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Uno de los 100 puntos anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum al inicio de su mandato es el de la reforma político electoral, la misma que en el período del expresidente Andrés Manuel López Obrador fue desechada.

El denominado Plan C tuvo que esperar, la prioridad se concentró en la reforma al poder judicial. Estamos a un mes de que los nuevos juzgadores tomen protesta e inicien a hacer su trabajo. Será necesario que la sociedad civil y la academia den seguimiento a ese trabajo, finalmente al haber sido votados en un ejercicio democrático como son las elecciones están bajo el escrutinio público no solo de quienes votaron por ellos sino de toda la ciudadanía.

Esa reforma hoy en día sabemos que debe tener modificaciones y existir un serio replanteamiento a la misma; no solo a nivel federal sino también local, debido a la complejidad en las boletas electorales, dado el número de personas que c contenderán en 2027, el tema de la no existencia de financiamiento público a las candidaturas como ocurre con las postulaciones de partidos políticos, la campaña exclusivamente en redes y de forma orgánica, la tardía determinación de quiénes y de qué forma podían dar publicidad a la elección y el proceso de registro de las candidaturas y verificación de requisitos de elegibilidad a través de los comités de evaluación, son sólo algunos de los temas que necesariamente tendrán que ser discutidos.

Con todo ello la elección del poder judicial se suma a la organización de elecciones para diputaciones federales y locales, ayuntamientos, senadurías, gubernaturas, revocaciones de mandato y consultas populares, todos estos procesos tendrán que ser evaluados en la propuesta que se realice de reforma político- electoral.

El pasado sábado se hizo un anuncio importante por parte de la presidenta y fue la designación de Pablo Gómez como coordinador de la comisión presidencial para la reforma electoral, entre los temas principales está reducir el financiamiento a los partidos políticos, la desaparición de las listas de plurinominales y reducir el costo de las elecciones.

Se anunció que se hará una consulta al pueblo de México sobre todos estos temas, ya algunas encuestadoras como Mitofsky refieren que 49.6% de los encuestados considera urgente modificar las reglas electorales, 83.5% respaldan eliminar el financiamiento público, en cuanto a la elección de las autoridades electorales 47,5% opta por voto popular y 37.9% está de acuerdo con eliminar a los OPLEs para que las elecciones las organice todas el INE.

Serán meses en los que se espera exista debate de altura y se privilegie realmente un avance en la democracia mexicana además de considerar las voces de diferentes sectores incluidas las autoridades electorales que cuenten con peso moral para abonar.