Comunicación
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El pasado 30 de mayo en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo General se presentó el Estudio sobre la implementación del principio de paridad y evaluación de la incidencia de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral 2021, en el Estado de México, documento que visibiliza el quehacer del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en el cumplimiento del principio de paridad y el seguimiento a la participación de las mujeres en la integración de los órganos legislativos y de la administración municipal.

A lo largo del estudio se desarrollan los siguientes tópicos: las reformas a la legislación federal en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género y su homologación en la legislación estatal; la evolución en la implementación de acciones para maximizar la participación de las mujeres desde la normativa institucional; los resultados de la evolución de los registros paritarios de candidaturas; los resultados de la evolución en las candidaturas electas; y la evaluación de la incidencia de violencia política en contra de las mujeres en razón de género.

Entre los datos que se abordan, se encuentran la integración de la Legislatura del Estado de México y la evolución de candidaturas electas para integrar los Ayuntamientos a partir de 2015. Además, se visibilizan diversas acciones afirmativas como lo fue la modificación al Sistema Informático de Apoyo a los Cómputos en la elección extraordinaria de Atlautla, que consistió en realizar ajustes a dicho sistema en el módulo relativo a la asignación de cargos de representación proporcional, con la finalidad de garantizar la observancia al principio de paridad de género.

Otra de las temáticas que abarca el documento es la violencia política contra las mujeres en razón de género en el proceso electoral 2021 y la atención que se brindó a través de diversas áreas de este Instituto.

Sin duda alguna, este documento contribuye al conocimiento de la ciudadanía respecto al quehacer del IEEM y su compromiso con la democracia paritaria y libre de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó al brote de COVID-19 como pandemia el 11 de marzo de 2020, las consecuencias en hombres, mujeres, niños y niñas en todos los aspectos de la vida, así como de la cotidianidad han sido completamente diferentes y en desproporción, no sólo en México sino en el contexto internacional, enfatizando que las mujeres y la niñez se encuentran afectadas en mayor escala.

En el reporte La desigualad mata (Oxfam Internacional, 2022), en materia de paridad, se pormenoriza que para cerrar la brecha de género pasarán 135 años en lugar de los 99 que se tenían estimados antes de la problemática sanitaria.

En esta línea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2022) en el informe anual Panorama Social de América Latina de 2021 muestra que la tasa de pobreza extrema en esta región tuvo un retroceso de 27 años debido a que aumentó del 13.1% en el año 2020 al 13.8% en 2021, esto se traduce en que el número de personas en pobreza extrema pasó de 81 a 86 millones. Asimismo, se incrementó la cantidad de mujeres que no obtienen ingresos propios, representando con ello un atraso de 18 años, toda vez que la tasa de participación laboral de las mujeres disminuyó del 51.8% en 2019 al 47.7% en el año 2020 a diferencia de la tasa de participación laboral de los hombres que bajó del 75.5% al 70.8%.

Se establece también en dicho documento que las mujeres tienen una sobrecarga de labores en el hogar sin remuneración, así como una sobrerrepresentación en el sector salud en respuesta a la crisis de salubridad, aunado a la ralentización de la recuperación económica de los espacios de trabajo considerados como feminizados (CEPAL, 2022). Cabe destacar que, estos hechos convergen en el resto del mundo.

Otra rama coincidente a nivel global que presenta una intensificación negativa es la violencia contra mujeres y niñas. En India, en particular la violencia doméstica, con el confinamiento se agudizó un 250% (Oxfam Internacional, 2021). Igualmente, las llamadas efectuadas a líneas telefónicas habilitadas para ofrecer ayuda y atender a víctimas se elevaron considerablemente, por ejemplo, en Malasia 111%, Italia 73%, Sudáfrica 69% y, Colombia 79% (Oxfam Internacional, 2021).

En este sentido, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU MUJERES, 2021) en el reporte Measuring

the shadow pandemic: Violence against women during covid-19, puntualiza que, en el ámbito internacional desde este acontecimiento, el 45% de las mujeres han sufrido esta violencia o conocen a otra mujer que la padece, 1 de 4 señala que los conflictos caseros son más habituales y se sienten inseguras en sus propios hogares y, 1 de cada 7 manifiesta que la violencia física o verbal perpetrada por sus parejas o, inclusive, por otros miembros de la familia es común. Antes de la pandemia, 243 millones de mujeres y niñas entre 15 y 49 años sufrieron violencia física o sexual ejercida por su pareja.

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020) en el informe Los jóvenes y la covid-19: efectos en los empleos, la educación, los derechos y el bienestar mental indica que la situación del mercado laboral ya era complicada previo al comienzo de la propagación del coronavirus. Con el inicio de la pandemia, 1 de cada 6 jóvenes entre 18 y 29 años perdieron sus trabajos. Además, 1 de cada 2 jóvenes en este rango adolecen de ansiedad o depresión derivado del aislamiento, la violencia doméstica y la incertidumbre del porvenir, para las mujeres jóvenes el porcentaje es de 53.4% mientras que para los hombres jóvenes 46.5% con lo que se deduce que las jóvenes experimentan situaciones más estresantes en la vivienda.

