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Sobre el último suceso, es necesario mencionar que la designación de la presidencia en 2022 permitió contar con estabilidad al tener una integración completa del Consejo General que es el máximo órgano de decisión, mismo que organizó y llevó a buen puerto la elección para la renovación de la gubernatura en 2023, un proceso importante porque se dio por primera vez una alternancia en el poder ejecutivo y en materia de género, arribó al mismo una mujer, algo que nunca había acontecido en la entidad.

Actualmente el IEEM se encuentra tan solo a 26 días de la jornada electoral que será el 2 de junio, focalizado en todas las tareas que permitirán que poco más de 13 millones de mexiquenses ejerzan su derecho a votar y a decidir por los proyectos de nación que se plantean no solo en la elección federal sino también en lo local a través de las postulaciones que recientemente hemos aprobado en los registros de candidaturas para renovar los 75 escaños del congreso local y los 125 ayuntamientos.

El IEEM, hay que decirlo, también ha ido modificando de fondo cómo organiza las elecciones, por primera ocasión, por ejemplo, la convocatoria para ocupar una vocalía tuvo cambios, considerando elementos de inclusión que dio como resultado que el 47% de personas se incorporaran por primera ocasión al instituto dejando atrás solo la numeralia de personas que habían ocupado esos espacios por 8, 9,10 y hasta 11 procesos.

No solo ello, por primera ocasión se generó una auditoría al proceso de insaculación a través del cual se sortean los folios de las personas que ocupan actualmente una consejería distrital o municipal, si bien el azar es el que determina estar en esos espacios, la auditoria permitió tener claro que no existe sesgo alguno en ese procedimiento azaroso.

También es la primera vez que los partidos políticos por acuerdo del IEEM debieron postular a personas con discapacidad permanente, comunidad LGBTTTIQ+, comunidades indígenas y afromexiquenses.

Por supuesto que estos cambios no han sido sencillos, particularmente para quienes se aferran a tiempos y formas añejas.

Las posiciones y posicionamientos que se tienen en el cumplimiento de paridad, la transparencia, cómo se ejercen los recursos públicos o ciudadanizar al IEEM causan encono e intentan sembrar dudas en donde lo único que hay es trabajo y eso sí, aún muchos cambios por hacer.

De acuerdo al calendario aprobado, las campañas iniciarían el 26 de abril y así fue con la salvedad de que en Consejo General solo pudimos aprobar en esa primera sesión de la madrugada del viernes, los registros de mujeres, toda vez que la Dirección de Partidos Políticos reportó incumplimiento por parte de las fuerzas políticas a: 1) el principio constitucional de paridad en las postulaciones y 2) a las postulaciones de miembros de grupos históricamente discriminados, es decir, falta en las acciones afirmativas.

Ante esa situación y en aras de garantizar el derecho de ser votadas, se tomó la decisión de aprobar las candidaturas de mujeres quienes pudieron iniciar campañas en cuanto fue aprobado el acuerdo, se dio un plazo de 16 horas para dar cumplimiento y el consejo sesionó de nuevo al filo de las 3 am del mismo sábado para aprobar las candidaturas de diputaciones por el principio de mayoría relativa que fueron las primeras en ser subsanadas pues en ellas debía haber 2 postulaciones de acciones afirmativas y una de ellas tenía que ser en el bloque de alta competitividad.

El consejo ¿fallo? No, como Consejera Electoral Ciudadana expreso lo que nuestra Carta Magna establece: es obligación de todas las autoridades del Estado mexicano promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas entre los cuales se encuentran los político-electorales de personas afromexiquenses, LGBTTIQ+, con discapacidad permanente y pertenecientes de comunidades indígenas

El porcentaje exigido fue mínimo, sobre todo si se consideran las cifras que se tienen de estos grupos y la gran brecha de desigualdad que ha existido al no ser parte de espacios de toma de decisiones y donde se ejerce el poder.

De la revisión que hice me pude percatar que existían faltas importantes en acreditación de la adscripción calificada, es decir documentos originales de los certificados médicos que avalaran la discapacidad de quien postulaban o cartas de organizaciones civiles de comunidades indígenas, pero no de las autoridades que se solicitaban como requisito.

Todo ello derivó en generar nuevos requerimientos en el acuerdo que se votó a las 7:30 am. Las listas ya son públicas y sujetas al escrutinio de la ciudadanía a la que además tendrán que dirigirse para expresar el contenido de sus plataformas electorales y finalmente el 2 de junio en las urnas la ciudadanía apoyará o castigará, como dicen muchos expertos en política.

Lamentablemente tanto en las acciones afirmativas como en la paridad persisten las resistencias y es notable el alejamiento que existe con estos grupos, algo que debe ser modificado si se le apuesta a la construcción de verdadera democracia en la entidad.

Se han conocido en el país casos de trampas y fraude en las acciones afirmativas, en la entidad eso solo se sabrá si existen señalamientos que esos mismos grupos hagan y por supuesto si el consejo general revisa acuciosamente la documentación y lo expresa.

En esta ocasión la elección será histórica no solo por la cantidad de electores y de jóvenes que por primera vez emitirán su voto si deciden acudir a las urnas, sino porque en el Estado de México, por primera ocasión, se materializarán acciones afirmativas.

Las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal que lo que permiten con su implementación es cerrar la brecha de desigualdad que ha existido históricamente con grupos de la sociedad que no han ocupado espacios de toma de decisión y que representan en su conjunto a un porcentaje muy importante de la población mexiquense.

Es fundamental que toda la ciudadanía se encuentre representada en el Congreso local por ejemplo con el fin de impulsar iniciativas que den solución a los problemas que históricamente han tenido y que no han encontrado solución.

