido nuestro sistema electoral y se ha fundamentado el proceder de los actores políticos puede ser la diferencia entre mantenernos en una transición o arribar a la consolidación democrática.

Uno de los temas que han destacado en torno a las elecciones que se celebrarán el próximo dos de junio es el relativo a los conteos rápidos (CR), los cuales serán implementados por el Instituto Nacional Electoral (INE) tanto para las tres elecciones federales (Presidencia, senadurías y diputaciones), como para las nueve elecciones locales en las que se renovará el poder ejecutivo respectivo.

En efecto, además del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la normativa electoral también contempla los CR como un mecanismo para informar acerca de los resultados electorales. En esta tesitura, considero que es importante para la ciudadanía conocer algunas de las similitudes y diferencias entre ambos mecanismos.

En cuanto a las similitudes se tiene que, por un lado, ambos proporcionan información acerca de los resultados electorales sin hacerse un cómputo formal de los votos. Por el otro, los resultados que ambos arrojan no son definitivos, ya que su carácter es estrictamente informativo.

Respecto a las diferencias, el insumo del PREP son los resultados asentados en todas y cada una de las actas de escrutrinio y cómputo. Por su parte, los CR se realizan con base en una muestra representativa de casillas y mediante procedimientos estadísticos. Derivado de esto, en el PREP el porcentaje de votación obtenido se actualiza constantemente de conformidad con la recepción de las actas referidas. Por su parte, los CR proporcionan un sólo resultado, en el cual se señalan los límites superior e inferior del porcentaje de la votación que podrían ser obtenidos por las candidaturas.

Aunado a lo anterior, la implementación del PREP es obligatoria para todas las elecciones ordinarias mientras que, a nivel de las entidades federativas, los CR sólo son obligatorios para aquellas elecciones en las que se renueva la titularidad del poder ejecutivo. En concordancia, para la renovación de la Gubernatura de nuestra entidad, la cual se llevó a cabo el año pasado, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) implementó el PREP, mientras que el INE (en ejercicio de su atribución de asunción parcial) implementó los CR. Es importante destacar que los datos proporcionados por ambos mecanismos coincidieron, ya que los resultados del PREP estuvieron dentro de los límites señalados en los CR.

Señalado lo anterior, y en el contexto de nuestro actual proceso electoral local, no puede pasar inadvertido que para estas elecciones (en las cuales se renovarán el Congreso y los ayuntamientos), no se implementarán los CR. Sin embargo, la ciudadanía mexiquense puede contar con que el IEEM cumplirá con su obligación legal de entregar resultados ciertos y fidedignos desde el día de la jornada electoral. Para ello, llevamos ya meses trabajando en la implementación de nuestro PREP, a través del cual se podrá dar puntual seguimiento a los resultados electorales y, con ello, fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales.

Si bien el pasado cinco de enero inició formalmente el proceso electoral local 2024, a través del cual se renovarán el Congreso local y la totalidad de los ayuntamientos, materialmente su organización comenzó desde septiembre del año pasado cuando, como lo mencioné en la aportación de aquel mes, se iniciaron, entre otros, los trabajos para desarrollar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Debido a lo anterior, considero que es fundamental tener presente la enorme trascendencia del PREP y entender por qué, por un lado, se requiere que un sistema que se materializa y opera sólo el día de la jornada electoral (y eventualmente algunas unas horas más), sea desarrollado durante casi un año y, por el otro, comprender por qué históricamente los actores políticos y la ciudadanía no estiman adecuado esperar a los cómputos distritales y municipales que se llevan a cabo el miércoles siguiente al día de la jornada electoral para conocer el resultado de la elección.

