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De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en México viven 2,576,213 personas que se identifican como afromexicanas, lo que representa el 2% de la población del país.

En el Estado de México la población afromexiquense es de 296,264, precisando que el término “afrodescendiente” refiere a personas pertenecientes a diversas culturas “negras” descendientes de africanas y africanos que sobrevivieron al sistema esclavista de la época moderna (CEPAL, 2021). Pertenecer a esta población va más allá del color de piel y permite el reconocimiento como parte de una comunidad étnica con identidad propia.

El 24 de enero de cada año, se conmemora el día mundial de la cultura africana y de los afrodescendientes. A las autoridades del estado mexicano corresponde garantizarles el goce y disfrute de sus derechos políticos, económicos, civiles y culturales de forma igualitaria e incluyente en todos los sectores de la sociedad.

Bajo ese contexto, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó los Criterios para la implementación de acciones afirmativas en la postulación de candidaturas a los distintos cargos de elección popular para la Elección de Diputaciones y Ayuntamientos 2024, después de la realización de un ejercicio consultivo a diversos grupos en situación de discriminación, entre los que se encontraron las personas afromexiquenses.

Con la adopción de estas medidas se garantiza que las y los afromexiquenses participen en la vida política del estado, en aras de contribuir y generar espacios pluriculturales, libres de discriminación que permitan visibilizar los aportes y riqueza de la cultura afrodescendiente.

Para conocer más, te invitamos a consultar los criterios referidos disponibles en: https://www.ieem.org.mx/consejo_general/cg/2023/AC_23/a132_23.pdf

Todavía en la actualidad, seguimos escuchando expresiones que hacen parecer que los derechos fueron concedidos a las mujeres por una fuerza ajena y superior a ellas. Al celebrar el aniversario del derecho de las mujeres al voto, ha de ponerse en el centro de tan importante conversación, que fueron las redes de mujeres organizadas quienes lograron que este derecho -que desde nuestra perspectiva les es connatural- les fuera reconocido.

Es forzoso notar que más que un otorgamiento o un privilegio, la conquista formal del derecho de las mujeres a votar es un ejemplo del pago de una deuda atrasada, fundada en una justa exigencia, que permitió su urgente participación en la vida pública.

Los movimientos sufragistas vieron transformadas sus características en función de la latitud en la que se desarrollaron y a través del tiempo. En algunos, fue necesario contar con una lideresa o un grupo con capital económico, político y cultural vasto para atravesar las unificadas filas y la reacia indiferencia del poder; en otros, ejercer el uso legítimo de la desobediencia civil fue, más que una elección, una necesidad; en los más recientes, se derribaron barreras que la cultura y el género como invención social alzaron hasta alturas que parecían imposibles de escalar.

Sin embargo, la constante es que las mujeres aportaban activamente a la economía familiar y colectiva, practicaban el liderazgo, administraban recursos, dirigían colectividades; y en contraste, eran relegadas a las tareas domésticas y de cuidado, valorándose en ellas, la obediencia, la abnegación y la dependencia. O en el mejor de los casos, además de las obligaciones del hogar, tenían condiciones laborales, no sólo desiguales respecto a sus pares hombres por desempeñar el mismo trabajo, sino propias de la esclavitud.

En previas oportunidades hemos destacado que los avances en la participación política de las mujeres traen aparejado un obstáculo nuevo que superar. Las mujeres comenzaron a votar, pero aún no ocupaban los espacios de toma de decisiones. Haciendo esta crítica, se apeló a la voluntad popular. Después, con la evolución de las cuotas de género, llegaron las simulaciones de representatividad. Cuando la paridad se hizo norma, la violencia política contra las mujeres en razón de género se materializó en más de una forma.

Se ha teorizado bastante respecto a los obstáculos que enfrentan las mujeres en política y se han creado las analogías de los techos de cristal, cemento y financiero que tan popularmente se han divulgado. No obstante, más allá del conocimiento científico o formal, reconocemos, en el amplio catálogo que hace la ley sobre las conductas que constituyen la violencia política contra las mujeres en razón de género, las situaciones con las que han lidiado las mexicanas, y más específicamente las mexiquenses, cuando de tener presencia en el ámbito público se trata.

Ante el reto de que a cada previsión legal que busca asegurar el ejercicio efectivo de los derechos electorales de las mujeres corresponde una nueva práctica para esquivarla, es preciso recordar, por una parte, cómo las verdaderas protagonistas de esta historia son las mujeres que lucharon contra toda convención que les disminuyera en valía política y por otra, dimensionar lo que los movimientos de mujeres unidas pueden alcanzar.

El histórico logro de las mexiquenses en septiembre de 2020, con la publicación de los decretos 186 y 187 en la gaceta del gobierno, que materializó el proceso de armonización legislativa en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, marcó un parte aguas en la dinámica política de la entidad al generar los mecanismos normativos que impulsaron la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de entornos violentos. 

