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El tres de julio pasado se conmemoró el sexagésimo noveno aniversario del voto de las mujeres a nivel federal en México. El reconocimiento de su derecho al sufragio en 1953 implicó que también pudieran ser elegidas, por lo que en 1954 tuvimos a la primera diputada federal, en 1955 a la primera presidenta municipal, en 1964 a la primera senadora, en 1979 a la primera gobernadora, y en este 2024 tendremos a la primera presidenta de la República.

Debido a que cada cargo presenta particularidades y matices, para la reflexión de esta aportación referiré los datos de las gubernaturas (incluída la jefatura de gobierno de Ciudad de México). En esa tesitura, la participación de las mujeres en los ejecutivos locales ha presentado, entre otros, los siguientes aspectos:

• Pasó más de un cuarto de siglo para que a partir de su reconocimiento del derecho al voto una mujer fuese gobernadora.
• De 1979, fecha en que esto último ocurrió, hacia el 2018 apenas cinco mujeres habían sido titulares del ejecutivo local.
• Este 2024 la cifra aumentó a 22 (tomando en cuenta a las cuatro recientemente electas, quienes están por tomar posesión).
• A finales de este año, de los 32 ejecutivos locales, 13 serán ocupados por mujeres.

Como se observa, a partir de 2018 se ha incrementado considerablemente el acceso de las mujeres a las gubernaturas. No obstante, esto sólo se ha logrado porque a través de la normativa electoral se ha impulsado la alternancia de género en las candidaturas. Es decir, a pesar de que desde hace casi siete décadas las mujeres lograron que se les reconociera su derecho a votar y a ser elegidas, el cambio de paradigma no ha sido sencillo. En efecto, de no ser porque en los últimos años la sociedad y las autoridades electorales han exigido a los partidos políticos cumplir con cuotas de género, el acceso de las mujeres a esos espacios sería considerablemente menor.

Debido a lo señalado, considero que es momento de cuestionarnos nuevamente hacia dónde queremos llegar en materia de paridad de género, por lo que si la meta es que las mujeres tengan mayor participación y desarrollo en la vida política, aquella no puede quedarse solamente en cuántos cargos de elección popular ocupan las mujeres. Incluso, debemos valorar si sólo las cuotas y la alternancia de género en las candidaturas son medidas idóneas para cambiar el paradigma que ha imperado.

En esta tesitura, estimo que en materia de paridad ha llegado el momento de reflexionar los avances logrados y, sobre todo, proponer nuevas alternativas; por ejemplo, la apertura de espacios para las mujeres en las dirigencias de los partidos políticos (actualmente sólo un partido político nacional es dirigido por una mujer). Lo anterior, con la finalidad de propiciar mayores alcances cualitativos en su participación e injerencia en la vida política. La paridad de género, como todo en democracia, es perfectible y debemos asumir la tarea de buscar su evolución permanente.

Desde antes del inicio formal del actual proceso electoral y hasta la realización de la jornada electoral, uno de los temas más cuidados y observados fue el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). Esto, porque desde su implementación en 1994 se ha procurado que no sólo proporcione los resultados de la votación de la forma más precisa, sino también con la mayor velocidad posible.

En esa tesitura, en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se enfocaron los esfuerzos para que nuestro PREP operara bajo esas condiciones de exactitud e inmediatez. Los resultados fueron satisfactorios, ya que 12 horas después de haber sido puesto en marcha ya contábamos con más del 90% de las actas procesadas y, al momento del cierre de sus operaciones, en la elección de diputaciones se logró el 100%, mientras que en la de ayuntamientos se tuvo el 99.01%.

Para ilustrar el buen funcionamiento de nuestro programa, podemos mencionar que en el caso del INE (al cierre de su sistema) superó el 90% de actas procesadas, y a pesar de que en diputaciones federales se tuvo el porcentaje más bajo, éste fue de 94.21%.

Ahora bien, por su condición de ser sólo resultados preliminares tienen carácter de informativos y no son definitivos ni vinculantes, por lo que debemos esperar varios días a la realización de los cómputos distritales y municipales, donde de nueva cuenta se revisan los resultados de las actas de cada casilla para sólo entonces tener resultados formales y, sobre todo, ahora sí vinculantes para candidaturas y ciudadanía.

En este orden de ideas, podemos sostener que contamos con un PREP que se mejora en cada proceso electoral, en el que se han invertido una enorme cantidad de recursos económicos y humanos, y que en esta elección se desarrolló durante 9 meses en coordinación con el INE y el apoyo de un Comité Técnico Asesor, así como de un Ente Auditor.

