Comunicación
Social

México siempre tuvo hombres al frente de la nación, desde la guerra de Independencia, la Revolución y la institucionalización del poder; a pesar de que un número importante de mujeres participaron de forma contundente en cada uno de estos momentos históricos.

Datos de la ONU refieren al 12 de septiembre de 2025 que hay 29 países donde 32 mujeres se desempeñan como Jefas de Estado y/o de Gobierno.

Al ritmo actual, la igualdad de género en las más altas esferas de decisión no se logrará por otros 130 años, un dato duro que nos obliga a reflexionar y sobre todo a erradicar las causas de raíz a identificar en donde están los orígenes de esas brechas de desigualdad que impiden que las mujeres estén en esos espacios.

La paridad como principio constitucional ayudó para que las mujeres ocupen espacios de poder en diferentes niveles de gobierno y también en las instituciones, pero esa paridad también debe ser sujeta de análisis y visibilizar si esas mujeres realmente están comprometidas con el género y con la erradicación del machismo asumiendo el cargo con responsabilidad.

No basta tener mujeres en espacios de poder si no hay materialmente resultados de su política y/o sus votaciones atienden a compromisos políticos que dejan de lado disminuir brechas de desigualdad en diferentes ámbitos incluido el electoral.

Atender las causas que limitan a las mujeres es un compromiso que tomó fuerza con la llegada de Claudia Sheinbaum como primera mujer presidenta, después de

200 años. Desde el inicio de su gobierno propuso 10 acciones para reivindicar la memoria histórica y los derechos de las mujeres y a 1 año de su gobierno el pasado domingo resaltó acciones que permitirán ayudar a eliminar estas desigualdades sobre todo por los roles y estereotipos de género aún tan arraigados en nuestro país.

Acciones como dotar a las mujeres de 60 a 64 años de edad una cantidad de dinero como reconocimiento por el trabajo de cuidados, la construcción de centros de educación y cuidado infantil para las mujeres trabajadoras, los apoyos a las niñas estudiantes de secundaria son, sin duda, acciones necesarias para que las mujeres puedan despegar del suelo pegajoso en el que se encuentran, pero tendría que ser el inicio de otras acciones para erradicar violencia y pobreza.

Hay mucho aún por hacer, las mujeres incluso en espacios de poder se enfrentan a disyuntivas complejas particularmente en la política que había sido controlada por hombres, hay intereses que no ceden y que pretenden mantener el control no solo a nivel nacional sino también en lo local, pero para ello es necesario considerar la lucha de mujeres de generaciones atrás que no son visibles, que no lograron esos espacios pero que son parte de la frase: No llega sola, llegamos todas.

Está en marcha el proceso de reforma electoral, lo que significa el rediseño de las reglas del juego para quienes desean ocupar un cargo de elección popular, servir al país en la vida pública o ambas.

Se pretende que a través de estas audiencias se expresen las críticas al sistema vigente pero también se realicen propuestas que permitan tener un sistema electoral que fortalezca la democracia y respete el voto libre.

Eventos que se desarrollarán en todo el país de septiembre a diciembre de 2025 para que en enero de 2026 presenten las conclusiones y la propuesta de reforma electoral a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al día de hoy se han organizado 63 eventos con 768 participantes y 64 propuestas enviadas. Los temas abordados se enmarcan dentro de los 10 grandes rubros que la Comisión propuso entre ellos: representación del pueblo, efectividad del sufragio, comunicación política.

Todos son relevantes pero hay algunos rubros que merecerán análisis más profundos y consensos que permitan escuchar el reclamo ciudadano sobre el alto costo que tiene organizar comicios, el financiamiento público a los partidos, la efectiva representación particularmente la proporcional y el respeto de las libertades políticas.

También esta la discusión de la permanencia o desaparición de los OPLs y los tribunales electorales locales.

Tanto la autoridad administrativa como la jurisdiccional local tendremos que ser propositivas y contribuir con la expertiz adquirida y las buenas prácticas pero también autocríticas del trabajo que se ha desempeñado y el actual, sin dejar de lado los errores cometidos por el propio diseño normativo o el contexto político que ha determinado las integraciones colegiadas desde la creación de dichas instituciones hasta el actual.