Recordemos que en el caso del Estado de México, con el impulso de legisladoras, magistradas, consejeras electorales, funcionarias públicas estatales y de integrantes de organizaciones de la sociedad civil, la LX Legislatura del Estado de México aprobó una serie de modificaciones y adiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al Código Electoral del Estado de México, a la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Con esta armonización legislativa, se sentaron las bases para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, brindando condiciones más justas, igualitarias y libres de violencia.

A dos años podemos hacer un recuento sobre los aciertos y áreas de oportunidad en la etapa de implementación de la reforma, la creación de los mecanismos institucionales y las redes que se tuvieron que generar para la colaboración interinstitucional, estas últimas han puesto sobre la mesa algunos retos de cara a los procesos electorales venideros para garantizar el ejercicio pleno de las mexiquenses en la arena política y que esta integración en los espacios de toma de decisión sea libre de violencia.

Un ejemplo, y que ha sido motivo de análisis en diversos foros, es la “3 de 3 contra la violencia” que prevé el cumplimiento de los siguientes requisitos para acceder a una gubernatura, diputación o integrar un ayuntamiento: a) No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada, por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género; b) No estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado, ni en otra entidad federativa, y c) No estar condenada o condenado por sentencia ejecutoriada por delitos de violencia familiar, contra la libertad sexual o de violencia de género, si bien la iniciativa permite blindar la participación de personas agresoras en la etapa de postulación de candidaturas una deuda pendiente es garantizar los mecanismos interinstitucionales para operar la verificación. 

De igual manera, el Código Electoral del Estado de México prevé atribuciones importantes para la autoridad electoral, lo que permite llevar a cabo acciones en materia de apoyo, asistencia, asesoría, prevención, atención y erradicación de la violencia para distintas actoras políticas y servidoras públicas en la entidad, por su parte el IEEM con la aprobación del acuerdo IEEM/CG/31/2022 Por el que se crea la Unidad para la Coordinación de los Trabajos de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política en Razón de Género del Instituto Electoral del Estado de México da un paso importante y necesario, sin embargo el desafío para llevar a cabo acciones tendentes a erradicar la violencia política implica capacitar al funcionariado, fortalecer la estructura operativa seguir implementando acciones permanentes de difusión dirigidas a la ciudadanía sobre el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, en este escenario, se debe realizar un trabajo conjunto entre autoridades, ciudadanía y actores políticos.

Finalmente, otro de los retos es visibilizar aquellos casos de violencia política contra las mujeres que no son competencia de las autoridades electorales y poder dar un cause eficiente. Es decir, qué pasa con aquellas mujeres que ejercen cargos de toma de decisión y no fueron electas (mujeres que forman parte del personal administrativo: Secretarias de Ayuntamiento, Tesoreras, Directoras, entre otros cargos de decisión), cuál es la vía para conocer de estos casos y clarificar la ruta a seguir.

La transversalización de la paridad como eje de la cultura institucional permite también la transformación de la cultura política, por lo que todas las instituciones, desde nuestro ámbito de competencia, debemos seguir promoviendo que la participación tenga la garantía de igualdad de oportunidades, acceso y por tanto igualdad de resultados.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se conmemora cada año del 1 al 7 de agosto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha establecido como lema de este año Impulsemos la lactancia materna: educar y apoyar.

La leche materna es un alimento ideal para bebés, al ser nutritiva, segura, limpia y suficiente. Actúa como primera vacuna del bebé durante las primeras horas de vida, pues contiene anticuerpos que ayudan a protegerles contra enfermedades frecuentes en la infancia y cuenta con propiedades hormonales únicas. Asimismo, les permite tener un mejor desempeño intelectual y motriz, refuerza su sistema inmunológico y reduce sus probabilidades de padecer sobrepeso, obesidad, diabetes y leucemia, así como otras enfermedades crónicas e infecciones estomacales y respiratorias como COVID-19.

Pero las y los bebés no son los únicos beneficiados, también para las madres resulta beneficioso amamantar, pues acelera el proceso de recuperación física post-parto, disminuye el riesgo a desarrollar enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer de mama y de ovario, hipertensión, ataques cardíacos, anemia y osteoporosis, promueve el apego a partir de la interacción madre y bebé y contribuye a la economía familiar.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la lactancia materna inicie durante la primera hora de vida de la o el bebé, se le alimente exclusivamente con leche materna durante los primeros 6 meses; y con alimentos y líquidos complementarios a partir de los 6 meses y hasta por lo menos 2 años.

