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¿Estamos ante un cambio de régimen político? La historia de nuestro país es nutrida de hechos que nos permiten hacer un análisis de los avances y retrocesos que nuestra democracia puede enfrentar.

Andrés Manuel no solo concluye su mandato con un alto nivel de aprobación sino con lo que deberá ser el inicio de la deconstrucción y construcción de un poder judicial que nunca ha sido autónomo y que nunca ha ejercido la libertad política que en la teoría de división de poderes se le otorga a cada poder para ser un sistema de pesos y contrapesos.

El 15 de septiembre firmó el decreto a lado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum reafirmando que es la línea que seguirá la nación. A partir de su publicación circulan en las redes infografías que muestran el proceso que para muchos no solo es complejo sino incierto debido a la inexistencia aún de leyes secundarias.

Es cierto no existe esa reglamentación, pero lo más importante son los cambios que tendrán que darse paso a paso y cuyo fin es acabar con el nepotismo instaurado en el poder judicial federal y la serie de privilegios que el alto funcionariado de ese poder y la Suprema Corte tienen, esos que en muchos otros espacios también se mantienen a escalas distintas, pero subsisten.

Desde 1996 el número de ministros se ha ido reduciendo de 22 a 11 y ahora a 9 al igual que los periodos de encargo. Se creó el Consejo de la Judicatura que generó vicios que en toda institución ocurren al no refrescarse y evolucionar; por ello ahora será el Tribunal de Disciplina Judicial el que juegue un rol importante.

El poder judicial necesitaba con urgencia ser renovado y/o sacudido. Considero que la independencia judicial está ligada a la ética de las personas, un juez independiente es aquel que no está bajo la influencia o el control de alguien más.

Quienes contiendan tendrán acceso a radio y televisión no así a financiamiento ni público ni privado, por ello será fundamental que quienes sean propuestos no solo cumplan con el perfil académico, sino que sean persona probas, honestas y éticas que les permita resistir cualquier tipo de presión externa e interna. El tiempo lo dirá.

En este marco jurídico nacional se vive actualmente la reforma al poder judicial de la federación. El pasado domingo tras largas horas de posicionamientos y argumentos a favor y en contra de la reforma se aprobó el dictamen que será puesto a consideración de la Cámara de Senadores el día de mañana miércoles, ¿la reforma cumple con lo que se requiere para tener una verdadera justicia en el país?

La verdad es que quizás no, pero ello no significa que no se discuta y se reforme un poder judicial que historiadores como Lorenzo Meyer han considerado desde acontecimientos y hechos históricos un apéndice del poder ejecutivo.

Un poder judicial que en el vox populi está ligado a actos de corrupción y de poca confianza, no solo a nivel federal sino también en el Estado de México y en todas las entidades del país. Aunado a la falta de equidad de género que ha sido una constante a pesar de los últimos intentos de convocatorias exclusivas para mujeres.

La propuesta de reforma tiene puntos que son debatibles, por ejemplo que serán los poderes los que postulen hasta dos personas por cargo lo que significa que exista una alta probabilidad de que ganen las personas impulsadas por quien detenta la mayor fuerza; el Comité que se propone de evaluación tendrá la tarea de generar el filtro de quien avanza y quien no, el costo de la organización de la elección y quienes lo harán si será el INE o los institutos electorales locales o ambos y sus respectivos costos son temas que deben discutirse y tomar decisiones pues su materialización será en 2025.

A pesar de ello algo claro es que México no será el primer país en el que los jueces y magistrados sean electos por la ciudadanía. En Estados Unidos los jueces son electos. La elección de jueces en nuestro país no implica que dejemos de ser una democracia. Todas las instituciones deben evolucionar, el propio poder judicial tuvo la posibilidad de ser parte de esa evolución, pero decidió mantenerse estático, lo que hoy sucede es una consecuencia de la falta de apertura y flexibilidad que la democracia también advierte y puede sin duda modificar.

El instituto, se dijo en varias ocasiones, estuvo siempre en permanente cercanía con quienes detentaban el poder en el gobierno, desde ahí, se decía, se organizaban las elecciones y se configuraba al gran ejército humano que siempre ha sido el IEEM en cada proceso electoral.

En este tema, vale la pena mencionar, que hasta antes de este proceso electoral 2023-2024 había vocales que tenían 8, 9, 10 y hasta 11 procesos electorales sin dar oportunidad a la ciudadanía que nunca había formado parte de la institución de serlo.