La decisión de eliminar el diseño híbrido debe considerar varios puntos entre ellos las facultades que ya ejerce el INE desde hace 11 años que son: La capacitación electoral, la geografía electoral, el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales, el padrón y la lista de electores, la ubicación de las casillas, la designación de los funcionarios de mesas directivas, las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos, producción de materiales electorales y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Además de lo técnico se tendrá que evaluar el espacio que representa para escuchar la voz de clase política local, para expresar disensos y crear consensos, lo que sin duda también merece análisis y reflexión.

La última reforma de gran calado fue la de 2014, producto del Pacto por México, firmado por el entonces presidente Peña Nieto y los líderes de los partidos PRI, PAN y el extinto PRD.

En dicha reforma se plasmaron en la Constitución nuevas reglas, como la posibilidad de crear gobiernos de coalición y el requisito del 3 % de la votación válida emitida para mantener el registro como partido político.

Pero quizás lo más relevante fue la creación de un órgano nacional electoral, denominado Instituto Nacional Electoral (INE), que centralizó un número muy amplio de facultades (aproximadamente 73) que antes tenían los institutos electorales locales.

Una de las problemáticas que originaron esta idea de centralizar funciones en una institución nacional era el sesgo que existía en la designación de las personas que ocupaban las consejerías electorales de los institutos electorales de los estados.

Consejerías designadas por los congresos locales que estaban completamente plegadas al sistema y al gobernador en turno, como ya se ha mencionado en diferentes textos académicos.

Esto llevó a trasladar al ámbito federal funciones como la capacitación, la geografía electoral, la fiscalización, la ubicación e integración de casillas electorales, y a modificar quién y cómo designaría ahora a esas consejerías.

¿Esa facultad que se dio al INE ha funcionado? De las designaciones que se hicieron desde 2014 a la fecha, ¿se logró contar con consejerías independientes en su actuar? Y, sobre todo, ¿se incluyeron perfiles ciudadanos realmente?

Yo creo que no, en una inmensa mayoría. Y que el transitar para quienes sí lo han sido ha sido muy cuesta arriba. Será importante revisar las votaciones de temas relevantes y ver si existió imparcialidad o, por el contrario, todo lo opuesto.

El INE es una institución que, operativamente, funciona bien a través de sus juntas distritales, que son permanentes. En el ámbito local, las juntas y consejos se instalan sólo en cada elección. Sin problema, podrían fusionarse la autoridad nacional y la local; incluso, el presupuesto para organizar comicios se reduciría, y quizás, en lugar de tener dos consejos, se podría tener solo uno.

Lo cierto es que hay una perspectiva distinta entre quien está en el ámbito federal y quien se encuentra más cercano a la realidad que se vive desde lo local. La reforma de 2014 apostó mayoritariamente por perfiles técnicos operativos en los consejos de las entidades, cuando en realidad lo que hacían desde su creación era una función más política.

Es necesario que quienes ejerzan esos cargos lo hagan con plena conciencia y compromiso ciudadano, sin buscar permanencia en otros espacios públicos, y que ello guíe su actuar. Decidir sin consigna y contar con prestigio ante la sociedad civil son elementos importantes que debieran considerarse y que pueden ser evaluados a través del voto popular.

La reforma al Poder Judicial se concretó. Con todas las resistencias, estirones y jaloneos en diversas instancias que van desde los Poderes de la Unión para la aprobación de la misma hasta las instancias electorales, administrativa y jurisdiccional, concretamente el Instituto Nacional Electoral y, en menor medida (por su propia integración), la Sala Superior; el primer fuerte rompimiento o modificación al añejo Poder Judicial se logró.

Este hecho no es menor, si se tiene presente que el proyecto de nación propuesto por Andrés Manuel López Obrador desde hace más de dos décadas es el cambio de régimen político, aquel emanado de la Revolución Mexicana con el PNR de Calles y después el PMR, que se convertiría en el PRI, el partido oficialista, hegemónico que le dio grandes ventajas y ganancias a un gran número de políticos que dejaron de lado las causas sociales y a los más vulnerables.

¿Qué implica ese cambio de régimen? Significa un cambio en las reglas del juego político; se trata de nuevas formas en aras de lograr inclusión, modificaciones estructurales al Estado a través de sus instituciones, su burocracia y la élite política.