La OMS (2020) estima que 1,000 millones de niños y niñas en el mundo padecen violencia en todas sus formas ejercida por las personas responsables de su cuidado, y recalca que el 50% de la población de menos de 18 años es víctima de violencia doméstica, situación que se agravó con el confinamiento. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2021) alrededor de 300 millones de niños y niñas de 2 a 4 años, de forma global, es decir, a 3 de cada 4 se les somete a disciplina violenta.

En México, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM, 2022) en el Balance Anual 2021 Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia se expone que en el periodo comprendido del 1 de enero al 5 de diciembre de 2021; 12,918 menores recibieron atención hospitalaria por violencia familiar, el 88.3% fueron niñas. De similar modo, de enero a noviembre de dicho año, se registraron 97 niñas y mujeres adolescentes como víctimas de feminicidio y, del 1 de enero al 20 de diciembre de 2021, se tienen 942 mujeres de 0 a 17 años no localizadas o desaparecidas, que representa 2.6 niñas y mujeres adolescentes no halladas por día. Datos del Gobierno Federal (2021) arrojan que la violencia familiar incrementó en un 24% el primer semestre de 2021 en comparación con el año 2020 en el mismo lapso.

La participación política de las mujeres se ha acelerado en los últimos 20 años gracias al fortalecimiento de alianzas estratégicas entre mujeres que han logrado la materialización de diversas reformas en materia político-electoral, a través de las cuales se ha transitado de un sistema de cuotas al reconocimiento constitucional del principio de paridad y hoy a la salvaguarda del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en espacios libres de violencia.

Si bien en 1953 se reconoce el derecho a votar de las mujeres mexicanas, es importante hacer una pausa y detenernos a observar que no fue sino hasta 1993, el año en que se incluyó en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales por primera vez, una referencia a la cuota de género.Inicialmente la postulación de candidaturas debía ser el 70% de un género y el otro 30% de otro, este fue el momento en que se comenzaron a generar mecanismos para acelerar la participación de las mujeres en la vida pública y política del país y en nuestro estado.

También es fundamental reconocer el trabajo de grupos de mujeres desde distintas trincheras por aproximadamente 10 años para materializar la implementación de las cuotas de género, pues fue hasta el año 2002, donde esta cuota toma carácter de obligatorio. Estas primeras cuotas dieron como resultado que las mujeres encabezaran hasta el 30% de las candidaturas propietarias, visibilizando la participación femenina en espacios de toma de decisión.

En 2008, se estableció como cuota de género que del total de los registros al menos el 40% de candidaturas propietarias fueran de un mismo género, procurando llegar a la paridad. Una de las consecuencias de la aplicación de las cuotas conforme al diseño de 2008, fue que en las elecciones federales del 2009, ocho diputadas electas fueran obligadas a renunciar, para que en su lugar asumieran el cargo quienes ocupaban el carácter de suplentes, por supuesto hombres, ya que la ley establecía que en el registro de candidaturas las suplencias podrían ser de cualquier sexo.

Este caso obligó, -en pro de la proteccion de los derechos politicos de las mujeres-a que la autoridad jurisdiccional emitiera un nuevo criterio que prohibió postular fórmulas con candidaturas propietarias encabezadas por mujeres y que los suplentes fueran hombres.

Por lo que de cara al proceso electoral 2011-2012, nuevamente a partir de alianzas estratégicas entre mujeres, se logró que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dicte la sentencia emblemática SUP-JDC-12624/2011 que sentó las bases para la reforma política-electoral de 2014, incorporando la paridad de género como principio constitucional.

A partir de ello, surgen nuevos ordenamientos jurídicos que regulan la paridad de género y la implementación de acciones afirmativas para impulsar la participación política de las mujeres, entre otras, la alternancia en las listas y la obligatoriedad de registrar candidaturas propietarias y suplentes del mismo sexo.

Finalmente, recordemos que a nivel local en el Estado de México, con la publicación de los decretos 186 y 187 del 24 de septiembre de 2020, se reformaron diversos ordenamientos para garantizar por una parte, la implementación de los mecanismos para operativizar la reforma federal de 2019, conocida como “paridad en todo” y por otro, proteger el derecho de las mujeres a que su participación en la arena pólitica sea libre de violencia política.

Hoy las mujeres políticamente activas que han contribuido con la implementación de más y mejores derechos políticos desde distintos escenarios, han permitido ampliar la participación de las mujeres en la vida pública.Esto ha sido un trabajo en conjunto que se ha caracterizado por la suma de todos los esfuerzos, lo que genera alianzas que permiten diversificar los mecanismos para impulsar que más mujeres estén ocupando espacios de toma de decisión y que al hacerlo, se sientan acompañadas y respaldadas por otras que a lo largo del camino han pasado por ahí.