En este proceso electoral por primera ocasión se hizo un cambio en el procedimiento de selección de los y las vocales con mecanismos más transparentes e incluyentes, una renovación de poco más del 46%.

Este cambio fue significativo ya que son ellos los y las vocales quienes desarrollan las etapas del proceso electoral en campo, en cada distrito y municipio y será sin duda valioso hacer un análisis y reflexión de qué funcionó y qué debemos mejorar.

Algunos otros temas son la transparencia y si efectivamente cumplimos con ese principio en los actos del IEEM, en las licitaciones y en todo lo que la misma implica.

Es necesario hacer una revisión de la normatividad pues hay alguna que requiere ser actualizada por ser obsoleta o por no cumplir con su finalidad. Revisar si los protocolos y documentos normativos en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género han funcionado o porqué no.

Un tema reciente es la implementación de acciones afirmativas que se dio por primera ocasión y fuimos la última entidad en el país en implementarlas y que tuvo críticas en diferentes medios de comunicación e incluso una organización de la comunidad LGBTTTIQ+ como es “Fuera del Closet” que presentó un escrito en el que denunció simulaciones; ante ello debemos revisar los criterios y la forma en la que se garantizó de manera efectiva el derecho de quienes pertenecen a algún grupo vulnerable.

Todo ello requiere de una autoevaluación y una seria y profunda reflexión, tenemos tiempo para hacerlo y debe ser una prioridad.

Es mediante el voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, el voto que el 60.92% de la ciudadanía que participó en las urnas manifestó el pasado 2 de junio y en donde la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el respaldo de 33,226,602 millones de personas, es decir, el 59.35%.

Estos números forman parte de la aritmética que juegó su papel a la hora de dar cumplimiento al artículo 54 constitucional, el mismo que establece las bases para la asignación de los 200 diputados plurinominales en donde los partidos requieren acreditar que participan con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos uninominales y alcanzar por lo menos el 3% del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales; además del corrimiento de la fórmula que permite materizalizar el sistema electoral mixto que tenemos en México.

En esta elección, como en todas las anteriores, los votos obtenidos por cada partido y los convenios de coalición jugaron preponderantemente en uno de los fines del actual sistema electoral que es traducir los votos en escaños.

Además de construir legitimidad y hacerlo a través de establecer reglas de competencia para acceder al poder con reglas que se consideran justas y permiten que los resultados de las elecciones sean acatados, la aplicación de la fórmula que analiza los límites de sub y sobre representación fueron fundamentales para tener números concretos en la configuración de la cámara de diputados y de senadores.

Hay muchas críticas al sistema electoral que tenemos y en efecto, el mismo es barroco y lo es porque está sobrerregulado, también hay etapas que deben ser reflexionadas y eliminadas porque con otros procedimientos implementados por todas las fuerzas políticas resultan obsoletas, como la etapa de pre campaña, sin embargo, en esta ocasión como en los últimos procesos electorales en donde gobernaron otros partidos la fórmula es la misma y los operadores jurídicos están obligados a su aplicación y con ello dar cabal cumplimiento a lo que la ley dice.

Lo anterior no exime de hacer los análisis, críticas y propuestas de reforma que correspondan en el ámbito de competencia de cada institución, por ejemplo ¿la aplicación de la ley genera supuestas distorsiones? Si es así, entonces tendrá que ser discutido al seno del poder legislativo que es el facultado para ello.

La democracia como refirió el politólogo y político francés Condorcet, debe servir para generar deliberaciones, debate en el que el pueblo que es soberano se involucre y exprese también su sentir.

Es claro que el respaldo de la mayoría de la ciudadanía quedó expresado en las urnas con una gran contundencia, esa que se observa en los 37 puntos de diferencia entre una y otra de las contendientes y esa que se da al correr la fórmula y existir una mayoría calificada que cumpla con el mandato que la ciudadanía les delegó con su voto.

Vendrán la reforma al poder judicial y otras determinaciones importantes que ya desde el pasado viernes se dieron en cuanto a los organismos autónomos. El ámbito electoral no está excento de escrutinio y la propuesta de reforma tiene fechas concretas como septiembre de 2025, habrá que prestar atención a la forma en la que se da la correspondencia con quien detenta la soberanía popular.