Es por ello que, desde la llegada de MORENA al poder, un partido que se denomina de izquierda, se han propuesto varias reformas en diversos temas. Hemos visto cómo ha sido extinto, por ejemplo, el INAI, la propia reforma al Poder Judicial y, en días recientes, la expedición de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras.

El país está cambiando y se está transformando; es un cambio muy paulatino en el que resalta la participación de las mujeres en la vida pública.

La primera mujer presidenta de México es parte de ese cambio de régimen. Desde su arribo a la presidencia planteó modificaciones a la Constitución en temas de género y, la semana pasada, anunció ya la reforma electoral, necesaria en el proyecto de cambiar estructuras.

Algunos de los temas en discusión son el costo de las elecciones, el financiamiento público (la fórmula que nunca decrece), los plurinominales, pero también las autoridades electorales y el método de designación.

Se debe modificar lo que durante mucho tiempo prevaleció y excluyó a la sociedad y a la ciudadanía, creando élites en esos espacios. Un ejemplo de ese esquema fue reflejado en el libro El infierno electoral, prologado por el Dr. Lorenzo Meyer.

Con normas derivadas de la reforma electoral de 2014, se debe insistir en la ciudadanización de los espacios y la legitimidad de las personas que ocupan los mismos.

La discusión tendrá que ser profunda, lograr consensos y, sobre todo, tener equilibrio para no regresar a ese pasado que solo privilegió a unos cuantos, que incluso hoy se han mimetizado en diferentes niveles de esa nueva propuesta.

Vivimos tiempos de cambio, las mujeres ocupamos más cargos en lo público. Esos cambios son parte de un lento cambio cultural pero también de la alternancia política en el poder, la cual en nuestro país ha sido muy tardía, fue hasta los años ochenta cuando comenzó a darse en el ámbito local en la Gubernatura de Baja California y apenas en 2023 en la entidad mexiquense.

Para el cargo de la presidencia de la república fue hasta el año 2000, sin que la misma generará cambios de fondo en el país, tampoco que la ciudadanía refrendara su apoyo para continuar más allá de un sexenio más, el de 2006, que estuvo marcado por un gran descontento social debido al 0.56% de diferencia entre el candidato ganador y Andrés Manuel López Obrador.

La frase: “voto por voto, casilla por casilla” impulso cambios importantes creando por ejemplo un nuevo modelo de comunicación política ante los abusos y la generación de inequidad en las contiendas de quienes en ese momento detentaban el poder.

Además, muchas personas vivían serias desigualdades, gran discriminación para grupos históricamente discriminados y pobreza que sexenio tras sexenio fue en aumento.

Estudios a nivel internacional refieren que las alternancias se pueden explicar debido a factores socioeconómicos y políticos como el ingreso, la distribución de la riqueza o la desigualdad. Quizás ello explique cómo es que una mayoría, vio en el movimiento de regeneración nacional que se conformó en 2011 y en muy poco tiempo en partido político nacional (2014) la vía para poder hacer cambios que disminuyeran y erradicarán todas esas desigualdades.

Desde 2018 MORENA gobierna con mayoría en el país y las cifras de personas que han salido de la pobreza, así como los diversos apoyos a grupos vulnerables muestran que han cumplido con algunos de sus objetivos.

Este año se materializó la reforma al poder judicial a nivel federal y en 18 entidades federativas, otro objetivo cumplido que hoy en día requiere de una revisión a los plazos para la organización de las elecciones judiciales de 2027 que concurrirán con las elecciones de cargos de diputaciones federales, locales, ayuntamientos e incluso gubernaturas.

Seguro será uno de los temas que se aborden en los foros de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que es uno más de los objetivos que han planteado.

La ciudadanía ha mostrado apoyo a las propuestas hechas porque de alguna forma ve un impacto directo, en cuanto a lo electoral hay hastío y descontento ante el costo de las elecciones y los montos de financiamiento a los partidos políticos.

Las alternancias tienen ese fin que el cambio tenga efectos positivos en el electorado, que se perciban las diferencias. Veremos próximamente cómo se plantean las nuevas reglas en el ámbito político electoral.