Las mujeres nos reconocemos en nuestra diversidad, pero también en nuestras luchas comunes. Sigamos impulsando más y mejores alianzas, sigamos sumando a más mujeres, generando programas institucionales que permitan el intercambio de experiencias entre mujeres jóvenes y aquellas que por su historia aportan día a día con su experiencia. Reconocernos entre nosotras no solo nos fortalece, también nos da la oportunidad de reescribir la historia

Cuando hablamos de democracia, intuitivamente partimos de la premisa, no siempre precisa, de que todas las personas ejercemos nuestros derechos político electorales sin limitaciones. Sin embargo, las colectividades cuyos derechos han sido vulnerados de manera constante y sistemática a través de la historia, experimentan diversas afrentas para hacerlo.

Las mujeres como colectivo, en toda su diversidad, han luchado y logrado el reconocimiento de sus derechos político electorales. No obstante, es innegable que, con la mitigación de un desafío, una gama de nuevos retos aparece, y es así que pasamos de la escasa representación de las mujeres en la arena política a las resistencias respecto a la paridad; del incremento de la participación política de las mujeres, a la violencia contra ellas motivada por el género en el contexto político.

Cada marzo, confluyen en la opinión pública perspectivas sobre los avances alcanzados en nuestra sociedad para llegar a la igualdad entre mujeres y hombres. En el ejercicio reflexivo dado por estos espacios, advertimos que los atributos tradicionalmente asignados a las mujeres prevalecen y permean en la expectativa de comportamiento que se tiene de ellas en la esfera pública y suelen ser los mismos los que pretenden servir como argumento para cuestionar su presencia, objetar sus habilidades y subestimar sus propuestas en política.

Más allá de nuestras concepciones inmediatas, ha de recordarse que las mujeres se involucran en política en diversas formas, y desde estos ámbitos de acción, deben considerarse las barreras que pueden erigirse.

No resulta aventurado imaginar que una mujer con discapacidad se encuentre con significativos obstáculos para acceder a una casilla y a material electoral adecuado para sufragar en condiciones de igualdad y seguridad. Sabemos que una mujer indígena que contiende por un cargo de elección popular, podría ser cuestionada por integrantes de su comunidad y que sus usos y costumbres podrían volverse en su contra para evitarlo. Conocemos anécdotas de mujeres que, al asociarse para tomar parte en los asuntos públicos, han experimentado gran desazón al notar que su situación social, económica o jurídica, o sus necesidades específicas como pertenecientes a una minoría étnica, racial o lingüística pasaron desapercibidas. Con aparente condescendencia, se les sugiere a las mujeres embarazadas abstenerse de ingresar o mantenerse en los intrincados terrenos del poder. Incluso sin estas identidades o características, nos percatamos de que en foros de política global aún hay a quienes les causa extrañeza reconocer como su par a una mujer.

Reformas legislativas y buenas prácticas han contribuido al aceleramiento del proceso para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones, pero cómo lograr una empresa de tales dimensiones si la igualdad formal por sí misma, resulta estéril para transformar con presteza la cultura y las tradiciones, los pensamientos o juicios del fuero interno de cada integrante de la sociedad a la que estas normas se dirigen.

Es cierto, un mayor número de mujeres ocupan espacios en cargos de elección popular y gabinetes de gobierno, sin embargo, es imperativo que la práctica obedezca a las capacidades y competencias de las mujeres, así como a la salvaguarda de su derecho constitucional a la igualdad y supere la óptica de legalidad, para dotarles del papel protagónico que les corresponde como agente transformador.

Sólo el afianzar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres permitirá progresar en el análisis y trabajo interseccional, un requerimiento indispensable para las exigencias que implica la situación actual de derechos humanos en nuestro país.

El primer jueves del mes de febrero, se conmemora el Día de elecciones globales que surgió durante la Conferencia Mundial de Oficiales Electorales, celebrada en Hungría en 2005, dicha fecha fue propuesta en razón de que la mayoría de los acuerdos internacionales en la materia se firmaron en una fecha cercana.

Esta iniciativa tiene como finalidad fortalecer el desarrollo democrático a nivel mundial.

En el marco de esta conmemoración, es conveniente señalar que las elecciones son un mecanismo de participación ciudadana directa ya que través del voto la ciudadanía de una determinada demarcación territorial elige a las personas que les van a representar.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 41 encontramos que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

Al respecto es oportuno puntualizar los principios que rigen a las elecciones:

- Libres: Refiere a que la participación de quienes participan en la contienda electoral, así como la emisión del voto sea resultado de la voluntad sin que para ello exista coacción, aunado a otras libertades como lo son la libertad de asociación, expresión, reunión, entre otras.

- Auténticas: Refiere a que la voluntad de la ciudadanía que emite el sufragio, se refleje de forma cierta en el resultado de las elecciones.

- Periódicas: Refiere a que las elecciones deben realizarse en intervalos determinados por la ley.

En un estado democrático la participación política de la ciudadanía a través de las elecciones es fundamental, ya que, por medio de este mecanismo se elige a quienes gobiernan y representan los intereses de la comunidad con la finalidad de vivir en un estado de derecho.

Fuentes consultadas:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Presentación del Centro de Capacitación Judicial Electoral disponible en: https://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/derecho_electoral.pdf.