Así, ante los resultados que ha alcanzado el IEEM, estimo que es viable analizar si los resultados plasmados en el PREP pudieran volverse vinculantes, posibilidad que además de ser novedosa, aprovecharía los avances científicos y tecnológicos en beneficio de la ciudadanía.

Debe destacarse que nuestro PREP ha sido dotado de elementos que permiten un alto grado de precisión, inmediatez y confiabilidad. Además, no puede soslayarse que las actas de las cuales se alimenta el programa son llenadas por ciudadanos elegidos mediante sorteo, que quienes capturan tanto las imágenes, como los datos contenidos en tales actas, son personas que participaron mediante una convocatoria pública; y que en todo momento el desarrollo del programa es supervisado por los partidos políticos.

Por tanto, quizá es momento de reflexionar si nuestro PREP pudiera ser visto no sólo como una herramienta que combate la desconfianza, sino ya como un programa que, con las adecuaciones y previsiones tecnológicas y jurídicas necesarias, pudiera transformarse en vinculante.

La reciente experiencia del registro de candidaturas nos permite (y obliga) a señalar algunos aspectos que, en mi opinión, deberán ser corregidos en aras de que los procesos electorales venideros sean más pulcros y eficientes. En este sentido, existen al menos dos rubros que requieren ser revisados: el plazo que el Instituto Electoral de nuestro estado (IEEM) tiene para calificar tal registro, así como el cumplimiento de las acciones afirmativas para grupos en situación de vulnerabilidad.

En cuanto al primer tema, los partidos políticos cuentan con diez días para registrar sus candidaturas y, una vez vencido ese plazo, el IEEM tiene cinco días para revisar que cada candidatura cumpla con lo establecido en la normativa (requisitos de elegibilidad, paridad de género y acciones afirmativas). Al respecto, la experiencia ha mostrado que los partidos políticos solamente utilizan los últimos tres días para el registro (la mayoría lo hace el último día), y en tan sólo cinco días el IEEM debió revisar más de ocho mil candidaturas. Es evidente que se necesita un plazo más amplio para lograr una adecuada revisión y, por supuesto, los partidos políticos requieren plazos suficientes (previos al inicio de las campañas) para atender los requerimientos que se les formulen.

Respecto a las acciones afirmativas, es imperioso tener presente que es la primera ocasión que tales postulaciones son implementadas en nuestra entidad, por lo que aún sin el resultado de la votación, pero ya con el registro de candidaturas efectuado, es evidente que tenemos (partidos políticos e Instituto), un amplio espectro para eficientar el registro y, sobre todo, para cumplir auténticamente con su objetivo primigenio: involucrar a los grupos en situación de vulnerabildad en la vida política.

Así, toda vez que la participación política no sólo aparece a partir del registro de candidaturas, valoremos si la exigibilidad de registrar acciones afirmativas debe ser, en realidad, un segundo momento, y considerar que en primer lugar resulta necesario prever que al interior de los partidos, esto es, desde su militancia, la formación de sus cuadros y, por supuesto, en las precampañas, se fomente la participación de personas que pertenezcan a todos los grupos en situación de vulnerablidad.

Estimo que sería muy pertinente que una vez finalizado el actual proceso electoral e integrados los congresos (federal y local), las fuerzas políticas y las autoridades electorales analicemos críticamente la experiencia obtenida. Quiero expresarlo con todas sus letras: reconocer los errores, las lagunas y los vacíos de nuestra normatividad electoral es imprescindible si realmente queremos avanzar en la consolidación de nuestra democracia. Impulsemos que tomando en cuenta los aciertos y desaciertos, se inicien los trabajos para impulsar una reforma electoral integral en la cual se escuche la experiencia de los partidos políticos, las autoridades electorales y, por supuesto, de la ciudadanía.

Desde hace varias décadas, una vez que se aperturó el sistema electoral mexicano, la aspiración constante ha sido consolidar nuestra democracia, sin embargo, se pasa por alto que, lamentablemente, uno de los cimientos sobre los que ésta se ha desarrollado es la desconfianza en los resultados electorales. Por otro lado, pero en el mismo sentido, el costo de nuestra democracia ha generado debates intensos, ya que es evidente que éste aumenta cada año, sobre todo cuando se llevan a cabo elecciones.

En mi opinión, ambos temas convergen si reflexionamos que el costo democrático tiene dos explicaciones basadas, la primera, en disposiciones jurídicas que determinan los montos de financiamiento público para los partidos políticos; la segunda, en la desconfianza social respecto a los procesos electorales y su autenticidad.