De acuerdo a lo publicado por la UNICEF “Menos de la mitad de los recién nacidos reciben leche materna en la primera hora de vida, y esto los hace más vulnerables a las enfermedades y a la muerte. Y solo el 44% de los bebés toman leche materna de manera exclusiva durante sus primeros seis meses de vida, una cifra que está por debajo del objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud del 50% para 2025. [1]

Con cifras alarmantes que deben ser analizadas y tomar en cuenta los diferentes factores que llevan a las madres a no optar por la lactancia materna, siendo que es el mejor alimento que pueden dar a sus bebés.

Es por ello que tanto la UNICEF y la OMS, hacen un llamado a los gobiernos para proteger, apoyar, y promover políticas y programas en favor de la lactancia materna, y que las madres puedan tener espacios seguros, limpios y cómodos para la extracción de su leche materna. Todas y todos podemos contribuir al ejercicio de la lactancia materna, mostrando respeto y una actitud positiva y de aceptación a esta.

La Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México establece que las madres tienen derecho a ejercer la lactancia en cualquier momento y situación, a contar con la licencia temporal por lactancia, acceder de manera gratuita a los bancos de leche y a recibir información sobre esta y sus técnicas.

Conforme a lo dispuesto en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, las servidoras públicas del Estado de México tienen derecho a gozar de licencia de maternidad con goce de sueldo íntegro por un periodo de 90 días naturales, seguido de la licencia temporal por lactancia, durante 3 meses con goce de medio sueldo o 6 meses sin goce de sueldo.

Al reintegrarse, deben gozar de un periodo de lactancia de 9 meses en los que tengan dos descansos al día de media hora, uno de una hora o los que se convengan durante un tiempo equivalente, para alimentar a la o el bebé o para extraer leche. El IEEM, desde el 2015 cuenta con un lactario a fin de proveer a las madres un espacio digno, privado e higiénico para la extracción de leche o para alimentar a su bebé.

[1] https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/declaracion-conjunta-directora-unicef-y-director-oms-semana-mundial-lactancia-materna

La representación política reside en dar a conocer y ser portavoz de las demandas, necesidades e intereses de un determinado grupo o colectivo, -en adición con la democracia-, implica la inclusión de actoras y actores políticos que estén involucrados en los espacios de toma de decisión. Sumando así, la pluralidad y diversidad que conforma la sociedad, en sintonía con las configuraciones sociales.

Sin embargo, los estudiosos han criticado la forma de representación de hoy. Algunas encuestas, resultado de la opinión pública, han confirmado que la ciudanía no se siente identificada con sus representantes, en suma, con la nula injerencia y apertura por su integración en estos espacios, asimismo, expone sentirse excluida de la toma de decisiones de la vida política, en especial lo que atañen a los temas, intereses y conflictos de los grupos históricamente discriminados.

Tomar espacios de poder por estos actores ajenos a la habitualidad ha costado todo un proceso histórico de visibilización, sensibilización y deconstrucción.

En virtud de lo anterior, según datos del Instituto Nacional Electoral, derivado del proceso electoral 2021, a nivel federal la integración de la cámara de Diputadas y Diputados quedó conformada por 36 indígenas, 11 migrantes, 8 personas con discapacidad, 6 afromexicanas y 4 pertenecientes a la diversidad sexual y de género, esto como resultado de los esfuerzos del múltiple activismo social y el compromiso institucional; en la creación de acciones afirmativas, como lo fueron las cuotas de representación, implementadas por los diferentes estados.

Mismas que, no solo representaron un avance histórico, sino que a su vez dotaron de fortaleza a la vida democrática del país; creando mecanismos de accesibilidad a la vida política y de representación para los grupos históricamente discriminados, permitiendo así la identificación ciudadana, impulse, defensa y promoción de sus derechos, y la construcción de espacios de participación.

En el Estado de México la tarea sigue, en especial con la diversidad sexual y de género. Según los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021, presentada el pasado 28 de junio de 2022, cuyo objetivo fue dar a conocer las características sexuales, orientación sexual e identidad de género de la población de 15 años y más, el Estado de México,

concentra la mayor cantidad de población, seguido de la Ciudad de México y Veracruz, representado el 2.8% de sus habitantes.

Porcentaje que plantea una demanda al acceso y continuo respeto de sus derechos humanos. Para el caso de sus derechos político electorales, como lo son votar y ser votada o votado, entre otros; los esfuerzos institucionales siguen construyéndose en beneficio de este grupo, a partir de la sensibilización en el tema, identificación de sus necesidades, así como la incorporación de accesos que permitan lograr su efectiva incorporación en la vida política del estado; incentivando así, un mayor número de actoras y actores políticos para tomar parte en los asuntos de la representación y participación; logrando una mayor identificación.

El compromiso es permanente. Crear espacios para los grupos históricamente discriminados, como lo es la diversidad sexual, no solo permite potenciar una efectiva representación democrática, sino también atender desde la interseccionalidad a las identidades de nuestra sociedad para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.