Contar con representación en los Ayuntamientos y la integración de los cabildos también resulta benéfico, en ambos casos la democracia se fortalece.

Resalta que estas acciones o medidas de carácter temporal han sido implementadas en el ámbito federal por parte de INE en donde los partidos políticos han sido obligados a postular al Congreso de la Unión a personas de la comunidad LGBTTTIQ+, personas de la comunidad migrante, personas con discapacidad, afromexicanos, en este proceso electoral por primera ocasión se incorporan estas acciones para asegurar 9 espacios para estos grupos en la Cámara de Senadores.

En todas las entidades federativas prácticamente se replicó desde hace más de 2 procesos estas medidas, ya que las autoridades administrativas sí podemos y debemos garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

La entidad mexiquense es la única que faltaba de todo el país, es un avance democrático importante. En el mes de diciembre de 2023, aprobamos en el máximo órgano de dirección del IEEM, los criterios para la implementación de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para la elección de Diputaciones y Ayuntamientos.

La etapa de registro concluyó el pasado viernes 19, en este momento se está en el análisis acucioso de las solicitudes presentadas, los partidos están obligados a postular un 3% de candidaturas para estos grupos históricamente discriminados en el cargo de Presidencias Municipales que corresponde a 4 espacios (una postulación por grupo), 3% para sindicaturas que corresponde a 4 espacios, 5% en regidurías que son 28 postulaciones y el 4% para la postulación de Diputaciones de Mayoría Relativa que corresponde a 2 espacios.

Los grupos contemplados son: pueblos y comunidades indígenas, afromexiquenses, LGBTTTIQ+ y personas con discapacidad permanente. No cumplir implica la negativa al registro.

Desde el punto de vista cuantitativo, la paridad exige que los partidos políticos o coaliciones registren hasta un 50% de candidaturas de cada género, desde la perspectiva cualitativa, el mandato de la paridad busca asegurar las mismas posibilidades reales de triunfo a ambos géneros.

Así, para poder verificar la paridad, previo al registro de candidaturas se crearon los bloques de competitividad que son: 1) nociones jurídicas que tienen un tronco común: los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, 2) su finalidad es evitar que los partidos políticos sigan simulando y relegando a las mujeres a competir en candidaturas donde tuvieron su peores resultados y que incluso fueron paradogicamente muchos gobernados por hombres y 3) tienden a garantizar la paridad en la competencia electoral.

Estos bloques se conforman a partir de dividir en tres partes iguales las demarcaciones en las que pretenden competir los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes, considerando el porcentaje de la votación de la elección inmediata anterior del mismo tipo, configurando un bloque de baja, uno de media y otro de alta, cada uno de estos bloques debe cumplir con la paridad de acuerdo a nuestra normatividad.

Por ello en la sesión de Consejo General del pasado 5 de abril, manifeste mi voto en contra de uno de los bloques presentados toda vez que en el bloque de media se observo una disparidad, al tener un total de 10 distritos que lo conforman y proyectar una propuesta de 6 espacios para hombres y 4 para mujeres, lo cual no es acorde al principio de paridad desde mi óptica ya que 1 espacio debe ser para una mujer y así cumplir 50% cada género.

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No se trata de una cuestión matemática sino de una lucha que han dado muchas mujeres a lo largo de la historia y en nuestro país, como bien refirio en un voto particular la Ministra Fajard: “tan veloz como se han generado estas medidas complementarias para abonar a que las mujeres tengan mejores condiciones para la participación política, igualmente se estan ideando atajos para sacarle la vuelta a la paridad y para logar que los avances sean socavados;” por ello mi voto fue en contra, me parece congruente con mi obligación en el cargo que desempeño y ante la ciudadanía.

Aún y con ese dato los debates son un mecanismo que la ciudadanía debe explotar y las instituciones garantizar su efectivo ejercicio para tener un voto informado y razonado sin dejar de mencionar que ello depende en gran medida de la calidad de la información que expresen las candidaturas y por supuesto del formato que se proponga para llevarlos a cabo.

Por ello la moderación activa suele ser la mejor opción en aras de elevar el nivel y la fluidez de la discusión sin embargo; no deben dejarse de lado detalles como la ubicación de quienes participan, ya que ésta influye para que exista esa confrontación de ideas, por ejemplo no es lo mismo que se ubiquen verticalmente a poder verse directamente y frente a frente las caras, como el debate que se llevó a cabo entre Macron y Le Pen por la presidencia en 2022 en Francia ello permite un contacto directo y la confrontación de las ideas que permite observar el lenguaje oral y desnuda el corporal.

Otro rubro son las temáticas que se aborden pues si son muchos los temas el tiempo resulta corto para una explicación profunda de cómo y con qué recursos humanos, materiales y económicos van a realizar lo que proponen las candidaturas, además de dar a conocer los datos duros con lo que se contrasta su oferta política.

Algo muy relevante es que el debate del pasado domingo es histórico por ser la primera vez que existen 2 mujeres Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum contendiendo por el cargo más importante del país como lo es la presidencia de la república.

Recordemos que en México el primer debate que se televiso fue el de 1994 derivado de la crisis política en la que el país se encontraba con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el homicidio de Luis Donaldo Colosio. El formato fue acartonado y los electores solo tenían como opciones a hombres, las mujeres no tenían oportunidad alguna.

Tuvieron que pasar 71 años a partir del reconocimiento del voto femenino para que las mujeres que nos representan como género por fin rompan ese techo de cristal, existe una altísima probabilidad de que una de ellas sea la presidenta de nuestro país se esperaría que sea el inicio de una nueva forma de hacer política y ejercer el poder.