En cuanto a la primera, se observa que el presupuesto que se asigna a los partidos políticos (tanto en año ordinario como en año de elecciones) se calcula con base en una fórmula aritmética, la cual está prevista a nivel constitucional y se compone tanto de la Unidad de Medida y Actualización, como del padrón electoral. Debido a que el valor de ambos componentes aumenta cada año, es evidente que también se incrementa el presupuesto asignado a los partidos políticos.

Respecto a la desconfianza ciudadana, sobre la cual hay que hacer especial énfasis, ésta se ha sustentado históricamente a partir de los resultados electorales que han presentado las autoridades electorales administrativas. Ante la suspicacia y dudas que aquellos han generado, se ha determinado implementar herramientas y medidas que, debe señalarse, tienen costos muy altos.

Para muestra dos ejemplos: primero, pese a que en la ley electoral se establece que el miércoles siguiente de celebrada la elección se llevarán a cabo los cómputos respectivos, actualmente para las elecciones de la Presidencia y las gubernaturas (Jefatura de Gobierno en el caso de Ciudad de México) deben utilizarse dos herramientas (Programa de Resultados Electorales Preliminares y Conteos Rápidos) para conocer los resultados el mismo día de la jornada electoral; segundo, las actas y boletas electorales, las cuales, ante la desconfianza de que sean falsificadas, han llegado a tener más de una decena de medidas de seguridad. Así, en cada proceso electoral se busca que las herramientas sean más precisas y que las medidas de seguridad sean mayores y mejores, lo que implica un aumento al costo de las elecciones.

Considero que es fundamental admitir que la desconfianza social en los resultados electorales es una cuestión cuya discusión y análisis serios (y autocríticos) por parte de las autoridades electorales resultan urgentes. Cambiar ese paradigma sobre el cual se ha construido nuestro sistema electoral y se ha fundamentado el proceder de los actores políticos puede ser la diferencia entre mantenernos en una transición o arribar a la consolidación democrática.

Uno de los temas que han destacado en torno a las elecciones que se celebrarán el próximo dos de junio es el relativo a los conteos rápidos (CR), los cuales serán implementados por el Instituto Nacional Electoral (INE) tanto para las tres elecciones federales (Presidencia, senadurías y diputaciones), como para las nueve elecciones locales en las que se renovará el poder ejecutivo respectivo.

En efecto, además del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), la normativa electoral también contempla los CR como un mecanismo para informar acerca de los resultados electorales. En esta tesitura, considero que es importante para la ciudadanía conocer algunas de las similitudes y diferencias entre ambos mecanismos.

En cuanto a las similitudes se tiene que, por un lado, ambos proporcionan información acerca de los resultados electorales sin hacerse un cómputo formal de los votos. Por el otro, los resultados que ambos arrojan no son definitivos, ya que su carácter es estrictamente informativo.

Respecto a las diferencias, el insumo del PREP son los resultados asentados en todas y cada una de las actas de escrutrinio y cómputo. Por su parte, los CR se realizan con base en una muestra representativa de casillas y mediante procedimientos estadísticos. Derivado de esto, en el PREP el porcentaje de votación obtenido se actualiza constantemente de conformidad con la recepción de las actas referidas. Por su parte, los CR proporcionan un sólo resultado, en el cual se señalan los límites superior e inferior del porcentaje de la votación que podrían ser obtenidos por las candidaturas.

Aunado a lo anterior, la implementación del PREP es obligatoria para todas las elecciones ordinarias mientras que, a nivel de las entidades federativas, los CR sólo son obligatorios para aquellas elecciones en las que se renueva la titularidad del poder ejecutivo. En concordancia, para la renovación de la Gubernatura de nuestra entidad, la cual se llevó a cabo el año pasado, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) implementó el PREP, mientras que el INE (en ejercicio de su atribución de asunción parcial) implementó los CR. Es importante destacar que los datos proporcionados por ambos mecanismos coincidieron, ya que los resultados del PREP estuvieron dentro de los límites señalados en los CR.

Señalado lo anterior, y en el contexto de nuestro actual proceso electoral local, no puede pasar inadvertido que para estas elecciones (en las cuales se renovarán el Congreso y los ayuntamientos), no se implementarán los CR. Sin embargo, la ciudadanía mexiquense puede contar con que el IEEM cumplirá con su obligación legal de entregar resultados ciertos y fidedignos desde el día de la jornada electoral. Para ello, llevamos ya meses trabajando en la implementación de nuestro PREP, a través del cual se podrá dar puntual seguimiento a los resultados electorales y, con ello, fortalecer la confianza ciudadana en los procesos electorales.