Para dar respuesta a esta doble interrogante se debe partir del origen del PREP, el cual se implementó frente a la desconfianza en los resultados electorales como una herramienta que dotara de certeza a la elección. No podemos olvidar el lamentable suceso histórico que es conocido como la “caída del sistema” de 1988. Frente a este suceso, el antecedente inmediato que se tiene del PREP se remonta a 1991, cuando el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) utilizó el Sistema de Información de los Resultados Electorales Preliminares (SIRE) el cual, de acuerdo con datos del hoy Instituto Nacional Electoral (INE), en aquellas elecciones logró procesar el 72.82 por ciento de las casillas y requirió un trabajo de setenta y dos horas ininterrumpidas. Posteriormente, la primera vez que se utilizó el PREP con el nombre que hoy lo conocemos fue en las elecciones de 1994, cuando se procesó el 92.27 por ciento de las casillas en cuatro días.

En ese contexto, y con el objetivo de dotar de certeza a los resultados electorales, este programa se perfecciona permanentemente, lo cual ha implicado aspectos como el hacer obligatorio su uso para las elecciones federales y locales; designar un comité técnico asesor con expertos en diversas áreas; someterlo a auditorías, así como llevar a cabo pruebas de funcionalidad y simulacros. Estas mejoras han propiciado que actualmente, y con un contraste significativo frente a los datos de 1991 y 1994, la misma noche de la jornada electoral se tengan más del noventa por ciento de las casillas procesadas.

Es en este orden de ideas que el IEEM lleva alrededor de cinco meses desarrollando el programa que operará el próximo dos de junio, con plena consciencia de que el PREP es una herramienta imprescindible, cuya finalidad es que la ciudadanía y los actores políticos tengan total confianza tanto en los resultados, como en el actuar de las autoridades electorales, lo cual es fundamental para la consolidación de nuestro sistema democrático.

Como viene sucediendo desde hace un poco más de veinte años, el pasado veinticinco de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que también marca el inicio (desde dos mil ocho) de la campaña ÚNETE, en la que durante dieciséis días se llevan a cabo diversas actividades con el objetivo de visibilizar, sensibilizar y concientizar acerca de esa problemática mundial que se aspira a erradicar.

En este marco, y a pocos días de tal conmemoración, considero que es de suma importancia recordar que la violencia contra las mujeres también está presente en el ámbito político, espacio en el que primordialmente pueden y deben actuar (por su naturaleza, atribuciones y funciones) las autoridades electorales.

Conforme a lo anterior, uno de los aspectos en los cuales se ha buscado incidir es en la postulación de las mujeres para los distintos cargos de elección popular en nuestro país, de tal suerte que desde hace más de veinticinco años se han impulsado cuotas de género, las cuales han aumentado gradualmente hasta el punto de buscar la hoy llamada “paridad en todo”. No obstante lo anterior, lo cierto es que todavía no contamos con datos duros acerca de que la mayor o menor participación de las mujeres en la vida político-electoral sea directamente proporcional la disminución o aumento, respectivamente, de la violencia política ejercida en su contra.

De hecho, la contienda electoral del proceso electoral 2020-2021, en el cual se llevaron a cabo elecciones federales y locales en todos los estados, y la Cámara de Diputados quedó, por primera vez, integrada con el cincuenta por ciento de hombres y el cincuenta por ciento de mujeres, se ha considerado como la más violenta contra éstas, de acuerdo con la organización Todas Mx y con el informe final de ese mismo año presentado por la Red de apoyo a Mujeres Municipalistas AC (REAMM). Basta con mencionar que lamentablemente veintiún candidatas fueron asesinadas.

En ese sentido, considero que aún teniendo datos que nos aseguraran la veracidad de la fórmula expresada, no basta con enfocarnos en cumplir o cubrir cuotas y estadísticas al momento de pretender erradicar este tipo de violencia. Es necesario implementar políticas públicas que deconstruyan los estereotipos, así como los paradigmas sociales y culturales que hemos mantenido por siglos y, consecuentemente, dejar absolutamente claro que todas las personas merecemos un trato respetuoso y el reconocimiento de nuestros derechos por el simple hecho de ser, precisamente, personas.

Refrendo la postura expresada en aportaciones anteriores: la lucha por la eliminación de todo tipo de violencia contra las mujeres no es una prerrogativa o concesión hacia ellas. En realidad, es un aspecto imprescindible que el Estado (como estructura normativa y de poder) y la sociedad deben impulsar como premisa de igualdad material y auténticamente democrática.